Sergio Ramírez

A pesar del silencio de gobernantes y de las cúpulas políticas del sistema, unido a la negación de recursos para realizar investigaciones que permitan conocer la verdad sobre los detenidos desaparecidos y sancionar a sus asesinos y raptores, poco a poco emerge la verdad sobre el genocidio cometido por las FF.AA. contra un pueblo indefenso.

La cancillería chilena envió a Francia la respuesta al exhorto, con declaraciones de casi medio centenar de ex agentes de los servicios de inteligencia, que ese país había solicitado a mediados del año pasado. Ello refleja la reacción de la justicia chilena ante la presión internacional por su pasividad y evidente complicidad con los autores de crímenes cometidos durante la dictadura castrense. La aparente disposición de colaborar con la justicia internacional es un intento de borrar el pasado colaboracionista y, fundamentalmente, la defensa que brindaron a Pinochet para que no fuera procesado en España.
48 generales, oficiales en retiro y ex agentes de la DINA respondieron las consultas del juez francés Roger Le Loire. El juez del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard, estuvo a cargo del exhorto, que contenía importantes preguntas sobre la participación de la DINA en la desaparición en Temuco del sacerdote Etienne Pesle (19.09.73), del asesor de Salvador Allende, Georges Klein, detenido en La Moneda (11.09.73), Jean-Yves Claudet Fernandez, desaparecido en Buenos Aires mediante la aplicación del Plan Cóndor (01.12.75), Marcel Amiel Baquet y Alfonso Chanfreau (30.06.74), cuyas causas están abiertas en Chile y en Francia.
En 1.400 fojas los tribunales chilenos adjuntan también el expediente de la justicia militar del caso Chanfreau, junto con el proceso íntegro del caso de Pesle, Claudet y Baquet y los antecedentes de la causa abierta por la desaparición de Georges Klein. Pero las declaraciones más significativas son las del ex director de la DINA, Manuel Contreras; Raúl Iturriaga Neumann; el general (r) Cesar Benavides; el teniente coronel (r) de Carabineros Gerardo Godoy (jefe del grupo Tucán de la DINA); el coronel (r) Marcelo Morén Brito (jefe de la Brigada Caupolicán de la DINA); el brigadier (r) Miguel Krassnoff (jefe del grupo Halcón de la DINA); el coronel (r) de Carabineros Guillermo Lawrence Mires (jefe del grupo Aguila de la DINA; el coronel (r) Maximiliano Ferrer; el subjefe del departamento exterior de la DINA José Zara, el ex agente Javier Palacios, el general (r) Joaquín Lagos; el general (r) Sergio Arellano Stark; el oficial (r) Miguel Angel Concha y la ex agente de la DINA Luz Arce. Es decir, la élite de los criminales chilenos.
Aunque en todas las declaraciones niegan responsabilidad y afirman ignorancia de los crímenes y secuestros indicados, la justicia francesa considera positivo disponer de tales testimonios para seguir en su investigación. En efecto, ella ha demostrado que pese a las dificultades, seguirá adelante con el proceso. Así lo dejaron en evidencia al despachar una orden de captura internacional contra todos los interrogados. Además, altos personeros galos han anunciado que a fines de este año se podrían dictar las primeras condenas "en ausencia" por los crímenes cometidos contra ciudadanos de ese país.
El exhorto fue remitido a la Fiscalía de la Corte Suprema, que aprobó su tramitación. Tramitado por la Sala Penal del máximo tribunal, el 21 de enero llegó a la cancillería y, posteriormente, fue remitido a las autoridades francesas. Distinta suerte corrió el otro exhorto que envió la justicia alemana. Fue devuelto para aclarar diligencias, principalmente relacionadas con interrogatorios. Y en la misma situación se encuentra, a la espera de la evaluación preliminar de la Fiscalía de la Suprema, la carta rogatoria de la justicia de Bélgica, que enviara mientras Pinochet estaba detenido en Londres. En efecto, el 02.11.2000 la justicia belga sometió a trámite las denuncias por detencion ilegal, tortura y asesinato presentadas contra Pinochet por 6 ciudadanos de origen chileno residentes en Bélgica. Días más tarde (24.11), un juez belga dictó una orden internacional de detención contra Pinochet. La justicia chilena comenzó la fase sumaria, que tiene como centro esta carta rogatoria, que probablemente sólo comenzará a ser vista en marzo, cuando se reinicien las actividades de los tribunales. Junto a ello, los querellantes en la desaparición de Juan Luis Rivera Matus también solicitaron diligencias en el extranjero. Pidieron al juez instructor Joaquín Billard que envíe un equipo del funcionarios de Investigaciones a Francia para tomar nuevas declaraciones a Andrés Valenzuela, agente del Comando Conjunto.
