Vía Campesina

Siete trabajadores y una trabajadora rural del estado federal de Mato Grosso están detenidos a causa de su lucha por la reforma agraria y por los derechos humanos en Brasil. Los trabajadores y la trabajadora están detenidos hace más de 120 días de forma arbitraria: no hay elementos jurídicos que justifiquen su permanencia en la cárcel. Se trata, por tanto, de prisioneros políticos en un contexto de criminalidad de la lucha por la reforma agraria como política adoptada por el Estado brasileño para frenar la lucha por la reforma agraria.
Ante esta grave situación de violación de derechos humanos es muy importante presionar ahora a las autoridades brasileñas para que tomen medidas urgentes para liberar a los trabajadores rurales detenidos. Por favor, envíe una carta al Juez del Tribunal Superior de Justicia de Mato Grosso, Dr. Donato Fortunato Ojeda, con copia al Gobernador del Estado de Mato Grosso, Sr. Rogério Salles. Informe también al MST.
Antecedentes
En Brasil existen 5 millones de familias sin tierra o con tierra insuficiente para alimentarse. Cien mil de estas familias viven actualmente en campamentos por todo el país reivindicando su derecho de tener tierra para trabajar. Al mismo tiempo, 166 millones de hectáreas de tierra cultivable permanecen improductivas en manos de los latifundistas. La realización de una reforma agraria amplia por medio de la cual las familias sin tierra tengan acceso a tierras para cultivar es una medida indispensable para garantizar de manera sostenible el derecho humano a alimentarse de estas familias. A pesar de que la Constitución brasileña proporciona los instrumentos jurídicos necesarios para realizar una reforma agraria, los sin tierra no tienen otra alternativa que ocupar pacíficamente tierras improductivas para presionar la implementación de la reforma agraria. La falta de voluntad política y el mal funcionamiento de los órganos estatales brasileños impiden la aplicación efectiva y amplia de un programa de redistribución de tierras.
El Estado brasileño utiliza la violencia y los continuos actos de arbitrariedad en contra de los sin tierra y de sus organizaciones como forma de impedir su lucha por reforma agraria y derechos humanos. De esta forma el Estado brasileño ha adoptado una política de criminalizar las luchas campesinas persiguiendo a los sin tierra y a las organizaciones de apoyo.
El 29 de julio de 2002 cerca de 1.200 familias sin tierra del campamento Sílvio Rodigues, en el municipio de Mirassol D`Oeste, cansadas de esperar el apoyo alimentario del gobierno y en peligro inminente de padecer hambre, se vieron forzados a actuar por las vías de hecho e hicieron una "recuperación" de alimentos. En los días siguientes, la policía detuvo a los líderes del Movimiento de los Pequeños Agricultores, del Sindicato de los Trabajadores Rurales, de la Iglesia y del MST que se hicieron solidarios con la acción de los sin tierra. Los afectados han interpuesto diversos recursos jurídicos para lograr su liberación, pero hasta ahora no han surtido ningún efecto. El Tribunal Superior de Justicia del Estado hasta el momento no ha fallado sobre el recurso de Habeas Corpus que fue presentado. El juez del circuito que expidió la orden de detención está condicionando la liberación de los trabajadores a la desocupación del área que las 1.200 familias sin tierra habían ocupado pacíficamente. El verdadero motivo del encarcelamiento, por tanto, es político.
El mandato de la Red de Emergencia
Brasil ratificó tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, por lo tanto, está obligado por el derecho internacional a respetar, proteger y garantizar los derechos de las familias sin tierra. La obligación estatal de cumplir con el derecho a alimentarse de las personas carentes y sin recursos significa que el Estado tiene que asistir a estas personas en sus esfuerzos por alimentarse. El Estado tiene que estar abierto a las reivindicaciones de grupos marginados como los sin tierra y tiene que llevar a cabo programas integrales - como por ejemplo de reforma agraria - para superar la situación de privación que sufren las personas sin acceso a recursos productivos. Además tiene que respetar los derechos humanos de los sin tierra, en su lucha democrática por tierra y dignidad. La extrema morosidad y la falta de voluntad política en cuanto a la implementación de la reforma agraria constituyen, por tanto, una violación a los derechos económicos y sociales de las familias sin tierra, que conlleva también la permanente violación de sus derechos civiles y políticos.
Brasil _ Adital / FIAN* - Campaña Global por la Reforma Agraria - Red de Emergencia - Brasil: Trabajadores rurales Sin Tierra presos en Mato Grosso