Kintto Lucas
IPS
Indígenas de nueve países de América Latina y el Caribe definieron en la capital de Ecuador estrategias contra la aplicación del Plan Colombia y contra la actividad petrolera y minera en sus tierras.
Los participantes, procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Suriname y Venezuela, integran la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
El objetivo de la reunión fue elaborar la Agenda Indígena Amazónica "para que todas las organizaciones de la cuenca trabajen desde una misma visión y de manera coordinada", dijo a IPS SebastiFo Haji Manchineri, del pueblo Yine de Brasil y coordinador general de Coica.
"La idea es que como indígenas tengamos una agenda propia, porque hasta ahora no hemos tenido una misión como pueblos amazónicos", afirmó Manchineri.
Los indígenas tomaron resoluciones sobre asuntos como el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico, implementado por el gobierno de Andrés Pastrana con asistencia internacional, así como contra la explotación petrolera y minera y a favor del desarrollo sustentable y los derechos humanos.
"Son temas de vida y muerte para todos nuestros pueblos, temas que están golpeando nuestra realidad. Debemos llevar adelante acciones conjuntas, teniendo en cuenta un horizonte común creado desde nuestros pensamientos", afirmó Manchineri.
La Coica procura impedir que "el Plan Colombia agrave la militarización de la Amazonia", lo cual perjudicaría a los pueblos indígenas y convertirían el área en "tierra de nadie".
El Plan Colombia de lucha antidrogas implementado por el gobierno de Pastrana, con ayuda de Estados Unidos y otros países industriales, es considerado por analistas y representantes de la sociedad civil como un plan para combatir a las organizaciones guerrilleras.
"Con la guerra, nuestros pueblos no tienen a quién recurrir para satisfacer sus necesidades más urgentes, y al no tener opciones llegan a situaciones de pobreza extrema", argumentó el dirigente indígena.
La Coica fue creada en 1985 con el objetivo de "defender los derechos territoriales, la libre determinación de los pueblos indígenas y la continuidad de su especificidad cultural". La organización representa a 400 pueblos indígenas de la cuenca amazónica que suman cerca de un millón y medio de personas.
La Asociación de Centros Indígenas de Sarayaku, de la centrooriental provincia ecuatoriana de Pastaza, denunció que emisarios de empresas petroleras plantean desde 1998 ofertas a dirigentes de la organización para dividirla, que hasta ahora ha rechazado la explotación de crudo en su territorio ancestral.
Franco Viteri, del Consejo de Gobierno de Tayjasaruta-Sarayaku, afirmó que estas acciones de las compañías petroleras lesionan los derechos colectivos reconocidos por la Constitución de Ecuador y el Convenio 169 aprobado en 1989 por la OIT, referido a los derechos de pueblos indígenas y tribales.
"Somos un pueblo kichwa de 1.500 personas que vivimos en un territorio ancestral de 1.400 kilómetros cuadrados practicando nuestra cultura y nuestros sistemas económicos, políticos, culturales y sociales. Y si es necesario luchar para mantener eso, lo haremos", afirmó Viteri.
El control del territorio es la única garantía de supervivencia del pueblo kichwa de Sarayaku, sostuvo el dirigente.
"Hemos sido testigos de cómo en las tres ultimas décadas la actividad petrolera ha trastocado la vida y el ambiente de otros pueblos hermanos que no recibieron beneficio alguno", argumentó el dirigente kichwa.
Basado en el reconocimiento de los derechos colectivos establecido en la Constitución ecuatoriana y en el Convenio 169 de la OIT, Viteri exigió la salida de la compañía petrolera CGC que actúa en la zona y el "reconocimiento a la autonomía de la jurisdicción territorial del pueblo kichwa de Sarayacu".
"Nacimos libres y vivimos felices, lucharemos como fieras y no terminaremos como esclavos", señaló.
Por su parte los representantes de la nacionalidad cofán, que habita la nororiental provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, denunciaron que el Estados no les otorga títulos de propiedad de las tierras que habitan hace siglos con el argumento de que se encuentran dentro de parques nacionales.
Toribio Aguinda, presidente de la Federación del Pueblo Cofán, afirmó que la falta de reconocimiento a la propiedad del territorio que habitan les genera problemas con colonos colombianos y ecuatorianos que extraen madera en la zona.
"Este es nuestro territorio ancestral y si nos dejaran vivir en paz no nos importarían los título de propiedad, pero vienen los colonos y dicen que no nos pertenece porque no tenemos ningún papel que así lo establezca", argumentó Aguinda.
Los títulos también darían a los nativos más tranquilidad en caso de que se profundice la guerra civil en Colombia y comiencen a llegar desplazados o paramilitares de derecha, agregó.
Las comunidades cofanes, que suman unas 600 personas, se encuentran a 23 kilómetros de Nueva Loja, capital de Sucumbíos, a orillas del río Aguarico.
En febrero de 2001, unos 500 indígenas de comunidades cercanas a territorio cofán fueron amenazados y obligados a abandonar sus hogares por 15 paramilitares colombianos que operan en territorio ecuatoriano.
Aguinda recordó que un mes después de esa incursión murieron tres mujeres cofán por una extraña intoxicación que atribuyen a la contaminación ocasionada por la fumigación de cultivos de coca con el pesticida glifosato en la frontera colombiana.
"Ese químico es tan poderoso que se esparce a este lado de la frontera", explicó Aguinda.
Aguinda y los líderes del pueblo cofán aseguran que las muertes tuvieron relación directa con la ruptura del equilibrio entre la naturaleza, los seres humanos y los espíritus, necesario para su subsistencia cultural.
Las comunidades cofanes más afectadas por el conflicto colombiano son las ubicadas en el valle del río Guamuéz, en el departamento colombiano de Putumayo, donde viven 428 familias.
La fumigación masiva y los combates entre las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las paramilitares de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) provocaron el éxodo de muchos cofanes hacia Ecuador, donde fueron recibidas por comunidades cofanes de Sucumbíos.
Hace diez años los cofanes sumaban 10.000 entre Ecuador y Colombia. En la actualidad, no llegan a 3.000.
"El Plan Colombia es un motivo más por el cual los pueblos indígenas de la Amazonia corren peligro de extinción. La guerra y el petróleo parecen perseguirnos", concluyó SebastiFo Haji Manchineri.