La policía provincial reprimió violentamente a alrededor de un centenar de manifestantes que habían participado del "cacerolazo" y luego se congregaron en la Plaza San Martín para solidarizarse con los obreros del acueducto del Río Colorado despedidos.
Por cuarta vez consecutiva, el viernes 15 de febrero se llevó a cabo un cacerolazo que convocó a aproximadamente unas 600 personas, frente al edificio céntrico de la Universidad Nacional de La Pampa. Desde allí los manifestantes marcharon por la avenida San Martín hacia la city santarroseña -donde se concentran la mayoría de las sucursales bancarias- para luego retomar la Avenida San Martín y dirigirse a Casa de Gobierno, ingresando previamente a una galería donde se encuentran las oficinas del canal estatal para repudiar enérgicamente la linea informativa de la emisora, al servicio del Marinismo (PJ).
Luego de concentrarse en la explanada frente a Casa de Gobierno los manifestantes increparon al poder político responsable de la situación social en la provincia y, tras cantar el Himno Nacional, el grueso de la concurrencia volvió por la Avenida San Martín para después "escrachar" al intendente santarroseño Oscar M. Jorge en su vivienda particular Ya de regreso en la Plaza San Martín, uno de los tres empleados del acueducto recientemente despedidos se dirigió al centenar de personas que aún permanecían en el lugar explicándoles la situación por la que fueron echados "por defender los derechos de los trabajadores", en una clara connivencia entre la UOCRA y Sade-Techint, la empresa constructora de la obra.
Además, le pidieron a la concurrencia que "les hicieran el aguante" permaneciendo en el lugar porque pretendían instalar una carpa en señal de protesta por los despidos y las condiciones de trabajo. Inmediatamente se armó una carpa tipo iglú y un grupo de chicos comenzaron a hacer malabarismos ante las personas que apoyaban la medida de protesta.
Mientras tanto, la presencia policial era cada vez más numerosa en los alrededores de la plaza; hasta que en un momento el jefe de la Unidad Regional I, el comisario Juan C. Gorris, se presentó ante los manifestantes advirtiéndoles que no se podía acampar ya que una ordenanza municipal lo prohibía y dándoles un plazo de 30 minutos para desalojar el lugar. La gente reaccionó verbalmente contra Gorris, expresándole que era una legítima protesta en ejercicio de la libertad de expresión.
Minutos después, efectivos policiales que salieron del edificio municipal se ubicaron en el centro de la plaza, a unos escasos 50 metros de los manifestantes. Eran alrededor de 20 efectivos de la División Canes dispuestos en fila y detrás de ellos la fuerza de choque compuesta por alrededor de otros 25 hombres más. Estos últimos estaban pertrechados con cascos, escudos, chalecos antibalas, itakas, cachiporras y lanza gases. A la vista del dispositivo policial, los manifestantes, como una prueba más de la actitud pacífica que conservaron durante la jornada, se sentaron predominantemente frente a la carpa para evitar que la misma fuera retirada.
Es en ese momento cuando arremetió la fuerza de choque policial golpeando a cachiporrazos, itakazos, patadas, a todo aquel que tuviera en frente sin importar que se tratase de jóvenes, niños, mujeres o ancianos. Incluso amartillaban sus armas en actitud intimidatoria a menos de dos metros de manifestantes.
La gente se replegó y se defendió como pudo de la brutal represión. La confusión fue tremenda. Hubo corridas, llantos, gritos, golpes, forcejeos. Julián Mikovitch, jardinero de 39 años que había ido a la manifestación acompañado de su esposa, sus tres hijas y una sobrina, en plena arremetida policial vió que se estaban llevando arrastrada de los pelos a una jóven e intentó ayudarla. Fue cuando "un policía me trabó con un puntapié y me hizo caer al suelo. El golpe me descompensó. Para los médicos tuve un preinfarto, me llevaron en ambulancia con oxígeno hasta el hospital y después al Polymedic".
Así como Julián, hubo entre otros el caso de una mujer embarazada y de un anciano a los que golpearon duramente. Algunas personas se refugiaron en algunos comercios aledaños y, cuando la policía intentó entrar en uno de ellos, los empleados les cerraron las puertas para protegerlos.
Fue un lapso de tiempo interminable en la cual la plaza central -rodeada por efectivos policiales- dejó como saldo una veintena de manifestantes heridos, algunos de ellos muy golpeados, y cuatro personas detenidas: Cristian Obando, Sergio Escudero, Claudio y Nahuel Acosta, tres de los cuales fueron liberados en la madrugada del día siguiente, quedando Claudio Acosta detenido "por lesiones leves", aunque horas después fue liberado.
Esa misma noche, después de los hechos, un integrante del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, integrantes del grupo coordinador de la Cátedra sobre Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Humanas (UNLPam) y otros manifestantes concurrieron a la Seccional Tercera acompañados por el abogados Carlos Fernandez Articó para averiguar la situación en que se encontraban los detenidos. Allí fueron continuamente provocados e intimidados por los efectivos.
