La interpelación al ministro de Salud Pública, Alfonso Varela, resuelta por el Senado con los votos encuentristas y del Nuevo Espacio, parece ser el primer síntoma de que el sistema político abandona la modorra con la que ha mirado la crisis de la asistencia de salud en el país. Desde hace meses los distintos actores del sector han señalado los problemas que enfrentan tanto en el área privada como pública, anunciando que se ha configurado una situación de emergencia sanitaria, tanto o más crítica que la ocurrida en el sistema financiero.
Aunque no será motivo específico de la interpelación, el último episodio de la crisis se generó cuando los médicos contratados o incentivados de la salud estatal (véase recuadro) entraron en conflicto con el Ministerio de Salud Pública (MSP), por lo que entienden el incumplimiento de acuerdos firmados oportunamente.
La medida adoptada por las distintas especialidades médicas (con el apoyo del Sindicato Médico del Uruguay, SMU) fue la de no concurrir a sus puestos de trabajo a partir del lunes 2 y reclamar una instancia de negociación con el MSP, que recién se instaló formalmente el miércoles 4 en el ámbito de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
Alrededor de 2.100 profesionales de la salud (de un total de 3.500), incluyendo intensivistas, anestesistas, cirujanos, neonatólogos, imagenólogos, pediatras, médicos de emergencia, de puerta y de los servicios de salud de asistencia externa (ssae), entraron en conflicto después de que el 16 de noviembre recibieran un telegrama colacionado del MSP anunciándoles que se les rescindía el contrato. Éste contenía una cláusula por la cual, a partir de agosto, sus remuneraciones debían ajustarse por el índice de precios al consumo (IPC). (Véanse BRECHA, 22-XI-02, página 17, y 29-XI-02, página 13.)
El MSP argumentó la imposibilidad financiera de hacer frente a una erogación de 8,5 millones de pesos mensuales, resultantes de aplicar el índice mencionado (algo superior al 20 por ciento), y unilateralmente deshizo el compromiso acordado con los médicos, planteándoles que los ajustes se harían de acuerdo con el porcentaje fijado por el gobierno para todos los funcionarios públicos (1,1 por ciento en enero último).
Como el 50 por ciento de los profesionales afectados por el conflicto no son empleados de Salud Pública y revistan como unipersonales bajo contrato de arrendamiento de servicios, muchos consideraron que su relación laboral había cesado con el MSP y decidieron no concurrir a los lugares de trabajo. La medida se extendió el lunes 2 a los 2.100, aunque el grado de acatamiento de la misma está en discusión. Pero lo cierto es que desde comienzos de esta semana se han manifestado problemas asistenciales en los distintos centros de salud, aunque las mayores complicaciones ocurrieron en el hospital Pereira Rossell. En él han debido trasladarse pacientes pediátricos a centros de tratamiento intensivo (cti) privados, pues el perteneciente al nosocomio no cuenta con el personal que asegure una atención correcta. Los primeros en ser traslados fueron bebés prematuros, y ayer comenzaba el desvío de embarazadas de riesgo, dado que los facultativos no están dispuestos a realizar partos sin neonatólogos, por el peligro de vida para el recién nacido. En los demás hospitales públicos, el mayor problema ha sido la postergación de las operaciones coordinadas (no urgentes, como hernias, várices, etcétera), alargando un tiempo de espera que ya venía haciéndose cada vez mayor por la falta de insumos quirúrgicos.
QUO VADIS
La pregunta que circula en el ambiente médico es cuáles pueden haber sido los motivos que llevaron al MSP a adoptar una resolución inconsulta (la de rescindir los contratos) sin hablar siquiera con los médicos afectados. Para algunos de los actores involucrados se trata de una batalla por quebrar la organización de los facultativos, aprovechando algunos antecedentes del quehacer nacional, por ejemplo la actitud tomada por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) ante sus funcionarios. Incluso los jerarcas ministeriales que han estado en las conversaciones posteriores a la declaración del conflicto comparan a los médicos que han tomado las medidas de paro con los sindicalistas de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (adeom). Los médicos, a su vez, han tenido especial cuidado en marcar una diferencia: ellos no reclaman que se cumpla íntegramente lo convenido -un aumento por el 100 por ciento del incremento del IPC-, sino que reclamaron una parte de ese porcentaje y declararon su disposición a entablar nuevas negociaciones.
