Constituyen el 27 por ciento de todos los del país.
Según la Federación Colombiana de Municipios, se encuentran fuera de sus municipios desde que las FARC exigió la renuncia de todos los representantes del estado.
La mayoría de ellos despacha en oficinas 'de combate' montadas en las capitales; otros van a su pueblo y salen de acuerdo con las condiciones de seguridad.
El sábado venció el plazo para aprobar presupuestos municipales y afloró de nuevo el gran problema de muchos pueblos administrados a control remoto.
Algunos ejemplos de ello son: Los alcaldes de Suratá, Matanza, California, Tona, Charta, Vetas, Cerrito, Concepción y Carcasí nueve municipios de Santander tuvieron que armar, a punta de teléfono, mensajes en papelitos y razones con emisarios, los presupuestos de sus municipios para el 2003.
Lo hicieron en una reducida y húmeda oficina de la gobernación de ese departamento, donde están amontonados cinco viejos escritorios y ocho sillas.
Desde hace tres meses, Nelson Villamizar, la primera autoridad de Suratá, recibe casi todos los días en esa pequeña oficina a funcionarios con documentos que requieren su firma, como contratos menores y cuentas de cobro. En voz alta, él se queja de las grandes dificultades que implica gobernar de lejos, sobre todo cuando de finanzas se trata.
Pese a esto, así sacó adelante el presupuesto del próximo año. "Fue complicado que el Concejo me lo aprobara por más de 1.420 millones de pesos.
No pude estar en el pueblo para explicar cada cifra", dice él.
El alcalde de San Luis (Antioquia), Hernando Martínez, también elaboró el presupuesto a punta de teléfono desde tres oficinas que le prestan en Medellín. En su caso, todavía fue más difícil porque cuando el proyecto ya estaba listo, el Concejo no se pudo reunir por razones de seguridad, y le tocó a Martínez aprobarlo por decreto.
El caso más crítico de todos es el de Nariño, donde 46 alcaldes despachan desde Pasto. La mayoría quieren regresar a sus puestos pero no pueden porque en 21 de los municipios de donde salieron no hay policía, como ocurre actualmente en 163 poblados del país.
La crisis de gobernabilidad desatada a finales de junio cuando las Farc obligaron a renunciar a los alcaldes se mantiene pese a que al final del gobierno de Andrés Pastrana se creó la Comisión de Regulación y Reglamentación de Riesgos, adscrita al Ministerio del Interior Los concejales también han trecibido la orden de las FARC de abandonar su puesto.
Actualmente, 1.500 concejales están desplazados y permanecen fuera de sus municipios. Fabio Villa, presidente de Fenacon, dice que las regiones más peligrosas para ejercer son Caquetá, Putumayo, Huila, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Cauca, Meta y Guaviare.
Villa considera que las medidas del Gobierno Nacional no han resuelto su situación porque prestarle seguridad a un concejal es prácticamente imposible.
De acuerdo con Fenacon, en el Comité de Protección del Ministerio del Interior hay 1.029 solicitudes de concejales que piden apoyo, pero el programa escasamente ha logrado resolver el 20 por ciento de los casos que llegan.