Miguel Ángel Ferrari
Programa Hipótesis, LT8 Radio Rosario

"El poder del común está por encima del poder del mismo Rey". Con esta consigna, los hombres y las mujeres del pueblo paraguayo lograron prevalecer sobre los colonialistas españoles y gobernar entre 1726 y 1737. Este temprano proceso democrático, ocupa un espacio en la historia americana bajo la denominación de la Revolución de los Comuneros.

Tiempo más tarde, en los comienzos del siglo XIX, el Paraguay no sólo conquistó su independencia del poder español, sino que alcanzó un desarrollo nacional independiente. Con el gobierno campesinista y jacobino de José Gaspar Rodríguez de Francia y bajo los gobiernos paternalistas de Carlos Antonio López y Francisco Solano López, el Paraguay intentó un proceso de real independencia nacional enfrentando al colonialismo inglés, promoviendo para ello un desarrollo de la incipiente industria nacional. Este camino fue interrumpido abrupta y sangrientamente --en los últimos tramos del siglo XIX-- por la tristemente célebre Triple Alianza, integrada por la Argentina, Brasil y Uruguay. Países gobernados --en esos tiempos-- por fieles representantes de la corona británica. La mejor forma de lavar esa indigna cruzada liberticida emprendida por los gobernantes argentinos, brasileños y uruguayos, conocida como la Guerra del Paraguay, es mantener vivo el recuerdo de la profunda injusticia que esa guerra encierra y simultáneamente --en el presente-- ejercer todas las acciones solidarias con el pueblo paraguayo en sus luchas que, como veremos, enfrentan a los mismos enemigos que han causado tanto daño a nuestros países de Latinoamérica.

Desde mediados de mayo de este año se han venido sucediendo --de manera ininterrumpida-- masivas movilizaciones y protestas sociales a lo largo y a lo ancho de todo el territorio del Paraguay. El objetivo de estas manifestaciones, integradas por campesinos, indígenas, docentes, estudiantes, obreros, empleados públicos e integrantes de las más diversas organizaciones sindicales y populares, consiste en tratar de impedir un conjunto de acciones del gobierno del presidente Luis González Macchi, sugeridas por los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el establishment vernáculo.

Pero la magnitud de las protestas, las acciones policiales y militares --que el martes pasado, en las afueras de la ciudad de Coronel Oviedo, causaron la muerte del campesino Calixto Cabral y numerosos heridos de bala-- y el recrudecimiento de las luchas a causa de la brutal represión oficial, hicieron retroceder al gobierno paraguayo, en un intento de retomar el equilibrio y el orden público.

De manera paulatina, el gobierno de González Macchi ha ido desmontando un conjunto de propuestas y proyectos movido por el deseo de mantenerse en el poder, en medio de cruzadas acusaciones de corrupción que incluyen un pedido de juicio político y de destitución del presidente, impulsado por el opositor Partido Liberal Radical Auténtico al que pertenece el vicepresidente Julio Franco y con el respaldo de legisladores del Partido Colorado y de partidos menores, tales como País Solidario y Patria Querida.

En primera instancia --acusando el impacto de la voluntad de las movilizaciones populares-- el presidente retiró del Parlamento el proyecto de Ley Antiterrorista, reclamada por la embajada estadounidense en Asunción. También hizo lo propio con el proyecto de Ley de Fusión de las Entidades Públicas de Crédito --dicho en buen romance: el proyecto de privatización de la banca pública-- (parece que la mayoría de la ciudadanía paraguaya ha tomado debida nota de la experiencia argentina en materia bancaria, particularmente respecto de la banca privada y muy especialmente del comportamiento de la banca extranjera y el mito "de que las casas centrales responden"). Este proyecto de privatización de la banca pública fue elaborado --en su momento-- entre el gobierno paraguayo y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Entre los proyectos que retiró el Ejecutivo del Congreso, también se cuentan el que establecía la aplicación del IVA a los productos agrícolas y el que contempla la concesión de las rutas a empresas privadas. Como se verá, ¡por estas latitudes no hay nada nuevo bajo el sol!

