¿Que se debe hacer cuando hay corrupción en la izquierda?

Brecha nº 891, viernes 27 deDiciembre 2002
PORTADA

Humo no es sinónimo de fuego, pero es un síntoma. Esta investigación sobre Mario Areán comenzó en medio de una más amplia que pretendía -y aún pretende- dar cuenta de las relaciones de la izquierda uruguaya con el poder. Como era natural, se comenzó con la imm. Allí explotó algo que todo Montevideo sabía y que sin embargo se había mantenido en silencio. La existencia de ese secreto a voces y la gran popularidad del intendente Mariano Arana dificultan en principio la búsqueda de la verdad.
La investigación que se comenzó a publicar la semana pasada no se agota con el artículo incluido en esa edición. Ya se han reunido nuevos elementos de juicio, que están en la etapa de cotejo y ampliación de sus detalles. BRECHA entiende que ése es su cometido, y no considera que deba responder a los emplazamientos que ha recibido.
Por otra parte, BRECHA no se siente en la obligación de comparecer ante tribunal alguno de conducta política. Como órgano de prensa independiente volcará a sus lectores toda la información que considere verdadera y relevante, más allá de los intereses partidarios que puedan sentirse afectados. Y como órgano de prensa de izquierda, parte de la base de que ningún gobierno está libre de tener malos funcionarios, pero tiene, eso sí, la obligación de contar con los mecanismos que, con las garantías que corresponda, le permitan desprenderse rápidamente de ellos.
La Vertiente y el Frente Amplio examinarán su conducta política
Areán en dos banquillos
La nota publicada en la anterior edición de BRECHA según la cual el secretario privado de Mariano Arana estaría involucrado en actos de corrupción tuvo una amplia repercusión. Hubo desplantes y mucha alharaca, pero el episodio culminó con la formación de dos tribunales de conducta política: uno del Frente Amplio y otro de la Vertiente Artiguista (VA).
Sergio Israel
El viernes 20 el intendente Mariano Arana contestó, más enojado que de costumbre, a la nota que BRECHA publicó ese día sobre su secretario privado Mario Areán. El intendente dijo: "Es una barbaridad, un absoluto disparate, un invento. Es una vergüenza que esto aparezca publicado. Hay algunas cosas que realmente me perturban, me molestan, me hieren como ciudadano uruguayo -continuó, colérico- porque me parece que es la contradicción con la mejor postura que un periodismo sano ha tenido en nuestro país, el periodismo que se la jugó, incluso en momentos muy difíciles, para ir conquistando poco a poco espacios de libertad. Hay otro periodismo chatarra que se basa en la calumnia, en la desinformación y en la mentira más repudiable. Me da pena que algunos busquen la notoriedad que no pueden encontrar por otras vías".
Cuando una periodista le preguntó acerca de las advertencias realizadas por un alto dirigente de su propio sector político y del ex presidente del Frente Amplio general Liber Seregni, con respecto a Areán, que menciona la nota, Arana lo negó.
El lunes 23, entrevistado por Canal 12, se mostró un poco más tolerante: "Lo importante es la transparencia y a eso hemos apostado siempre", dijo el jefe comunal, aunque agregó que "es demasiado irrespetuoso e irresponsable enchastrar personas".
La secretaria general, María Julia Muñoz, fue desde el pique nada sutil y comparó a BRECHA con La Escoba, una publicación chismográfica clausurada por decreto durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, mientras que el diputado de la Vertiente José Bayardi ensayó su defensa diciendo que Arana tenía derecho de nombrar a quien quisiera y que su secretario no tiene firma para adoptar resoluciones (La República, sábado 21).
El sábado 21 el tema estuvo presente en una sesión de la Mesa Departamental del Frente Amplio que se reunió con algunos directores de la imm para hacer una evaluación de la huelga. "Areán es un corrupto", dijo sin rodeos Juan Fernández, delegado de la Corriente de Izquierda (CI) a la Mesa Política (Búsqueda, martes 24).
El Observador dedicó ese mismo sábado su título principal de tapa al caso Areán y agregó nuevos datos relativos al análisis realizado en la Junta Departamental sobre las concesiones del Parque Rodó el lunes 16 y sobre la discutida instalación de semáforos en la rambla.
El lunes de mañana el asunto estuvo en todas las radios. En los canales 10 y 12, por la tarde, se recurrió al procedimiento de desmentir una noticia sin darla previamente, de modo de otorgar crédito únicamente a la versión oficial, la del intendente.
