¿Dónde quedó la "sociedad civil"?
Daniela Pastrana
Masiosare

Se comprometieron a ser los vigilantes del gobierno, ganara quien ganara la elección. El gobierno "del cambio" les prometió un nuevo trato y un papel activo en las transformaciones por venir. Ahora, muchos de ellos son funcionarios de la administración cuyas acciones iban a escudriñar. La "sociedad civil" sigue esperando su gran momento

DE OFICINA PRESIDENCIAL, con "toda la representación" de Vicente Fox, pasó a ser una dirección de "apoyo a las organizaciones de la sociedad civil e impulso a la participación ciudadana" dependiente de la Secretaría de Gobernación. Sin más explicaciones, la Coordinación para la Alianza Ciudadana –presentada como gran novedad por Vicente Fox hace dos años– dejó de operar el 31 de octubre y sus funciones pasaron a la Subsecretaría de Desarrollo Político, a cargo de Francisco José Paoli Bolio. Así se esfumó la promesa del Presidente de "establecer una relación directa entre el nuevo gobierno y la sociedad civil". La oficina que dejó en diciembre de 2001 Rodolfo Elizondo, ahora vocero presidencial, sirvió para impulsar la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, dictaminada este miércoles por los diputados. Nada más. Después de dos años, las organizaciones sociales luchan por recuperar la cabeza que perdieron, "aturdidas" por el efecto Fox.
"Lamentablemente se ha venido profundizando la sensación de que el país no cuenta con un liderazgo capaz de llevar adelante el cambio (...) No hay un proceso para construir un nuevo entramado institucional que garantice una nueva relación gobierno-sociedad civil", evalúa el Consejo Nacional de la Sociedad Civil, creado como contraparte de la oficina presidencial.
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28 de febrero de 2001. Los Pinos se viste de gala. Las organizaciones que participaron en la mesa de diálogo con el equipo de transición entregan a Vicente Fox el resultado de tres meses de trabajo: un gordo reporte con propuestas para "establecer condiciones para un nuevo pacto social". El Presidente se siente, dice, relajado. "(La sociedad civil) es para mí un verdadero refugio porque a veces no es tan fácil moverse en las estructuras políticas, carentes de valores fundamentales, carentes de ética y moralidad".
Ya encanchado diagnostica: "México es un país que no ha podido salir adelante porque el Estado pretendió controlar y solucionar todo". Es la hora de la oferta: "estimular la energía social".
Para no quedarse atrás, el flamante coordinador –a desgano– de la Alianza Ciudadana, Rodolfo Elizondo, aventura: "Con los ciudadanos levantaremos todas aquellas edificaciones democráticas que le faltan a la República".
Ocho meses después, Elizondo había abandonado la "triple revolución de la esperanza, libertad y confianza", que sería "el aval con el que se habrá de garantizar y financiar el cambio de país que todos queremos".
Entre las propuestas entregadas el 28 de febrero estaban la creación de un fondo federal para promover "la coinversión y corresponsabilidad social" y de una oficina presidencial que permitiera la "interlocución directa del Presidente con la sociedad civil". También se planteó la promoción de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil y la creación de un grupo consultor de "organizaciones expertas", que participara en el diseño e instrumentación de una "política pública integral de apoyo a las actividades microproductivas del campo y la ciudad".
De "contraloría social" a oficina del gobierno
La iniciativa había sido de las organizaciones progresistas. A principios de 2000, las organizaciones civiles que ya no querían ser "sólo votantes" impulsaron una suerte de "macrored" llamada Poder Ciudadano. En la aventura iban Alianza Cívica (AC), Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (COCD), Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (Remalc), Causa Ciudadana (CC) y la Fundación Rosenblueth.
"La idea era buena –dice Héctor de la Cueva, de Remalc–. Partía de articular más a la sociedad civil para tener un rol visible y protagónico". Poder Ciudadano quería convertirse en una suerte de "contraloría social" y obligar a los candidatos a cumplir "la agenda de la sociedad civil". Así que se reunieron con todos, salvo con Francisco Labastida, y firmaron con ellos 22 compromisos que iban desde el cambio en la política económica hasta la promulgación de una ley de fomento a las organizaciones. El candidato del PAN, Vicente Fox, no sólo los firmó con gusto, sino que incluyó 10 más. Hasta ahora, claro, ninguno se ha cumplido.
Pero Poder Ciudadano no sobrevivió al cambio de gobierno. Sus principales impulsores se toparon con una oferta irresistible del ciudadano Fox: ser partícipes del cambio desde el gobierno.
