Sergio Loya
 
México, D.F. (apro).- En el presente sexenio, el Ejército Mexicano no ha dejado de ser noticia en relación con uno de los temas más escabrosos de la realidad nacional: la violación de los derechos humanos.
Apenas comenzado el gobierno de Vicente Fox, las Fuerzas Armadas fueron foco de atención por la marcha zapatista al Distrito Federal y por la decisión gubernamental de que el Ejército se retirara de las áreas chiapanecas en conflicto, donde se han documentado graves abusos castrenses a partir de 1994.
Más tarde, con el asesinato de Digna Ochoa, se publicaron numerosos testimonios y acusaciones que señalaban a elementos del Ejército como posibles autores de ese crimen.
Enseguida, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer los resultados de una amplia investigación sobre la desaparición forzada de personas a partir de los años 70. Como consecuencia, fue creada una fiscalía especial para ampliar las indagatorias e iniciar los procesos judiciales correspondientes contra los responsables de esos hechos, donde miembros del Ejército tuvieron papeles estelares en acciones contra guerrilleros, activistas sociales y personas relacionadas con ellos.
La revista "Proceso" publicó después una serie de fotografías inéditas sobre las brutalidades cometidas por fuerzas castrenses uniformadas y vestidas de civil el 2 de octubre del 68. Y el 30 de enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que obliga a la Procuraduría General de la República a investigar y a encontrar a los culpables de la matanza de Tlatelolco.
Una semana más tarde, obligado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno federal tuvo que dejar en libertad al general José Francisco Gallardo, uno de los pocos militares que se han atrevido a denunciar la violación de los derechos humanos por parte de los altos mandos castrenses, pero ya no fuera, sino en el interior de la institución, por lo cual propuso crear un ombudsman militar.
Fuera de la cárcel, donde permaneció injustamente ocho años, el general Gallardo anunció que seguirá pugnando por que en el Ejército Mexicano sean salvaguardados los derechos humanos, y que pugnará por que se le declare inocente de los delitos que le inventaron en represalia por su propuesta.
Este domingo 10 de febrero, un descendiente del general Francisco R. Serrano reclama que se establezca "la verdad histórica" sobre el asesinato que integrantes del Ejército cometieron en contra de aquél y de otras 13 personas que lo acompañaban el 3 de octubre de 1927, en el municipio de Huitzilac, Morelos.
El remitente del reclamo, publicado en la sección Palabra de Lector de "Proceso" 1319, constituye por sí solo un resumen del sentir de una gran parte de la sociedad respecto del Ejército. En torno a ese magnicidio que no ha sido esclarecido después de 75 años, a pesar de que sus autores materiales e intelectuales ya están muertos, dice Federico Serrano Díaz:
"El destacamento militar que segó la vida de Serrano actuaba bajo el mando del general Claudio Fox. ¿Quién dio la orden de que los prisioneros, militares y civiles, fueran ejecutados sin ningún juicio en su contra? Ocho días después de ser abatidos en la carretera México-Cuernavaca, se dijo que fueron juzgados por un consejo de guerra y condenados a muerte".
Y remata: "Los pormenores del asesinato político del general Serrano han sido ocultados por la magnitud de los intereses involucrados y porque se considera que denigran al Ejército Mexicano. Sin embargo, para madurar, un pueblo necesita conocer la verdad sobre su pasado. En la situación actual, cuando se habla de comisiones de la verdad (…y) de fiscales especiales (…) es una tarea impostergable".
Este lunes 11, en una edición de "El Universal" donde se dan a conocer nuevas fotografías inéditas de la matanza de Tlatelolco, el general Gallardo insiste en que se castigue a los responsables de su reclusión, pero advierte que el principal encargado de procurar justicia en el país, Rafael Macedo de la Concha, es responsable de su reclusión, en su calidad de ministerio público y procurador militar.
El presidente Fox, quien el domingo exhortó a las fuerzas armadas a actuar "con especial atención al respeto pleno de los derechos humanos", deberá, pues, considerar, en primer lugar, que ese respeto será imposible mientras los presuntos violadores de los derechos humanos, dentro y fuera del Ejército, sean los encargados de investigar y castigar a los infractores.
Pero aún más: mientras el Ejército Mexicano carezca de un ombudsman militar y en tanto los poderes Legislativo y Judicial –sin olvidar al propio Ejecutivo-- no tengan pleno acceso a los archivos militares, no podrá haber en el país, como la historia lo demuestra, algo parecido a un estado de derecho.