La declaratoria de la zona de rehabilitación ha conllevado un aumento de las violaciones de los derechos humanos en el departamento de Arauca, dice Enrique Pertuz, presidente regional del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos Por Dick Emanuelsson Arauquita (Arauca).- "La situación en el departamento es preocupante y tiende a agravarse", dice Enrique Pertuz, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Arauca. Su relato es impactante.
Porque en los primeros diez meses del año han sido asesinadas selectivamente 420 personas; 43 están desaparecidas. El 90 por ciento son civiles y de estos crímenes el 95 por ciento queda en la impunidad, según Pertuz.
Con la llegada del paramilitarismo, también crecieron las violaciones de los derechos humanos. A lo anterior se suma el Decreto 2002, dictado al amparo de la Conmoción Interior, mediante el cual se establecieron las "zonas de rehabilitación", que en realidad son teatros de guerra.
Después de 30 días de haber creado estas zonas las consecuencias las está sufriendo la población civil y así está demostrado en los hechos. En Arauquita, por ejemplo, se han realizado numerosos allanamientos y detenciones masivas. Unos días antes de mi llegada al municipio, fueron detenidas 156 personas en la localidad del Oasis por parte del Ejército.
Después de saquear sus viviendas, fueron encerrados en un galpón de 10x10 metros. De las 156 personas, 18 fueron seleccionadas y judicializadas como supuestos auxiliadores de la guerrilla o señalados de ser milicianos.
Pasados cinco días, la Fiscalía tuvo que dejarlos en libertad, porque no encontró pruebas, documentos ni méritos que justificaran la detención o demostraran su vinculación con grupos insurgentes como decían los militares.
Una situación similar ocurrió 24 horas después en El Triunfo, donde el Ejército detuvo un centenar de personas, con los mismos argumentos que los capturados del Oasis. En los allanamientos y detenciones, el Ejército está utilizando personas encapuchadas y sujetos comprometidos con crímenes de lesa humanidad, según denuncia del Comité de los Derechos Humanos.
"En El Triunfo apareció señalando a varios de los detenidos, un individuo que se llama Metales Santana, quien está acusado por testigos de haber participando anteriormente en una masacre en esta localidad", denuncia Pertuz. "Aquí fue degollada toda una familia, incluyendo niños y adultos, con participación de este señor. Tenemos conocimiento que él vive en las instalaciones de la XVIII Brigada y el Ejército lo está utilizando como informante. Así se lo hicimos saber a la Fiscalía y aunque ésta nos dijo que está detenido, hay testigos que aseguran que no es así, que vive en la Brigada, actúa como informante y señalador de oficio", dice Pertuz. Pero la situación no termina ahí. A lo anterior se suman los censos que están realizando en los cascos urbanos, más el bloqueo de alimentos, insumos y combustible en la parte rural, porque acusan a los campesinos de estar ayudando a la guerrilla.
El Presidente del Comité de los Derechos Humanos está preocupado por esa situación, ya que el 70 por ciento de la población vive en la zona rural.
Las palabras del ministro del interior y de justicia, Fernando Londoño, en el sentido de que el decreto 2002 es para "proteger a la población civil y los derechos humanos", no las cree Enrique Pertuz. Para él los hechos en el departamento del Arauca muestran que no es así. Estas medidas son utilizadas contra la población civil. Las detenciones, allanamientos y los censos, son todos dirigidos contra la ésta. "El Gobierno para justificar los enormes gastos militares, acusa a toda persona que es detenida bajo cualquier pretexto de ser guerrillero", asegura Pertuz.
"A mediados de octubre se reunió en Washington la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, donde las ONG demostraron que el Decreto 2002 y las zonas de rehabilitación, no han servido para controlar los altos índices de criminalidad o de violaciones de los derechos fundamentales", observa el dirigente. "Es todo los contrario", acota Enrique Pertuz.
Terror en Saravena El 12 de noviembre pasado el municipio de Saravena, en las sabanas de Arauca, amaneció tomado totalmente por las unidades de la XVII Brigada.
Procedieron a encerrar a cinco mil personas para averiguarles los antecedentes. Al final de la jornada detuvieron a un centenar, dizque por sospecha de ser milicianos o guerrilleros. "Fue un espectáculo fascista, que lo podría envidiar el director de cualquier película de los atropellos nazis en la Segunda Guerra Mundial", declaró un profesor de la localidad.
Desde cuando quedó incluida en la zona de rehabilitación, en Saravea se han presentado allanamientos y detenciones a granel. Casi ninguna casa se salvó de ser revisada por los uniformados. El Ejército asegura que ha realizado 208 "allanamientos voluntarios", es decir, consentidos por los dueños de la casa. Lo que no se sabe es que ocurriría si se negaran a dar el permiso. Es la manera de eludir la arbitrariedad de hacer estas diligencias sin la orden judicial de autoridad competente. A la familia entera la censan y le toman una fotografía que queda en los archivos de la XVIII Brigada. "Estas zonas de rehabilitación se han convertido en campos de concentración", dijo un habitante. "Estamos presos en nuestra propia casa", anotó otro.
En una crónica del periodista Dick Emanuelsson revela que vio en Saravena un camión del Ejército repleto de niños, lo cual se lo comentó a la personera del municipio, Liliana Santana, quien le dijo que investigaría al respecto.
Es evidente que esta situación coloca en peligro a los niños, pues son colocados casi como escudos humanos. En Arauquita, revela también el periodista, los niños son utilizados como espías e informantes del Ejército.
Según la crónica de Emanuelsson, la rectora del colegio, la hermana Fania, una monja, reunió a todos los niños y les prohibió ir a la estación de policía a recibir caramelos o dinero a cambio de información. En esa reunión, varios niños dieron testimonios de que la policía les había ofrecido ropa nueva en el caso de que proporcionaran buena información.
Después, el teniente de la Policía llamó a la rectora y la ultrajó, subió la voz e incluso la trató de guerrillera.