Latinoamérica

Con Zelmar Michelini (hijo)
Un nuevo paso en el camino de la verdad y la justicia

Samuel Blixen / BRECHA

Hace 26 años, el hoy periodista Zelmar Michelini compartía con su padre, el senador Zelmar Michelini, la habitación del hotel Liberty, en la avenida Corrientes de Buenos Aires, que entre febrero de 1975 y mayo de 1976 fue "el hogar" en el exilio del fundador del Frente Amplio. "Chicho" Michelini fue despertado aquella madrugada del 18 de mayo de 1976 por el comando de hombres armados que irrumpió en la pieza y secuestró a su padre. Dos días después, los secuestradores perpetraban el asesinato de Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz, para abortar una supuesta salida política a la dictadura.
Desde entonces la familia Michelini, la viuda y los hijos, no han renunciado en su empeño por descubrir la verdad. Quienes votaron la ley de caducidad argumentaron que no era necesario mencionar que los crímenes de Buenos Aires estaban excluidos del alcance de la ley porque nadie podía llegar a imaginar que los dos asesinatos hubieran sido ordenados por el gobierno cívico-militar. Sin embargo, las revelaciones publicadas en BRECHA en mayo último, recogiendo los testimonios del ex senador Alberto Zumarán y del fallecido arzobispo de Montevideo, monseñor Carlos Parteli, sobre las noticias de una reunión del Cosena, en mayo de 1976, donde los mandos militares, el presidente y algunos ministros discutieron la oportunidad de ordenar los asesinatos, modificaron aquella interpretación parlamentaria. Tanto que el fiscal de Corte, Óscar Peri Valdez, ordenó a la Fiscalía penal investigar el asunto, trámite que finalmente recayó en el juez Roberto Timbal, y ante quien, eventualmente, prestarán testimonio los familiares de Zelmar Michelini. De las perspectivas de la investigación y sus reflexiones sobre el estado actual de la cuestión de los derechos humanos se da cuenta en esta entrevista que BRECHA realizó a Zelmar Michelini hijo.
-¿Qué piensa de la reapertura del caso del asesinato de su padre y de Gutiérrez Ruiz?
-Se trata de un nuevo paso en el camino de la verdad y de la justicia, un camino que venimos recorriendo desde hace años con paciencia y esperanza, sin odio ni rencor. Queremos, simplemente, que se conozca la verdad de los hechos, que se establezcan claramente las responsabilidades institucionales e individuales, que sean juzgados los que ordenaron matar y los que mataron.
-¿Hacia dónde debe orientarse la investigación?
-Será decisión del juez. En todo caso me parece muy atinado que se comience por recabar toda la información que existe sobre el caso. Por mi parte, siempre evoqué cuatro hipótesis. Primera hipótesis: se trata de un crimen de Estado, de una decisión orgánica de la dictadura, del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Segunda hipótesis: las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, ordenaron el asesinato a espaldas de los civiles del gobierno. Tercera hipótesis: los comandos militares uruguayos enviados a Buenos Aires actuaron por su cuenta, poniendo a la jerarquía militar frente a un hecho consumado. Cuarta y última hipótesis: la dictadura uruguaya no tiene nada que ver en el asesinato. Por supuesto, esta última es la única hipótesis que puede descartase sin ningún lugar a dudas.
-¿Por qué?
-En primer lugar, por la propia conducta de los jerarcas civiles y militares de la dictadura. Desde los días cruciales de mayo de 1976 hasta hoy. Si tuvieran la conciencia tranquila y las manos limpias, los militares serían los primeros y los más interesados en decir: "Investiguen, no tenemos ninguna responsabilidad en esos asesinatos". Nunca lo hicieron. ¿Cómo reaccionaron días pasados frente a la reapertura del caso? Anunciando, como de costumbre, un desacato: "Si la justicia nos convoca a declarar, no vamos". Y en 1976, al día siguiente del secuestro, ¿qué hizo el gobierno uruguayo? ¿Se interesó por la suerte del presidente de la Cámara de Representantes, de un senador de la República? No. Se limitó a recordar que el Toba estaba requerido por la justica militar uruguaya. ¿Decretaron un duelo nacional por la muerte de dos ilustres parlamentarios? Tampoco. Reprimieron, en forma salvaje, a los ciudadanos que concurrieron a sus respectivos entierros. Basta con recordar que la ley de caducidad fue una reacción directa al avance de la investigación del caso en el Parlamento. En segundo lugar, si los militares uruguayos no tuvieron nada que ver con el asesinato, ¿por qué el presidente Sanguinetti lo declaró comprendido en el artículo 1 de la ley de caducidad? Pero además de esta línea de razonamiento, sobran testimonios para afirmar sin temor a equivocarse que el asesinato fue perpetrado por militares uruguayos destacados en Buenos Aires.
