EL SIGLO DIGITAL

No hace mucho, el diario La Nación remarcaba que, para la CIA, la región se ponía peligrosa, y la agencia la calificaba de "volátil", como si los pueblos de América Latina fueran un gas venenoso. ¿Por qué? Porque, según el primer informe general rendido por el director de la CIA, George Tenet, ante el Senado desde los atentados del 11 de septiembre las tendencias que se evidencian en la región constituyen "desafíos latentes o en crecimiento para los intereses estadounidenses, y a veces estimula a los terroristas". Bastaba, en verdad, con la primera afirmación. La segunda es el pretexto para los planes injerencistas de la CIA.

El mapa de la intromisión

Si bien no se escapa ningún país de América Latina, Washington tiene sus prioridades. Una de ellas sigue siendo Colombia, por la actividad de las guerrillas y sus demandas tendientes a liquidar el modelo implantado por Norteamérica en todo el continente. No hay necesidad de mencionar a Cuba, que es la flecha clavada hace más de cuarenta años en el talón del Aquiles moderno. Recientemente, la CIA se ha estado preocupando en forma más particular de la Triple Frontera que une a la Argentina, Brasil y Paraguay, donde ha identificado a más de veinte mil personas de ascendencia árabe, palestina y libanesa. Por lo que opinó hace poco O'Neill, secretario del Tesoro de EE.UU., es preferible no conceder préstamos a Argentina, y lograr así que el país se derrumbe económicamente, ya que de esa manera se produciría la devaluación, conveniente para Washington. A los fines estratégicos del imperio interesa en gran medida la hecatombe argentina porque ello contribuye a la invasión militar a Colombia, a la condena a Cuba en la ONU y a la destrucción del Mercosur. Además, posibilitaría el desarrollo de los planes en curso para instalar bases militares en Argentina y desde allí operar sobre Brasil y Venezuela y los países periféricos.

Bases militares

En agosto del 2000, se publicó en el Diario La República, de Lima, una denuncia sobre operativos secretos y bases de EE.UU. en Argentina. Ya en esa fecha, se decía en el periódico que EE.UU. condicionaba su ayuda económica al país a la concesión de una base militar o de territorio patagónico para montar una base misilística como parte del plan de escudo galáctico de Bush. Le siguieron las maniobras militares Cabañas II en la provincia de Salta, fronteriza con Bolivia, bajo dirección de boinas verdes norteamericanos y con participación de varios ejércitos de la región. Lo mismo informó, con nuevos antecedentes, el Diario "La República", de Uruguay, a fines de enero del presente año. La crónica dice textualmente: "Se confirma periodísticamente la primicia de La República publicada el domingo, sobre negociaciones ahora oficiosas entre Argentina y EE.UU. para que este país, a cambio de ayuda financiera, reciba en compensación territorio patagónico para la instalación de una base misilística para el plan de escudo galáctico que promueve el gobierno de George W. Bush".

También México

El ascenso del derechista Fox a la presidencia de México, sirvió a los planes de Washington para diversas iniciativas en la proyección que estamos analizando. Impulso al ALCA con pie en el TLC que amarra al país latino a los intereses de las corporaciones norteamericanas, impulso al Plan Puebla-Panamá para un mayor control económico y político de América Central, control de la rebeldía zapatista en Chiapas (incluida en el citado Plan), etc. Pero se agregó últimamente una iniciativa que denuncia este mes Cuauhtémoc Cárdenas al escribir en La Jornada que "se pretende crear el 'comando de América' con la participación de las fuerzas armadas de Estados Unidos, Canadá y México, bajo mando estadounidense" con el pretexto de que es "para proteger al continente de eventuales ataques terroristas".

¿Golpe en Venezuela?

Que EE.UU. viene promoviendo la campaña reaccionaria contra el Presidente Chávez en Venezuela, no es ningún secreto. Según Angel Guerra Cabrera, en artículo publicado en La Jornada de México, "Chávez ha aplicado una política independiente de Washington. Vencer las poderosas fuerzas que lo enfrentan será su prueba de fuego en un país en el que junto a la mayoría de marginados conviven sectores de capas medias y aristocracia obrera depauperados en los últimos años, pero privilegiados durante el boom petrolero y asimilados culturalmente al ideal consumista estadounidense. En una parte de ellos, al parecer importante, ha calado la colosal campaña de la maquinaria mediática contra el gobierno. El plan de Estados Unidos es usar a esos grupos sociales, al estilo chileno, como tropa de choque contra el proyecto bolivariano hasta provocar la salida de Chávez". El Fondo Monetario Internacional "no tendría problemas" en respaldar un eventual próximo "gobierno de transición", pues le brindaría su apoyo, mientras la firma estadounidense de inversiones Goldman, Sachs and Company declaró que Venezuela "está por entrar en una profunda recesión", contribuyendo así al clima en contra del gobierno.