"TRAPECISTA." Para el 26 de Marzo no cierra que "a la prensa que siempre se alimentó como representante de la refinación de la izquierda ahora se le acuse de chatarra porque roza a algún trapecista en la cuerda floja" (La Juventud, domingo 22). La CI, por su parte, anunció que plantearía el tema esa tarde en la Mesa Política del Frente Amplio.
En la mañana del lunes 23 se escucharon diferentes opiniones en la "Tertulia" del programa En perspectiva, de radio El Espectador. El contador Conrado Hughes dijo que la falta de respuesta le parecía "patética" y que Arana "saliendo con cajas destempladas no dijo: 'El señor Areán no tiene nada que ver'. También criticó el silencio del resto del sistema político debido a que "el prestigio del intendente Arana les provoca terror y eso es muy lamentable". En cambio, el abogado y periodista Juan Miguel Petit opinó que la investigación de BRECHA forma parte de "una línea de pésima calidad periodística" y que como editor "nunca hubiera publicado esa nota". Agregó que "las fuentes no son fundamento para una nota".
Por la tarde, en la misma emisora, (también el propio viernes 20), fuentes de la Vertiente Artiguista consultadas por los periodistas José Pedro Díaz y Andrea Villaverde dijeron que "no pueden ejecutar a alguien si no hay pruebas, al tiempo que confirmaban todas esas versiones" (en relación a lo que había informado BRECHA).
Al final de la tarde del lunes se supo que el presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, aportaría él mismo algunas "pruebas": fotocopia de seis cheques "rebotados" por falta de fondos, algunos firmados por el propio Areán, que le habían sido presentados por un constructor de apellido Burone, a quien el secretario privado del intendente no le habría terminado de pagar por trabajos realizados en la megadisco Bahía, en el Cerro. El emprendimiento, que no es una concesión municipal, como afirmó en estos días el matutino La República, pertenece en sociedad a Areán, al discjockey Abel Duarte y a un oficial de la Armada.
En la Mesa Política, la Vertiente Artiguista (VA) presentó una declaración de cinco puntos, que el órgano hizo suya, en la cual se declara el respeto por la "autonomía institucional de quien ejerce el gobierno en la designación de sus colaboradores y su respaldo al compañero arquitecto Mariano Arana en el ejercicio de ella", se reafirma "el principio jurídico, político y ético que establece la inocencia de las personas hasta la comprobación fehaciente de lo contrario", al tiempo que se proclama "la lucha contra la corrupción como un principio fundamental" y el compromiso con la libertad de prensa, pero matizando que "las denuncias que afectan la integridad de las personas deben fundarse en elementos probatorios documentados y no en la mera especulación periodística". Se solicita a BRECHA que "aporte los elementos probatorios que fundamenten semejantes acusaciones". Finalmente se encomendó al Tribunal de Conducta Política "el análisis de las denuncias que -eventualmente- involucran al secretario privado del compañero intendente".
Areán había enviado una carta a Vázquez en la cual se puso "a disposición para concurrir y dar respuesta a todas aquellas denuncias fundadas y no anónimas, en los ámbitos que se entienda necesario" y así poder "desmentir todas y cada una de las insinuaciones que realiza el periodista". También advirtió que no iba a "entrar en un ping pong por los medios de difusión, que para lo único que sirve es para distraer la atención de los verdaderos problemas que afectan a nuestros compatriotas" y se reserva "el derecho de iniciar las acciones pertinentes".
En la Junta Departamental, mientras los ediles oficialistas se llamaban a silencio, Martín Fernández (Desafío Nacional, pn) pidió información a la comuna precisamente sobre las concesiones del Parque Rodó; y el forista César García tomó distancia de su colega Alberto Jar Sánchez (lista 15, PC), quien el sábado emplazó al intendente a responder sobre el contenido de la nota y que el martes 24 hizo con Areán en Últimas Noticias. El edil colorado reclamó al secretario que "demuestre públicamente que no está vinculado a presuntos tráficos de influencias y que no incurrió en enriquecimiento ilícito a través de presiones basadas en su cargo cercano a Arana".
A la nota de BRECHA, Sánchez le dio cierto crédito porque "si bien no identifica fuentes concretas, aporta datos" y agregó que "habría que preguntar a quienes obviamente los manejan". También se refirió a la necesidad de saber si Areán hizo alguna declaración patrimonial para "ver cómo evolucionó su peculio". Sánchez la emprendió también contra el intendente: "Si Arana no explica se convertirá en encubridor, cómplice por omisión de sus deberes como funcionario público".
