Nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para denunciar lo siguiente: A partir de la convocatoria del paro general, y especialmente en los últimos cinco días, los medios de comunicación del país, sobre todo las televisoras en Caracas, están difundiendo permanentemente mensajes de abierta incitación a la intolerancia y a la violencia, buscando crear, mantener o profundizar en los ciudadanos, la predisposición de aceptar y participar activamente en una confrontación de consecuencias impredecibles. La repetición frecuente de las imágenes sobre los trágicos hechos ocurridos en la Plaza Altamira, donde un ataque terrorista causó tres muertos y numerosos heridos, las declaraciones de algunos dirigentes de la oposición y las opiniones de ciertos periodistas, incitan al odio entre los venezolanos y propician la intolerancia. También se utiliza la imagen de niños para convocar a las acciones de violencia y se vincula esa imagen con la promoción de la disociación social. La gran mayoría de los venezolanos, aún aquellos que asumen determinada posición política, no quiere guerra. Pero esta mayoría no tiene acceso a los medios masivos. Sólo se da cabida a los dirigentes y a los activistas cuya opinión concuerda con la posición asumida por los directivos de esos medios y por algunos periodistas que están a su servicio. La opinión de la mayoría debe prevalecer y los ciudadanos tienen el derecho de exigir a los medios el cumplimiento de su deber de informar equilibrada y pacíficamente. Pedimos la solidaridad de todas los organismos gremiales de los periodistas y de las organizaciones de los derechos humanos nacionales e internacionales para que tomen iniciativas y fijen posición en esta situación de peligrosa manipulación mediática.
Asimismo exigimos de las autoridades el respeto de la labor que, dentro de su ejercicio profesional, realizan los reporteros. Invitamos a los ciudadanos a desarrollar acciones pacíficas - visitas y llamadas a los medios y a los periodistas, por ejemplo - para exigirles que abandonen esa política editorial que amenaza nuestra paz social, y que contribuyan a que los problemas del país se solucionen de manera pacífica.