Margarita López Maya ALAI-AMLATINA

El martes 10 de diciembre, el paro cívico convocado por la Federación de Cámaras de la Industria y el Comercio (Fedecámaras), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la llamada "Coordinadora Democrática", que reúne un conjunto de organizaciones sociales y partidos de la oposición, entró en su 9o día. La noche del lunes 9, el presidente de la CTV anunció que el paro, que hasta ese momento se prorrogaba día a día, se convertía en indefinido, la palabra utilizada fue "irreversible" y la oposición movía su objetivo de pedir "elecciones ya" a exigir que "Chávez se vaya".
El año 2002 ha sido un año catastrófico para los venezolanos. Ha sido un año donde el gobierno ha logrado sobrevivir, pero su capacidad de gobernar ha sido mínima. Este es el tercer paro cívico que afronta, además de un golpe de Estado el 11 de abril, que llevó a la instauración de un gobierno de facto, hecho que no ocurría en el país desde 1948. La dictadura instaurada disolvió en las pocas horas que vivió todos los poderes públicos y procedió a la persecución política de los funcionarios del gobierno caído y a la represión del pueblo que se resistía.
El golpe del 11 de abril tuvo su punto de partida también en un paro cívico nacional convocado por Fedecámaras, la CTV y la Coordinadora Democrática. Así las cosas, los venezolanos, especialmente los caraqueños, están estresados y enfermos. Han estado sometidos a presiones políticas y psicológicas inusitadas. Diversos gremios médicos, psiquiatras y psicólogos han alertado reiteradamente a lo largo del año, sobre el creciente deterioro de la salud mental y física de la población.
Este paro cívico, que comenzó el día 2 de diciembre, al igual que el de abril que precedió al golpe, se desarrollaba con éxito parcial. En los primeros días los comercios se abrieron en el oeste de la capital casi por completo, mientras en el este de la ciudad estaba casi todo cerrado. El transporte por su parte funcionaba normalmente, también los bancos, los mercados mayoristas de alimentos, las farmacias y por supuesto, la economía informal, que emplea a más de la mitad de la población económicamente activa.
Se Entra en una Nueva Fase de Conflicto Las cosas comenzaron a cambiar el miércoles 4 cuando comenzó a hacerse visible actividades de paralización en la industria petrolera. Petróleos de Venezuela, S.A., conocida como PDVSA, la más grande empresa de América Latina, por medio de una porción de su gerencia ejecutiva y mayor daba señales de incorporarse al paro. Por otra parte, el jueves en la noche en la plaza Altamira de Caracas, se produjo un atentado terrorista contra los civiles allí reunidos. Ubicada en el este de la ciudad, esta plaza es el lugar donde ha estado apostado desde hace 6 semanas un centenar de militares de distintas fuerzas, declarados en "desobediencia civil". La plaza ha sido declarada "zona liberada" y grupos de simpatizantes de estos militares se reúnen allí constantemente. El atentado dejó un saldo de 3 personas muertas y unas 20 heridas. Las declaraciones esa noche de algunos líderes de la oposición y militares, al igual que el 11 de abril, llamaban al levantamiento militar y culpaban al gobierno. Afortunadamente, algunos otros opositores reaccionaron con mejor tino, llamando a la cordura y colaborando inmediatamente con las fuerzas policiales en los trabajos de investigación para dar con los culpables. Así mismo, el gobierno se movió con cautela, y las Fuerzas Armadas, que la vez pasada entraron a raíz del atentado terrorista que se produjo en el centro de Caracas, esta vez y hasta la fecha se han mantenido apegadas a su rol institucional.
Pero, a partir del atentado en Altamira se entró en una nueva fase del conflicto entre gobierno y oposición. Un paro petrolero, es decir, la industria caminando hacia su paralización, se vuelve el centro de la conflictividad y las demás paralizaciones pierden importancia. El lunes 9 en la noche, mientras la oposición llamaba al paro indefinido, el presidente de PDVSA, doctor Alí Rodríguez Araque, ex secretario de la OPEP, desde el canal del Estado, denunció como un plan criminal por parte de la gerencia mayor de la empresa el propósito de parar la industria más importante del país; advirtió del colapso económico y social que por este motivo se avecina y pidió al pueblo acercarse a las distintas edificaciones y sedes de la compañía para hacerle ver a estos sectores el apoyo con que cuenta el gobierno. A partir de ese lunes 9 en la noche, el país parece marchar hacia un desenlace trágico.
