6 de diciembre del 2002
Colombia: Comunicado de prensa de las FARC-EP
Gobierno de impuestos, guerra total sin diálogos y entrega
de la soberanía patria
Anncol
Las FARC-EP reafirman su indeclinable compromiso revolucionario y bolivariano
de continuar la batalla por la conquista del poder político mediante
la combinación de todas las formas de lucha mientras el Estado y sus
gobiernos no modifiquen sus caducas y perversas costumbres políticas.
Seguros estamos que nada ni nadie conseguirá desviar los objetivos políticos
de la Organización alzada en armas por la conquista de la paz con justicia
social.
Contra la oligarquía por el pueblo, contra el imperialismo, por la patria
1. El señor Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia
de la República a poner en marcha su macabra estrategia de guerra total
sin diálogos contra los trabajadores y la población de las clases
baja y media, en beneficio de la oligarquía, los terratenientes, los
grandes ganaderos, los propietarios del sistema financiero y las multinacionales
del gran capital imperialista. Con lo que está ahondando mucho más
la distancia entre los dos millones de oligarcas dueños del poder económico
y político de Colombia, del resto de la población que cada día
es forzada por las políticas del Estado y su Gobierno a incorporarse
a las filas de los más pobres, desempleados, marginados, indigentes,
desplazados y exiliados por razones del conflicto interno.
2. La creciente distancia entre ricos y pobres se cuantifica en el aumento del
desempleo, del subempleo y en la baja renumeración que reciben por su
trabajo millones de asalariados del campo y de las ciudades, afectados también
por las deficiencias en los servicios de salud, educación, viviendas,
créditos, agua potable y tierras para los campesinos trabajar y producir
en condiciones dignas para el sustento de sus familias. Estas capas sociales
están condenadas a sufrir los deplorables afectos de la aplicación
sin reglas de la política neoliberal recetada desde Washington por el
FMI y la banca internacional. En el marco de la guerra total el Gobierno decretó
el Estado de Conmoción Interior y creó las llamadas zonas de Rehabilitación
sin bases económicas en Arauca, Casanare y Bolívar para imponer
el terror del Estado sobre la población civil afectada para que acepten
sus imposiciones y nada reclamen por el abandono estatal por más de cinco
décadas de gobiernos liberal-conservadores.
3. El gobierno de la oligarquía liberal-conservadora sube indiscriminadamente
el impuesto del IVA, autoriza alzas de precios a la gasolina y el transporte
para que sea el pueblo quien pague por la fuerza los elevados costos de la guerra
total que consume más del 50% del presupuesto nacional. Mientras intimida
al Congreso, a pesar de la independencia de poderes para forzarlo a que apruebe
los decretos y leyes lesivas a los intereses de los más pobres, como
acontece con la llamada Flexibilización Laboral, la Reforma Tributaria
o el represivo, excluyente y politiquero Referendo. Todo esto para asfixiar
más el lánguido patrimonio y libertades de los desposeídos
y distraer la atención del pueblo trabajador al tiempo que ocupa al Congreso
en un debate que sólo sirve para maquillar el manchado rostro de los
corruptos y politiqueros con asiento en las corporaciones públicas del
Estado.
4. Este Gobierno Paramilitar no satisfecho con la serie de impuestos recaudados
por los entes creados por el Estado permite que sus Fuerzas Militares y de Policía
con sus bandas de Paramilitares también cobren impuestos a los pequeños
comerciantes, transportadores, ganaderos, tenderos y agricultores de distintas
regiones del país como está sucediendo en el Meta, Caquetá,
Arauca, Putumayo, Guaviare, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca para
solo mencionar unos pocos lugares. La población afectada en sus pequeños
patrimonios por el cobro de los impuestos estatales exige del Gobierno que diga
de una vez cuantos estados y gobiernos existen en Colombia autorizados para
recaudar impuestos con el aval del Gobierno. Lo que nadie sabe es hasta cuando
este pueblo resista tantas arbitrariedades sin que nadie se ocupe de investigar
y castigar los responsables.
5. La actual Administración en el colmo del mayor cinismo y descaro absuelve
de toda responsabilidad en las masacres, asesinatos y crímenes contra
la población civil desarmada a reconocidos jefes Paramilitares de la
calaña de Rito Alejo del Río y de Carlos Arturo Marulanda, entre
tantos otros por ser estos exponentes y ejecutores destacados de la política
Paramilitar del Estado. Con lo que además se confirma el carácter
Terrorista del Régimen gobernante colombiano cubierto en la impunidad
ante tanta barbarie estatal.
6. La Casta Gobernante con el señor Uribe a la cabeza sueña con
liquidar por la fuerza de las armas del Estado las organizaciones sindicales
y populares del pueblo y la oposición política revolucionaria
armada en particular. Su propósito se basa en borrar del mapa político
el movimiento guerrillero para imponer sin mayores obstáculos sus políticas
dictatoriales de ingrata recordación en los países del Cono Sur
y América Central y entregar definitivamente la soberanía Patria
al Gobierno gringo. Esto explica la eterna intromisión en el conflicto
interno de los colombianos con el suministro de sofisticados aviones, helicópteros,
armas de distintos calibres, miles de millones en dólares, asesoría
militar y técnica para mejorar la capacidad de combate de las Fuerzas
Militares en sus operaciones contra la Insurgencia. Lo hacen pretextando el
combate al terrorismo y el narcotráfico para evitar el rechazo a su política
intervencionista.
7. La anterior política estatal colombiana apoyada por el Gobierno de
los Estados Unidos ratifica la evidente ausencia de voluntad política
del Gobierno de Uribe en buscar salidas políticas dialogadas al conflicto
social y armado que vive Colombia por más de 50 años. Se explica
igualmente en el absoluto desinterés del Gobierno en concertar con la
guerrilla de las FARC, el Canje de Prisioneros de guerra en poder de las dos
partes Gobierno y FARC-EP, conforme a las súplicas proferidas por familiares,
amigos y personalidades ocupadas de aportar propuestas políticas para
darle solución a este problema derivado de la confrontación política.
8. Las FARC-Ejército del Pueblo, llaman al pueblo de Colombia a redoblar
la lucha organizada popular de masas en las fábricas, calles y campos
en defensa de sus intereses, libertades y derechos fundamentales afectados por
las desigualdades económicas, políticas y sociales. Al tiempo
que reafirma las FARC-EP su indeclinable compromiso revolucionario y bolivariano
de continuar la batalla por la conquista del poder político mediante
la combinación de todas las formas de lucha mientras el Estado y sus
gobiernos no modifiquen sus caducas y perversas costumbres políticas.
Seguros estamos que nada ni nadie conseguirá desviar los objetivos políticos
de la Organización alzada en armas por la conquista de la paz con justicia
social.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, noviembre 30 de 2002