Latinoamérica

Carlos A. Lozano Guillén
Ponencia de Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ, miembro de la dirección nacional del Partido Comunista e integrante de las Comisión de Notables para el proceso de paz con las FARC, presentada en el Foro Alternativo de Madrid a la Cumbre de mandatarios de América Latina y la UE, organizado por Izquierda Unida.
I
El Plan Colombia, instrumento guerrerista y contrainsurgente de los gobiernos de los Estados Unidos y de Colombia, fue uno de los factores que presionó la ruptura del proceso de diálogo y negociación entre el gobierno colombiano, presidido por Andrés Pastrana Arango, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el 20 de febrero del presente año. Aunque la causa fundamental o el llamado punto de inflexión de la ruptura unilateral decretada por el presidente de Pastrana, estriba en la renuencia del Establecimiento colombiano y de su clase dominante a negociar sobre los temas de fondo en donde radica la génesis del conflicto político, social y armado.
Los dramáticos acontecimientos que precedieron al 20 de febrero, propios de un proceso de negociación que se adelanta en medio de la guerra, fueron apenas un pretexto para que el presidente Pastrana decretara la ruptura de los diálogos de paz con las FARC-EP. En realidad, desde octubre del año pasado, el mandatario colombiano, bajo enorme presión de la derecha, los altos mandos militares y la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, había tomado la determinación de ponerle fin a la zona desmilitarizada o de distensión, lo que equivalía a dar por culminada la negociación en búsqueda de la solución política del conflicto colombiano. No lo hizo entonces, porque la intervención de las Naciones Unidas y del "Grupo de Países Amigos y Facilitadores del Proceso de Paz", le impuso el compromiso con la comunidad internacional de prolongar la zona desmilitarizada, aunque por tiempo muy corto, que la fue desgastando y también debilitando los espacios de acción del Gobierno Nacional.
La entrega en el mes de octubre del año pasado del Informe de las Personalidades, el intercambio de las propuestas del Gobierno Nacional y las FARC-EP sobre cese de fuegos y de hostilidades y la presión nacional en el sentido de la necesidad que la Mesa de Diálogo arrojara resultados concretos, colocó al proceso de paz frente a los temas fundamentales, contenidos en la "Agenda Común", adoptada por ambas partes, en 1999, en el pequeño caserío de "La Machaca" a pocos kilómetros de San Francisco de La Sombra y de los Pozos, donde estaba el epicentro de la Mesa de Diálogo, en Villa Nueva Colombia, en jurisdicción de San Vicente del Caguán. En la "Agenda Común" están consignados los temas políticos, sociales y económicos, sujetos de la negociación y del acuerdo nacional, para abrirle paso a una apertura democrática y a un nuevo orden político y social, que despeje el camino para la solución efectiva del conflicto interno colombiano. Este documento es, quizás, el más importante logro en los tres años del más reciente proceso de paz con las FARC-EP.
Ante esta realidad, que cualificaba las discusiones de la Mesa de Diálogo y Negociación y la colocaba en función de una tregua bilateral e inclusive de acuerdos humanitarios, pero con la finalidad de ubicar en el centro del proceso la "Agenda Común", el gobierno de Pastrana, bajo enormes presiones, decidió que la continuidad del mismo estaba condicionada al cese de fuegos y de hostilidades, asumido exclusivamente por las FARC-EP, desvirtuando el carácter bilateral de la negociación y esquivando el objetivo fundamental de allanar el camino hacia una solución definitiva del largo conflicto colombiano.
La estrategia del gobierno de Pastrana fue muy evidente. Avanzar apenas en la llamada humanización del conflicto, aspecto importante, pero no el fundamental para ponerle punto final a la confrontación armada, para continuar el fortalecimiento bélico, con los propósitos y dineros del Plan Colombia, con el objetivo de arrinconar a la guerrilla y llevarla en condiciones de debilidad a la claudicación y a la negociación de su entrega. De paso, eludiendo los cambios de fondo en un país en donde la democracia restringida, casi inexistente, y la cada vez mayor desigualdad social, retroalimentan el conflicto. Es el modelo de negociación aplicado a los procesos de paz anteriores, en que el objetivo es lograr la claudicación de la insurgencia a cambio de unas dádivas efímeras, para que el país siga igual, en manos de una oligarquía mezquina y de un régimen bipartidista excluyente, que se sostiene mediante la violencia ejercida desde las alturas del poder y el terrorismo de Estado.
