Latinoamérica

Carlos Fazio
La Jornada

Ante la indiferencia del mundo y con la complicidad de los medios masivos de comunicación, Estados Unidos está reditando en Venezuela la política de varios carriles que llevó al derrocamiento del presidente Salvador Allende y la Unidad Popular (UP) en Chile, en 1973. Más allá de las particularidades propias de cada caso, el curso de ambos acontecimientos -el proceso de desestabilización en Chile que culminó con la sanguinaria ordalía del general Pinochet y la actual ofensiva patronal insurreccional apoyada por una dictadura mediática en contra el presidente Hugo Chávez en Venezuela- guarda una similitud pasmosa.
En el caso chileno, mucho antes de la victoria electoral de la UP el 4 de septiembre de 1970 -que inauguró la llamada "vía pacífica al socialismo"-, Washington ya había iniciado una serie de acciones desestabilizadores encubiertas para impedir la llegada de Allende al gobierno. El 27 de junio de 1970, cuando la victoria de la UP parecía un hecho, el ubicuo y todopoderoso secretario de Estado estadunidense, Henry Kissinger, reunió en Washington al Comité de los 40 (denominación tomada de la Decisión-Memorándum No. 40 del Consejo de Seguridad Nacional) para analizar la situación chilena y diseñar una estrategia de "bajo perfil" que incluía: 1) creación del caos económico; 2) acciones paramilitares; 3) ofensiva de propaganda, 4) financiamiento a sectores derechistas, y 5) divisionismo e infiltración dentro de la izquierda.
Según reconoció ante la Subcomisión de Asuntos Interamericanos de la Cámara de Representantes de EU el ex director de la Agencia Central de Inteligencia, Richard Helms (11.X.1973), la CIA fue autorizada a emplear 400 mil dólares para financiar diversos medios de comunicación, entre ellos el diario El Mercurio. "No veo por qué tendríamos que quedarnos cruzados de brazos, contemplando cómo un país se hace comunista debido a la irresponsabilidad de su pueblo", dijo entonces Kissinger.
El simil entre la "irresponsabilidad" de los votantes chilenos de entonces y los venezolanos que sufragaron por Chávez es un simple detalle de la parodia democrática. Como dice Noam Chomsky apelando a la doctrina de las elites, el sistema está diseñado para que los países "estén gobernados por quienes lo poseen", por el poder privado. Si los pobladores en general (la "chusma", los "intrusos ignorantes"), cuyo papel es ser espectadores, intentan organizarse y entrar en la escena política para participar, hay un problema. No es democracia: es "una crisis de la democracia". La retórica de la administración Bush hoy, como la de Nixon hace 30 años en el caso chileno, es que los venezolanos pueden elegir su propio camino con libertad, a menos que las elecciones no den un resultado acorde con los intereses de "seguridad nacional" de Estados Unidos. En cuyo caso -como dice Chomsky-, Washington tiene "que restaurar las estructuras tradicionales de poder, con la violencia si hace falta". Es lo que ocurre ahora en Venezuela con las adaptaciones del caso. Como Chávez no es socialista ni comunista y ni siquiera expresamente anticapitalista, sino un reformista antineoliberal, se le construyó una imagen de "populista iluminado" y los medios masivos bajo control monopólico se encargaron de fijar en la opinión pública la noción "hordas chavistas" donde antes se decía "comunistas".
El 16 de septiembre de 1970, ante la eventualidad de que Allende fuera ratificado como presidente por el Congreso chileno, Kissinger expuso a la prensa, en Chicago, su famosa "teoría del dominó": si surgía en Chile un régimen comunista, Argentina, Bolivia y Perú podrían seguir ese ejemplo. Desde entonces, y con base en la decisión del presidente Nixon de que un régimen allendista en Chile era inaceptable para EU, la doctrina Kissinger y la CIA utilizaron los "carriles uno y dos" (ambas operaciones secretas), donde se establecía "la solución militar", sin el conocimiento de la Comisión de los 40, del Departamento de Estado y de la embajada estadunidense en Santiago.
La conspiración de Kissinger, la CIA y la empresa multinacional ITT (International Telephone & Telegraph) -a la que se sumaron la Anaconda Copper y la Kennecott Copper- fue un largo proceso que duró tres años, y que incluyó un boicot económico, un bloqueo invisible dirigido a "estrangular económicamente" a Chile y la subversión en el ejército. Hoy, la "teoría del dominó" de Kissinger es asimilable al peligro que representa para la "seguridad nacional" de EU el "eje del mal" que se formaría ante la eventualidad de una alianza estratégica entre Luiz I. Lula da Silva (Brasil), Lucio Gutiérrez (Ecuador) y Hugo Chávez (Venezuela), bloque del que se beneficiaría Fidel Castro (Cuba) y que a corto plazo podría sumar al Frente Amplio de Uruguay. Otra razón para apresurar el golpe en Venezuela.
