Latinoamérica

14 de diciembre del 2002
Desafíos del Brasil de Lula

Hector Vega
Punto Final

Apocas horas de su elección Luiz Inacio Lula da Silva declaró que Brasil respetaría sus compromisos internacionales pero, advirtió al mismo tiempo, que "los mercados debían enterarse que los brasileños necesitan comer tres veces al día". Agregó que "en Brasil, muchos tienen hambre". Durante la campaña su equipo repitió hasta la saciedad que "moratoria" o "control de cambios" no forman parte del vocabulario del PT. Sin ambigüedad Lula advirtió que para avanzar en las negociaciones comerciales internacionales era esencial que los países ricos levantaran las barreras proteccionistas y las subvenciones que penalizan las exportaciones, sobre todo en el terreno de la agricultura.
Brasil se debate en ese desafío mayor al cual están enfrentadas las economías emergentes: alcanzar un crecimiento sostenido de largo plazo en el marco de formidables presiones sociales internas y externas. Estas últimas, coyunturales y de corto plazo. En el mediano y largo plazo, dados la diversidad de la economía y su enorme mercado interno, la asistencia financiera del FMI po–dría considerarse como prescindible. Sin embargo, en el contexto actual de crisis global, con un régimen de flotación cambiaria y multilateridad de los intercambios, en el corto plazo, el papel del FMI, o más precisamente, del cartel financiero Estados Unidos/FMI, es imprescindible.
Para resolver la contingencia del corto plazo, Brasil deberá cumplir sus obligaciones para con sus acreedores. El jueves 17 de octubre, Brasil ganó en credibilidad frente a los mercados mundiales cuando logró pagar un vencimiento de US$ 3.600 millones, la deuda más importante del año, en el cual, Brasil ha debido enfrentar vencimientos por un total de US$ 32.200 millones. El calendario de amortizaciones en los próximos cuatro años de Lula es exigente: US$ 35.900 millones (2003); US$ 39.100 millones (2004); US$ 28.100 millones (2005) y US$ 26.700 millones (2006). Hasta ahí lo que los acreedores esperan del gobierno de Lula.
Por su parte, si la visión realista de Lula se parangona con otra del mismo estilo por parte del cartel financiero Estados Unidos/FMI, entonces este último debería entender que las reglas del libre mercado rigen para todos y, en consecuencia, Estados Unidos debería echar pie atrás en los aranceles al acero y dar con ello impulso a las exportaciones de Brasil. Lo cual mejoraría las expectativas de pago por deudas que Brasil ha contraído, entre otros, con bancos norteamericanos. En 1994, la deuda representaba 28% del PIB, en julio de 2002 alcanzaba a 62%. Agreguemos a ello, que el interés de los bonos, 22%, es incompatible con la solvencia de largo plazo de la economía. Sin perjuicio de esto, resulta difícil cumplir con el objetivo de superávit fiscal primario de 3,75% del PIB que se concluyó en junio con el FMI. Aún si se cumpliera, es insuficiente para pagar los vencimientos del año 2003, que suman US$ 35.900 millones. Por eso, con el fin de evitar, a pesar de las declaraciones oficiales, una situación objetiva de cesación de pagos, el cartel financiero debería entender la necesidad de negociar una reestructuración de la deuda. En ese contexto, el préstamo puente del FMI (2002), por US$ 30.000 millones, concedido para cumplir con los pagos de la deuda, es apenas una señal en dirección a los mercados financieros internacionales, sin que con ello se aborde el problema central de la deuda, cual es, la viabilidad de los convenios de pago que se acuerdan. Baste citar que para cumplir la regla del superávit, la tasa de crecimiento del PIB real debería ser alrededor de 4%. Proyecciones del mismo FMI, señalan la irrealidad de ese supuesto, pues para el año 2002, el crecimiento del PIB se calcula a 1,5% y para el año 2003, 3,0%.
El programa de Lula se entiende como un mensaje solidario. Lula invita a "todos los hombres y mujeres, a todos los empresarios, sindicalistas, obreros y campesinos a participar en la construcción de este país". Para viabilizar políticamente este llamado se comprometió con José Serra para discutir un "pacto de gobernabilidad". Sin embargo, los desafíos son gigantescos. Brasil es la economía número once del mundo, pero ocupa el puesto 73 del índice de desarrollo humano del PNUD. Con más de 170 millones de habitantes, casi un tercio (54 millones) vive en la miseria. 10% de los más ricos detenta 48% del ingreso total. El ingreso per capita en la región de Sao Paulo (industrializada) es más de diez veces superior que el de los Estados pobres del Nordeste (US$770 contra US$8000). Los sin tierras esperan una reforma agraria. Los más pobres esperan del nuevo gobierno una mejoría en sus condiciones de vida. El programa estrella de Lula, "hambre cero", prevé la distribución de cupones de alimento a 44 millones de pobres e indigentes cuyo costo se estima a 5 mil millones de reales para el 2003 (US$ 1.312 millones) y para lo cual se crea la Secretaría de Emergencia Social. Los informales, 80% del mercado del trabajo, carecen de seguridad (previsión) social. El sistema de seguridad social tiene un déficit de US$ 4.460 millones. El salario mínimo es de 200 reales, esto es, US$ 52, es decir poco más de $38.000. El candidato Lula prometió elevarlos en 100%. Sin embargo, se calcula que las restricciones presupuestarias obligarán al presidente Lula a limitar este aumento a 20% en el 2003. En conclusión, no es difícil prever que Lula se verá acorralado entre dos fuegos: el movimiento social y el de los mercados financieros.
