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Latinoamérica

REGINO BURGUEÑO: UN TORTURADOR PREOCUPADO

El coronel retirado Regino Burgueño, violador de los derechos humanos en tiempos de dictadura y actual presidente de un tal Instituto Artiguista, propuso irónicamente que Carlos Ramela -el representante del Presidente Batlle en la Comisión para la Paz- sea designado ministro de Economía y Finanzas. El torturador hizo esa sugerencia porque no cree que la comisión que está recopilando información sobre lo sucedido a los detenidos-desaparecidos durante la dictadura haya gastado solamente diez mil dólares en los dos años que lleva funcionando.
Burgeño fue un importante referente dentro del esquema represivo de la dictadura uruguaya. En los años en que recrudecieron las torturas, las desapariciones y los asesinatos (1975 y 1976), revistaba directamente en el Comando General del Ejército, a las órdenes de los generales Vadora y Queirolo. Fue uno de los jefes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y tuvo mando directo sobre la denominada "Operación Morgan," que consistió en la persecución, tortura, desaparición o encarcelamiento de los militantes del Partido Comunista del Uruguay, los Grupos de Acción Unificadora y el Partido por la Victoria del Pueblo.
En esos años, Burgueño tuvo bajo sus órdenes a la flor y nata de los torturadores y los asesinos del "Proceso Cívico Militar," por ejemplo, a José Gavazzo, Mario Cordero, Jorge Silveira, Eduardo Ferro, José Baudean y Ricardo Arab. El delincuente participó directamente en la coordinación del Plan Cóndor, y está denunciado por Juan Gelman ante el juez español Baltasar Garzón como uno de los militares implicados en el secuestro y asesinato de su nuera y la desaparición de su nieta recién nacida.
Ahora, Burgueño también dijo que la comisión directiva del "Instituto" que preside, pedirá que la Comisión para la Paz investigue los -según él- dos mil casos de ciudadanos desaparecidos por razones no políticas desde la vuelta a la democracia en 1985. Ya en pleno delirio etílico, quiere que el organismo se aboque también a la búsqueda de la bandera de los 33 orientales, que flameó durante la gesta libertadora, y que fue hurtada hace 32 años por un comando guerrillero. En el programa "De Oriental a Oriental" de CX 10 Radio Continente, el mismo donde el también torturador coronel José Baudean amenazó de muerte al padre Jorge Osorio, Burgueño dijo que como "contribuyente" solicitará información sobre los gastos de la Comisión para la Paz y los viáticos cobrados en forma individual por sus integrantes.
Burgueño se preguntó en la ocasión "¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, de Diputados, por qué Serpaj, por qué la Iglesia, por qué el PIT-CNT, y muchos otros organismos, no se han preocupado por la desaparición de uruguayos desde 1985 para adelante? ¿Qué dijimos? Que entendimos que esto no se había hecho en razón de que no tiene réditos políticos. Y nadie nos puede desmentir esta afirmación", afirmó. El torturador dijo poseer datos de la existencia de unas dos mil denuncias de desaparición de uruguayos en los últimos diecisiete años, en base a la respuesta a un pedido de informes de un legislador del Partido Nacional de la pasada legislatura, "aunque muchos de ellos ya pueden haber aparecido".
Lógicamente, Carlos Ramela rechazó la trasnochada solicitud de Burgueño, y explicó que la Comisión para la Paz es "un mecanismo de excepción que atiende situaciones de excepción." En lo atinente a la rendición de cuentas exigida, estimó "razonable y lógico" que la Comisión, como todo organismo del Estado, entregue un detalle de su presupuesto: "A nadie le molesta y a nadie le viene mal que se diga claramente qué gastos hemos tenido" -señaló. Consultado por el diario "La República", señaló que el pedido de Burgueño de que la Comisión investigue todas las desapariciones "no es un planteo muy lógico".
"La Comisión para la Paz es un mecanismo de excepción, para atender situaciones que quedaron pendientes de una etapa de excepción. Es evidente que en esos años (1973 a 1985) la República tenía ciertas condiciones que impidieron que actuaran normalmente sobre estos casos los poderes del Estado que debían haberlo hecho", afirmó. "Es cierto que desde 1985 hacia adelante también se tomaron algunas medidas también de excepción, que los ciudadanos entendieron necesarias y las ratificaron en un plebiscito para cerrar una etapa de la historia". "Por ese motivo, la Comisión para la Paz es un organismo necesario, porque siendo un mecanismo de excepción se ocupa de situaciones excepcionales", insistió.
Ramela dijo que los casos de desapariciones ocurridos a partir de 1985, deben ser resueltos por los organismos de seguridad y los poderes del Estado, especialmente el Poder Judicial, que funcionan en el actual régimen de institucionalidad. "No corresponde que la Comisión para la Paz, que es un organismo absolutamente excepcional en sus cometidos y funciones, tome a su cargo funciones que son de otros poderes del Estado", sostuvo. Finalmente, Ramela quitó trascendencia a las declaraciones de Burgueño, a la que calificó como "una situación puntual, con una persona que tiene determinados criterios y opiniones, y que tiene libertad para exponerlos y nosotros también tenemos libertad para opinar sobre el tema".
[Fuente: COMCOSUR AL DÍA, Montevideo