Sergio Israel
Brecha

La nota publicada en la anterior edición de Brecha según la cual el secretario privado de Mariano Arana estaría involucrado en actos de corrupción tuvo una amplia repercusión. Hubo desplantes y mucha alharaca, pero el episodio culminó con la formación de dos tribunales de conducta política: uno del Frente Amplio y otro de la Vertiente Artiguista (VA).
El viernes 20 el intendente Mariano Arana contestó, más enojado que de costumbre, a la nota que BRECHA publicó ese día sobre su secretario privado Mario Areán. El intendente dijo: "Es una barbaridad, un absoluto disparate, un invento. Es una vergüenza que esto aparezca publicado. Hay algunas cosas que realmente me perturban, me molestan, me hieren como ciudadano uruguayo -continuó, colérico- porque me parece que es la contradicción con la mejor postura que un periodismo sano ha tenido en nuestro país, el periodismo que se la jugó, incluso en momentos muy difíciles, para ir conquistando poco a poco espacios de libertad. Hay otro periodismo chatarra que se basa en la calumnia, en la desinformación y en la mentira más repudiable. Me da pena que algunos busquen la notoriedad que no pueden encontrar por otras vías".
Cuando una periodista le preguntó acerca de las advertencias realizadas por un alto dirigente de su propio sector político y del ex presidente del Frente Amplio general Liber Seregni, con respecto a Areán, que menciona la nota, Arana lo negó. El lunes 23, entrevistado por Canal 12, se mostró un poco más tolerante: "Lo importante es la transparencia y a eso hemos apostado siempre", dijo el jefe comunal, aunque agregó que "es demasiado irrespetuoso e irresponsable enchastrar personas".
La secretaria general, María Julia Muñoz, fue desde el pique nada sutil y comparó a BRECHA con La Escoba, una publicación chismográfica clausurada por decreto durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, mientras que el diputado de la Vertiente José Bayardi ensayó su defensa diciendo que Arana tenía derecho de nombrar a quien quisiera y que su secretario no tiene firma para adoptar resoluciones (La República, sábado 21).
El sábado 21 el tema estuvo presente en una sesión de la Mesa Departamental del Frente Amplio que se reunió con algunos directores de la imm para hacer una evaluación de la huelga. "Areán es un corrupto", dijo sin rodeos Juan Fernández, delegado de la Corriente de Izquierda (CI) a la Mesa Política (Búsqueda, martes 24).
El Observador dedicó ese mismo sábado su título principal de tapa al caso Areán y agregó nuevos datos relativos al análisis realizado en la Junta Departamental sobre las concesiones del Parque Rodó el lunes 16 y sobre la discutida instalación de semáforos en la rambla.
El lunes de mañana el asunto estuvo en todas las radios. En los canales 10 y 12, por la tarde, se recurrió al procedimiento de desmentir una noticia sin darla previamente, de modo de otorgar crédito únicamente a la versión oficial, la del intendente.
"TRAPECISTA"
Para el 26 de Marzo no cierra que "a la prensa que siempre se alimentó como representante de la refinación de la izquierda ahora se le acuse de chatarra porque roza a algún trapecista en la cuerda floja" (La Juventud, domingo 22). La CI, por su parte, anunció que plantearía el tema esa tarde en la Mesa Política del Frente Amplio.
En la mañana del lunes 23 se escucharon diferentes opiniones en la "Tertulia" del programa En perspectiva, de radio El Espectador. El contador Conrado Hughes dijo que la falta de respuesta le parecía "patética" y que Arana "saliendo con cajas destempladas no dijo: 'El señor Areán no tiene nada que ver'. También criticó el silencio del resto del sistema político debido a que "el prestigio del intendente Arana les provoca terror y eso es muy lamentable". En cambio, el abogado y periodista Juan Miguel Petit opinó que la investigación de BRECHA forma parte de "una línea de pésima calidad periodística" y que como editor "nunca hubiera publicado esa nota". Agregó que "las fuentes no son fundamento para una nota".