La ofensiva desestabilizadora de Washington contra la UP incluyó, además, el primero de diciembre de 1971, la marcha de las cacerolas, forma de movilización ideológica protagonizada por las mujeres de clase media y alta de Santiago. El famoso cacerolazo, organizado por la organización pantalla Poder Femenino -como expresión de masas de la derecha momia- fue, en realidad, un "invento" de la CIA que había sido utilizado por primera vez en Brasil, en 1963, en contra del gobierno de Joao Goulart. La marcha de las cacerolas contó con la colaboración del Partido Nacional, del movimiento neonazi Patria y Libertad y de la Democracia Cristiana.
En septiembre de 1972, la CIA financió el paro de los transportistas y de otros gremios patronales en un intento por provocar la caída de Allende por medio del boicot económico, el terrorismo y el desorden público. El llamado Plan Septiembre puso en práctica una técnica que, bajo un contenido de masas, se basaba en el "gremialismo" de los patrones y en la "resistencia civil" de la burguesía radicalizada. Igual que ocurre hoy en Venezuela. Entonces, el embajador estadunidense Nathaniel Davis envió un cable secreto al presidente Nixon donde le informaba que "para proteger los intereses de la oposición, la confrontación puede resultar inevitable" (11.10.1972).
El 9 de octubre de ese año, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones comenzó un "paro indefinido" al que se sumaron otros gremios patronales del comercio y la pequeña industria, que fue combinado con acciones terroristas y bloqueos de carretera. Igual que ocurre ahora en Venezuela con el "paro petrolero" de la Coordinadora Democrática -subrepticiamente apoyada por César Gaviria, el peón de Washington bajo cobertura de la OEA-, los gremios patronales financiados por la CIA presentaron al gobierno de la Unidad Popular el llamado Pliego de Chile, que "tendrá que aceptar íntegramente para que el país, paralizado de norte a sur, vuelva a la normalidad".
Los golpistas chilenos también utilizaron contra Allende "la lucha de poderes". "A la luz del derecho y la moral, nadie está obligado a respetar ni obedecer a un gobierno que deja de ser legítimo", fue la argumentación de quienes promovieron un golpe blanco contra Allende desde el Senado y la Suprema Corte, utilizando la "juridicidad" como máscara del engranaje sedicioso. La misma argumentación sobre la "ilegitimidad" de Chávez en Venezuela que alienta el golpe constitucional. La "lucha de poderes" incluyó también la subversión y el complot en las filas del ejército chileno, que provocó el alzamiento del 29 de junio de 1973 -el tancazo, como se conoce el alzamiento del Regimiento Blindado número 2- que, sofocado por el gobierno, fue el preludio del sangriento golpe de Estado de Augusto Pinochet.
Como en octubre del año anterior, el 25 de julio de 1973 de nuevo los camioneros cesaron actividades, cercaron y casi paralizaron Santiago y Valparaíso. A comienzos de agosto se sumaron al paro otros gremios patronales y Poder Femenino realizó otra marcha de las cacerolas. El 10 de septiembre, un día antes del golpe, el Comando Multigremial de los sectores patronales señaló, por conducto del abogado Jaime Guzmán, miembro del Opus Dei y ligado al movimiento fascista Patria y Libertad: "La hora de la rectificación ya pasó". El empresariado industrial y los grupos financieros aliados de Washington habían dictado la sentencia de muerte de Allende. Las "fuerzas vivas", "democráticas", preparaban una nueva Operación Yakarta.
"Unos conspiran y otros quieren dar ropaje constitucional a la sedición", había advertido el presidente Allende. Pero ya era tarde. Como dijo Pinochet, "ha llegado la hora de que Chile tome un baño purificador". El desenlace es de todos conocido. Allende se inmoló y la "purificación" instrumentada por los militares golpistas fue avalada por el director de la CIA, William Colby, ante un comité secreto de la Cámara de Representantes: dijo que los fusilamientos en Chile eran "beneficiosos" pues evitaban el estallido de una guerra civil. Después se supo que Colby había destinado a la prensa golpista chilena un millón y medio de dólares; la mitad se los embolsó la empresa El Mercurio, la cadena de diarios de Agustín Edwards, socio de la familia Rockefeller.
Según The New York Times, la CIA destinó a la oposición antiallendista 8 millones de dólares entre 1971 y 1973; la mayor parte de esos recursos fue para financiar la huelga patronal de los camioneros y a los medios de prensa escrita, radial y televisiva. Todo está documentado. Hoy la tragedia se repite en Venezuela con la pasividad y/o la complicidad de los "demócratas" del mundo. Si triunfan los golpistas vendrá un nuevo Pinochet y habrá una nueva "purificación". Pero de nada valdrá decir después "yo no sabía".