Latinoamérica

Alpher Rojas Carvajal
LIBRE MENTE

Cuando Alvaro Uribe Vélez (AUV) tome posesión del cargo, va a ser presidente de apenas un poco más de la mitad del país. Para el resto, será de carácter simbólico. Porque el siete de agosto, la cifra de alcaldes renunciados será mayor a cuatrocientos y cerca de noventa más estarán despachando por fuera de sus respectivas jurisdicciones, presionados por el plan de rediseño geopolítico que ha emprendido la insurgencia. De otro lado, el temprano malestar generado por el desconocimiento de otros sectores partidistas y, especialmente, de las fuerzas regionales distintas a las de su provincia paisa (Antioquia) en el gabinete de ministros, así como las rudas increpaciones e imprecaciones contra los otros poderes públicos por su ministro del Interior y de la Justicia, comprometen buena parte de su "capital político".
No es poco si se tiene en cuenta que ya, desde la perspectiva del análisis electoral, es un gobierno que sólo cuenta con el apoyo de una minoría cercana al diez por ciento del potencial de sufragantes, pues sumados los guarismos obtenidos por sus adversarios, más la "expresión" de quienes estando habilitados no quisieron ejercer su voto por candidato alguno, éstos alcanzan un porcentaje superior al ochenta y cinco por ciento. Lo cual evidentemente constituye una mayoría de incontrastables proporciones que no va a estar en los escenarios de apoyo al nuevo "mandatario", y que, todo lo contrario, podría estar fraguando un gran frente de oposición civil desde las barriadas y las calles de la patria (como la multitudinaria marcha de mujeres del 25 de julio que colmó la plaza de Bolivar de Bogotá con sus consignas de ni un hijo ni un peso para la guerra).
En estas condiciones AUV buscará afirmarse sólo en los sectores proclives a la salida autoritaria, pues ya numerosos militantes de "Primero Colombia" empiezan a manifestar su contrariedad frente a las determinaciones adoptadas y a expresar su abierto desacuerdo con los resultados de sus giras internacionales de las cuales ha regresado con las alforjas llenas de promesas armamentistas para profundizar el conflicto interno, pero sin respuesta alguna para la dramática situación social de las mayorías colombianas. Ese descontento tiene que ver también con la forma como AUV ha circunscrito la corrupción a los llamados auxilios parlamentarios y al clientelismo político, mientras en la práctica elogia el conflicto de intereses del próximo ministro de Hacienda que viene de ser funcionario del FMI, al tiempo que hace un silencio cómplice con la venalidad del "hiperministro" Londoño Hoyos, en relación con su multimillonario affaire en Invercolsa. "Uno vive mejor sin ética", parece ser su consigna.
AUV que sin duda es un hombre avezado, tiene que haber advertido la situación de precaria gobernabilidad conque llega al poder, en el que sólo estará rodeado y, seguramente, apoyado por los militares -y los paras-, como también por su íntimo círculo de latifundistas, los monopolios de los medios de comunicación y el poder de las corporaciones transnacionales en las que fundamentará sus planes de expansión del mercado. Muchos podrán decir que es suficiente para "gobernar". Sin embargo, en sana hermenéutica democrática no podría llamarse gobierno civil a las determinaciones unilaterales emanadas del concierto excluyente de los grupos de presión. De allí que la nueva época que se abrirá para los colombianos a partir del siete de agosto, estará más fundamentada en el ejercicio arbitrario de la fuerza que en el desarrollo de una cultura política democrática.
El estado de sitio que el superministro Londoño Hoyos anhela exhumar, constituye la puesta en escena de un modelo de linaje neofascista ajustado en sus variables económicas a la concepción neoclásica, que no ahorrará esfuerzo alguno en su propósito de mantener la vigencia de una dictadura civil para buscar el aplastamiento de la critica y la criminalización de la protesta social, mientras que en una inversión al absurdo de la realidad nacional, los actores antidemocráticos serán exaltados por su contribución a exterminar a los "enemigos de la paz". Es decir, la reedición de las épocas del estatuto de seguridad de Turbay o, peor, las del tristemente célebre Laureano Gómez. O, como bien sostienen los más benévolos analistas, una especie de regeneración nuñista posmoderna.
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