Vicente Arredondo, de la Fundación Demos, fue el primer responsable del Progresa (hoy Oportunidades). Duró poco, y su lugar fue ocupado por el dirigente de Alianza Cívica y principal promotor de Poder Ciudadano, Rogelio Gómez Hermosillo, quien ya estaba a cargo del Instituto de Desarrollo Social (Indesol). A su lugar llegó otra de las promotoras de Poder Ciudadano: Cecilia Loría. Mariclaire Acosta, otra de las cabezas de la "sociedad civil", fue nombrada subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y Rubén Aguilar, consultor y asesor de estas organizaciones, se incorporó al equipo de Alfonso Durazo, secretario particular del Presidente.
"La incorporación de miembros de la sociedad civil a puestos de gobierno es un proceso normal que se ha vivido en todas las transiciones democráticas", dice ahora Gómez Hermosillo (y enumera, en México, la ciudadanización del IFE y la incorporación de miembros de ONG al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997).
"Mi experiencia en la Sedesol es que sí se puede construir un nuevo tipo de relación con las organizaciones civiles e impulsar cambios, dentro del marco de atribuciones y de acuerdo a los márgenes de acción que la legalidad y el contexto político marcan", insiste.
En respuesta a un cuestionario de Masiosare, y con la aclaración de que contesta como "ciudadano", el funcionario rechaza que la sociedad civil se haya "descabezado" con la incorporación de sus cuadros al gobierno. En todo caso, dice: "La decisión personal de incorporarme al gobierno fue tomada con plena responsabilidad (...) El balance no me toca a mí y en todo caso, es prematuro".
Los jefes de Poder Ciudadano, empero, no sólo fueron llamados por las campanas del gobierno federal. Los más se incorporaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Es el caso de la actual contralora del DF, Bertha Luján (Remalc); de la directora del DIF-DF, Martha Pérez Bejarano (Alianza Cívica); la presidenta del Instituto de las Mujeres en el DF, Luz Rosales (MCD); la presidenta del Fideicomiso del Centro Histórico, Ana Lilia Cepeda (Mujeres en Lucha por la Democracia); el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza (Cencos), y Carlos Ortega, ex coordinador de Convergencia de Organismos Civiles y actual enlace del Gobierno del DF con la "sociedad civil".
A la distancia, De la Cueva evalúa: "La incorporación a gobiernos progresistas no es incongruente políticamente, la incongruencia viene en el ejercicio de gobierno, porque tampoco se ve en la ciudad de México un proyecto de organización y de participación de la sociedad. Pero los que se incorporaron al gobierno federal, lo único que han conseguido es darle legitimidad a un proyecto de derecha".
Ricardo Govela, director de la Fundación Autrey y ex presidente del Centro Mexicano para la Filantropía, coincide: "Está bien que se incorporen al gobierno pero tiene que llegar un momento en que se entienda que son funcionarios. El problema es que en México el sector es muy pequeño y muy débil, y seguimos sin definir claramente cómo darle impulso". Como sea, la decisión profundizó las discrepancias en las organizaciones sobre la relación con el gobierno y algunas incluso se dividieron.
La oficina que no fue
La relación del gobierno con la "sociedad civil" se trabajó en el equipo de transición en dos pistas: en la coordinación social, donde estuvieron Carlos Flores y Ricardo Govela, y en la coordinación política (que trabajó con Poder Ciudadano), a cargo de Rodolfo Elizondo y Mariclaire Acosta. La mesa funcionó de agosto a diciembre de 2000 y derivó en el documento del 28 de febrero. En ese tiempo, Gómez Hermosillo promovió la creación del Consejo Nacional de la Sociedad Civil, que sería la contraparte de la oficina presidencial de enlace.
"Yo no estaba de acuerdo, me parecía que estaban creando una idea corporativa", recuerda Govela. El consejo se creó como "un espacio de congregación, deliberación y expresión conjunta" e integró a una docena de redes de todos los colores y sabores. Buscaba ser una "una instancia plural" de promoción de los derechos y responsabilidades ciudadanas y ejercer una "vigilancia activa" sobre las acciones del gobierno.
La oficina en Los Pinos era otra cosa. "En realidad, en la mente del equipo de gobierno, al crear la coordinación no se estaba respondiendo a la petición de una oficina de enlace", evalúa Govela. Más bien, se estaba copiando un modelo de la era de Clinton, la Public Alliance, cuya función era tratar con todos los líderes sociales.
