Latinoamérica

"No quieren erradicar la coca sino al campesino"

Washington Estellano, Brecha 5-6-02

De padre quechua y madre aymara, Morales es el fundador del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ex diputado desaforado por dirigir al combativo movimiento cocalero, hoy dirige la Confederación del Trópico, una verdadera sorpresa en las elecciones bolivianas del domingo pasado.
En el Chapare, feudo tropical del dirigente cocalero Evo Morales, hay 800 Umopares, tropas de policía de elite, que desde 1998 garantizan el cumplimiento del Plan Dignidad contra el narcotráfico, a los que se deben sumar dos mil conscriptos en tareas de apoyo. La provincia está bajo estado de guerra. La población parece mostrarse reacia a la ocupación militar y pide la firma de nuevos acuerdos. Las tentativas hechas en la década pasada para introducir cultivos alternativos han fracasado. Los últimos gobiernos pusieron en marcha planes que pretendían una reducción anual de 5.000 hectáreas de plantaciones, ofreciendo compensaciones de entre 1.500 y 2.000 dólares por hectárea. Cifras considerables, pero que no lograban resolver la cuestión del sustento económico. El sindicato de cultivadores de hojas de coca afirma que banana, maracuyá, palmito, piña y pimienta, los principales productos alternativos, en realidad no tienen mercado y que las economías del norte no han hecho nada por crearlo.
Estados Unidos financia el plan con 200 millones de dólares y participa en su supervisión y ejecución con consejeros, técnicos e instructores de la DEA. El ex presidente Hugo Banzer había propuesto garantizar los cultivos destinados al consumo tradicional y eliminar las "excedencias". Se trata de 38 mil de las 50 mil hectáreas de coca, que representan el sustento de las 40 mil familias cocaleras del Chapare. A los campesinos dispuestos a colaborar se les habría compensado con montos mínimos. La movilización fue masiva: bloqueos de caminos, marchas y protestas. La represión fue durísima: el sindicato denuncia que desde 1998 hubo 49 muertos, 2.500 heridos y 4.500 arrestos. El clímax del conflicto se registró en septiembre de 2000, cuando la insurrección logró frenar la construcción de nuevos cuarteles. El costo fue de 15 muertos y 30 heridos. Entre ellos, Isaac Mejía Arce, un muchacho de 19 años que fue detenido y falleció a causa de las torturas sufridas.
La reacción campesina fue a su vez violenta. A partir de 1995 se habían fundado unidades denominadas Policía Sindical, con tareas de vigilancia interna y lucha contra las erradicaciones. En los choques de septiembre aparecieron grupos armados que organizaron emboscadas, diseminaron bombas caseras y capturaron rehenes entre los militares. En los informes oficiales los sindicatos son definidos como "bandas de narcoterroristas". En realidad se trata de núcleos autónomos de autodefensa contra lo que los campesinos definen como "genocidio": la política "Coca cero" ocultaría la intención de erradicar a los campesinos del Chapare en provecho de empresas trasnacionales.
-Primero nos organizamos en un centro juvenil y armamos una coordinadora. Luego nos dimos cuenta de que los partidos por los que votábamos cuando llegaban al poder nos castigaban.
Decidimos constituir nuestro propio instrumento político. Ahora hay conciencia ideológica, identidad y capacidad de organización, cosa que el gobierno ha visto peligroso y quiso hacer desaparecer. En el Trópico hemos conseguido seis de los siete municipios.
(El mas cosechó, en 1997 cuando Morales fue elegido diputado, el 70 por ciento de los votos del Chapare.)
Para nosotros el Plan Dignidad, igual que el Plan Colombia y el Puebla-Panamá, son planes de guerra, dirigidos al exterminio de los pueblos indígenas. Como el proceso avanza se dan cuenta de que están fracasando y se evidencian discrepancias entre el mismo gobierno, pero nosotros, además de la represión, tenemos que soportar el terrorismo jurídico. A mí la policía nacional, las fuerzas armadas y algunos empresarios me plantean procesos con acusaciones de hasta 30 años de cárcel: organización subversiva, asesinato, secuestro. De los seis "ejecutivos" que tenemos en Chapare, cuatro están procesados. Te pongo un ejemplo paradójico: el año pasado una dirigente estaba en Praga durante el bloqueo de caminos, pero igualmente fue imputada.
