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Latinoamérica

30 de mayo del 2002

Un negocio redondo

Ecuador: Todo el petróleo del OCP para la deuda externa
Wilma Salgado
Quincenario Tintají, Quito
El gobierno del Presidente Gustavo Novoa envió al Congreso Nacional, el 26 de marzo, un proyecto de ley denominado "Ley orgánica de responsabilidad, estabilización y transparencia fiscal", con el carácter de urgente en materia económica. Con su aprobación se entregaría a los acreedores de la deuda pública el 80 por ciento de los ingresos que reciba el Estado, provenientes del petróleo transportado por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
El 20 por ciento restante, se destinaría a un fondo de estabilización petrolero, que se utilizaría también para cubrir el servicio de la deuda externa.
En el mismo proyecto de ley se establece además, que el Ministerio de Economía y Finanzas aplicará una política de reducción permanente de la deuda pública, hasta que la relación entre el saldo de la deuda y el Producto Bruto Interno (PIB), sea de 40 por ciento. Nivel que se espera alcanzar dentro de diez años. Para lograr esa reducción en la relación deuda pública/PIB, además de destinar los ingresos petroleros mencionados, se establece un límite al crecimiento del gasto público tendiente a generar los excedentes financieros necesarios para amortizar la deuda, de tal manera que se logre la meta de reducción de su peso sobre el PIB.
Los recursos del Fondo de Estabilización, de acuerdo con el proyecto de ley en mención, serian manejados por un operador financiero internacional que deberá invertir los recursos en el exterior. El examen anual del manejo de los recursos del fondo, será realizado por "firmas auditoras externas".
Pago al contado
Con el proyecto de ley, los acreedores de la deuda pública, la mayoría de la cual es deuda externa, serán los beneficiarios del 100 por ciento de los ingresos del petróleo que se transporte por el OCP que se encuentra actualmente en construcción. Además, serán empresas extranjeras las que cobren por su administración y auditoría, beneficiándose también por esa vía, compañías y ciudadanos de los países acreedores.
Los acreedores recibirán en forma directa, en el momento mismo en que ingresen los recursos del petróleo transportado por el OCP, el 80 por ciento de dichos ingresos. El 20 por ciento restante se depositará en un fondo, que servirá para cubrir el pago de la deuda externa, en momentos en que los precios del petróleo se reduzcan en el mercado internacional, lo que significa que todos los recursos del petróleo transportado por el OCP, se destinarán a los acreedores de la deuda pública.
El pago del servicio de la deuda pública externa, se ha constituido en la primera prioridad nacional en los últimos veinte años, bajo la presión combinada del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los tenedores locales de deuda externa, normalmente intermediarios financieros locales o altos funcionarios de los equipos de gobierno. Estos, a través de la compra de papeles de deuda en el mercado secundario han hecho fabulosas utilidades, al comprarlos cuando su precio está por debajo del 20 por ciento del valor nominal, para presionar luego a los gobiernos de turno, por la concesión de tratamientos preferenciales a los acreedores de la deuda externa, como el que se les da en el mencionado proyecto de ley, y así duplicar o triplicar el valor de su inversión. La cotización de los bonos de deuda externa ecuatoriana que bordeaba el 20 por ciento antes de la renegociación de la misma, se triplicó luego de las condiciones tan favorables que obtuvieron los acreedores en la última renegociación encabezada por el ex Ministro de Finanzas, Jorge Gallardo. Y se ha cuadruplicado luego del anuncio del mencionado proyecto de reforma fiscal, en la que los acreedores se aseguran que el Ecuador destinará los recursos del petróleo transportado por el OCP, al servicio de la deuda pública.
Los beneficios se esfuman
Los ecuatorianos y las ecuatorianas no recibirán ningún beneficio de los ingresos por el petróleo transportado por el OCP, y deberá sufrir una mayor austeridad en el gasto público, para generar los excedentes financieros necesarios para pagar el servicio de la deuda pública, en el monto necesario para ir reduciendo su relación con el PIB. También nos afectará profundamente el daño ambiental y disminuirán las reservas del oro negro.
Que los recursos del fondo de estabilización petrolero, vayan a ser manejados por un operador financiero internacional, invertidos en el exterior y hasta auditados por firmas externas, significa que el petróleo será extraído del suelo ecuatoriano, transportado por el oleoducto y que, una vez salido del país, la mayoría de los recursos se quedarán en manos de empresas extranjeras para beneficio de acreedores de la deuda externa. Solo una mínima parte, retornará para el servicio de la deuda interna, esto es para los acreedores locales de la deuda pública.
La pobreza y la indigencia, continuarán en ascenso, seguiremos presionados por el desempleo y el subempleo, que actualmente ya afectan al 85 por ciento de la población económicamente activa, y aumentará el exilio económico.



Wilma Salgado es economista. Catedrática de la Universidades Andina Simón Bolívar y Católica de Quito