Al día siguiente, Obando, uno de los manifestantes que había sido detenido, en una conferencia de prensa realizada en el mismo lugar de los hechos, denunció ante los medios de prensa locales que cuando lo llevaban en el móvil policial le dieron "itakazos en los testículos y le amartillaron el arma en la cabeza mientras le gritaban que lo iban a matar por haber golpeado a sus compañeros".
A los efectos de entablar acciones judiciales, los vecinos cuentan con el apoyo de los abogados Carlos Fernández Articó, Miguel Scovenna y Pablo Richi, quienes presentaron una larga lista de testigos para que el juez que entiende en la causa, el Dr. Jorge L. Howe, escuche los testimonios de quienes sufrieron la represión policial.
El juez expresó ante los medios que tendrá que resolver en diez días si procesa o no a los caceroleros y que el expediente está caratulado: resistencia a la autoridad y lesiones leves. Esta última imputación es solo para Claudio Acosta.
Por su parte, el jefe de la policía provincial, crio. Ricardo Baudaux, se excusó diciendo que no hubo represión, que "el informe que me elevó el crio. Inspector Juan Carlos Gorris, a cargo del operativo, es que el personal interviniente que procede a desarmar la carpa es agredido por las personas que allí se encontraban. Por esta cuestión tenemos diez policías " internados".
En el mismo tono, el ministro de Gobierno y Justicia, César Ballari, expresó que según la información policial con la que contaba "no fue una represión violenta y la prueba es que hay diez policías lesionados" y continuó argumentando que "fueron quienes intentaban colocar la carpa los que agredieron a la policía con los palos de la misma". Al Ministro se le pasó por alto que se trataba de un iglú con delgados travesaños de plástico. Eso sí, la fuerza policial va a iniciar un sumario interno para investigar el caso y va a proveer a la justicia de un video de "los incidentes".
Esta es una prueba más de que el gobierno provincial lleva a la práctica la lógica goebbeliana que afirma: "Miente, miente, que algo queda". Y es precisamente eso lo que hace a través de los periodistas mercenarios y lacayos del Marinismo.
Pero este no es un hecho aislado como pretenden hacernos creer desde Casa de gobierno. Ni fue una simple "falta de oportunidad" del jefe del operativo. La represión policial del viernes 15 responde a directivas provenientes de lo más alto del poder, tanto provincial como nacional. Este es un caso más de los continuos ataques que sufren quienes manifiestan su oposición a la crítica situación social, económica y política imperante en nuestro país.
Tanto al gobierno de Duhalde como al de Marín o al de cualquier otro mandatario provincial le afectan los "cacerolazos", que ya han dejado de ser solo la expresión de los ahorristas y comerciantes de clase media. Esta metodología de protesta social, que se suma a los cortes de rutas y las huelgas, ha sido apropiada por los demás sectores que sufren las políticas económicas neoliberales: los obreros, los desocupados, los empleados públicos provinciales y nacionales, los jubilados, las amas de casa, los estudiantes, etc.
Son cientos los casos que en Argentina evidencian la intensificación del conflicto social como respuesta a las medidas de ajuste exigidas por el FMI y el Banco Mundial y la necesidad de los sectores dominantes, frente a los reagrupamientos de sectores populares, de reprimir y al mismo tiempo generar niveles de adhesión que acompañen dicha represión, mediante el reciclaje de discursos autoritarios y alienantes ya escuchados durante la dictadura militar, hoy pronunciados por funcionarios nacionales y provinciales.
Por eso es que reprimieron la manifestación del viernes 15. Como ya lo vienen haciendo con vecinos de los barrios pobres de la ciudad, por pedirle comida a un supermercado, cortar calles solicitando planes de empleo transitorio o cruzar la Avenida Santiago Marzo hacia el centro, verdadero coto de caza para los jóvenes cuyo "look" y nivel de consumo no satisface las prerrogativas sociales.
Reprimen como lógica continuidad de un accionar intimidatorio de larga data, consistente en extrañas llamadas telefónicas; en allanamientos de viviendas de militantes, como es el caso del compañero Enrique Ramos Mexía, quien en marzo de 2001 fue fue demorado por un supuesto robo que se habría producido en la casa aledaña (donde vive el compañero también funciona una biblioteca popular con orientación en Derechos Humanos y Culturas indígenas); en sospechosas seguidillas de robos a integrantes de la Cátedra sobre Derechos Humanos; en patrulleros que siguen a militantes o a familiares de los mismos; en policías de civil infiltrados en las manifestaciones; en sujetos que fotografían y filman a los concurrentes a las marchas; en fin, en las habituales metodologías que recurrentemente implementan las fuerzas represivas para controlar, meter miedo, aislar a las personas, obstaculizar la organización y neutralizar las luchas de los sectores populares que intentan transformar este sistema de explotación, opresión e injusticia.
Finalmente, el lunes 18 del corriente se realizó en la Plaza San Martín una asamblea vecinal que resolvió convocar a un "cacerolazo" para el miércoles a las 20:00 hs, en sintonía con el "piquetazo" nacional que se desarrollará con motivo de los dos meses de la feroz represión policial a la manifestación popular que produjo la caída del gobierno de Fernando De La Rúa.
Cátedra Libre sobre Derechos Humanos
Facultad de Ciencias Humanas
catedra_ddhh_lapampa@hotmail.com