En la mañana del martes 24, la diputada Margarita Percovich (EP-VA) se convirtió en la primera dirigente de su sector que tomó públicamente una franca distancia respecto de Areán. Durante una entrevista con el periodista Emiliano Cotelo en El Espectador, la ex presidenta de la Junta Departamental admitió que las denuncias contra el secretario de Arana no son nuevas ni producto de la imaginación. "Como dirigente de la Vertiente muchas veces se me ha acercado gente a hacerme comentarios sobre algunos rumores referidos a la conducta de Mario Areán, que obviamente hemos trasladado al intendente, a la dirección de la VA, pero nunca nos acercaron pruebas al respecto." Percovich habló de "por lo menos una conducta desprolija del señor Areán".
"Por la forma en que usted se refiere al tema me da la sensación de que el señor Areán no es de su simpatía", dijo Cotelo sobre el final de la entrevista. La respuesta no dejó lugar a dudas: "Me parece que es una persona que no tiene nada que ver con el intendente, quien es una persona intachable, ética, de lo mejor que tenemos en política como figura. El estilo del señor Areán y los comentarios que se nos acercan -que nunca se pueden probar porque nadie trae pruebas- no le hacen bien a la figura del intendente". En otra parte del diálogo, Percovich concluyó que ahora "hay un ámbito para acercar las denuncias que se han realizado en los pasillos todos estos años".
La ética en cuestión
El artículo 114 de los estatutos del Frente Amplio, aprobados en diciembre de 1993, refiere al control disciplinario y estatutario, a cargo del Plenario Nacional, que actuará "en este terreno a propuesta de un Tribunal de Conducta Política (TCP) que será designado por el Plenario Nacional por mayoría calificada".
El tribunal "estudiará las posibles violaciones del estatuto, desarreglos de la conducta política o ética, violaciones a lo establecido en el Apartado V del Acuerdo Político o las normas de conducta definidas para los frenteamplistas que ocupen cargos políticos de confianza o de gobierno según se establece en las normas vigentes".
El estatuto determina también que el tribunal "elevará al Plenario Nacional sus conclusiones debiendo éste adoptar decisiones por nueve décimos de sus miembros".
También se indica que "las normas vigentes son las que están incluidas en el documento 'Lineamientos éticos funcionales para la acción política', aprobado por la Mesa Política en enero de 1990".
En la actualidad, el tribunal está integrado por el general Víctor Licandro, quien lo preside, el profesor doctor Carlos Gómez Haedo y los ingenieros José Oliveras y Luis Nunes.
A su vez, la Mesa de la Vertiente Artiguista (VA), la agrupación política a la cual pertenece Areán, resolvió pasar los elementos a su tribunal arbitral, que integran cinco miembros: Carlos Abin, Héctor Díaz, Daoiz Uriarte, Felipe Goirena y Germán Lezama.
La dirección del sector, que además respaldó la actuación de sus delegados en la Mesa Política al apoyar la habilitación del TCP, exhortó también a "cualquier ciudadano -periodista o no- a presentar elementos a cualquier tribunal actuante".

Así se templó el acero
Artigas, Fidel ¿y Stalin?
El Frente Amplio no tiene el criterio de la libertad de prensa de los liberales, y la clase de informaciones como la que involucra al secretario privado del intendente "se debería censurar". La opinión, que no fue censurada pero sí interrumpida por el presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, quien advirtió que la fuerza política está a favor de la libertad de prensa, fue emitida durante la última reunión de la Mesa Política el lunes 23 es de la dirigente canaria de la VA Susana Bonilla, e incluye también una fundamentación histórica: "En algunos casos Artigas y Fidel Castro practicaron la censura" (Búsqueda, martes 24).
En la misma sesión, Eduardo Bonomi, dirigente del mpp, recordó que cuando estuvo preso durante la dictadura la izquierda tenía como una de sus banderas la libertad de prensa y dijo no compartir la censura. Para su compañero de sector Carlos Gamou no debe haber límites a la libertad de expresión y "la mejor ley de prensa es la que no existe". En cambio, el abogado Germán Lezama, que además de delegado ante la Mesa por la VA integra el Tribunal de Conducta Política de ese sector, que también entenderá en el caso Areán, adelantó su opinión de que la nota de BRECHA era propia de La Escoba.