SE REPITEN LOS NOMBRES DE LOS ASESINOS
La cadena de querellas contra el ex dictador Augusto Pinochet continúa. En efecto, fue presentada una nueva querella criminal contra Pinochet y agentes de la DINA. La acción legal fue interpuesta por la abogada Alejandra Arriaza ante el juez Juan Guzmán, y se refiere al caso de Marcela Sepúlveda Troncoso, secuestrada en 1974. El libelo está dirigido contra el ex dictador Pinochet, el general (R) Manuel Contreras y los ex agentes de la DINA Osvalo Romo, Miguel Krassnoff, Marcelo Morén Brito y Basclay Zapata, por los delitos de asociacion ilícita, torturas y secuestro calificado. Con ésta, las querellas en contra de Pinochet ascenderían a 295. Mientras el genocida goza de impunidad.
Marcela Sepúlveda, estudiante universitaria y militante del MIR, fue secuestrada de su hogar, en la localidad de Lampa (26.06.74), cuando tenía 18 años. Testimonios de ex detenidos indican que estuvo detenida en el campo de concentración "Tres Alamos". Su desaparición fue investigada en 1980 por el ministro Servando Jordán, venal juez defensor de asesinos y torturadores, designado en la época para pesquisar causas de detenidos desaparecidos, quien cerró el sumario en agosto de 1981, sin mayores avances.
En cambio, la jueza del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz procesó a 4 ex agentes de la DINA por el secuestro de Manuel Cortés Joo (militante del MIR), ocurrido en 1975. Los procesados son Miguel Krassnoff, Marcelo Morén, Basclay Zapata y Osvaldo Romo, quienes también figuran como encausados en el proceso que lleva el juez Juan Guzmán por violaciones a los DD.HH. cometidas en Villa Grimaldi. Es decir, se repiten los nombres de los más brutales y sanguinarios "hombres" del Chacal del Mapocho, que aún no han sido sancionados por sus innumerables delitos.
Cortés Joo era casado y tenia un hijo cuando fue detenido (14.02.75). Según el informe de la Comisión Rettig, testigos indicaron que fue secuestrado tras intentar impedir el arresto de su compañero del MIR Hugo Ríos Videla, también desaparecido. Tras esta detención, su esposa, Gabriela Wenger, quien se encontraba estado de gravidez, fue llevada a Villa Grimaldi. Allí lo pudo ver por última vez. Supo que se encontraba en el lugar denominado La Torre. Tras tener a su hijo fue puesta en libertad en 1975, gracias a un recurso de amparo presentado por su madre. Los testimonios de otros secuestrados por la DINA describen a Cortés herido y encadenado. Una prisionera recordó las "profundas palabras de contenido humano, de estímulo, de esperanza y solidaridad" que recibió de él mientras se encontraba en Villa Grimaldi. Desde entonces nada se sabe de él. Su nombre fue incluido en la acción de encubrimiento de la DINA conocida como la "Operación Colombo" (abril y julio de 1975) para atribuir su asesinato a falsos enfrentamientos en Argentina. Pero las tropelías de los asesinos y torturadores del período dictatorial no terminan aquí.
En el Octavo y Noveno Juzgado del Crímen de Santiago se realizaron las rondas de careos entre víctimas de los servicios represivos y connotados ex agentes de la DINA, como Marcelo Morén, Ricardo Lauriani, Miguel Krassnoff, Osvaldo Romo, Basclay Zapata, Edgar Ceballos y Gerardo Ulrich. Las diligencias efectuadas por las magistradas María Inés Collins y Raquel Lermanda intentan dilucidar procesos por detenidos desaparecidos. En el caso de la jueza Collins las pesquisas apuntan a develar el secuestro del militante del MIR Miguel Angel Sandoval Rodríguez, quien fue detenido el 07.01.75 por agentes de la DINA. De acuerdo a testigos, Sandoval estuvo retenido en la Villa Grimaldi, último lugar donde fue visto con vida.
