No sólo ineptitud
Medero denunció fraudes y robos

El ex ministro de Economía y Finanzas Alberto Bensión, el ex presidente del Banco Central (BCU) César Rodríguez Batlle, la vicepresidenta Eva Holz y el ex superintendente de instituciones de intermediación financiera Carlos Fernández Becchino, son directos responsables de las decisiones y omisiones que costaron a los contribuyentes casi 1.300 millones de dólares durante la crisis bancaria, según las gravísimas denuncias formuladas en el Parlamento por la contadora Rosario Medero, ex directora del BCU.
Medero, quien el lunes 9 prestó testimonio ante la comisión investigadora de la Cámara de Representantes, dijo que había sido "presionada" y "amenazada" cuando intentó oponerse a la aplicación del convenio firmado por el gobierno con los tres socios externos del Banco Comercial, y cuando se negó a aprobar un "maquillaje" en los pasivos de esa institución para ocultar el patrimonio negativo que hacía ilegal la asistencia financiera.
Según sus acusaciones, los jerarcas colorados del equipo económico tergiversaron cifras, ocultaron información, mantuvieron pasividad frente a los robos y los vaciamientos y postergaron inexplicablemente la intervención del Banco Montevideo, lo que permitió a los hermanos Peirano acelerar y completar el vaciamiento. La ex directora del Banco Central fue terminante en afirmar que se podrían haber ahorrado mil millones de dólares si en marzo se hubiera decretado la intervención del Banco Comercial y si la intervención del Banco Montevideo no se hubiera dilatado durante dos semanas, por una decisión adoptada fuera del BCU.
Las irregularidades y decisiones incomprensibles de la autoridad monetaria, que obligaron a la directora blanca del BCU a votar negativamente y a registrar su discordia en las actas, se remontan a fines de noviembre de 2000, cuando la venta del Banco La Caja Obrera al grupo Peirano. "En esa oportunidad consideré que se habían otorgado a los compradores beneficios adicionales a los establecidos en el pliego y en las normas que rigieron el llamado", declaró Medero. Los beneficios se referían a los topes de riesgo y a los encajes remunerados superiores a los fijados por las normas. El pliego establecía la posibilidad de una excepción por dos años; se determinó una excepción por cuatro años. El pliego establecía que la excepción sólo era para el Banco La Caja Obrera, pero se acordó una excepción por el doble de tiempo y para los dos bancos: el Montevideo y La Caja Obrera. "No participé de las negociaciones con el grupo Peirano, que se hicieron en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Banco Central."
Ya cuando los bancos Montevideo y La Caja Obrera estaban bajo supervisión del Banco Central, los Peirano "realmente limpiaron el Banco La Caja Obrera, es decir, lo limpiaron de todo lo bueno que tenía", dijo gráficamente la contadora Medero, quien responsabiliza a Fernández Becchino de manipular la información. "Desde mi punto de vista estaba claro que desde febrero los propietarios del Banco Montevideo, de alguna manera, estaban quitando liquidez al Banco La Caja Obrera y vendiendo valores para beneficiar al Banco Montevideo. Sin embargo, tengo informes de la Superintendencia que muestran que no se evidenciaban pérdidas del Banco La Caja Obrera a favor del Banco Montevideo hasta fines de abril. Hoy en día, de los informes y de la información que tengo hasta el 21 de junio, surge claramente que los propietarios del Banco Montevideo limpiaron a La Caja Obrera."