La Polarización Llega al Extremo Antes del paro cívico, desde el 11 de noviembre había venido funcionando la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdos entre gobierno y oposición. Hacia el jueves 28 y viernes 29 de noviembre esta Mesa parecía a punto de alcanzar un acuerdo en torno a una salida electoral. Pero el sábado 30 la oposición decidió no concurrir a la Mesa y optó por proseguir en el paro cívico con el que venían amenazando en los días previos. A partir del lunes 2, fue el gobierno el que se negó a volver a la Mesa argumentando que no podía llegar a un acuerdo con "una pistola en la sien". Una semana después, la misma noche del lunes 9, cuando gobierno y oposición profundizaban sus amenazas mutuas, simultáneamente, en una lógica perversa y esquizofrénica, volvían a activar la Mesa encabezada por el facilitador y secretario de la OEA, doctor César Gaviria, para discutir una salida política.
Pero, la posibilidad de una salida no violenta parece remota*.
Esta extrema polarización política ha estado alimentada y magnificada por unos medios de comunicación que a lo largo del año se han parcializado y radicalizado hasta el punto de borrar para buena parte de sus consumidores-y los venezolanos somos muy adictos a la TV-los límites entre la realidad y la reality-show.
Los medios de comunicación privados, cinco en total, están cohesionados y abiertamente en contra del régimen de Chávez, a quién acusan de asesino, dictador y Castro-comunista. En los últimos días le dedican unas 18 horas de cobertura al conflicto, resaltando las acciones de la oposición, ampliando y reiterando los comportamientos agresivos, pasando películas sobre dictadores y distorsionando a su favor las proporciones con que participan los venezolanos en las diversas movilizaciones a favor o en contra del gobierno. El canal del estado, por su parte, ante esta avalancha, se ha plegado al gobierno y también le dedica su tiempo y espacio a cubrir la información oficial y de los apoyos sociales y políticos con que cuenta el gobierno.
Los periodistas, salvo honrosas excepciones, cogidos entre este irracional e irresponsable enfrentamiento, amenazados en su integridad física por los sectores civiles radicalizados de lado y lado que los han convertido en blanco de sus rabias, muestran las mismas posturas intolerantes de los dueños de medios.
En el escenario de fondo de esta polarización alarmante, se encuentran 20 años de recesión económica, empobrecimiento social, aumento de la desigualdad en la distribución de la pobreza, resentimiento de clase, una élite política fracasada que se niega a verse privada de sus privilegios y grupos económicos nacionales e internacionales que buscan oportunidades doradas en un país que es una de las naciones petroleras más importantes del mundo. Pero lo que ha actuado agravando todos estos factores ha sido el vacío de mediaciones y representación políticas entre sociedad y Estado, producto del colapso del bipartidismo venezolano en la década del 90. Ese vacío ha propiciado la emergencia de un conjunto de actores que buscan llenarlo y que desafortunadamente, los más fuertes de estos actores carecen de formación y conciencia política para hacerlo responsablemente colocando a la sociedad al borde de un abismo.
Los medios de comunicación, quizás en este momento las organizaciones políticas más poderosas, no conocen la racionalidad política ni tienen cultura de negociación y tolerancia; la defensa de sus intereses privados se convierten en lo central de sus actividad política, intereses que se han visto respaldados por sectores sociales diversos pero principalmente de ingresos altos y medios. La gerencia mayor de PDVSA, la llamada "tecnocracia petrolera", que ha decidido paralizar la industria, es otro actor político carente de conciencia, formación y responsabilidad política. Ellos, tras el argumento de la "meritocracia" en la carrera dentro de la industria, se enfrentan a la política petrolera del gobierno del presidente Chávez y parecen, al igual que los dueños de medios, que anteponen sus intereses corporativos a los intereses nacionales.
¿De Qué Se Trata la Oposición? La reforma petrolera adelantada por el Estado venezolano en estos años es el motivo real de los disgustos de la tecnocracia petrolera. Esta tecnocracia en los dos gobiernos previos venía ejerciendo desde la empresa una política de apertura petrolera, que buscaba en lo fundamental hacer énfasis en una política de aumento del volumen de producción de petróleo sobre el precio de éste en el mercado internacional, y defendía la postura de una política petrolera que se formulaba y ejercía desde la empresa.