Su correligionaria Bonilla había dicho que "me parece mal que BRECHA publique eso. Eso no es libertad de prensa y se debería censurar. Eso es pornografía periodística". La profesora no aclaró si, en su opinión, se debería restringir la venta del semanario a mayores de edad, impedir su entrada en Canelones o simplemente borrarlo del mapa.

Teoría y práctica del periodismo
¿Cuáles son los argumentos del intendente?
Sergio Israel
Aunque la megadisco Bahía y los cheques sin fondo firmados por Mario Areán, cuya copia presentó Tabaré Vázquez en la Mesa Política del Frente Amplio el lunes 23, no eran el centro de la investigación periodística, la resolución de someter al secretario de Arana al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio fue una señal en el sentido de que no se barrería todo bajo la alfombra asando al mensajero. Por lo menos no tan fácilmente.
A nivel forense, cuando los investigadores policiales hacen bien su trabajo, respetando los derechos individuales de los ciudadanos y conducen a los presuntos delincuentes ante el juez, éste puede procesar y eventualmente condenar. La denuncia, el proceso y la condena son tres etapas diferentes y es evidente que una denuncia no necesariamente termina en proceso y que no siempre un procesado es condenado. Con el periodismo no ocurre exactamente lo mismo aunque hay puntos en común. Bien realizado, el periodismo no busca procesar ni mucho menos condenar. Apenas pretende dar cuenta de lo que está pasando. Pero eso no es poco.
Las afirmaciones que contiene la nota sobre el secretario privado del intendente son muy duras y hubiera sido una irresponsabilidad, e incluso un suicidio, haberlas publicado sin contar con elementos de respaldo contundentes. Quédese tranquilo el lector. Están. Pero la nota dice sin rodeos que no existían hasta ese momento pruebas documentales. En caso contrario, protegiendo a las fuentes, se hubieran puesto a disposición de los lectores.
El periodista debe manejarse con pruebas y también con otros elementos de juicio. Pero si sólo se publicara cuando existen pruebas documentales, la prensa no tendría mayor sentido; alcanzaría con crónicas judiciales.
Al revés, si se publican todos los chismes que recorren una comunidad, entonces la prensa se desacredita y el resultado es un periodismo "chatarra", como pretende equivocadamente el intendente en este caso.
Seguir callando el caso Areán hubiera sido complicidad con la nomenclatura, algo que ningún periodista debería aceptar por más de izquierda que se considere y por más omertà que haya.
Nadie puede afirmar seriamente que cuando Arana habló públicamente sobre la nota que aludió a su secretario privado estaba improvisando porque había sido tomado por sorpresa. Hablé personalmente con él (así como con Mario Areán por teléfono) antes de entregar mi trabajo, para que diesen sus puntos de vista, pero ninguno de los dos aceptó hacerlo.
El intendente Mariano Arana tiene derecho a ofuscarse, pero cuando niega todo lo que dice BRECHA es él quien se expone al ridículo, como lo demuestran las declaraciones a radio El Espectador de la diputada de su sector político, Margarita Percovich, el martes 24, confirmando que había sido advertido de las andanzas de Areán.
La advertencia del general Liber Seregni tampoco puede ser ignorada. Y además una serie de testimonios que avalan por partes lo que se publicó. Es cierto que se omitieron muchos detalles, pero ello se debió a la necesidad de proteger a las fuentes y así romper el pacto de silencio.
El argumento de que Areán no firma las resoluciones municipales y por lo tanto no es ordenador del gasto es de los más infantiles que puedan esgrimirse: no firma pero puede presionar, lo que es peor porque no deja huellas. Sólo basta con preguntar a los directores y funcionarios que respiraron aliviados después de leer la nota.
El intendente Arana sabrá por qué dijo lo que dijo a los uruguayos por radio y televisión cuando una periodista le preguntó sobre el contenido de la investigación de BRECHA. Ojalá que, a pesar de las palabras grandilocuentes, Arana y parte de su equipo sean ahora un poco menos soberbios.

PORTADA OPINIÓN
BRECHA y los reyes de la chatarra
Guillermo González
En sus diecisiete años de vida, este semanario ha denunciado en numerosas oportunidades distintos episodios de corrupción, de mal uso de los dineros públicos, de tráfico de influencias; en fin, ha revelado lo que desde el poder se quería oculto. No ha estado solo y otras publicaciones también lo hicieron, así como distintos medios, especialmente radiales, los recogieron. En casi todos ellos los hechos estaban ahí, a la vista, pese a lo cual desde el poder -ejercido indistintamente por blancos y colorados- siempre se reaccionó con indignación, tratando de retrovertir la inevitable acusación sobre los denunciantes.
