Hermann Bellinghausen
La Jornada

Comitan, Chis., 14 de diciembre. Se prevé que en las próximas horas el gobierno federal lanzará finalmente el primer operativo para desalojar asentamientos y poblados en Montes Azules y sus alrededores. Arroyo San Pablo, llamado Lucio Cabañas por sus habitantes, encabeza la lista, pues se le considera el más nuevo.
Se habla de que helicópteros ME 17 de la Secretaría de Marina y aeronaves de la Procuraduría General de Justicia estatal realizarán una incursión ''quirúrgica'' para aprehender a los que las autoridades consideran líderes de los grupos de colonos. Esto, según las versiones recogidas, ocurrirá domingo o lunes. Una baraja de denuncias y órdenes de aprehensión se ha acumulado estos meses, y parece que Semarnat y Profepa al fin acometerán su anhelado desalojo ''piloto'', como para medirle el agua a los tamales.
Los demás poblados a desalojar en el corto plazo son Nuevo Pichucalco, Nuevo Limar, Nuevo Salvador Allende, Nuevo San Rafael, Las Ruinas (Sol Paraíso), 8 de Febrero y Arroyo Aguilar. Además, las autoridades federales consideran también proceder contra El Buen Samaritano, a cuyos pobladores se culpa de nuevos desmontes.
Todos se localizan al sur de Montes Azules, en territorios reclamados como zona lacandona, propiedad de esa etnia por decreto presidencial desde hace tres décadas. Según la Profepa, el gobierno federal espera desalojar próximamente a unos 250 indígenas.
Los pobladores de Arroyo San Pablo, al parecer, son los ejidatarios expulsados violentamente de Río Salinas, en la región de Marqués de Comillas, por miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri). Familias indígenas que van de exilio en exilio y ahora podrían acabar en la cárcel acusados de despojo y otros delitos.
Los poblados indígenas que Semarnat y Profepa demandan desalojar urgentemente se localizan en el vértice sur de Montes Azules, dentro de las márgenes del río Lacantún, muy próximo a la frontera con el Quiché guatemalteco, entre Nuevo San Andrés y Chajul. Un espacio reservado para promover investigación, prospección, atracción turística de primer orden, comercio privilegiado de especies y maderas, punta de lanza de la cruzada conservacionista y la transnacionalización de recursos y áreas estratégicas.
La militarización es intensa en esta orilla del territorio nacional donde se imbrican los municipios constitucionales de Las Margaritas, Ocosingo y Marqués de Comillas. Las comunidades están ocupadas o rodeadas por una decena de posiciones del Ejército Mexicano a lo largo de la ruta Amparo Aguatinta-Maravilla Tenejapa-Ixcán-Flor de Cacao, y algunas más montaña adentro.
Los municipios autónomos Libertad de los Pueblos Mayas y Tierra y Libertad se localizan en esta región. Es sabido que más de la mitad de poblados dentro de Montes Azules son de bases de apoyo del EZLN, pertenecientes a diversos municipios autónomos en la selva y la frontera. Muchas otros pertenecen a la ARIC Independiente.
Las autoridades, que llegarán con agentes del Ministerio Público, esperan aprehender a los ''cabecillas'' de los asentamientos y sacar de ahí a los pobladores choles, tzotziles y tzeltales. Tras ellos vendrán la Cruz Roja y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para verificar que, ante todo, ''se restablece el estado de derecho".
El gobierno federal da luz verde a los desalojos al mismo tiempo que una ebullición ''ecoturística'' de presuntos inversionistas extranjeros se digna conocer estas tierras pródigas, los monumentos naturales, los tesoros bióticos en esta esquina del país, precisamente. Los últimos recursos naturales que falta vender [montes_azules_03mar] .
Se cita como adversarios a La Jornada y varias ONG ROSA ROJAS
Entre el 15 y el 16 de diciembre se procedería al desalojo de ocho poblados en la zona sur de la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas -cinco de los cuales están habitados por bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)- y un rancho privado, en un operativo conjunto con la intervención de militares, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), policías estatales, así como elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, denunció el vocero de Maderas del Pueblo del Sureste, Luis Miguel Robles Gil.
En entrevista vía telefónica informó que trascendió el contenido de un documento confidencial de las dependencias citadas, en el que se menciona que está previsto que acompañen a militares y policías agentes del Ministerio Público tanto del fuero federal como común, pues se va a acusar a ''los invasores'', en el fuero común, de despojo, y en el federal de destrucción ecológica.
La mayoría de los poblados que se pretende desalojar están en la zona sur de la reserva de la biosfera de Montes Azules, por el Ixcan y Chajul, en el cordón del Chaquistero; el operativo sería domingo o lunes, por aire, tierra y río, ya que a una hora en lancha de la zona está el cuartel militar de Amatitlán.
Indicó Robles Gil que los poblados que se pretende desalojar son: Nuevo San Rafael, Sol Paraíso, 8 de Febrero, San Pablo, Nuevo San Andrés, Nuevo Limar; todos son de bases zapatistas y pertenecen al municipio autónomo Libertad de los Pueblos Mayas. El rancho privado es Ruinas Sol Paraíso. Este municipio en realidad no funciona muy cohesionadamente, por eso se busca dar el golpe ahí, porque en ese sitio no hay observadores civiles, aunque a las autoridades les interesa más la zona del norte de la Laguna del Suspiro, donde está el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, ''pero lo que pretenden hacer con el operativo en esta zona es un golpe intimidatorio y de escarmiento'', comentó.
Se pretende también desalojar al poblado Nuevo Pichucalco, en la región norte-centro de Montes Azules -es de la ARIC Independiente- y Nuevo Salvador Allende, que es también zapatista y está más hacia el norte que al centro de la reserva.
Hay que guardar ''el mayor sigilo''
Añadió que el citado documento confidencial apunta incluso que hay que guardar ''el mayor sigilo'' para que no se sepa del operativo con anticipación. En el mismo se analiza a los actores en esta problemática y se citan como ''adversarios'' del plan a La Jornada , a centros de derechos humanos como el Fray Bartolomé de las Casas y la diócesis de San Cristóbal.
Menciona que a favor del desalojo estarían la opinión pública ''sensibilizada'' y los grupos conservacionistas.
En el discurso introductorio se manejan como argumentos para justificar la operación, la prevalencia del estado de derecho y actuar en beneficio de la humanidad por los servicios ambientales que estarían poniendo en riesgo ''los invasores''. Se analiza también que este es el momento adecuado para el operativo pues, dicen, hay que aprovechar que terminó la época de lluvias y que todo mundo anda ya disperso en las fiestas.
En el análisis que se hace se afirma además que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está ''muy debilitado'' y que el subcomandante Marcos ha tenido traspiés por el intercambio epistolar con el juez español Baltasar Garzón, y por lo tanto no tendría tanto efecto internacional el golpe ahora.
Otros aspectos que se mencionan es que en la zona sur no hay presencia de observadores ni hay un municipio autónomo fuerte. El vocero de Maderas del Pueblo del Sureste mencionó finalmente que se piensa que los militares y policías podrían bajar por Palenque, Ocosingo, Altamirano, Comitán y entrar a Montes Azules por el municipio de Maravilla Tenejapa, ya que hay un cuartel militar en Amatitlán