De hecho, en esos años PDVSA se convirtió en un Estado dentro del Estado. Esto ha sido revertido por la reforma petrolera actual, que continuando la tradición de política petrolera del Estado venezolano a lo largo del siglo XX previa a la apertura, se centra en recuperar el papel del Estado a través del Ministerio de Energía y Minas como el lugar de formulación y elaboración de la política petrolera, y enfatizar, en consonancia con la OPEP, la defensa de los precios sobre los volúmenes para salvaguardar el ingreso fiscal petrolero. Durante los años de gestión del presidente Chávez, Venezuela se ha comprometido y defendido las políticas de los países productores de petróleo que se organizan en la OPEP contribuyendo al fortalecimiento de esta organización. Por otra parte, hace unos 2 meses el Estado firmó con los trabajadores de la industria un contrato colectivo sin conflictos, donde las partes quedaron satisfechas. Es así como el paro petrolero descubre su rostro estrictamente político.
Por otra parte, los presidentes de la CTV y de Fedecámaras, las otras organizaciones en funciones políticas, pertenecen a las élites que sienten sus posiciones debilitadas por la victoria electoral Chávez y la alianza de fuerzas políticas que lo respaldan. La CTV reúne principalmente a sindicatos de la administración pública que en realidad han estado divididos en relación a este paro. Algunas se suman, otras se mantienen al margen. Es de resaltar que los sindicatos de las industrias básicas no petroleras, las que tienen el mayor volumen de obreros y trabajadores, se han venido pronunciando reiteradamente en contra del paro convocado por el presidente de la CTV. Tal es el caso de los sindicatos de la Siderúrgica, de la empresa de Aluminio, de Acero e Hidroeléctrica. Igualmente, el sindicato de los trabajadores del Metro de Caracas. También es de recordar que el 52% de la población económicamente activa está en el sector informal, y son ellos los que vienen abasteciendo de manera importante a la capital frente al cierre parcial de la asociación de supermercados y abastos y de centros comerciales. Finalmente, con relación a la mayoría de los partidos y organizaciones sociales de la Coordinadora Democrática, que son más mixtas en sus estrategias políticas, hasta la fecha no han jugado papel central en esta confrontación de fuerzas. Suelen ser utilizados para darle una imagen de tolerancia y de no-violencia a la oposición cuando ésta lo considera políticamente oportuno.
En Busca de un Salida No-Violenta En resumen, los venezolanos estamos en una encrucijada decisiva.
La oposición ha decidido radicalizar sus acciones y objetivos en una estrategia que parece decirle al gobierno que es todo o nada. Al momento de terminar este artículo, martes 10 en la noche, la oposición ha pedido en la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdos la renuncia del Presidente para ir a unas elecciones inmediatas: Los partidos de oposición no se presentaron hoy a la Asamblea Nacional para discutir una enmienda constitucional con los partidos oficialistas, enmienda que pudiera abrir el camino hacia una salida electoral negociada. Por su parte, el gobierno ha llamado a la movilización de la sociedad a fin de sortear las dificultades confrontadas por el paro. Asociaciones de cooperativas, organizaciones de ingenieros petroleros y otros profesionales, pequeños y medianos productores, campesinos, buhoneros, vecinos, jubilados de distintas profesiones, etc., han comenzado a movilizarse en apoyo al gobierno. Una situación alarmante, de pronóstico incierto pero que pareciera encaminarse hacia un desenlace de violencia.
¿Será posible que quienes tienen las más altas responsabilidades políticas lancen a la sociedad venezolana a una lucha fratricida? Aún están abiertos los espacios para la negociación y el acuerdo para llegar a una salida sin violencia a la actual coyuntura.
Para terminar es preciso señalar las determinaciones internacionales que tras la pugnacidad de la gerencia petrolera, de los medios, y de los grandes grupos económicos se están moviendo en respaldo a las fuerzas de oposición. Citando un documento redactado por el "Diálogo por la inclusión social y la profundización de la democracia", una organización de intelectuales y académicos que ha venido moviéndose en búsqueda de un debate de altura y la construcción de puentes entre los sectores enfrentados: "La situación venezolana actual no es un problema circunscrito territorialmente ni causado exclusivamente por razones internas.
Por el contrario, afecta y es también determinada por fuerzas e intereses que se desenvuelven en el ámbito internacional. La forma en que sea superada la actual crisis en Venezuela tendrá sin duda hondas repercusiones en la región y es por ello que hacemos un llamado a los distintos gobiernos, organizaciones sociales y organismos internacionales de vocación democrática para que apoyen abiertamente el esfuerzo que se realiza en la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdos.
* Margarita López Maya es historiadora y profesora en la Universidad Central de Venezuela.