Paula Huenchulaf
Kolectivo Mapuche Lientur

TEMUKO / Una querella contra los Fiscales del Ministerio Público que resulten responsables del delito de "interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas" fue presentada el pasado miércoles ante el Tribunal de Garantía de Temuco por los abogados Rodrigo Lillo, Hugo Gutiérrez y Jaime Madariaga, en representación del abogado de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, Pablo Ortega.
La polémica judicial quedó al descubierto en la audiencia de cautela de garantías realizada el pasado sábado 21 de diciembre, ocasión en la que la magistrada Isabel Uribe y a petición del abogado defensor Jaime Lopez, decretó cesar la interceptación telefónica contra el abogado Pablo Ortega, quien tiene la representación de los dirigentes mapuches Victor Ancalaf y José Huenchunao (ambos recluidos en Concepción) y los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco que se encuentran recluidos en la Cárcel de Temuco por el supuesto delito de "asociación ilícita terrorista calificada".
La querella
En el documento los querellantes relatan que "alguno o algunos de los fiscales del Ministerio Público de la IX Región solicitaron al tribunal de Garantía autorización para interceptar y grabar comunicaciones telefónicas que se realicen desde y hacia el teléfono móvil número..., perteneciente a don Pablo Ortega Manosalva".
Los profesionales sostienen que la resolución que ordenó la interceptación telefónica es del 29 de noviembre, fecha en la cual el abogado ya tenía la calidad de defensor de los comuneros detenidos en Temuco. Para los defensores, "la autorización del Tribunal de Garantía se obtuvo de una manera no ajustada a derecho, ocultándose dolosamente información esencial que de haberse entregado en forma oportuna habría redundado indudablemente en la negativa de la autorización".
En el documento los querellantes argumentaron que "la autorización para interceptar fue dejada sin efecto por ser ilegal según resolución del tribunal de Garantía, y tuvo su fundamento en el Artículo 14 inciso 2º de la Ley 18.314, que sanciona conductas terroristas, y que después de autorizar las interceptaciones telefónicas expresamente dispone que "las medidas indicadas precedentemente no podrán afectar las comunicación del imputado con sus abogados".
Para fundamentar la acción judicial los abogados también aludieron al Artículo 222 del Código Procesal Penal, el que expresa que "no se podrán interceptar las comunicaciones entre el imputado y su abogado, a menos que el juez de Garantía lo ordenare, por estimar fundadamente...". "Sólo excepcionalmente se pueden interceptar las comunicaciones telefónicas entre el imputado y su abogado, pero en ningún caso esa norma autoriza a interceptar las comunicaciones telefónicas del abogado, que es precisamente lo que hicieron alguno o algunos fiscales del Ministerio Público, pues interceptaron desde el día 29 de noviembre al día 18 de diciembre las comunicaciones telefónicas de nuestro representado, no sólo con sus defendidos, sino todas las llamadas efectuadas desde y hacia su teléfono", expresan los querellantes en el documento.
El oficio también señala que "desde el 6 de diciembre en que se formalizó expresamente por el delito de asociación ilícita terrorista, ya no hay ninguna duda, conocían perfectamente y con toda certeza que don Pablo Ortega Manosalva era el abogado de varios de los imputados, y no sólo lo era él, sino que asumió el poder conjuntamente con su colega Rodrigo Lillo. Todas las conversaciones que don Pablo Ortega tuvo desde ese día con cualquier colega, con cualquier cliente y en cualquiera de sus causas, civiles o criminales, seguidas ante cualquier tribunal de La República, fueron interceptadas, grabadas, y en este momento están en manos de los querellados".
La presentación de los abogados busca determinar quién de los Fiscales dio las instrucciones, cuál fue el personal policial que la ejecutó, cuáles son las informaciones que se han grabado y el período en que ello ocurrió, exigiendo duras sanciones en contra de quienes resulten responsables de los hechos.
En el documento los querellantes solicitan además al tribunal diligencias como la inmediata entrega de todas las interceptaciones telefónicas hechas al celular del abogado; el conocimiento y posterior resguardo y custodia de toda grabación en la que aparezca la voz de Pablo Ortega, en una notaría de la ciudad; encargar la investigación a agentes de la Policía de Investigaciones; y que la investigación sea llevada a cabo por un fiscal regional designado por el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena.
Denuncia a nivel internacional
Los profesionales coincidieron en lo planteado en la audiencia de cautela de garantías por los abogados Sandra Jélvez, Carmen Gloria Ormeño, Jaime López, Renato Maturana, Pablo Ortega, quienes argumentaron que la interceptación telefónica realizada por Carabineros al defensor de los comuneros vulneraba gravemente el derecho a la defensa, el secreto profesional y al debido proceso en que se basa la Reforma Procesal Penal. Esta situación, señaló el abogado Jaime Madariaga en Temuco, implicaría además una "grave violación" de diversas normas internacionales de derechos humanos.
"Para los organismos de derechos humanos existe preocupación por esta situación ya que son reiteradas las denuncias que existen sobre el accionar de los Fiscales, los cuales actúan abusando de la ley o a veces al margen de ella. Ello es una situación reiterada por los mapuches que han acusado a la reforma procesal de discriminatoria", enfatizó.
En ese sentido, el abogado adelantó que la oficina del Codepu en Valdivia enviará proximamente un reporte con los antecedentes de este caso al Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos en Francia (FIDH) y al Programa de Defensores de Amnistía Internacional en Londres, con el fin de que esta situación se conozca en los organismos internacionales que supervigilan el accionar del estado de Chile en materia de derechos humanos en Naciones Unidas.
El informe incluirá la situación ocurrida al propio abogado Jaime Madariaga, a quien en un extraño atentado le quemaron su vehículo particular el pasado mes de agosto frente a su domicilio en el centro de Temuco. Este hecho lo vinculan a la situación de la joven Daniela Ñancupil Lepin, baleada por funcionarios policiales en un confuso incidente ocurrido en el mes de diciembre de 2001 al interior de Chol-Chol. Jaime Madariaga es abogado de la joven y ha solicitado el sometimiento a proceso de tres funcionarios policiales por este caso.
Consejo rechaza espionaje
A través de un comunicado público, los werkenes José Naín y Manuel Santander de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras señalaron que "la práctica de los Fiscales del Ministerio Público, en cuanto a intervenir la comunicación de las personas que apoyan la legítima causa mapuche, constituye un acto abusivo que viola los derechos esenciales de los ciudadanos".
Los dirigentes aseveran estar seguros "que otros dirigentes mapuche también están siendo intervenidos en sus comunicaciones. Sin embargo -dijeron- no recurriremos con ningún recurso legal, porque no tenemos confianza en la justicia chilena".
En el comunicado agregan que "la línea investigativa que ha introducido el Ministerio Publico pone en duda su imparcialidad y objetividad, porque en el transcurso del tiempo ha mostrado una mezcla entre las atribuciones de un órgano judicial y un servicio de inteligencia del Estado. Por tanto, la Reforma Procesal Penal en términos prácticos representa un órgano persecutorio y de inteligencia de Estado y no un órgano que brinde confianza a la ciudadanía y en particular a los mapuche", denuncian en el comunicado.
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