7 de febrero del 2002
Bolivia: Ataque al movimiento campesino

Washington Estellano

El complejo de culpa del parlamento boliviano por el desafuero del diputado campesino y cocalero. Evo Morales, sin ninguna prueba en su contra, y la presión social que generó el atropello, se están volviendo contra el gobierno que impulsó la medida. Muchos de los 104 diputados que sin argumentos serios y de peso se confabularon para expulsarlo tratan hoy de recomponer sus figuras, aparentando una voluntad fuera de lo común para salvar al Congreso del desprestigio y el rechazo popular. Según declaran, van a continuar con la "limpieza" expulsando a los acusados por los casos más aberrantes, como el del yerno del expresidente general Hugo Banzer que, con su respaldo ostensible, cometió abultadas estafas y se benefició de negociados con los bienes del Estado.
En efecto, más de 20 diputados están acusados de todo tipo de delitos; algunos, incluso, de colaborar con una banda de atracadores dirigida por oficiales de la policía. Personas como éstas votaron por la separación de Morales del parlamento.
Lo más llamativo de esta expulsión fue la "capacidad" de sus pares para ponerse de acuerdo, lo que se ha visto y denunciado como una obra maestra de la embajada de Estados Unidos. Hace mucho tiempo que el actual embajador, Manuel Rocha, colocó en la mira al dirigente cocalero. Y no porque defienda y reivindique la producción de la hoja de coca, sino por la capacidad inédita del movimiento cocalero de insertarse en el sistema político y utilizarlo en beneficio de los sectores sociales más castigados.
Pero la ofensiva contra los campesinos parece formar parte de un plan más vasto diseñado desde Washington, que consiste en incluir también a Bolivia como parte del Plan Colombia. Para los estrategas estadounidenses Bolivia no debería quedar al margen del proyecto, no sólo por tratarse de un país cultivador de hoja de coca sino, sobre todo, por pertenecer al arco andino, zona de vital importancia estratégica para los intereses militares del Pentágono.
Por su parte, el principal objetivo político que se ha trazado el gobierno del presidente Jorge Quiroga, es no sólo lograr eliminar los cultivos de coca sino también liquidar al movimiento social cocalero. El decreto que determinó el cierre de los mercados legales de coca en el Chapare fue el detonante de una serie de movilizaciones exigiendo su derogación. La medida pretende desestabilizar una de las principales bases económicas de las comunidades campesinas, pero además busca vulnerar su cultura y sus rasgos diferenciadores como sociedad, con la esperanza de doblegar su resistencia a integrarse en el modelo como consumidores.