Por la tarde, en la misma emisora, (también el propio viernes 20), fuentes de la Vertiente Artiguista consultadas por los periodistas José Pedro Díaz y Andrea Villaverde dijeron que "no pueden ejecutar a alguien si no hay pruebas, al tiempo que confirmaban todas esas versiones" (en relación a lo que había informado BRECHA).
Al final de la tarde del lunes se supo que el presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, aportaría él mismo algunas "pruebas": fotocopia de seis cheques "rebotados" por falta de fondos, algunos firmados por el propio Areán, que le habían sido presentados por un constructor de apellido Burone, a quien el secretario privado del intendente no le habría terminado de pagar por trabajos realizados en la megadisco Bahía, en el Cerro. El emprendimiento, que no es una concesión municipal, como afirmó en estos días el matutino La República, pertenece en sociedad a Areán, al discjockey Abel Duarte y a un oficial de la Armada.
En la Mesa Política, la Vertiente Artiguista (VA) presentó una declaración de cinco puntos, que el órgano hizo suya, en la cual se declara el respeto por la "autonomía institucional de quien ejerce el gobierno en la designación de sus colaboradores y su respaldo al compañero arquitecto Mariano Arana en el ejercicio de ella", se reafirma "el principio jurídico, político y ético que establece la inocencia de las personas hasta la comprobación fehaciente de lo contrario", al tiempo que se proclama "la lucha contra la corrupción como un principio fundamental" y el compromiso con la libertad de prensa, pero matizando que "las denuncias que afectan la integridad de las personas deben fundarse en elementos probatorios documentados y no en la mera especulación periodística". Se solicita a BRECHA que "aporte los elementos probatorios que fundamenten semejantes acusaciones". Finalmente se encomendó al Tribunal de Conducta Política "el análisis de las denuncias que -eventualmente- involucran al secretario privado del compañero intendente".
Areán había enviado una carta a Vázquez en la cual se puso "a disposición para concurrir y dar respuesta a todas aquellas denuncias fundadas y no anónimas, en los ámbitos que se entienda necesario" y así poder "desmentir todas y cada una de las insinuaciones que realiza el periodista". También advirtió que no iba a "entrar en un ping pong por los medios de difusión, que para lo único que sirve es para distraer la atención de los verdaderos problemas que afectan a nuestros compatriotas" y se reserva "el derecho de iniciar las acciones pertinentes".
En la Junta Departamental, mientras los ediles oficialistas se llamaban a silencio, Martín Fernández (Desafío Nacional, pn) pidió información a la comuna precisamente sobre las concesiones del Parque Rodó; y el forista César García tomó distancia de su colega Alberto Jar Sánchez (lista 15, PC), quien el sábado emplazó al intendente a responder sobre el contenido de la nota y que el martes 24 hizo con Areán en Últimas Noticias. El edil colorado reclamó al secretario que "demuestre públicamente que no está vinculado a presuntos tráficos de influencias y que no incurrió en enriquecimiento ilícito a través de presiones basadas en su cargo cercano a Arana".
A la nota de BRECHA, Sánchez le dio cierto crédito porque "si bien no identifica fuentes concretas, aporta datos" y agregó que "habría que preguntar a quienes obviamente los manejan". También se refirió a la necesidad de saber si Areán hizo alguna declaración patrimonial para "ver cómo evolucionó su peculio". Sánchez la emprendió también contra el intendente: "Si Arana no explica se convertirá en encubridor, cómplice por omisión de sus deberes como funcionario público". En la mañana del martes 24, la diputada Margarita Percovich (EP-VA) se convirtió en la primera dirigente de su sector que tomó públicamente una franca distancia respecto de Areán. Durante una entrevista con el periodista Emiliano Cotelo en El Espectador, la ex presidenta de la Junta Departamental admitió que las denuncias contra el secretario de Arana no son nuevas ni producto de la imaginación. "Como dirigente de la Vertiente muchas veces se me ha acercado gente a hacerme comentarios sobre algunos rumores referidos a la conducta de Mario Areán, que obviamente hemos trasladado al intendente, a la dirección de la VA, pero nunca nos acercaron pruebas al respecto." Percovich habló de "por lo menos una conducta desprolija del señor Areán".
