DEMANDAN A HONDURAS ANTE LA CIDH POR UN CASO DE TORTURAS Y EJECUCION EXTRAJUDICIAL.

De: Comite de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y CEJIL.
Envia: Julia Giaccaglia De: Equipo Nizkor

La Comision Interamericana de Derechos Humanos interpuso en septiembre  del año pasado una demanda ante la Corte Interamericana contra el Estado de Honduras por el secuestro, tortura y asesinato de Juan Humberto Sanchez, ocurrido en la aldea Santo Domingo, Intibuca, el 22 de julio de 1992.
En representacion de los familiares de la victima, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comite de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentamos en el mes de octubre un memorial con los argumentos, pruebas y pretensiones, basados en los derechos consagrados en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos. Es la segunda vez que el Estado hondureño asiste como acusado ante la Corte Interamericana, catorce años despues de la sentencia condenatoria en 1987 por la desaparicion forzada de Manfredo Velasquez y Saul Godinez Cruz, cuyos casos junto al de los costarricenses Francisco Fairen Garbi y Yolanda Solis fueron los primeros ventilados en el maximo tribunal regional en materia de derechos humanos.
A pesar del tiempo transcurrido desde las torturas y ejecucion extrajudicial del joven Juan Humberto Sanchez, sus familiares no han obtenido justicia ni una reparacion justa por el daño moral y material causado por su asesinato. El caso se encuentra en los tribunales desde mediados de 1992.
Esta segunda interpelacion de Honduras en la Corte Interamericana es importante, porque sienta un nuevo precedente positivo en el sistema de justicia local e invita a la clase politica que gobernaba en 1992 y que casualmente tambien lo hace hoy, a que impida que hechos similares se repitan en nuestra historia. A traves del litigio del caso, los representantes de la victima y sus familiares perseguimos alcanzar una reparacion integral, no solo para la familia Sanchez, sino tambien para la sociedad hondureña en general. En ese sentido, CEJIL, COFADEH y los familiares, pedimos a la Corte Interamericana que ordene al Estado que cese la impunidad del caso, que proteja la seguridad e integridad de los participantes en el juicio y que haga reformas legales a su sistema juridico, para garantizar un proceso mas expedito y confiable en recursos tan fundamentales como el Habeas Corpus.
Asimismo, otra de las garantias de satisfaccion y no repeticion del daño que se demanda es la tipificacion del delito de desaparicion forzada en el ordenamiento penal; ademas, que el Estado hondureño sea signatario de la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas.

ANTECEDENTES DEL CASO

El 22 de julio fue encontrado el cadaver de Juan Humberto Sanchez en la rivera del rio Negro, jurisdiccion de Santo Domingo, Intibuca, despues de haber sido privado de su libertad en dos oportunidades. El joven, en dias anteriores habia retornado de El Salvador con el fin de actualizar sus documentos personales, confiado en los acuerdos de paz firmados en aquel pais y en la Amnistia decretada por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, en julio de 1991. Pero se encontro con la muerte. Respecto al estado actual del caso, el Estado de Honduras alego que no se habian agotado debidamente los recursos internos, mientras que la Comision Interamericana y los representantes de la victima alegamos que los recursos ya han sido debidamente agotados. El proceso iniciado en el juzgado seccional de Colomoncagua desde 1992 resulto ineficaz, ya que el caso se mantiene impune hasta la fecha.
Los representantes de las victimas y la Comision demostraremos ante la Corte en la primera etapa de excepciones preliminares, que ya se han agotado las instancias internas y que sus resultados fueron infructuosos.
Tegucigalpa, MDC., 14 de febrero de 2002
Comite de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y CEJIL Mesoamerica.
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HONDURAS

Comite de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
LA MILITARIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA PONE EN RIESGO EL CAMINO DE LA JUSTICIA Y PROVOCA INSEGURIDAD JURIDICA Y AGUDIZA LA EXCLUSION  SOCIAL.

Con sumo interes estamos siguiendo paso a paso la evolucion de al menos cuatro hechos iniciados esta semana: el nombramiento del coronel Juan Angel Arias en la Secretaria de Seguridad, la llamada "guerra" contra la delincuencia, los cambios en el interior de las Fuerzas Armadas, el aumento a su presupuesto; y la liberacion de un conocido escuadronero. Sobre el primer hecho resaltamos el nombramiento de un oficial militar en tareas de seguridad como una incoherencia del discurso de fortalecimiento del Estado de Derecho que pregona el Presidente Maduro.
El mensaje que nos da con esa decision es que la inseguridad la producen enemigos a quienes hay que guerrear militarmente con militares, y deja en segundo plano el imperio de la ley, la lucha contra la impunidad.
Con toda claridad, deseamos enfatizar como organismo de promocion y defensa de los derechos humanos que no estamos a favor de la inseguridad, mucho menos de la criminalidad.
Reclamamos el derecho a pedir que no se movilice a los militares con sus fusiles apuntados hacia las colonias marginales, porque eso indica que los otros delincuentes que intervienen telefonos para espiar a sus competidores quedan libres de esa disuasion.
Significa, igualmente, que quedan libres de ese mensaje de guerra las maras que aprueban licencias ambientales para enriquecerse a costa del mar y tambien las otras maras que lavan dinero de la corrupcion y el narcotrafico amparadas en el poder. ¿Y quien esta persiguiendo a estos delincuentes? Como ha comentado nuestra Coordinadora General "el mensaje que hemos recibido en los ultimos dias es que los militares buscan delincuentes en las colonias pobres de las principales ciudades, pero no estan buscando en las residenciales donde podrian estar los otros delincuentes".
Ella ha dicho que "deberia tener mucho cuidado el nuevo Presidente en hacer este tipo de discriminaciones sociales de la delincuencia, ya que por un animo de hacerse visible y cumplidor de su principal promesa de campaña, podria terminar devolviendole la tranquilidad a los grandes impunes que estan observando su guerra callejera contra la delincuencia desde sus altos edificios".
Advirtio tambien que esta "guerra" puede dar una justificacion politica e ideologica a los uniformados para quedarse de nuevo entre nosotros y en contra de nosotros, en momentos cuando resurge en el mundo la industria armamentista.
Creemos necesario proponer, en aras de la situacion del pais, un monitoreo social sobre las Fuerzas Armadas, porque la ultima estructura de mandos aprobada indica la continuacion politica-partidaria de la anterior, y eso significa que liberales y nacionalistas ejercen para sus propositos un control sobre las prioridades constitucionales de una institucion estrategica. El anuncio de un incremento del 80% a su presupuesto, debe ser mejor meditada y pedimos al nuevo gobierno que escuche nuestro pensamiento al respecto.
Finalmente, lamentamos que en medio de los operativos militares en las calles, el Poder Judicial haya dejado en libertad al escuadronero Alexander Hernandez Santos, en una demostracion de falta de valoracion objetiva de las evidencias por parte de los jueces y en una accion en exceso previsible que coincide con el fin de un gobierno y el inicio de otro. El deseo de nuestro Comite es que haya cero tolerancia a quienes matan y violan la moral de la gente con sus acciones desde el poder. A ellos queremos que les eche la fuerza enfaticamente.
De los hechos y los hechores, ¡Ni Olvido, Ni Perdon¡
Comite de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Tegucigalpa, MDC., 01 de febrero de 2002