Latinoamérica

Edwin Ballesteros
El Nuevo Día, Ibagué
El proyecto por medio del cual se expide la Ley General Rural que el Gobierno nacional presentará al Congreso de la República para su aprobación, fue calificado por el dirigente de Salvación agropecuaria, Angel María Caballero, como "muy bueno para el Indio Amazónico y los brujos que trabajan con hierbas".
El proyecto que busca desarrollar los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución referentes a la protección de la producción nacional de alimentos, según Caballero lo que pretende realmente es el "marchitamiento definitivo del agro colombiano".
Ello por cuanto en el proyecto por ningún lado se menciona la protección, ni la investigación ni el desarrollo científico tecnológico en términos de fitomejoramiento de ingeniería genética de los productos básicos de la dieta de los colombianos.
En cambio, el modelo al que apunta el proyecto destaca el impulso al desarrollo de la agricultura tropical, basada en la diversidad y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, vistos por el Gobierno como ventajas comparativas del país.
Según Caballero, el proyecto pretende introducir al país por vía directa al ALCA, entregando la seguridad de la dieta alimentaria de los colombianos a cambio de la siembra de cultivos tropicales que, entre otras cosas, están en crisis por la revaluación de la moneda y la comercialización de las trasnacionales que les ponen precios a los productos a su antojo.
Caballero sostiene que, de aprobarse el proyecto, los agricultores colombianos tendrán que dedicarse a explotar los cultivos de la selva, es decir, a desarrollar la agricultura que no se da en países templados con estaciones, con cultivos como la quina, la palma africana, el chontaduro y el cardamomo, incluidos productos en crisis como el café y el banano.
"Con toda falta de objetividad nos mandan en ese proyecto a perder la seguridad alimentaria que es el derecho de los pueblos a producir sus alimentos para que después no sean condenados a una hambruna", sostuvo Angel María Caballero.
Advierte que la dieta no solo genera la alimentación de los colombianos sino también una cantidad de puestos de trabajo de las personas que trasforman y procesan esas cosechas, mientras que en cualquier sistema de biodiversidad no se podría generar ni un 20 por ciento de empleo, ya que, por ejemplo, la palma africana genera un puesto de trabajo por cada 50 hectáreas.
Caballero dice que otra desventaja de meter a Colombia al ALCA, tiene que ver con las nuevas adiciones en subsidios en Estados Unidos, aprobados en la reciente Ley Agrícola de ese país, fuera de los más de 370 mil millones de dólares, mil millones de dólares por día, que conceden los países miembros de la OCDE.
"¿Cómo entonces nos vamos a meter al ALCA?", interrogó "Vivir de la biodiversidad y los recursos naturales y fundamentar el desarrollo de la agricultura en Colombia con base en eso, es el peor exabrupto que hemos oído", agregó.
El proyecto también establece la venta de los medianos y grandes distritos de riego a empresas comerciales y permite celebrar con ellas contratos de concesión para la operación y gestión de los mismos.
Para Caballero, esto es un abuso y un atentado contra la soberanía del país y del Tolima que es el departamento más rico en distritos de riego.
Afirma que al vender a particulares se entraría a desconocer a las asociaciones de agricultores que desde 1953 han sostenido con sus propios recursos los distritos de riego y que, además, hicieron el pago por valorización de las tierras a través de la cuota de reembolso, al igual que efectúan el pago a las corporaciones autónomas regionales del impuesto de concesión de agua.
Caballero exige que la venta de los distritos de riego se haga a las mismas asociaciones de agricultores y que el Gobierno negocie los derechos que las mismas tienen. "Nuestro único pecado es ser eficientes y producir alimentos", dijo.
El proyecto también plantea acabar con instancias del Ministerio de Agricultura, como el Instituto Nacional de Reforma Agraria, Incora; el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT; y el Fondo de Desarrollo Integrado, DRI, entidades que pasarían a ser absorbidas por el Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural, Incomer, que crea la iniciativa.
El proyecto señala también que el Estado, en cabeza del Ministerio de Agricultura, no podrá participar en la estabilización de precios de los productos, ni en la franja de precios de las cosechas, cuando los precios internos superen los precios internacionales.
"Pretender esto es lo más absurdo, porque el no intervenir cuando los precios nacionales estén por encima de los mercados internacionales significa que no se podría darle el subsidio que se le está dando a los cafeteros y eso sería también acabar con todos los productos del agro y entonces habría que acabar el Ministerio de Agricultura", expresó Angel María Caballero.
En cambio, el proyecto manda al Ministerio de Agricultura a hacer carreteras, acometidas de electrificación y telefonía rural y, además, se mete con los recursos del SENA, que hace parte del Ministerio de Trabajo, lo cual para Caballero no deja de ser un contrasentido.
El proyecto también determina las zonas de reconversión productiva cuando las actividades productivas existentes muestren que no son competitivas, como pudiera ser hoy el caso del café, con lo cual se estaría enviando a los caficultores a dedicarse a la producción de café orgánico o café en polvo.
El proyecto igualmente faculta al Gobierno a presentar otro proyecto de ley mediante el cual se implante una contribución parafiscal para manejar las cadenas de productividad.
Para Caballero, "el proyecto no parece haber sido hecho por colombianos sino en otro país" y asegura que lo que se demuestra con la iniciativa es que no se ha entendido que la solución a la crisis nacional está en el agro y no en destruirlo como, a su juicio, "es lo que quiere el proyecto y ese es un gran error".
El dirigente de Salvación Agropecuaria dice que un país en guerra como Colombia tiene que tener una legislación para asentar la paz en el campo y hacer que los campesinos vuelvan a sus parcelas.
"Si se le da la mano al campo como lo dice la Constitución, que es lo que desconoce el proyecto, Colombia puede bajar más de seis puntos el desempleo en forma real.
Si se le da la mano al campo podría haber paz porque los guerrilleros, la delincuencia común y los que están en el narcotráfico son campesinos en un 90 por ciento, a los que hay que volver a las parcelas", precisó.
Caballero dijo que los candidatos presidenciales no tienen propuestas serias en relación con el agro, ya que mientras unos hablan de subsidiar solo el café y el algodón y otros de enterrar el neoliberalismo sin decir cómo, ninguno ha dicho la manera en que se van a recuperar los empleos del campo. "Nos gustaría que los candidatos, que el Gobernador y que la clase política del Tolima se manifestaran sobre este proyecto de ley", puntualizó.