El ex superintendente de entidades de intermediación financiera (uno de los cuatro cargos gerenciales de mayor responsabilidad en la estructura del BCU) presentó renuncia en mayo, en medio de la crisis bancaria, aduciendo su intención de jubilarse, pero para entonces había sido cuestionado varias veces por la contadora Medero. En su relato a los diputados, Medero señaló que el ex superintendente afirmaba, para sustentar la asistencia financiera, que el Banco Comercial tenía un patrimonio positivo de 130 millones de dólares, cuando en realidad él sabía que el patrimonio era de 150 millones de dólares, pero negativo. "Nosotros sabíamos que habían desaparecido títulos por valor de 180 millones de dólares y que había créditos de empresas relacionadas por más de 100 millones. Entonces sabíamos que el agujero era superior a los 300 millones de dólares. Y como el patrimonio era de 170 millones, no había duda. No querer dar los datos es la única explicación de que se pudiera decir que el patrimonio era positivo, porque era dos más dos; el patrimonio tenía que ser negativo."
A la contadora Medero le resultó arduo comprobar esas diferencias: "El 20 de marzo señalé que el patrimonio era negativo y, en ese momento, fue cuando el señor Fernández me dijo que era positivo, de 133 millones de dólares. Él y yo sabíamos que no era cierto lo que él estaba diciendo". Según la contadora Medero, se trataba de demorar la información sobre los resultados y de dar prórrogas para que el banco no presentara su balance. "O sea que de alguna manera se trataba de que esos informes no llegaran al directorio para poder seguir prestando asistencia, pero es evidente que el patrimonio negativo ya era anterior."
El directorio tenía una idea clara de las consecuencias del fraude desde comienzos de año: "En el mes de diciembre de 2001 empezamos a conocer los problemas con los títulos del Banco Comercial y el 2 de enero vinimos a una reunión de directorio con respecto al Banco Comercial. Se trata de una resolución mucho más estricta de lo que pedían los servicios. Solicitaban que se contabilizaran los títulos argentinos en una forma muy generosa".
Desde el momento en que el ministro Bensión y el contador César Rodríguez Batlle firmaron el acuerdo con los bancos JP Morgan, Dresdner y Crédit Suisse, "en muchas ocasiones fui presionada. A vía de ejemplo, en el acta del 28 de febrero consta que mencioné mi desacuerdo con el convenio realizado entre el Poder Ejecutivo y los accionistas del Banco Comercial. En el momento en que hice mención a ese acuerdo, o sea el 28 de febrero, se pasó a intermedio hasta el 21 de marzo, resultando aprobada el acta recién el 10 de abril".
Todo el trámite del caso Banco Comercial está plagado de irregularidades, según el testimonio de Medero: "Ni la decisión de nombrar un nuevo directorio ni (la designación de) sus integrantes fueron resolución del Banco Central; fue el Ministerio de Economía y Finanzas el que eligió los sucesores. El directorio del Banco Central se enteró (posteriormente) de los nombres de los nuevos directores. Dicho ministerio también eligió y contrató al gerente del Banco Comercial. Nunca vi su contrato y nunca autoricé su contratación".
Aun antes de la firma del contrato, a fines de febrero, el gobierno inició una especie de terrorismo, adjudicando a cualquier oposición o crítica una intención de desestabilizar el sistema financiero. El día que conoció el borrador del acuerdo, Medero llamó por teléfono a Bensión y a Rodríguez Batlle"y les pedí que no lo firmaran porque me parecía muy inconveniente, pero no me hicieron caso". Medero ni siquiera pudo dejar constancia en actas de esas llamadas telefónicas y menos de sus opiniones sobre las consecuencias del acuerdo: "La palabra 'inapropiado' fue un acuerdo logrado después de tres meses porque, de lo contrario, no se aceptaba el acta".
Las presiones se convirtieron en amenazas cuando Medero se negó a aprobar asistencia al Comercial que, dijo, no había sido capitalizado porque el dinero aportado por los socios era un préstamo que debía consignarse como un pasivo. "La alegría duró unos pocos días. El 11 de marzo ya se estaba solicitando asistencia nuevamente. El 18 de marzo se propuso que República afap otorgara un préstamo al Banco Comercial. Yo entendí que eso no era razonable. Recibí todo tipo de amenazas, como que me iban a emprender acciones. El 20 de marzo también me opuse a que se le brindara asistencia; me refería a que se debía tomar otras medidas. Si se hubiesen tomado otras medidas, como por ejemplo la intervención, se hubiera ahorrado mucho dinero."