Más que sorprendente es alarmante la reacción suscitada en el intendente Mariano Arana y su cohorte inmediata por la publicación en BRECHA de las versiones circulantes referidas a su secretario privado. Por la naturaleza de esas versiones, por la entidad de algunas de ellas y por tratarse de personas que, es obvio, tienen una innegable gravitación pública, el semanario fue cauteloso pero entendió como parte de sus deberes darlas a conocer.
Igual que con aquellos políticos del "clú", lo primero fue la descalificación, la acusación de "periodismo chatarra", sin que sea necesario insistir en que otras acusaciones de similar laya -proferidas por alguna funcionaria de escasa jerarquía, a la que desgraciadas formulaciones hechas en el pasado le deberían haber enseñado la prudencia de callar- no pueden siquiera rozar la ética de este semanario en la medida que no descalifica quien quiere sino quien puede.
Y referido a las situaciones consignadas -y de las que testimonian otros medios periodísticos-, se insistió en la presentación de las pruebas como si el procedimiento, por tratarse de personalidades públicas, no debiera ser exactamente al revés de lo que ocurre con los ciudadanos comunes, cuando lo primero que se presume es su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Evidenciando una terrible confusión sobre las obligaciones inherentes a la cristalinidad de la función pública, el arquitecto Arana y algunos integrantes de su gabinete han insistido en todas sus declaraciones en una intencionalidad de "real malicia", como si se tratara de un mero episodio difamatorio. Creemos que la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Estados Unidos en el notorio caso "The New York Times versus Sullivan" introdujo cambios sustanciales cuando anteriormente a él las críticas periodísticas a los funcionarios públicos "sólo quedaban libres de responsabilidad si se acreditaba la absoluta veracidad de los comentarios, pues cualquier inexactitud, por mínima que fuese, llevaba a la sanción de la prensa" (en los fundamentos de un proyecto de ley presentado por la Alianza, en Argentina, en 1995).
A partir de ese fallo -y aunque sólo la ley es la única fuente de derecho en Uruguay, debe reconocérsele como un antecedente fundamental para la vigencia de la libertad de prensa- la carga de la prueba de la "real malicia" se puso expresamente a cargo del supuesto agraviado. Y no es menos importante que sentó doctrina de que los funcionarios públicos "administran los bienes de la sociedad y deben, en consecuencia, soportar con mayor tolerancia que el ciudadano común las críticas a sus tareas".
Pero aun si se tratara de un conflicto para armonizar los intereses que están en juego, el equilibrio legal entre los derechos sociales y las libertades individuales, "el derecho a criticar o censurar las conductas ajenas puede colisionar, y de hecho colisiona frecuentemente, con el correlativo derecho al mantenimiento de la honra, dignidad y crédito propios. Conflicto de bienes en posible pugna cuya solución constituye la máxima dificultad en la práctica, acrecentada por su alta significación teórica" (A Quintano Ripollés, "Tratado de la parte especial del Derecho Penal", Revista de Derecho Privado, Madrid, 1972).
BRECHA ha optado, siempre, por ceñirse a la teoría de los límites, es decir ¿en qué relación se encuentran el derecho a la información, el derecho de los ciudadanos a estar informados, y el derecho a la honra? Y se ha sido cuidadoso de no vulnerar con animus injuriandi el honor ajeno pero también es cierto, como lo señala aquel fallo preclaro, que "las sociedades democráticas se consolidan mediante debates profundos, considerando a la democracia como el 'gobierno del debate por excelencia'".
En este semanario se cree que la preservación de ese marco está por sobre las eventuales lesiones al honor que puedan sufrir los funcionarios y a las que saben que quedan expuestos por el simple hecho de su opción voluntaria de cumplir esas funciones. Sería imposible aceptar la imposición coercitiva del derecho a la honra por sobre la libertad de prensa pues conduciría, inexorablemente, a su cancelación.