Para cumplir con el mensaje solidario de Lula y dar viabilidad a la economía en el corto plazo, y en el plano financiero, la primera tarea es la reestructuración de la deuda externa. La primera dificultad es la concentración de los vencimientos de la deuda externa en plazos relativamente cortos. En noviembre y diciembre hay vencimientos por US$ 6.030 millones. A marzo del 2003, los títulos en vencimiento sumarán US$ 9.325 millones. De mantenerse esa condición, el mercado podría obligar, en los montos en que el gobierno se endeuda, pagos de tasas de interés más importantes en los mercados financieros (additional premium). Por ello, para evitar situaciones que pudieran forzar una moratoria, es importante buscar una reestructuración negociada, desconcentrando los vencimientos en el corto plazo, lo cual significaría para el mercado financiero una verdadera póliza de seguro contra situaciones de no pago (insurance policy against default on payment). La importancia de los gestos se revela cuando en 1999 la obtención de resultados fiscales primarios más favorables permitió mejorar la gestión de la deuda pública. La Tesorería Nacional pudo volver a emitir títulos con tasas fijas de interés. De una participación en el mercado financiero de casi 56% de dichos títulos, cayó en marzo de 1999 a apenas 1.2%. Con el cumplimiento de las metas fiscales la Tesorería elevó su participación en noviembre de 1999 a 11.3%, elevando además a nueve meses el plazo promedio de los títulos, después de su caída a menos de cinco meses en la primera parte del año. El segundo problema a resolver es la credibilidad del acuerdo de reestructuración de la deuda. Un plan de ajuste basado en la solución de las deudas estaduales (18,6% del PIB), de las empresas públicas (2,1% del PIB) y de la seguridad social (1.8% del PIB), otorgaría verosimilitud a los compromisos del gobierno. La apertura del mercado interno en rubros negociables (esto es, compatibles con las reglas del Mercosur) y no perjudiciales al empleo daría mayor solidez a la reestructuración. Es más, estos pasos podrían llevar a un redimensionamiento de la deuda, esto es, la negociación de una tasa de interés de los bonos soberanos (hoy 22%) adaptada a las verdaderas posibilidades de pago de la economía.
En el largo plazo Brasil debe liberarse de la estrategia errada del FMI. La cual funciona cuando el modelo libremercadista acarrea recursos financieros desde el exterior y de lo que se trata es de asegurar los intercambios comerciales, la estabilidad de las tasas de cambio y los pagos inherentes a ello. La realidad demuestra que a partir del año 2000, bajaron las fuentes externas de financiamiento para América Latina y el Caribe. El proceso de privatizaciones se agotó, es más, ni siquiera alcanzó la meta prevista por el FMI de US$ 14.000 millones, llegando sólo a US$ 4.400 millones. Todo esto llevó a un encarecimiento del crédito. Los títulos brasileños alcanzaron altas tasas de interés por el descuento en el mercado secundario y el indicador de riesgo subió en agosto pasado a 2.332 puntos. Lo que debe entenderse es que el financiamiento (léase endeudamiento) está relacionado con el circuito comercio/inversiones. Sin restablecer el comercio la economía se ve imposibilitada de cumplir con los compromisos contraídos. De allí surgen los proyectos de integración regional. Una dificultad a tener en cuenta es que en un cuadro de activo comercio intrarregional, las sucesivas devaluaciones entre socios comerciales, pueden llevar a reducir la capacidad exportadora de todos los países de la región. Por eso, la necesidad de una política alternativa a la del cartel financiero, a saber, el regionalismo desglobalizado, o espacios económicos regionales, desde donde es posible lograr acuerdos monetarios regionales y financiamientos. En eso precisamente consiste la propuesta pionera de Brasil, a saber, el Alca. (Contraria a esa estrategia es la virtual maquilización de las economías latinoamericanas y del Caribe propuesta por Estados Unidos en su proyectado Alca). Otros acuerdos como la Comunidad Andina o el Mercosur, van también en la dirección correcta, pues crean condiciones para la captación de inversiones extranjeras, las integraciones imperfectas, o integraciones parciales y sistemas o subsistemas de cambio, donde, en un espacio restringido, puede imponerse una amplia multilaterizacion, de consecuencias insospechadas en el terreno de la inversión, el endeudamiento o el desendeudamiento.
* Economista