La ex directora blanca explicó a los diputados por qué creía que el acuerdo secreto de febrero era inconveniente e ilegal. "En primer lugar, porque toma decisiones que exceden su capacidad en ese sentido. En segundo término, porque resigna que el Estado no pueda tomar acciones contra directores accionistas que, por lo menos, han actuado en forma negligente. También creo que es ilegal porque decide sobre acciones del Banco Central, para lo cual no está facultado." Además, explicó, ya se sabía que la "capitalización" sería insuficiente, pero igual se resignaban derechos y se asumían compromisos. "En el mes de marzo ya sabíamos que, de acuerdo con los informes de una auditoría de kpmg y algunos informes del Banco Central, el robo había sido superior al monto del patrimonio; por lo tanto, era evidente que el patrimonio era negativo. No me fue nada sencillo conseguir esta información; en realidad, se me ocultó información."
Medero ratificó su convicción de que el acuerdo secreto firmado por Bensión con la autorización de Jorge Batlle era inconveniente para el país: "Si leemos detenidamente el convenio, encontraremos unas cuantas frases que nos van a sorprender como, por ejemplo, perdonar para siempre a Saint Louis Financial, a los Rohm, a la Compañía General de Negocios. No sé si esto es ilegal, pero qué feo es. Uno puede pensar que fue firmado medio de apuro o porque no había otra oportunidad, pero cuando el convenio perdona a todos para siempre, incluyendo a gente que estaba presa, resulta duro".
La contadora Medero acusó a la mayoría colorada del BCU de maquillar las cuentas del Comercial, ocultando las pérdidas provocadas por los hermanos Rohm al otorgar préstamos incobrables a empresas vinculadas a su grupo. "Para tratar de que el Banco Comercial tuviera patrimonio positivo y poderles prestar plata maquillaban el balance activando pérdidas. ¿Cómo se activan pérdidas? Tomaron 55 millones de dólares que eran créditos incobrables vinculados con el grupo Rohm y en vez de ponerlos como pérdidas quedaron en el activo." Para Medero, eso era ilegal: "No se pueden activar pérdidas y especialmente no se pueden activar defraudaciones. Con esos dos maquillajes, recontra maquillajes, igual el patrimonio da negativo".
Otra forma de asistir financieramente al Banco Comercial, eludiendo las restricciones legales, fueron las "exoneraciones" que "implicaban un crédito en descubierto, un crédito sin autorización y sin norma legal que lo sustuviera". Por la vía de préstamos y de exoneraciones el gobierno "ha puesto más de 200 millones de dólares en el Banco Comercial, pero esta institución sigue teniendo patrimonio y resultados negativos, no habiéndose capitalizado".
Sobre la intervención del Banco Montevideo, Medero explicó que en el directorio del BCU no existían mayores discrepancias, pero denunció una maniobra de dilación de la medida cuando los servicios técnicos la reclamaban urgentemente, entre otras cosas porque los Peirano realizaban movimientos financieros a pesar de que habían sido expresamente prohibidos. Las maniobras con créditos a empresas vinculadas eran conocidas desde comienzos de marzo, pero "no me fue muy sencillo conseguir información al respecto. El 7 de marzo solicité la cancelación de los créditos con las empresas relacionadas. En el acta 2.384 solicité que se me informara de las operaciones entre el Banco Montevideo y La Caja Obrera. En el mes de abril recibimos una documentación de Juan Peirano en donde mostraba que estaba recibiendo un crédito de ing con respaldo de las acciones de Disco. Al respecto solicitamos garantías".