Convenio leonino en Panamá

Al comentar la firma por el gobierno panameño, sin aviso y sin publicarlo ni presentarlo a la Asamblea Legislativa, del acuerdo negociado en secreto con el gobierno de Estados Unidos de América, llamado Arreglo Complementario 2002, el sociólogo y escritor Raúl Leis expresa que "la presencia militar externa ha sido un factor deformante en las relaciones internacionales de Panamá y se entendía que con la entrega de los bienes canaleros en Panamá el 31 de diciembre de 1999 se ponía fin a una relación conflictiva y se abría la posibilidad de una relación más madura. La posibilidad velada o abierta de renovar esa presencia militar mantiene los gérmenes de futuros conflictos entre los dos países, y también con terceros, pues Panamá se mantiene como objetivo de ataque bélico de naciones en contienda con los EE.UU. o de carteles y mafias". Agrega el autor del análisis: "Aceptar el establecimiento o presencia de ejércitos extranjeros en un país constitucionalmente desprovisto de fuerzas armadas propias como es Panamá, sin transparentarlo, ignora los acuerdos concertados en los Encuentros Panamá 2000, donde todos los representantes de la sociedad civil, partidos y gobierno acordaron la no continuación de la presencia militar exógena".
En la extensa polémica desatada en Panamá respecto a este tema ha intervenido varias veces el ex Presidente de la república Jorge E. Illueca, quien sostuvo tajantemente: "el Convenio Salas-Becker que en el programa parcializado "PowerPoint", presentado a los periodistas, fue denominado 'Arreglo Complementario 2002', es un convenio desigual, lesivo a la soberanía y perjudicial para el desarrollo económico de la Nación".
Este documento, argumenta el ex mandatario, "contiene en su Artículo II definiciones que demuestran cuán desigual e inconsecuente es el Acuerdo. El punto c. "Territorio, aguas y espacio aéreo de las partes" significa: "(i) Para la República de Panamá: el territorio bajo la soberanía de Panamá, las aguas situadas dentro de las 12 millas náuticas del territorio panameño y el espacio aéreo sobre esas aguas y territorio". "Se comete el gravísimo error de excluir en esta definición los derechos de jurisdicción y soberanía que tiene la República de Panamá sobre su Zona Económica Exclusiva, que se extiende a 188 millas marinas, más allá de las 12 millas náuticas de su mar territorial. Dichas jurisdicción y soberanía alcanzan entre otros los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales así como la conservación y preservación de los recursos marinos (Artículos 55 y 56 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Para el gobierno de Estados Unidos, 'territorio, aguas y espacio aéreo' significa el Estado Asociado de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, la Isla Navassa y otros territorios y posesiones en el Mar Caribe, bajo la soberanía de los Estados Unidos, las aguas situadas dentro de las 12 millas náuticas del territorio estadounidense y el espacio aéreo comprendido sobre esos territorios y aguas estadounidenses".
Salta a la vista que Estados Unidos excluyen su "Territorio Continental", al cual no pueden ingresar los funcionarios panameños, en tanto que en el literal d) de las definiciones 'Territorio Continental significa el territorio de tierra firme situado dentro de las fronteras de Panamá con los países limítrofes y entre sus costas marítimas'.
Queda, por tanto, Panamá en la posición subalterna de territorio sometido al acceso de los funcionarios de Estados Unidos y en consecuencia al acceso de 'todo miembro uniformado del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos', de su 'Personal Auxiliar Designado' que puede incluir componentes de sus fuerzas armadas, así como personal de 'Embarcaciones y Aeronaves de Apoyo Técnico de Terceros Estados' que tengan acuerdos o arreglos con Estados Unidos (Art. II, literal l)". Otros argumentos que agrega Illueca: "El nuevo Acuerdo infiere una herida de muerte a la marina mercante y a los barcos que las navieras internacionales han situado bajo la bandera panameña. Baste mencionar que un Oficial de Abordaje del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos está autorizado, en base a motivos razonables de sospecha para 'registrar las embarcaciones sospechosas, incautar bienes, detener personas, o a autorizar el uso de la fuerza, inclusive el uso de armas' (Art. XVII), que son acciones muy severas que jamás se tomarían en el territorio de Estados Unidos por simples sospechas. (Art. IV Par.2, literal a.). Resulta inexplicable que atribuciones de tanta magnitud se le otorguen a simples funcionarios del SMN y del SAN, y que se sustraiga esa competencia del Ministerio Público y del "órgano Judicial a quienes constitucionalmente le corresponden esas atribuciones.
Ningún armador con naves de bandera panameña se someterá a régimen tan arbitrario cuya ejecución tan alegre se puede anticipar que no sería reconocida dentro del sistema jurídico de Estados Unidos. Lo que es más grave aun es que para la utilización de la fuerza por Estados Unidos lo que se requiere es que dicho empleo de la fuerza esté en estricto acuerdo con la legislación y política norteamericanas, con exclusión de la legislación y la política panameña". Concluye el ex Presidente: "El Convenio Salas-Becker, a nuestro juicio, se ha adoptado en un escenario de anormalidad, aparte de que sus estipulaciones están redactadas en forma en que una de las partes adquiere unilateralmente todas las ventajas y la otra parte se despoja de atributos que son vitales para el Estado moderno. Al igual que en el caso del fallido CMA el Convenio Salas-Becker, lo mismo que su antecedente constituido por el Arreglo Arias Calderón-Hinton, no se concilia con nuestro sistema constitucional ni con las mejores prácticas diplomáticas, ya que en dicho Arreglo el gobierno de Panamá (léase ministerio de Gobierno y Justicia) otorga concesiones que además de hipotecar su desarrollo económico son violatorias de su soberanía y lesionan su imagen internacional".