La estrategia de paz del Establecimiento y de la oligarquía colombiana siempre se ha basado en la guerra integral: atacar con todo a la insurgencia para llevarla derrotada o debilitada a la mesa de negociación o mejor de claudicación para calificar el hecho sin eufemismos. Este fue el paradigma en los "procesos de paz" de los años noventa, que condujeron no solo a la reinserción de los grupos guerrilleros que los protagonizaron, sino a su posterior cooptación al Establecimiento. Se perdieron en el tiempo y en el espacio como parte de una posible alternativa política legal de la izquierda. Inclusive se dieron casos de ex combatientes reinsertados que cambiaron de bando y pasaron a engrosar las filas del paramilitarismo.
Por esta razón, se puede decir frente a los procesos de paz actuales, que involucran a las FARC-EP (en la eventualidad de su reconstrucción al mediano plazo) y del ELN, que no existen modelos o paradigmas. Ni siquiera lo son los centroamericanos, que sirven como un referente histórico de experiencia, más no de calco o de ejemplo paradigmático. No hay modelos. En contraste, sí los contramodelos.
La única posibilidad de que estos procesos avancen con éxito y que actúen como factor de recomposición del tejido político y social atrofiado por el régimen bipartidista y oligárquico, es que avancen en un acuerdo político y social, que abra el camino a un nuevo poder democrático y popular, apuntalado en reformas políticas y sociales avanzadas. Es lo que se define como paz con democracia y justicia social, concepto diferente al de la pax romana o paz de los sepulcros a la que aspira la clase dominante para mantener el statu quo y por ende sus privilegios.
II
Esta primera idea desarrollada, a manera de rápido vistazo de lo que presionó el fin del proceso de paz con las FARC-EP, nos puede servir casi de preámbulo para desarrollar una segunda idea sobre el Plan Colombia.
El Plan Colombia fue una decisión del gobierno de los Estados Unidos, elevada a política de Estado mediante la aprobación del Congreso norteamericano. No sólo fueron apropiados unos dineros para su financiación sino adoptada la filosofía del mismo. El texto original del Plan Colombia es en inglés y apenas fue conocido en Colombia a finales del año 1999 cuando fue filtrado a los medios de comunicación. Para que en Colombia se pudiera conocer ampliamente fue traducido del inglés. El gobierno de Pastrana lo quiso mantener en secreto, porque sus objetivos estaban en contravía de la soberanía nacional y de la política de paz, cuya propuesta lo llevó a la Presidencia de la República en 1998.
El Plan Colombia de corte intervencionista, militarista y guerrerista, está entrelazado a los propósitos hegemonistas continentales de los Estados Unidos y a la lucha contrainsurgente. Jaime Caycedo Turriago, Secretario General del Partido Comunista Colombiano, lo define así: "(…)Desde nuestro punto de vista, el Plan Colombia se enmarca en el reordenamiento sociopolítico y geoestratégico para el hemisferio occidental que ha concebido Estados Unidos en la actual fase de globalización. En el orden nuevo, el imperio reacomoda el mundo al incorporar áreas periféricas a la transnacionalización globalizada mediante una creciente subordinación de las mismas a nuevas formas de acumulación de capital y, también, asume el control de los conflictos, vistos como focos de resistencia a ese nuevo orden. Las formas de regulación nacional y regional deben corresponderse con los delineamientos del centro. El reordenamiento no es sólo económico sino general; esto es, engloba lo sociopolítico, lo ideológico y lo cultural. El tutelaje supraestatal conlleva formas de coacción tecnológico-militares que hacen del intervencionismo una práctica casi inscrita en la cotidianidad".(1)
Está claro, entonces, que en los propósitos del Plan Colombia están de por medio los intereses imperialistas, los grandes megaproyectos, después enunciados en las nueve D del proyecto Santa Fe IV, guía ideológica de la administración Bush,(2) y la ambición de las transnacionales de apoderarse de importantes recursos naturales y energéticos sometidos a las privatizaciones en el marco del modelo de la globalización neoliberal. El Plan Colombia está entrelazado a proyectos de mayor alcance continental como la Iniciativa Regional Andina y el ALCA, los que excluyen la posibilidad de integración al margen de los Estados Unidos y limita la posibilidad del intercambio comercial y de un fluido comercio exterior con Europa, a pesar de la llamada globalidad.