-En el último año los diarios publicaron noticias en referencia a la presencia en Chapare de milicias armadas, asaltos y secuestros. ¿Qué está pasando?
-Hay algo de eso. En cada año hubo más campesinos muertos que uniformados muertos; en 2000 la relación se volcó. Es un parámetro de lo que está pasando: frente a la injusticia, el pueblo tiene derecho a la rebelión. No existen guerrilleros en el Chapare, pero hay grupos de autodefensa y, a pesar de las instrucciones de los dirigentes, algunos toman la iniciativa. Del otro lado la represión se ha hecho insostenible. Las denuncias de violaciones de los derechos humanos son diarias. Durante las operaciones se saquea, se ocupan predios públicos, se queman viviendas. Ayer me informaron que están procesando por alzamiento armado a cinco profesores de San Salvador y Guadalupe que defendieron el derecho a la educación. Cuando llegan los militares toman el puesto sanitario, la escuela y hacen dormitorios para los oficiales.
-¿En concreto, qué formas de lucha emplean?
-Bloqueo de caminos, concentraciones, formas de resistencia pasiva. Buscamos informar a la opinión pública sobre lo que está aconteciendo y convidamos a la prensa a estar presente.
-¿Fue inevitable la ruptura con el gobierno? ¿No pueden aceptar planes dirigidos a introducir gradualmente los cultivos alternativos? -Hablar de Coca cero es como hablar de Apocalipsis andino. Mientras haya quechua y aymara, nunca habrá Coca cero, porque la coca es una parte esencial de nuestra cultura. Los compañeros dicen: "Estarán cortando la planta de coca, pero no están cortando nuestras manos". El desarrollo alternativo nunca lo fue. "Alternativo" significa lograr producciones que sean iguales o mejores que la coca, pero esto no puede ser por cuestiones de política macroeconómica. La libre importación sigue arruinando nuestra producción. El gobierno incentivaba el cultivo de arroz, pero el arroz de Brasil era más barato: entonces era mejor sembrar coca. Yo estoy convencido de que el sistema requiere la coca. Quieren erradicación, erradicación… Pero no se trata de lucha contra el narcotráfico; son intereses geopolíticos. La droga es una excusa para que Estados Unidos mejore su control sobre nuestros países. Por el Chapare va a pasar el camino interoceánico, hay yacimientos de petróleo y gas. Tienen miedo de que los levantamientos indígenas puedan perjudicar sus intereses. El objetivo es sacar a los campesinos de sus campos. No queremos esta plata.
-Los arrestos por posesión de pasta base entre los cocaleros van en aumento. ¿No se acentúa el riesgo que el movimiento vaya a vincularse con los narcotraficantes?
-Se nos acusa de que el 90 por ciento de la coca del Chapare va a los narcos. Mentira. Cuando la coca sube, un 40 por ciento tal vez vaya al mercado ilegal, pero eso no significa que el cultivador tenga una relación directa con el narcotráfico. No se puede santificar a todo el movimiento y es difícil evaluar las proporciones del fenómeno. Hay sindicados que pusieron multas a los transgresores. Se podrían controlar los flujos ilegales con el trámite de las confederaciones, pero las autoridades no quieren. En realidad es el gobierno el que fomenta el narcotráfico a través de los policías.
-¿Existe conciencia entre los campesinos de las consecuencias de la actual producción masiva de cocaína?
-Tiene que quedar claro que nosotros nunca hemos defendido el narcotráfico. Por eso aceptamos el principio de la reducción, que se produzca sólo para el mercado legal. El problema del tráfico internacional es por otro lado vinculado a los consumidores. Se precisa que Europa y Estados Unidos combatan el consumo. Los quechuas y los aymaras son totalmente extraños a la cultura de la cocaína.
-¿Cuál es el planteo de la Confederación para alcanzar una real pacificación en el Chapare?
-Si el gobierno quiere acabar con la violencia y enfrentar la pobreza tiene que reconocer una pequeña extensión de coca por familia, destinada al consumo legal. En segundo lugar, precisa industrializar los productos regionales. Se trata de fruta tropical, la cual podría ser trabajada y comercializada en el exterior. Felizmente, el 80 por ciento de nuestros campesinos tienen títulos de propiedad. La actual política de incentivo a los empresarios es otra forma de fomentar el narcotráfico: las grandes empresas quitan el mercado al pequeño productor, que vuelve a la coca.