La intervención del Montevideo era tema de debate desde comienzos de junio, pero había quienes la frenaban: "Los días 7, 8 y 9 de junio fueron fin de semana (viernes, sábado y domingo) y yo pensaba que tenía que hacerse la intervención. Es más, tengo informes de la Superintendencia que muestran que ya se promovía la intervención en ese fin de semana y se dilató por razones ajenas al banco, es decir, por resoluciones que se tomaron fuera del banco, y ese fin de semana, entre los días 7 y 9, no se tomó la decisión de intervenir".
A partir del 13 de junio Medero trató de precipitar la decisión, "ya que se había llegado a la conclusión de que era evidente que (los Peirano) se estaban llevando los fondos hacia las empresas vinculadas".
Para Medero muchas de las decisiones se adoptaron con conciencia de que se estaba contraviniendo la ley, y de ahí que ella, personalmente, fue excluida de ciertas reuniones: "Mi actividad como directora del Banco Central no había implicado participar en el equipo económico. Nunca asistí a las reuniones de dicho equipo, más bien tuve siempre dificultades para conocer las decisiones tomadas en ese ámbito. Esto es especialmente grave debido a que, en mi opinión, el ministro de Economía ha actuado en reiteradas ocasiones excediendo sus competencias, afectando negativamente la autonomía y el patrimonio del Banco Central. A modo de ejemplo, las decisiones de modificación de la política cambiaria se me informaron después de resueltas, y la carta de intención con el Fondo Monetario se me proporcionó después de haber sido firmada por el ministro de Economía y el presidente del Banco Central".
Medero explicó que el secreto bancario operó a favor de los robos: "Entiendo que en los fraudes que sucedieron la principal limitación era que no teníamos información de todas las empresas financieras del grupo en los distintos países. Para poder hacer una supervisión global consolidada es necesario modificar la ley 15.322 con respecto al secreto bancario. Esta ley no es clara y no está adaptada a las circunstancias".
Pero la ex directora del BCU reiteró la responsabilidad de las autoridades del equipo económico que tomaron las decisiones "sin conocimiento del Banco Central y en algunos casos con órdenes verbales. Como conclusión quisiera decir que los contribuyentes aportaron mil millones de dólares a estas instituciones y que no hay normas legales que habilitaran este aporte".

Los objetivos económicos cayeron uno tras otro
Nadie asume la responsabilidad del fracaso
Samuel Blixen
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) finalmente entregará a Uruguay 50 millones de dólares para combatir la pobreza, según se anunció esta semana. El mismo BID, junto con el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), decidieron conceder en el curso de este año 1.500 millones de dólares para resolver la crisis financiera. Representa, en un promedio a modo de ejemplo, 75 millones de dólares por cada uno de los 20 bancos privados de plaza, es decir, cada banco privado tuvo, teóricamente, un respaldo superior al del conjunto de los pobres uruguayos.
Si la ayuda del BID fuera repartida equitativamente, cada pobre recibiría 333 dólares para salir de su pobreza; pero si se hubieran repartido de la misma forma los 1.500 millones destinados a los bancos, entonces cada pobre hubiera recibido 10 mil dólares, y como los pobres no confían en los bancos, no tienen hábito de ahorro ni están entrenados para programar inversiones a distancia, entonces se hubiera vivido la extraordinaria experiencia de una reactivación del mercado interno sin precedentes. Hubiéramos asistido al increíble espectáculo de decenas de miles de uruguayos que saldaban sus deudas con el almacén, reponían el servicio de energía eléctrica en sus casas, compraban zapatos a sus hijos, viajaban en ómnibus en lugar de caminar, quizás se daban el lujo de comprar una cama en lugar de dormir en el suelo, es decir, ingresaban a una manera decente de vivir, y claro, tanto consumo seguramente reactivaría el mercado de trabajo, porque se necesitarían más obreros textiles, más carpinteros y más conductores de vehículos.