Por otro lado, la autoridad sanitaria argumenta las dificultades generales del país, la reducción presupuestal aprobada en los distintos ajustes de la actual administración nacional. En consecuencia la imposibilidad financiera de afrontar una erogación como la prevista en el convenio firmado con los médicos. Por consiguiente ofrece a los facultativos contratados e incentivados un nuevo convenio donde el ajuste, como se señaló con anterioridad, será igual al de todos los funcionarios públicos.
De todas formas, la pregunta inicial resulta de difícil respuesta, sobre todo porque los servicios afectados son los que mejor funcionan en el área de la salud pública. El cti infantil del Pereira Rossell es el de más alto nivel del país, no sólo por las instalaciones sino, también, por los recursos humanos (una buena parte de los médicos son docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República). Esa calidad ha permitido bajar la tasa de mortalidad infantil de los prematuros (con peso menor a 2,5 quilogramos) a alrededor del 13 por ciento, habiendo arrancado en 1991 con el 38 por ciento. En cuanto a la idea de privatizar éste y otros servicios, los mismos lo están en parte debido a que muchos de los médicos son empresas unipersonales, por los cuales el MSP no aporta a la seguridad social ni tiene con ellos las obligaciones de aguinaldos, licencias por enfermedad y reglamentarias que corresponden a los funcionarios dependientes.
Sin embargo no siempre ha sido así. En 1998, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, el entonces ministro de Salud Pública, Raúl Bustos, dispuso -entre otras razones, por la presión de los médicos y del Banco de Previsión Social, bps- regularizar a todos los contratados, estableciendo un régimen de dependencia. Esta iniciativa fue modificada por Horacio Fernández Ameglio, quien le sucedió en el cargo hasta 2001, y los contratados volvieron al régimen de unipersonales.
Una medida transitoria de la actual autoridad sanitaria ha sido la contratación de cti privados, en atención a los problemas asistenciales que se han generado, particularmente en el Pereira Rossell. Lo peculiar de esta situación, según la versión oficial, es que revirtiendo la tendencia existente hasta el presente, la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos ofreció sus instalaciones a un costo operativo menor al público. Las cifras extraoficiales dicen de un precio de 200 dólares por cama y por día. Una explicación ensayada por fuentes mutuales es que se trataría de un "precio político", pues los números indican que el valor cama por día de un cti privado ronda los 800 dólares, entre otras razones porque las remuneraciones médicas son sensiblemente mayores en el ámbito mutual. No serían ajenas a este gesto, añadieron las fuentes, las crecientes dificultades de La Española para hacer frente a sus obligaciones y la necesidad de generar un "colchón" a nivel oficial que le permita sortear una situación que se vería sustancialmente agravada en los próximos meses.
El MSP, aun admitiendo que los costos pueden ser más elevados, ha justificado la contratación de privados, en lugar de cumplir con el convenio, en el diferimiento de pagos que se hace con el mutualismo. Han dicho que abonarán a seis meses y no al contado, como debería ocurrir si se cumpliera lo establecido en el compromiso firmado.