El gobierno de Andrés Pastrana, como ninguno antes, ha estado sometido a los dictados impositivos de Washington. Tan pronto asumió la Presidencia de la República, quiso prevenir el descontento que desataría el antinacional Plan Colombia yanqui, promoviendo la especie de que éste era la columna vertebral de su ejecución social. Lo presentó a finales de 1998, cuatro meses después de posesionado, en un seminario en Puerto Wilches, departamento de Santander al nororiente colombiano, como un plan de corte "asistencialista". Lo definió como un eje para la paz, porque su objetivo era invertir en obras en las zonas tormentosas de orden público. Lo quiso legitimar dándole este nombre al Plan Nacional de Desarrollo y toda inversión social, por pequeña que fuera, la enmarcó en los propósitos sociales del Plan Colombia.(3)
Sin embargo, traducida la versión en inglés, que contradijo el espíritu asistencialista anunciado con bombos y platillos en Puerto Wilches, la administración Pastrana explicó, con algo de candidez, que el Plan Colombia era contra el narcotráfico. Lo cual siguió sosteniendo con todo y que las cifras del mismo lo desmintieron. De la "ayuda" de US$1.300 millones aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, el 85 por ciento fue destinada al fortalecimiento del aparato bélico y de la fuerza pública, con mayor énfasis en las regiones de presencia guerrillera y vecinas a la zona desmilitarizada para el proceso de paz, mientras que para la represión al narcotráfico no fue adjudicado un solo dólar. Apenas el 8 por ciento fue adjudicado para la sustitución de "cultivos ilícitos" en vastas regiones del país, que son la dramática realidad social ante la ausencia de una reforma agraria integral en un país capitalista, de desarrollo medio, que en los últimos años se urbanizó a ritmo veloz debido al desarrollo de las fuerzas productivas, a la urbanización y al desplazamiento forzado. Pero a la vez, los "cultivos ilícitos" fueron atacados mediante fumigaciones de aspersión con glifosato y otros químicos nocivos que han deteriorado el medio ambiente y el ecosistema de tanta riqueza y diversidad.
Puesto en marcha el Plan Colombia, fue instalada en Tres Esquinas (departamento del Caquetá al sur de Colombia) la Base de Inteligencia Militar más sofisticada del continente con asistencia y control directo de militares norteamericanos. Esta Base queda a una distancia en vuelo de helicóptero de veinte minutos de Los Pozos, donde se cumplieron los diálogos de paz y fue inaugurada pocos meses después de comenzados éstos.
"La aprobación del Plan Colombia cambió la situación estratégica, militar y política del conflicto armado, así como las relaciones internacionales del conflicto", dice el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Marco Romero (4). Nosotros agregaríamos, que le quitó la base política a la solución política negociada y reforzó la estrategia de guerra integral y de llevar doblegada a la guerrilla a la mesa de negociación. Contradijo la política de paz del gobierno de Pastrana, porque además reforzó el modelo neoliberal, las privatizaciones, las políticas de ajuste fiscal y de privatizaciones. Además que por ningún lado apareció el cuestionamiento al paramilitarismo, principal expresión de la degradación del conflicto colombiano.
"La estrategia de Washington sigue un 'esquema de dominó'. El Plan Colombia busca primero vencer a las guerrillas, después rodear y vencer a Venezuela y Ecuador, antes de producir escalamientos en la desestabilización interna. La meta estratégica es reconsolidar el poder en el norte de Suramérica, asegurar acceso irrestricto al petróleo y reforzar la ideología de 'no hay alternativas a la globalización' para el resto de América Latina. El Plan Colombia trata de mantener el imaginario en torno a la invencibilidad del imperio y la irreversibilidad de neoliberalismo", dijo casi un año antes de la ruptura del proceso de paz con las FARC-EP, el profesor James Petras.(5) No habían ocurrido aún los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que según dicen algunos cambiaron radicalmente al mundo, pero que en realidad lo que significaron fue el fortalecimiento de la misma política de gran potencia de los Estados Unidos. El Documento Santa Fe IV, redactado por el grupo derechista que lleva el mismo nombre, le fue propuesto a George W. Bush, antes de su dudosa victoria electoral, en el cual sobre la base de las nueve D, se diseña la "estrategia antiterrorista", que coloca en la mira de la Casa Blanca a los grupos insurgentes colombianos, a la República Popular China, a Cuba y a Venezuela. Además que señala sus principales estrategias en materia económica y de política hegemónica.(6)
III
Así las cosas, el Plan Colombia demuestra que la oligarquía y el gobierno colombiano nunca tuvieron una real voluntad de solución política negociada, porque en el fondo siempre acariciaron la idea de derrotar militarmente a la guerrilla. Jamás le respondieron la pregunta clave al comandante en Jefe de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, de qué es lo negociable, porque a cada cuestión respondían que eso no se puede modificar. Luego de la ruptura se vino a conocer que los altos mandos militares tenían el plan de recuperación de la zona desmilitarizada desde antes de su aprobación por el presidente Pastrana. Así lo dijo ante la prensa el general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares.