La realidad es otra, así que mientras monitoreamos hacia dónde se derivan los 50 millones de dólares para los pobres (si es que alguna vez llegan) seguiremos descubriendo las "bondades" de esa monumental ayuda que recibieron los bancos. Una primera cosa es cierta: al finalizar el año el producto bruto interno (la cantidad de riqueza que una sociedad produce en un año) cayó 13 por ciento respecto al año anterior. Los 1.500 millones de dólares no sirvieron para reactivar indirectamente la economía y no habrá reactivación tampoco en 2003. Entregamos 1.500 millones de dólares a los banqueros y somos más pobres, seremos aun más pobres y quizás debamos acostumbrarnos a vernos, por mucho tiempo, como pobres de solemnidad; deberemos asumir, quizás, que no somos muy diferentes a los mestizos mexicanos, a los indios bolivianos o a los negros haitianos.
Sabemos, sí, que los bancos privados sacaron del país no 1.500 millones, sino tres veces más, 4.500 millones de dólares en los primeros diez meses de este 2002 que no acaba de irse. Una cifra que comprende, claro, el dinero prestado (no regalado) por los organismos internacionales, porque, como van admitiendo uno tras otro los protagonistas de la conducción de la crisis financiera, fue una norma que cada dólar que el gobierno entregaba a los banqueros para resolver la corrida era transferido al exterior sin que nadie controlara, sin que nadie tuviera una auténtica intención de controlar.
La deuda externa que el gobierno contrató para auxiliar a los bancos y defender la estabilidad del sistema financiero terminó alimentando la voracidad de los banqueros que vaciaban sus bancos; estamos a punto de comprobar que la estrategia de defensa del sistema financiero adoptada por el gobierno agudizó el ingenio de los banqueros ladrones, y que la perspectiva de que apareciera nuevo dinero fresco renovó sus determinaciones.
Los banqueros sabían que habría mucho más para robar el mismo día en que los responsables colorados del equipo económico resolvieron convertir al Banco Central en "prestamista en última instancia" de los bancos en dificultades, en lugar de obligar a los bancos a ser responsables de sus propios destinos y a utilizar sus propios dineros para superar sus propias ineficiencias.
Una tan generosa disposición a asumir los compromisos de los demás requería, por lo menos, una aceitada estructura de control; después de todo se echaba mano al futuro de los uruguayos para resolver el presente de bancos extranjeros. Sin embargo, ahora se sabe, no funcionó ninguno de los controles posibles, no se instrumentó ninguna de las medidas de prevención; y cuando los funcionarios y técnicos pretendieron utilizarlos, ciertas "decisiones desde afuera" postergaron las medidas.
Hoy queda claro que la llamada "estabilidad del sistema financiero" debe traducirse como "estabilidad de los bancos extranjeros". El gobierno se propuso preservar esa estabilidad, y tenemos cuatro bancos a punto de ser liquidados, después de fagocitarse mil millones de dólares; el gobierno se propuso mantener las reservas internacionales, y no quedó un solo dólar de reserva; el gobierno pretendió controlar la política monetaria y tuvo que aplicar una devaluación salvaje en el momento más inoportuno; se propuso preservar la cadena de pagos, y hoy el proceso económico está virtualmente paralizado.
Tenemos una firme convicción sobre la culpabilidad de ciertos banqueros ladrones; pero no tenemos la misma conciencia sobre las responsabilidades políticas de los ejecutores de la conducción económica, cuya ineptitud parece más bien una coartada para sus complicidades.
La experiencia nos indica que la estabilidad del sistema financiero no está directamente vinculada a la felicidad pública, y no está probado que los sacrificios para preservarla sean absolutamente necesarios. El último capítulo de este drama lo están escribiendo los mismos que tomaron las decisiones políticas a lo largo de la crisis y, curiosamente, están proponiendo reincidir en el mismo camino, sanear bancos fundidos para volver a regalarlos al capital trasnacional. Tal parece que el empeño de ciertos políticos y administradores en reiterar sus errores es tan sólido como el de los banqueros ladrones en vaciar sus propios bancos.