Toda vez que en BRECHA se ha errado, sin esperar a la aplicación de la llamada ley de prensa (número 16.099) se ha procedido a la rectificación del yerro con los consiguientes pedidos de disculpas a los afectados y también, claro, a los lectores. En este caso, en cambio, BRECHA tiene la absoluta convicción de que eso no corresponde porque se limitó a reproducir e informar de una situación que había tomado estado público y que, de no ser verídica, sólo corresponde consignarlo.
De ahí a sostener que el cumplimiento de sus deberes es hacer "periodismo chatarra" debe verse apenas como una consideración de cuyo alcance deberán explicar -y justificar- quienes la formularon.

PORTADA OPINIÓN
La exigencia de pruebas como coartada
Guillermo Waksman
La publicación del artículo de Sergio Israel sobre el desempeño del secretario privado del intendente de Montevideo (BRECHA del viernes 20, segunda sección, página 8) levantó una polvareda política, puso en el tapete la cuestión de la transparencia en un gobierno de izquierda y dejó planteado un debate sobre comportamientos periodísticos. Como suele ocurrir, los tres planos se entremezclaron, sobre todo a partir de que, en lugar de respuestas, hubo quienes recurrieron a descalificaciones y argumentos falaces.
BRECHA no es La Escoba ni hace periodismo chatarra. Eso lo sabe cualquier lector, incluidos Mariano Arana y María Julia Muñoz, quienes, más allá de discrepancias que en anteriores oportunidades han señalado sobre algunos artículos, nunca habían objetado la actitud crítica, no complaciente con el poder, que este semanario ha mantenido a lo largo de sus 17 años de vida.
En el plano político, las autoridades del Frente Amplio y de la Vertiente Artiguista adoptaron, pocos días después, una actitud de responsabilidad que nada tiene que ver con esos desplantes iniciales, y la situación difundida por BRECHA será investigada por los respectivos organismos competentes. Las resoluciones de las autoridades de ambas organizaciones de someter el caso a la consideración de esos tribunales, independientemente de los fallos que finalmente se emitan, confirman que el contenido de la nota de BRECHA no era un disparate, no incluía meras patrañas y no se basaba en elementos infundados.
La izquierda uruguaya siempre ha reivindicado la más absoluta transparencia en todos los actos de gobierno. Lo ha hecho desde la oposición, lo ha proclamado como una de las premisas para su desempeño público y, en general, lo ha practicado. ¿No debería ser su actitud, cada vez que la transparencia de sus procedimientos sea puesta en duda con un mínimo de seriedad, ya sea internamente o de modo público, investigar hasta el hueso y adoptar las medidas que correspondan? ¿Acaso es inevitable que el ejercicio del poder afecte por igual a izquierdas y derechas y que la respuesta termine siendo el ocultamiento de actos arbitrarios o de corrupción, de los cuales ningún gobierno está libre?
El artículo de Israel no contenía, como lo admitió el propio autor, pruebas documentales. Había, en cambio, testimonios concomitantes de un importante número de personas, fuentes que él considera de su total confianza, muchas de ellas del mismo sector partidario al cual pertenecen el intendente y su secretario.
Es absurdo pretender que la publicación de una información de interés público, por más que pueda afectar intereses políticos o el honor de una persona, exija la existencia de pruebas documentales irrefutables. Si se pide al periodista más evidencia que la que necesita un juez para procesar y enviar a la cárcel a una persona, o incluso para condenarla, sólo se logrará lesionar severamente el derecho a la información y se contribuirá a que aquellos que, ya sea por decisión soberana o por designación directa, ejercen el poder, dispongan de más impunidad.
También cuando un legislador hace una intervención en el Parlamento, promueve el llamado a sala de un ministro, pide la formación de una comisión investigadora, aporta elementos a un órgano de esa naturaleza, o presenta ante la justicia los antecedentes que pueda haber reunido en el ámbito legislativo se suelen afectar el honor y la dignidad de los jerarcas de gobierno. Las pruebas, en esos casos, también están lejos de ser irrefutables.
La obligación del juez, la del legislador y la del periodista, cada uno en su ámbito, es proceder honestamente, con la convicción que se ha formado, y jamás hacerlo en función de móviles partidarios o personales, o ajenos por cualquier otra razón al interés público.
Lo que cuenta -y lo que se pone en juego cada día- es su responsabilidad profesional y su credibilidad. Los maestros de periodismo que hemos tenido en BRECHA -Hugo Alfaro, Carlos María Gutiérrez y Héctor Rodríguez, entre otros- así nos lo han enseñado. Y también de ellos hemos aprendido a no dejarnos correr a los ponchazos.