20 de diciembre del 2002

Rebelión / Aporrea / Venpres

Este jueves en horas de la noche, el Ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, informó en cadena nacional que el Tribunal Supremo de Justicia respalda la posición del Ejecutivo Nacional para tomar las acciones que sean necesarias para garantizar el normal funcionamiento de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
De esta manera, el funcionario manifestó que "ante en esta acción deliberada durante los últimos días en el país, de sabotaje e intento de paralización de nuestra principal industria nacional, PDVSA; se ha pretendido llevar al país a una afectación de sus servicios fundamentales, a una afectación de su tranquilidad interna y a una afectación de su principal actividad económica".
"El Ejecutivo Nacional, atendiendo a la responsabilidad de salvaguardar el interés nacional, de salvaguardar nuestra economía y nuestra soberanía y la tranquilidad de todos los venezolanos, ha venido ejecutando y decretando una serie de medidas de orden legal dentro de nuestro marco constitucional para combatir esta acción de sabotaje sin precedentes en la historia patria", agregó.
Para ratificar el apoyo de otras instancias ante las acciones que ha tomado el Gobierno en estos últimos días, Ramírez comunicó "el resultado de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, donde nuestra sala constitucional admite un amparo introducido por un trabajador de PDVSA, un ciudadano venezolano, contra las personas y acciones que han intentado paralizar nuestra industria petrolera".
En dicho documento, "se acuerda medida cautelar y nominada, consistente en la orden a todas las autoridades y particulares vinculados con el establecimiento de la actividad económica e industrial, de la referida sociedad mercantil PDVSA, de acatar todos aquellos decretos y resoluciones emanados de los órganos competentes cuya finalidad, se ha logrado en la puesta de funcionamiento de la industria petrolera y sus derivados en particular el decreto presidencial número dos mil ciento setenta y dos (2.172), de impreso y publicado en la Gaceta Oficial número treinta y siete mil quinientos ochenta y siete (37.587), del nueve doce del dos mil dos".
Además, "de la resolución emanada del Ministerio de Energía y Minas publicada en Gaceta Oficial número cinco mil seiscientos doce (5.612), extraordinario del ocho doce del dos mil dos y de la resolución conjunto emanada de los Ministerios de la Defensa y de Energía y Minas, publicado en Gaceta Oficial número treinta y siete mil quinientos ochenta y ocho (37.588), del diez doce del dos mil dos, a percibidos de que el desconocimiento de dicha orden supondrá: Un desacato a la autoridad en los términos previstos en los artículos veintinueve (29) y treinta y uno (31) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho y Garantías Constitucionales. Publíquese y regístrese y comuníquese, cúmplase lo ordenado".
Por esta razón, el Ministro de Energía y Minas consideró que "la decisión de nuestra principal, nuestra máxima instancia judicial viene a reafirmar lo que hemos estado repitiendo para la conciencia del país y la conciencia del mundo, que todas nuestras acciones están amparadas y están ubicadas dentro del marco constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y reafirma, la razón que asiste el Ejecutivo Nacional para actuar en función de restablecer la normalidad y proteger la integridad, de nuestra principal industria petrolera y de nuestro país como un todo".
"Finalmente quiero reiterar un llamado a todos los venezolanos, sin distinción alguna en cerrar filas para la defensa de PDVSA, en cerrar filas en la defensa de nuestra soberanía nacional y en cerrar filas por la defensa del futuro de nuestros hijos", concluyó Ramírez.
En referencia al fallo que retornaba el control de la Policía Metropolitana a Alfredo Peña, Carlos Ortega declaró ayer que "a diferencia del Sr. dictador Chávez, ¡nosotros sí acatamos los fallos del Tribunal Supremo de Justicia!" A las dos horas, el Viceministro de Seguridad Ciudadana Alcides Rondón informó que el Ejecutivo sí acataría el fallo.
Hoy, el "constitucionalista" Hermann Escarrá, acaba de declarar en conversación telefónica con Unai Amenabar en Venevisión que "hay que desacatar el fallo del TSJ por inconstitucional", en relación a la sentencia que ordenaba hoy a los trabajdores de PDVSA retornar a sus labores en la industria.
Cecilia Sosa también realizó una declaración similar.
Empleados petroleros piden "limpieza ya" de nómina mayor de Pdvsa
Trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) del oriente del país se reunieron en el Hotel Morichal Largo, de esta ciudad, para aplaudir la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó la reanudación de faena y por ende la puesta en marcha de la estatal petrolera, así como también exigieron una "limpieza ya" de los ejecutivos de la nómina mayor, por haber utilizado este consorcio como bandera política para tumbar un gobierno constitucional y sabotear las labores diarias de producción y distribución de combustible.
El gerente de Finanzas de la estatal petrolera del oriente del país, José Gregorio Monagas, afirmó que uno de los motivos por el cual se debe "limpiar" los cargos de la nómina mayor de Pdvsa es que esos empleados "con sus altos cargos y sus sueldos elevadísimos han llevado los costos de producción de un barril de petróleo a 15 dólares por unidad, mientras las grandes petroleras del mundo entero mantienen un costo de operatividad de 3 dólares por barril. Todo esto gracias a los gastos burocráticos que los altos ejecutivos mantienen en la empresa petrolera venezolana".
Según su criterio, "lamentablemente todos sabíamos hace dos meses atrás esos ejecutivos de la nómina mayor buscaban, nuevamente, tumbar el Gobierno utilizando nuestra empresa, que es de todos los venezolanos, como bandera política para desestabilizar un gobierno que fue puesto por la mayoría de los venezolanos y lo peor de todo, poniendo en riesgo la integridad económica y social de todos los venezolanos, sin importarles nada, sabotearon los sistemas computarizados de llenados y utilizaron los buques llenos de combustibles para presionar y obligar una salida del gobierno, pisoteando la Constitución Bolivariana de Venezuela".
Afirmó el ejecutivo petrolero que los empleados institucionalistas habían alertado al ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, y al presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez Araque, sobre el plan que montaron los altos ejecutivos que "ven perder los grandes negocios que tienen esos empleados de la nómina mayor con la estatal petrolera. Tal es el caso de Juán Fernández, quien es dueño de la cadena de distribución de combustibles y se beneficia con la empresa económicamente, además de sus altas remuneraciones. Antes nos veíamos disminuidos ante tal abuso y no encontrábamos caminos para acabar con esto, hoy la ley actuó y la empresa será diferente, no para el beneficio de unos pocos, sino para el de la Venezuela toda".