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La Jornada

EU podría estar tras la conspiración madre para ajustar el control de reservas petroleras
El nuevo golpe empresarial petrolero contra el gobierno de Venezuela estaba previsto para septiembre de este año, en continuidad de la intentona fallida de abril pasado, y por eso no faltaron tampoco los francotiradores utilizados en aquella ocasión ni la colaboración de los medios de información en manos de los grandes grupos del poder económico.
Sin embargo, lo que asombra es la urgencia de los golpistas por terminar con el gobierno de Hugo Chávez, al que el pueblo sostuvo cuando el golpe de abril, y cuando la Constitución Bolivariana contempla que "todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables" una vez que los funcionarios hayan cumplido con la mitad de su mandato, lo que significa que Chávez puede ser sometido a referéndum revocatorio en agosto de 2003.
Para los analistas, entre las urgencias está la necesidad de Estados Unidos de ajustar el control de las reservas petroleras en la región ante la emergencia de la guerra contra Irak, a pesar de que Chávez ha reiterado que cumplirá con sus obligaciones, aun después de conocer los alcances de la intervención estadunidense en el golpe del 11 de abril. Venezuela vende un millón de barriles de petróleo diarios a Estados Unidos y tiene inversiones multimillonarias en ese país en gasolineras y refinerías.
La prisa de ciertos opositores también tiene que ver con la impaciencia de los mentores externos del golpismo, que podrían quitarles el financiamiento, y con la proximidad, en enero de 2003, de la entrada en vigencia de la Ley de Hidrocarburos, que puede permitir al gobierno actuar sobre las nómimas gerenciales atrincheradas en Petróleos de Venezuela (PDVSA), y de la Ley de Tierras, a la que se oponen los grandes terratenientes, muchos ligados con gobernadores y alcaldes opositores.
Diciembre negro era parte del plan del paro empresarial, según denunciaron a esta corresponsalía sectores cercanos al gobierno, después que el estruendoso fracaso de abril, si bien produjo fracturas dentro del complejo arco opositor, desesperó a los más radicales.
Entre los planes del golpe petrolero adelantados por este periódico en septiembre pasado figuraba el documento cinco de la Coordinadora Democrática, que señalaba la importancia de la gerencia de PDVSA para poner a Chávez contra la pared, demorando la entrega de dinero al gobierno. Esa empresa -en el contexto de la corrupción compartida del poder con grupos privados y políticos- sólo entrega algo más de 20 por ciento de los ingresos al Estado y el resto se va en ambiguos costos de operaciones.
A imagen y semejanza de los ochenta
Así, las urgencias agudizan la sombra del golpismo, presente desde antes que Hugo Chávez ganara las elecciones de 1998. Primero fue la conspiración para impedir el triunfo, ahora para derrocarlo. La Coordinadora Democrática que aglutina a los grupos empresariales responsables y a la vieja clase política del derrotado bipartidismo fue creada a imagen y semejanza de las coaliciones impulsadas por Washington en los ochenta para actuar en Nicaragua o Panamá.
Fórmula que ya se había probado en Chile, cuando los grupos civiles preparaban el golpe -a cacerolazos- junto a Augusto Pinochet.
Es también en Venezuela donde dirigentes de una central de trabajadores (CTV) acompañan las huelgas patronales. ¿Cuántas empresas en el mundo soportarían cerrar sus puertas durante tanto tiempo si no tuvieran un apoyo económico de envergadura, y cuántos trabajadores pueden resistir la obligación de acompañar a sus patrones? Aunque en el caso de Venezuela faltan los militares tipo Pinochet, también están en escena, como en Chile, el gobierno de Estados Unidos y sus socios, mientras que todos los medios de comunicación masiva venezolanos, salvo una planta de TV que no puede competir tecnológicamente con el resto, están en manos de la oposición.
En septiembre pasado, en el reportaje sobre Venezuela publicado en La Jornada, estaban ya claramente perfiladas las acciones del nuevo golpismo y se preparaba el septiembre negro, que no resultó, cuando ya el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió que el 11 de abril no hubo golpe de Estado, a pesar de que un presidente fue llevado preso a cuarteles militares y se clausuraron el Congreso y todas las instituciones democráticas.
Estos fracasos llevaron nuevamente a la conspiración madre petrolera. Un detallado informe de investigadores y analistas (en el semanario venezolano Proceso) mencionaba a los actores del golpe de Estado petrolero, una de cuyas primeras acciones en abril fue suspender la presencia venezolana en la OPEP y los envíos de petróleo a Cuba. Para estos analistas la conspiración en PDVSA se aceleró a partir del nombramiento del ex militar Guaicaipuro Lameda como presidente de esa empresa estatal en octubre de 2001, y con la acción de operadores políticos como Luis Giusti, ex presidente de la petrolera estatal venezolana y asesor de energía de Estados Unidos.
De acuerdo con el análisis, en abril y mayo de 2001 ya existía un plan que tenía como objetivo la privatización de PDVSA y la conspiración para derrocar a Chávez. Lameda, durante sus cinco meses de gestión, acercó al sector militar gopista mientras otros eran los encargados de aceitar los nexos con el sector civil y los alcaldes opositores (cabe recordar que cada alcaldía controla a su policía, por el sistema descentralizado existente). Los organismos de inteligencia estatales detectaron las actividades de Lameda, entre ellas reuniones con Luis Giusti, en Washington, con Henry Kissinger en Nueva York, con el ex presidente Carlos Andrés Pérez en Miami y, por supuesto, con el conglomerado empresarial.