En los careos, los asesinos Morén Brito, Krassnoff, Lauriani y Zapata confirmaron que el "Cuartel Terranova" era centro de detención de tránsito, pero aseguraron que nunca torturaron, ya que su labor era de "analistas". Distinta fue la versión de Osvaldo Romo, quien acusó a Morén Brito y Krassnoff de tener responsabilidad en los delitos cometidos en el lugar. Mientras que el nombre de Miguel Angel Sandoval figura en la lista publicada en la revista argentina LEA (julio de 1975), de 60 chilenos que habrían muerto en diversos países. La publicación sin editor ni propietario responsable, presentaba similares características con otra nómina de 59 personas, que figuraban en el diario O'DIA de Curitiba, Brasil, en lo que fue conocido como la "Operación Colombo". En el siniestro plan se anunció la muerte en enfrentamientos de 119 personas, que estaban en las listas de detenidos desaparecidos entre los meses de junio de 1974 y febrero de 1975. La mayoría de ellas fueron vistas en campos de concentración de la DINA.
En el careo también surgieron antecedentes sobre Carlos Guerrero Gutiérrez (estudiante, militante del MIR), detenido por agentes de la DINA el 31.12.74, de Jaime Eugenio Robotham Bravo (estudiante de Sociología, militante PS) detenido el 31.12.74 y de Claudio Thauby Pacheco, tambien detenido en esa oportunidad. Mientras tanto, en el Noveno Juzgado del Crimen la magistrada Raquel Lermanda avanza en dos procesos paralelos. El primero, la desaparición de detenidos en el centro de reclusión conocido como la Venda Sexy que estaba al mando de Gerardo Ulrich y la causa por sobrevivientes de la Academia de Guerra Aérea (AGA).
NUEVAS PISTAS SOBRE CRIMENES DE LAS FF.AA
Simultáneamente nuevas pistas surgen en torno a la desaparición del ex interventor de la CCU Jaime Aldoney. Un testigo, ex detenido en el campo de prisioneros de Isla Riesco, denunció la existencia de un pozo donde se sepultaron los cadáveres de los "prisioneros de guerra" asesinados por los infantes de marina. La información fue confirmada tambien por un ex oficial de la Armada. Pese a estos testimonios, la jueza espera los resultados de las investigaciones en terreno.
La existencia de este centro de detenciones fue ignorada por sus propias víctimas. Ellos siempre se encontraban con la vista vendada. No obstante, la investigacion judicial ha permitido develar uno de los episodios más siniestros de las violaciones a los DD.HH. en la regiónde Valparaíso. En efecto, a fines del año pasado la jueza se constituyó en el sitio de detención. Posteriormente, funcionarios de Investigaciones, junto con un equipo de especialistas, iniciaron las investigaciones en terreno. La falta de maquinarias y recursos ha impedido avanzar. Pese a ello, fuentes vinculadas al caso sostienen que es inminente la dictación de procesamientos en el crimen contra Aldoney, así como también en la otra causa que investiga la ministra Corti, conocida como la "Matanza de Quillota". Proceso que también se encuentra paralizado por falta de maquinarias para inspeccionar el Regimiento Maipo, lugar donde se encuentran, según testigos, otras osamentas humanas.
También existen antecedentes e informaciones sobre la existencia de fosas con osamentas en la Escuela de Caballería de Quillota, lugar donde se ejecutaron a 6 prisioneros (18.01.74). Según versiones militares, el jefe del Departamento Técnico de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) Víctor Enriquez Fuenzalida; el empleado de la tesorería Manuel Hurtado; los obreros textiles Osvaldo Manzano Cortez y Julio Loo Prado; y los dirigentes poblacionales Angel Díaz Castro y Hugo Aranda, fueron ejecutados tras un supuesto intento de fuga. Estos cuerpos fueron entregados a sus familiares, no así los de Pablo Gac Espinoza y Guillermo Cabezas, ambos fiscales de la CORA, quienes estarían sepultados en el recinto castrense. Para comprobar esta información, el 26.12.91 el juez del Segundo Juzgado de Letras de Quillota, Raúl Beltramí, intentó ingresar al recinto. Los militares le negaron autorización. Incluso sacaron un tanque a la calle para evitar que se constituyera dentro de la unidad militar, ahora escenario de una competencia ecuestre mundial. Hecho que ratifica la realidad de impunidad de los violadores de los DD.HH. y el silencio cómplice de los gobernantes.