El mismo presidente Pastrana, en el discurso de instalación de las sesiones del Congreso, el 20 de julio de 2001, cuando se adelantaban los diálogos de paz en el Caguán, describió sin rubor el proceso de militarización de la vida nacional, que alcanzó en gastos presupuestales el 4 por ciento del PIB y que ahora Planeación Nacional propone incrementar al 8 del PIB para "lograr la paz", aunque mediante la guerra total e integral.
Entonces Pastrana dijo: "Las Fuerzas Armadas que dejaremos a Colombia son las Fuerzas Armadas más grandes, fortalecidas, modernas y profesionales de toda su historia. Para ello, hemos incrementado el número de soldados profesionales en un 150 por ciento, pasando de 22.000 en 1998 a 55.000 hoy. Además, también estamos incrementando el contingente de soldados regulares, los cuales han pasado de 57.000 en 1998 a 73.000 este año y llegarán a 103.000 en el año 2004. Tenemos una meta bien ambiciosa, pero la estamos cumpliendo. Con lo hecho hasta ahora y con el continuo desarrollo del Plan Fortaleza en los años subsiguientes, para el año 2004 tendremos un pie de fuerza total de cerca de 160.000 hombres. ¡El doble de lo que teníamos en 1998!
"Contamos, además, con más y mejores equipos. Yo recibí unas Fuerzas Militares y de Policía que tenían apenas cuatro helicópteros pesados artillados y 72 helicópteros para el transporte de tropas y materiales. Al terminar este año (2001), tendremos 16 helicópteros pesados artillados y 154 para transporte. Vale decir, en tres años hemos cuadriplicado el número de helicópteros de combate y más que duplicado el de helicópteros de transporte, generando mayor efectividad, mayor presencia y mayor movilidad para nuestros soldados.
"Las Brigadas Móviles, la Brigada Fluvial de Infantería de Marina -que protege a los colombianos de las zonas más apartadas con sus rápidos desplazamientos por los ríos- , la Brigada contra el Narcotráfico -que ya tiene operando tres batallones- (todos en el sur de Colombia en las zonas de presencia guerrillera de las FARC, nota de C.L.), la Fuerza de Despliegue Rápido -que cuenta con 5.000 hombres y a la que en noviembre (2001) se sumarán 2.500 más- y la Central de Inteligencia Conjunta son hoy la garantía de efectividad de nuestra Fuerza Pública y cuentan con los más avanzados sistemas de comunicación, inteligencia y capacidad para responder ataques".(7)
Esta larga y tediosa cita del presidente Pastrana, en un discurso pronunciado en momentos que se adelantaban los diálogos del Caguán, demuestra las dos caras de la política gubernamental en materia de paz y confirma la tesis del modelo de "darle duro a la guerrilla para llevarla a la rendición en la mesa de negociación". Es menester resaltar, que Pastrana omitió registrar las fuentes de financiación de la demencial carrera armamentista y belicista: El Plan Colombia mediante la "ayuda" del gobierno de los Estados Unidos (Clinton y Bush) y el endeudamiento externo en un país en que la deuda externa es de US$35.000 millones (2001)(8) y que el sólo monto del pago del servicio de la misma a los organismos de crédito internacional es equivalente al 25 por ciento del Presupuesto de Gastos de la Nación.
IV
El Plan Colombia ha sido ya desenmascarado como un instrumento de intervención de los Estados Unidos, en el marco del concepto de globalidad y extraterritorialidad, pero no para compartir tecnologías y factores del desarrollo económico y social, sino de abrir espacios a favor de los intereses hegemónicos estadonunidenses y del beneficio para las transnacionales. En esta dirección, apunta el filo contrainsurgente del Plan, que no de represión exclusiva del narcotráfico, ahora imbricado a la estrategia "antiterrorista", en una nueva versión de la guerra fría en el siglo XXI.
A pesar de estos factores adversos, como de extremas realidades como la renuencia a los cambios democráticos por parte de la clase dominante colombiana y de la promoción del terrorismo de Estado, la solución política negociada continúa siendo una real perspectiva humanista, propuesta por los sectores revolucionarios y democráticos, incluyendo a la insurgencia. Las negociaciones al mediano plazo son inevitables, en un país fatigado de violencia y terrorismo de Estado. Colombia merece una segunda oportunidad, como dijera el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que es la de la paz, pero ligada a la democracia y a la justicia social para que la misma sea estable y duradera. En este sentido, es importante la solidaridad internacional.