Latinoamérica

Marlon Carrión C.
Servicio Informativo "alai-amlatina"

Este 26 de febrero, el presidente ecuatoriano Gustavo Noboa decretó el Estado de Emergencia para las provincias orientales de Orellana y Sucumbíos. El propósito de esta medida es el de retomar el control sobre la población que, desde el sábado 23 de los corrientes, se encuentra en paro de actividades.
A decir de sus protagonistas, El paro biprovincial intenta presionar al gobierno central para que ponga atención a este sector ecuatoriano, que pese a aportar el 40% del presupuesto nacional a través del petróleo, su infraestructura vial y eléctrica es deplorable.
Hace un año exactamente, los pobladores de esta región consiguieron del gobierno nacional, tras amenazar con paralizar la producción petrolera si no eran atendidos, un acuerdo de desarrollo integral y obras de compensación por los daños causados por la explotación petrolera. Los pobladores regresaron a sus actividades y el gobierno se olvidó de sus promesas.
Hoy las "fuerzas vivas" de estas dos provincias reclaman el cumplimiento del acuerdo firmado y por las inexistentes medidas gubernamentales para proteger a la población de la zona norte del Ecuador, ante el peligro que representa la implementación del Plan Colombia. La fumigación con tóxicos a las plantaciones de coca en el lado colombiano está causando severos estragos a la población y los plantíos legales ecuatorianos. Reclaman también por la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados que atraviesa algunos sectores habitados de la zona.
Los diferentes organismos de defensa de los derechos humanos han deplorado la declaratoria de emergencia, puesto que significa la pérdida de garantías constitucionales para la población civil, la militarización de las dos provincias.
Esta militarización ha dado pie a continuos enfrentamientos entre los uniformados y la población civil. Los militares han usado sus armas de fuego, lo cual ha causado ya algunos heridos y la muerte de Luis Guerra, trabajador del Consejo Provincial de Sucumbíos. Asimismo, se ha reportado una gran cantidad de niños asfixiados por el abundante gas lacrimógeno arrojado desde los helicópteros. El número de heridos y detenidos no se conoce pues las autoridades militares han guardado estricto silencio.
Asimismo, la prensa está censurada por el decreto de Emergencia que suspende el derecho a la libre expresión. Radio Stereo Cumandá, radio Alegría y radio Municipal se encuentran amenazadas por las Fuerzas Armadas por lo tanto no pueden trasmitir ningún tipo de información so pena de ser confiscados sus equipos.
En algunas poblaciones se ha decretado "toque de queda" todo el día, con ello el General de Brigada Jorge Miño Vaca, encargado de restablecer el orden, intenta evitar que la gente salga a protestar, lo cual hasta el momento no lo ha logrado.
Por su parte el Ministro de Gobierno, Marcelo Merlo Jaramillo, ordenó la tarde de este miércoles la detención inmediata de algunas autoridades civiles de Orellana, y de Luis Yanza, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonia, con sede en Nueva Loja, capital de Sucumbíos.
El paro es respaldado por las Asambleas Civiles, los diferentes gremios de profesionales, los transportistas, asociaciones de mujeres, estudiantes, cooperativas, federaciones de barrios, cámaras de comercio y ganadería, así como los comités de derechos humanos locales.
Finalmente, las Iglesias de Orellana y Sucumbíos, en mensaje al presidente Noboa, le solicitan que cese el estado de emergencia en las dos provincias, luego de lamentar la militarización extrema de la región.
Con el fin del diálogo de paz en la vecina Colombia, el Ejército Ecuatoriano trasladó a la provincia de Sucumbíos, frontera con el Putumayo colombiano, a 10 mil de sus hombres y con ellos taponar a las fuerzas irregulares del vecino país que intenten penetrar en Ecuador. Ahora la presión popular de Sucumbíos y Orellana hace que los uniformados extremen su accionar, produciéndose los resultados ya señalados.