"Por la forma en que usted se refiere al tema me da la sensación de que el señor Areán no es de su simpatía", dijo Cotelo sobre el final de la entrevista. La respuesta no dejó lugar a dudas: "Me parece que es una persona que no tiene nada que ver con el intendente, quien es una persona intachable, ética, de lo mejor que tenemos en política como figura. El estilo del señor Areán y los comentarios que se nos acercan - que nunca se pueden probar porque nadie trae pruebas- no le hacen bien a la figura del intendente". En otra parte del diálogo, Percovich concluyó que ahora "hay un ámbito para acercar las denuncias que se han realizado en los pasillos todos estos años".
LA ÉTICA EN CUESTIÓN
El artículo 114 de los estatutos del Frente Amplio, aprobados en diciembre de 1993, refiere al control disciplinario y estatutario, a cargo del Plenario Nacional, que actuará "en este terreno a propuesta de un Tribunal de Conducta Política (TCP) que será designado por el Plenario Nacional por mayoría calificada".
El tribunal "estudiará las posibles violaciones del estatuto, desarreglos de la conducta política o ética, violaciones a lo establecido en el Apartado V del Acuerdo Político o las normas de conducta definidas para los frenteamplistas que ocupen cargos políticos de confianza o de gobierno según se establece en las normas vigentes".
El estatuto determina también que el tribunal "elevará al Plenario Nacional sus conclusiones debiendo éste adoptar decisiones por nueve décimos de sus miembros".
También se indica que "las normas vigentes son las que están incluidas en el documento 'Lineamientos éticos funcionales para la acción política', aprobado por la Mesa Política en enero de 1990".
En la actualidad, el tribunal está integrado por el general Víctor Licandro, quien lo preside, el profesor doctor Carlos Gómez Haedo y los ingenieros José Oliveras y Luis Nunes.
A su vez, la Mesa de la Vertiente Artiguista (VA), la agrupación política a la cual pertenece Areán, resolvió pasar los elementos a su tribunal arbitral, que integran cinco miembros: Carlos Abin, Héctor Díaz, Daoiz Uriarte, Felipe Goirena y Germán Lezama.
La dirección del sector, que además respaldó la actuación de sus delegados en la Mesa Política al apoyar la habilitación del TCP, exhortó también a "cualquier ciudadano -periodista o no- a presentar elementos a cualquier tribunal actuante".
LIBERTAD DE PRENSA
El Frente Amplio no tiene el criterio de la libertad de prensa de los liberales, y la clase de informaciones como la que involucra al secretario privado del intendente "se debería censurar". La opinión, que no fue censurada pero sí interrumpida por el presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, quien advirtió que la fuerza política está a favor de la libertad de prensa, fue emitida durante la última reunión de la Mesa Política el lunes 23 es de la dirigente canaria de la VA Susana Bonilla, e incluye también una fundamentación histórica: "En algunos casos Artigas y Fidel Castro practicaron la censura" (Búsqueda, martes 24).
En la misma sesión, Eduardo Bonomi, dirigente del mpp, recordó que cuando estuvo preso durante la dictadura la izquierda tenía como una de sus banderas la libertad de prensa y dijo no compartir la censura. Para su compañero de sector Carlos Gamou no debe haber límites a la libertad de expresión y "la mejor ley de prensa es la que no existe". En cambio, el abogado Germán Lezama, que además de delegado ante la Mesa por la VA integra el Tribunal de Conducta Política de ese sector, que también entenderá en el caso Areán, adelantó su opinión de que la nota de BRECHA era propia de La Escoba.
Su correligionaria Bonilla había dicho que "me parece mal que BRECHA publique eso. Eso no es libertad de prensa y se debería censurar. Eso es pornografía periodística". La profesora no aclaró si, en su opinión, se debería restringir la venta del semanario a mayores de edad, impedir su entrada en Canelones o simplemente borrarlo del mapa.