-¿Por ejemplo?
-En 1995 el general argentino Martín Balza se lo confirmó a mi hermano Rafael. Argentinos implicados en la guerra sucia sostienen lo mismo. En las conversaciones siempre surge el mismo apellido: Gavazzo. Y también los nombres de todos los integrantes del Servicio de Inteligencia de Defensa (sid) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (ocoa). Ha sido ampliamente demostrado que los comandos militares del sid y del ocoa que operaban en Argentina, lo hacían cumpliendo las órdenes impartidas por el estado mayor del Ejército.
-Hace poco se conoció el informe preliminar de la Comisión para la Paz. ¿Qué opinión le merece?
-Sobre los resultados del trabajo de la Comisión para la Paz daré mi opinión cuando se conozca el informe definitivo. Sin embargo, desde ya declaro mi asombro con relación al caso de María Claudia, la nuera del poeta argentino Juan Gelman. Resulta increíble que en el inciso b del punto 3 del informe preliminar, la comisión diga que la denuncia está "parcialmente confirmada" cuando en realidad se trata de uno de los casos más y mejor investigados. ¡Se sabe casi todo! María Claudia fue secuestrada embarazada en Argentina, fue trasladada ilegalmente a Uruguay, dio a luz en el Hospital Militar y fue asesinada en Montevideo. Se conocen los nombres de quienes la acompañaron en cada etapa de ese odioso viaje a la muerte. Sólo falta encontrar los restos, y tanto la comisión como el gobierno disponen de informaciones suficientes para poder encontrarlos.
-¿A qué puede deberse esa actitud?
-No lo sé. No lo entiendo. Pero de algo estoy seguro: la comisión no puede lavarse las manos endosando la tesis de que hay varias versiones sobre el destino final de María Claudia y dando a entender que todas son equivalentes. No hay varias versiones. Por un lado está la larga y minuciosa investigación de Juan Gelman, corroborada por sus propios resultados, por hechos objetivos innegables -la aparición de su nieta, la pista para encontrar a Simón, etcétera- y validada por las averiguaciones finales del presidente Jorge Batlle. Frente a esa investigación surgen ahora versiones tardías, provenientes de fuentes dudosas, tendentes a desligar de su responsabilidad a los militares uruguayos en ese crimen horrible. La comisión no puede poner en un mismo plano la palabra de los que buscan la verdad y la de los criminales o sus cómplices. Al hacerlo contribuye, aunque sea involuntariamente, a falsear los hechos, a confundir a la opinión pública.
-Usted habla de averiguaciones del presidente Batlle, ¿a qué se refiere?
-A las que la prensa mencionó con profusión de detalles en abril del año 2000, cuando apareció la nieta de Gelman. Esas averiguaciones estuvieron a cargo del jefe de la Casa Militar de la Presidencia, el general Ricardo González Falcón, quien, tras consultar fuentes castrenses, confirmó la veracidad de los hechos, de todos los hechos denunciados por Gelman. Y en función de esos datos fue que Batlle se comprometió con Gelman a encontrar los restos de María Claudia. Además, en el correr de los últimos dos años, varios medios de comunicación aportaron más informaciones sobre el caso, aseveraciones del presidente Batlle relativas al asesinato y la identidad del asesino entre otras, informaciones que nunca fueron desmentidas.
-¿Piensa que se hará justicia?
-El asesinato de María Claudia es un crimen de lesa humanidad, uno de los más repugnantes de todos los que perpetró la dictadura. Ese crimen no puede, no debe quedar impune. Es una mancha que ofende a nuestro país y que nuestro país no merece. Es una mancha que sólo la justicia puede borrar. Le recuerdo que a María Claudia la trajeron a Uruguay porque estaba embarazada. La mantuvieron con vida para que diera a luz. Cuando dio a luz, la asesinaron para robarle a su hija. Después de asesinarla hicieron desaparecer sus restos. Le hago la pregunta que me gustaría hacer a cada madre uruguaya, a cada mujer uruguaya, a cada ciudadano uruguayo: ¿pueden acaso quedar impunes las personas que asesinaron a una mujer para robarle el hijo? La misma pregunta le hago a nuestros principales dirigentes políticos -Tabaré Vázquez, Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti, Juan Andrés Ramírez, Liber Seregni, Rafael Michelini-, a todos y a cada uno de los 30 senadores, a todos y a cada uno de los 99 diputados, a todos y a cada uno de los cinco integrantes de la Suprema Corte y, por supuesto, al propio presidente de la República, Jorge Batlle. Pero a ellos, porque representan al pueblo oriental y a los tres poderes del Estado, además les pregunto y no dejaré de preguntarles qué piensan hacer para que el infame asesinato de María Claudia no quede impune.