Frente a estas determinaciones presidenciales, el Congreso Democrático del Pueblo (una organización creada a mediados del mes pasado, fruto de la integración de dos grandes frentes: la Plenaria Popular y el Frente contra la Enajenación de los Bienes Públicos) decidió poner fin a los cortes de rutas y de caminos, al tiempo que advirtió que permancería alerta y en permanente movilización con el propósito de exigir el cumplimiento de dos puntos fundamentales por los que viene bregando: la eliminación de la Ley 1615 de Privatizaciones Generales y la permanencia como empresa pública de la empresa telefónica, esto es la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).

En un nuevo paso atrás, el presidente González Macchi ordenó la suspensión de la venta de la telefónica estatal y se estima que el próximo miércoles 12 de junio, en oportunidad del tratamiento en el Senado de la mencionada Ley 1615 de Privatizaciones, la cámara alta derogaría esta norma, que contempla --además de la enajenación de la telefónica-- la privatización del sector sanitario y los ferrocarriles. Esta decisión política de los legisladores estaría motivada por la necesidad de apaciguar la ira popular, ya que las centrales obreras y campesinas han advertido que de no derogarse esta ley privatizadora iniciarían una huelga general por tiempo indeterminado.

Claro está que los neoliberales del Paraguay no se van a quedar tranquilos. El subsecretario de Planificación, Luis Alberto Meyer, explicó que la postergación de las privatizaciones "tendrá consecuencias económicas serias, debido a que genera una desconfianza interna y externa sobre los planes del Estado". Advirtió que la venta de la empresa telefónica "suponía para el gobierno disponer de una suma de dinero que le hubiera permitido la ejecución de algunos planes de inversión para reactivar la economía". Simultáneamente --el subsecretario Meyer-- anunció que "un grupo de ministros viajará, en los próximos días, a los Estados Unidos para hablar con las autoridades de los diferentes organismos financieros internacionales" y manifestarles que hay "voluntad política para modernizar el Estado". Tristemente célebre eufemismo que, a estar por la experiencia argentina, en los hechos hay que traducirlo como el desguace del Estado, la destrucción de la economía nacional en beneficio del capital extranjero, la dependencia del crédito externo que se otorga o no, según se halla cumplido con las perversas indicaciones de esos organismos, el brutal empobrecimiento de la mayoría de los habitantes del país que decide "modernizarse", para finalmente desembocar masivamente en el hambre y en el quebrantamiento de la salud, ante la indiferente mirada de los grandes laboratorios medicinales transnacionales, angustiados ante la probable disminución de las ganancias de sus filiales.

Este es el resultado que experimenta toda América latina y el Caribe --con la honrosa excepción de Cuba--, entre otras cosas, en el plano de la alimentación. El próximo lunes se reunirán en Roma unos 110 jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más conocida como la FAO, su sigla en inglés.

"Los números de la FAO --señala hoy el diario Clarín de Buenos Aires-- dicen que 54 millones de personas sufren de desnutrición crónica en Latinoamérica, donde la situación empeoró de manera alarmante en la última década".

Es bueno que recordemos que "la última década", la de los años '90, fue la década durante la cual se implementaron las políticas económicas neoliberales que iban a producir el derrame de la copa de champán colocada en vértice de la pirámide social, hacia todas las otras copas hasta llegar a la base. Para los argentinos, esa década fue la década de la fiesta de los corruptos, la del regalo de los bienes públicos, una nueva década infame, la década de Menem.

Ya lo dijimos una vez en Hipótesis: el neoliberalismo --en su obstinada producción de desigualdades-- ha violado o ha modificado en su beneficio todas las leyes que les fue posible, inclusive la de la gravedad... ¡el champán (o mejor dicho el agua) de las copas inferiores se ha derramado hacia arriba!

Durante estos días el pueblo paraguayo ha dado un maravilloso ejemplo a todos los pueblos hermanos de Latinoamérica y del mundo, le ha torcido el brazo a sus corruptos gobernantes y a los deseos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El sábado pasado escuchábamos la canción del Foro Social Mundial, realizado en Porto Alegre, y remarcábamos aquella estrofa que dice "otro mundo es posible si la gente lo quiere". En Paraguay --aunque la tarea sea larga y dificultosa-- esa canción se la está llevando a la práctica.

Con el espíritu de los comuneros de Asunción, de hace casi tres siglos atrás, podemos decir "el poder del común está por encima del poder del mismo Rey". O del imperio, si usted lo prefiere.