En cualquier caso, Fox dejó fuera de Desarrollo Social a quienes estuvieron en el equipo de transición y nombró secretaria del ramo a Josefina Vázquez Mota. Y sorpresivamente Rodolfo Elizondo quedó a cargo de la relación con las organizaciones sociales. Las diferencias con Vázquez Mota, quien quería ser la interlocutora, no tardaron en manifestarse.
Antes de la presentación de las conclusiones, la secretaria se reunió con las organizaciones para recibir primero las propuestas. Y comenzó a incorporar a los dirigentes a la Sedesol. Incluso, ofreció crear una subsecretaría de "enlace", que –se dijo entonces– encabezaría José Ignacio Avalos, director de Gente Nueva, ligado a las organizaciones vinculadas a los Legionarios de Cristo. O dicho de otro modo, cabeza del ala derecha de la "sociedad civil". La subsecretaría nunca se creó, pero Avalos se incorporó al trabajo en Desarrollo Social.
En la otra pista, Elizondo comenzó a trabajar con las organizaciones, pero concentró sus esfuerzos en el proyecto de ley. En diciembre de 2001, se convirtió en vocero de la Presidencia. La oficina quedó a cargo Bernardo Avalos, un ex jesuita ligado al PAN. Pero nunca se nombró a un nuevo coordinador. Y el pasado 31 de octubre, las funciones pasaron a la Secretaría de Gobernación. El nuevo enlace es Bernardo Altamirano, quien trabajaba en Bruselas con Porfirio Muñoz Ledo.
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El balance del Consejo Nacional de la Sociedad Civil (ahora presidido por Pedro Pinzón, quien en la campaña fue el enlace de las organizaciones con Elizondo) no es halagador: "Los compromisos de Fox como candidato y luego ya como Presidente no se han cumplido", dice el documento que a nombre del consejo presentó Carlos Zarco esta semana en la reunión anual.
En el balance se dice que "el gobierno tiene una primera y altísima responsabilidad, simplemente porque en este gobierno confiamos el poder de la nación, depositamos en él la confianza para usar ese poder". Pero también hay espacio para la autocrítica de la "sociedad civil": "los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil debemos ser factores de catalización de este proceso de democratización. Y hasta ahora no hemos sido capaces de destacar en ello".
El "muerto sin acta" y el barco sin capitán
En 1994 distintos grupos de personalidades impulsaron los Veinte compromisos por la democracia y los Acuerdos por la democracia. Al menos los primeros fueron aceptados por Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Cevallos y Cuauhtémoc Cárdenas. Luego, nada se supo.
La causa de que no se cumplieran –según Gómez Hermosillo– es que fueron iniciativas de notables a las que nadie dio seguimiento. "En Poder Ciudadano nos comprometemos a buscar mecanismos para monitorear y exigir que se cumplan los acuerdos", decía hace dos años, como secretario ejecutivo de la Fundación Vamos.
¿Se reeditó la experiencia?
"Poder Ciudadano se mantiene como espacio de coordinación en algunos estados como Jalisco. Su agenda sigue vigente en términos generales, pero requiere un nuevo impulso para priorizar las propuestas y mantener su exigencia", dice el funcionario y reconoce que los avances son desiguales, "hay más en la agenda de derechos humanos, acceso a la información, democracia electoral y equidad de género. Y es grave que no se haya avanzado en la reforma del Estado y en los mecanismos de participación ciudadana". Cosa curiosa, no habla del combate a la pobreza, área donde trabaja.
"Poder Ciudadano es un muerto que no tiene acta de defunción", dice De la Cueva. "Desapareció discretamente, se fue muriendo de inanición, había divergencias insalvables, dejó de convocarse y nadie se preocupó".
Sergio García, del Centro Mexicano para la Filantropía y secretario técnico de la mesa de diálogo en la transición lo pone así: "Perdieron la referencia, están en una recomposición de las principales redes. Todas las propuestas se hicieron en un escenario de transición ¿y ahora qué sigue? Ahí estamos derrapando un poco".
En su conclusión, Zarco lo explica con una metáfora: "El barco no está navegando en una dirección que convoque energías para remar en un mismo sentido. Más bien prevalece la sensación de zozobra, de falta de capitán y de posibles motines. Como sociedad organizada, mi percepción es que no hemos sido capaces de entender las señales de los vientos, (...) y que ante esta falta de visión, de coraje de quienes conducen el barco, hemos optado por encerrarnos en nuestros camarotes, por gritar en la cubierta o por planear el motín. La desgracia de estas situaciones es que todos vamos en el mismo barco".