Latinoamérica

Antonio Cuesta

El pasado 26 de marzo, en el departamento de Chiquimula, un joven de 14 años -José Choc Maquín- fue atropellado por un coche patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala. Tras producirse el accidente, los agentes descendieron de su vehículo y procedieron a trasladar al muchacho al hospital de la localidad. Un mes después, se ha sabido que sus familiares aún no tienen noticias de su paradero. La propia policía de Chiquimula les explicó verbalmente, que el joven murió en el momento en que era ingresado en el hospital. Algo que choca con las averiguaciones hechas por la propia familia y por la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), pues por lo que han podido saber, a través de la dirección del centro hospitalario, José Choc nunca ingresó en el mismo. Los responsables del hospital aseguran que no existe documentación que pruebe la aseveración policial, ya que en el registro no figura el ingreso o la muerte del menor de edad ese día o en los días posteriores.
El joven en cuestión es hijo del dirigente campesino Santiago Choc Xol, perteneciente al Comité de Unidad Campesina (CUC), circunstancia esta que hace recaer sospechas sobre la posibilidad de que se trate de un crimen de naturaleza política a causa de la lucha que las diferentes organizaciones campesinas e indígenas realizan en favor de una justa distribución de la tierra en Guatemala.
A pesar de estar identificado el coche patrulla (nº 23-027) las autoridades no han actuado de oficio y ha debido ser el GAM el que interpusiera un recurso de exhibición personal, una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y haya tenido que informar al Ministerio de Gobernación, al de la Defensa Nacional y a la Presidencia de la República, esperando que las autoridades actúen de manera efectiva.
Persiste la vigilancia e intimidación a la oposición
Otros casos de intimidación y amenazas han sido denunciados también en los últimos días. En esta ocasión ha sido Amnistía Internacional la que ha advertido de la situación que se vive en el municipio de Chichicastenango. Miguel Ángel Gómez, representante del sindicato municipal de la citada localidad, fue despedido ilegalmente en enero, al denunciar al alcalde por corrupción. Tras el despido, Miguel Ángel Gómez presentó su caso ante la Fiscalía General y ante la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala de verificación de derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (MINUGUA). El Tribunal de Trabajo de Quetzaltenango ordenó su readmisión y a partir de ese momento, el representante sindical comenzó a recibir amenazas e, incluso, sufrió un intento de atentado contra su persona. Se sabe que el alcalde le había "advertido" en diversas ocasiones de que cesara en sus denuncias. A las amenazas emitidas por el gobierno municipal -del Frente Republicano Guatemalteco (FRG)- contra Miguel Ángel Gómez hay que sumar una manifestación organizada por varios alcaldes del mismo partido también contra el sindicalista. El pasado 10 de enero, más de 300 personas secundaron la protesta y, según la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), que grabó en vídeo la manifestación, el acto fue una clara muestra de "linchamiento" popular. En la misma localidad, otro sindicalista ha sido objeto de la ira política de la extrema derecha en el poder. El pasado 4 de abril, Macario Mejía González, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Comercio de Chichicastenango, fue agredido físicamente y amenazado de muerte por un miembro de la corporación municipal.
Tampoco se libran de los ataques los partidos políticos de la oposición. La represión selectiva que, mediante el manifiesto "La seguridad no se negocia", denunciaran hace un mes 17 organizaciones de derechos humanos en Guatemala ha tenido cumplida réplica en los allanamientos de las sedes de los partidos políticos Desarrollo Integral Auténtico (DIA) y Unidad de Izquierda Democrática (UNID). El primero de ellos durante la madrugada del pasado 19 de abril y el segundo, veinticuatro horas más tarde, en la madrugada del 20. En ambos casos, los responsables del asalto registraron los documentos y para simular que se trataba de un robo, se llevaron las computadoras y en el caso de UNID dos impresoras, pasando por alto una importante cantidad de dinero que había en uno de los despachos. Al grave menoscabo económico sufrido hay que añadir el no menor perjuicio operativo. Para los responsables de ambas organizaciones no hay ninguna duda de que los asaltantes buscaban "dejar sin instrumentos de trabajo a expresiones políticas que se dedican a aportar a este país (...) Se trata de una acción intimidatoria, que busca disminuir el trabajo de las organizaciones políticas que no se encuentran alineadas al FRG".
El Frente Republicano Guatemalteco, partido que gobierna en Guatemala y al que pertenece el ex-dictador Efraín Ríos Montt, se caracteriza por intentar llevar a cabo, con bastante precisión y acierto, una política amenazante contra la oposición social y política, por utilizar las antiguas armas de la dictadura (organizaciones armadas clandestinas, militarización del territorio...) y por demostrar su absoluto desprecio por el respeto más elemental de los derechos humanos.
Guatemala cuenta con unos acuerdos de paz tan anhelados por la población en su día, como vulnerados lo son en la actualidad. Los antiguos militares -torturadores y genocidas- ocupan hoy en día respetables puestos de la administración pública. Algunos de ellos, inmersos en procesos judiciales, intentan buscar el amparo institucional cobijándose en sus altos cargos. Es el caso del ex-general Ríos Montt, hoy Presidente del Congreso de la República y diputado por el FRG. Durante los 17 meses que duró su criminal gobierno (1982-83) se produjeron el 43% de los asesinatos y las desapariciones ocurridas en 36 años de guerra civil en Guatemala. A pesar de lo cual, contó en todo momento con el apoyo incondicional de Ronald Reagan (como reconocimiento a los 2 millones de dólares que los empresarios guatemaltecos habían donado para su campaña presidencial) y de la administración USA en general, que se involucró con el proceso de "apertura democrática" de Guatemala destinando ayudas económicas y militares para el país. En su visita de 1982, Reagan aseguró que Ríos Montt era un gobernante "totalmente comprometido con la democracia" y que estaba recibiendo "acusaciones injustas" sobre violaciones en materia de derechos humanos (dos meses antes Amnistía Internacional había denunciado que en sólo tres meses se habían efectuado matanzas en sesenta aldeas y que el número de muertos superaba los dos mil quinientos). Reagan definió su política con respecto a Guatemala de "compromiso constructivo" y por eso se apresuró, desde un primer momento a proporcionar armas a los sucesivos gobiernos militares.
Esa democracia tutelada -en la que los militares han vuelto a recobrar influencia política, el pueblo guatemalteco no cuenta con herramientas efectivas para poder llevar a la práctica los acuerdos de paz y la guerrilla se ha convertido en una simple organización política con escaso apoyo social- es, al parecer, aún demasiado amplia para el partido en el poder.