Con el alejamiento de Lameda comenzó otra etapa, la conspiración abierta: se manipuló a empleados medios con los rumores de que vendrían despidos en masa y una intervención en PDVSA mientras se trazaban las líneas del paro como parte final del golpe, con la paralización de refinerías, cierre del suministro local de gasolina, paralización de terminales, de embarques, e incluso de suministros de combustibles para aviación.
De los informes y luego de los testimonios y videos del golpe de abril surge que se necesitan muertos para culminar la acción. Es que en los tratos con Lameda el grupo de militares golpistas había advertido que no podrían convencer a otros "al menos que hubiera represión de parte de Chávez".
Alentados por la impunidad, los mismos militares golpistas regresaron y se instaló en la Plaza Francia de Altamira, como en un territorio liberado, para instar públicamente al golpe contra un gobierno que ni siquiera los había metido presos. No lograron arrastrar militares, a pesar de la gran publicidad, y entonces hubo que armar el golpe empresarial y petrolero de estas horas.
Las instancias de la conspiración actual fueron advertidas desde Venezuela por el Grupo de Jóvenes Revolucionarios Bolivarianos, que a finales de noviembre señalaba que la "oposición fascista" tenía preparado repetir "el libreto golpista del 11 de abril". Ahora como entonces, Carlos Ortega, dirigente de la CTV, fue el encargado de llamar a las manifestaciones frente a las instalaciones de PDVSA en Chuau, que, como recordaban los jóvenes, son " áreas de Seguridad del Estado".
"Mientras la derecha aceitaba sus contactos externos, el grupo ultra Bandera Roja actuó buscando a los llamados perros de la guerra (mercenarios)", denunciaron. Estos y los militares de la Plaza Francia movilizaron elementos paramilitares "para crear las condiciones necesarias de violencia". Los jóvenes tuvieron acceso a un documento secreto enviado por el embajador de Estados Unidos al Pentágono (SD-DIR-VE-01245-TS), informaba sobre los avances del plan, que señalaba la necesidad de advertir a los ciudadanos estadunidenses no comprometidos con las acciones a ejecutar que se mantuviesen fuera o alejados de Venezuela. ¿Cómo podía saber la embajada de EU cuáles iban a ser las zonas de violencia?, se pregunta el grupo de bolivarianos.
"Facilitar el apoyo de sistemas, equipos, material, recursos humanos, que garanticen las acciones de los medios de comunicación y las comunicaciones entre nuestras fuerzas (de la oposición), neutralizar los sistemas de comunicaciones del gobierno y la capacidad de movilización del pueblo, ejercer presión sobre el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) y otras instituciones estatales para que tomen decisiones contra el gobierno. Utilizar todos nuestros recursos humanos dentro de la industria petrolera que garanticen la paralización total o por lo menos de 70 por ciento de ese ente, movilizar vehículos, efectuar trancas y bloqueos que permitan neutralizar el abastecimiento de combustibles y alimentos, con el fin de generar caos y desestabilización dentro de la población", plantea el documento.
También añade que "los dirigentes venezolanos que nos apoyan deben sacar del país a más tardar el domingo primero de diciembre en horas de la mañana a sus familias del territorio nacional o por lo menos de Caracas (...) Es fundamental tratar de por lo menos neutralizar la salida de la fuerza armada a las calles. Para ello se debe utilizar la actual situación de militarización para crear, en forma mediática y mediante actos violentos, el desprestigio de esos elementos".
Acusación contra la Iglesia
Asimimo, denuncian que sectores de la Iglesia estaban preparando a la gente para que los días 2 y 3 de diciembre redactaran declaraciones contra el gobierno, acusándolo de violencia contra la sociedad civil, "ya que el gobierno ha sido causante de muertes". ¿Cómo sabían en esos días que iba a haber muertos?, se preguntan nuevamente los jóvenes.
Otro de los planes es "utilizar todo el poder de los medios y lograr una declaración internacional de condena a Venezuela. Hay niveles del Vaticano que han dado su apoyo irrestricto y el Opus (Dei, organización católica ultraconservadora) está en acción. Ciertas trasnacionales como Mc Donald's, General Motors, Coca-Cola y otras darán su apoyo al paro".
Estos son los elementos más importantes del plan que denunciaba el grupo de jóvenes, quienes también llaman la atención sobre los sucesos del viernes en la Plaza Francia. Los opositores mostraron una foto de uno de los supuestos agresores parado en un acto junto al alcalde chavista de Caracas, Fredy Bernal. Es decir, tenían la fotografía lista, mientras otro de los detenidos dijo que había sido contratado por los allegados a los militares disidentes de la Plaza Francia. Lo cierto es que Venezuela atraviesa uno de sus momentos más críticos y, de no detenerse la carrera golpista, podría producirse un baño de sangre en el país, si los venezolanos más humildes, que apoyan a Chávez, no están dispuestos a que se burle su voluntad.