NÚMEROS CONTROVERTIDOS
Durante las 48 horas que durará la gestión de buenos oficios de la comisión parlamentaria, plazo que vencerá hoy, viernes, a las seis de la tarde, existe el compromiso de que no habrá declaraciones públicas de las partes y que sólo se referirá al tema el diputado Luis Gallo, presidente de ese órgano legislativo. Si bien algunos jerarcas ministeriales han afirmado que ciertos profesionales incentivados y contratados cobran 60 mil pesos mensuales, fuentes médicas aseguraron a BRECHA que los sueldos no superan los 15 mil pesos, alcanzando esa cifra una porcentaje menor de los 2.100 en conflicto. Esa remuneración en la mitad de los casos se compone del sueldo básico del MSP, alrededor de 2.500 pesos, y la compensación brindada por la Comisión 068 de asse. Los contratados reciben la totalidad del monto de la 068.
Los médicos han declarado que no se trata exclusivamente de un conflicto económico y reiteraron que no exigen cobrar un aumento equivalente al 100 por ciento del IPC. Sostienen que, por el contrario, existe un problema de relación con las autoridades, puesto de manifiesto en la unilateralidad de la rescisión del contrato y en el desconocimiento de quienes negociaron en su oportunidad. Según los facultativos se trató de un conflicto provocado, sin que todavía quede muy clara la intención de los jerarcas del MSP, salvo que el propósito sea la construcción de una operativa común tendiente a desconocer todos los convenios laborales firmados en el país. La particularidad, agregaron, es que la iniciativa la tomaron dos instituciones estatales: el MSP y la IMM. En el desarrollo de las acciones gremiales surgieron algunas dificultades expresadas en dos lecturas básicas: los que se consideraban despedidos y la de quienes entendían que la rescisión unilateral no tiene valor alguno, entre ellos el SMU. Ello motivó la no concurrencia inmediata de los primeros a sus puestos de trabajo, mientras los demás buscaban soluciones al tema. Pero la intransigencia del MSP, según los informantes, unificó posiciones.
Prueba de ello es la resolución de la asamblea del SMU del lunes 2, que en sus contenidos fundamentales "reafirma en todos sus términos los reclamos de que son legítimas las conquistas salariales obtenidas por el convenio, no aceptando rebaja salarial ni pérdida de fuentes de trabajo" y "declara todos los cargos en conflicto". Luego se pronuncia contra el desmantelamiento de los sistemas públicos, anuncia sanciones a los jerarcas médicos del MSP que ejerzan presiones para que se firmen los contratos ofrecidos por el ministerio. Tres decisiones más indican la gravedad del conflicto: la de pedir la renuncia del ministro de Salud Pública, el abogado Alfonso Varela, la de facultar al Comité Ejecutivo a decretar un paro general y la de considerar la posibilidad de la renuncia en masa a los cargos médicos presupuestados de la salud estatal. Por otro lado, la Junta Directiva del Centro de Asistencia del SMU (Casmu) emitió una declaración solidarizándose con los médicos en conflicto. En el texto se informa que la posibilidad de que los pacientes de los hospitales estatales se internen en sus instalaciones corresponde a sus obligaciones legales y no a un ofrecimiento destinado a sabotear la actitud de los "colegas del MSP".
En las gateras de un nuevo conflicto con el MSP se encuentran los profesionales de la salud mental, que incentivados o contratados por el Patronato del Psicópata se enfrentan a un tramo similar del convenio, en las próximas semanas. Otro tanto ocurrirá con los médicos del Interior, que el 28 de diciembre deben renovar sus contratos.
A estas horas se trabaja sobre una fórmula, consistente en reconocer la deuda generada entre agosto y noviembre (meses en que correspondía hacer el primer ajuste), firmar un nuevo contrato con un incremento del 15 por ciento y congelando los salarios durante todo el año 2003.
Esta propuesta es presentada por las distintas sociedades médicas, con el respaldo del SMU. La mediación está a cargo de la Comisión de Salud de la Cámara baja, que en la tarde de ayer, jueves, recibía una contrapropuesta del MSP para luego trasmitirla a los médicos. Según se supo al cierre de esta edición, el ministerio está dispuesto a reconocer una deuda de tres meses y medio, pero sobre la base de la igualación a futuro de las remuneraciones de todos los médicos. El plazo de la negociación vence hoy a las 18 horas.