Como todos sabemos, la corriente política que apoya al presidente Chávez diseñó e incluyó en el texto constitucional vigente, la figura de los referendos revocatorios, como mecanismos que no permitan más el tener que "calarnos" gobiernos corruptos incompetentes y -sobre todo- que actúan en favor de intereses extraños y extra-territoriales. La mayor paradoja que vivimos hoy día, descansa en que a pesar de que las mayorías se imponen en las democracias, una minoría pretende imponer sus criterios, utilizando el escenario mediático para engañar a los menos despabilados, sin importarle mucho la instrumentación legal existente que permite intuir la presencia de un Estado de Derecho.
El último gran engaño consiste en alimentar a un grupo importante de la población venezolana (importante y con poder mediático para pretender imponer criterios por la fuerza, pero minoritario) con la esperanza caprichosa de desplazar de su cargo al presidente de la República, a través de un referendum consultivo y no- revocatorio, que con lo único que "cuadra" es con la escalada de caos que se le quiere aplicar irresponsablemente al país.
El tipo de referendum que están convocando (enmarcado en el artículo 71) no es el específico que la Ley (La Constitución) contempla para revocar mandatos (ubicado en el Artículo 72), y que por tratar una materia de tan grande responsabilidad, no debe tener -como de hecho no los tiene- requerimientos de fácil acceso, porque ello iría en contra -precisamente- de lo que "quieren enmendar" y que, según el criterio de algunos voceros de la oposición no existe en nuestro país, como lo es ese "valor" (virtual o real) tan manoseado verbalmente, que sirve para desarrollar la democracia y sus gobiernos en cualquier parte del mundo, llamado "gobernabilidad".
Las diferencias son claras: La consulta popular se hace a través de un referéndum genérico y pudiera contemplar indagaciones sobre materias de interés nacional, general. La revocatoria del mandato de un funcionario electo popularmente (sea quien sea), debe hacerse a través de un referéndum específico, contemplado en el artículo 72 de la Constitución. Por ello se establecen diferencias, no solamente entre el número de inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP), necesario para solicitarlo, que es del 10 % de los inscritos para el consultivo, y el doble, 20 % de los inscritos, para el revocatorio, sino que incluso establece diferencias importantes en el número de personas -igualmente inscritas en el REP- que se necesitan tanto para participar en el evento y, por tanto darle validez, en tanto en cuanto se hace una consulta popular, o se revoca o no el mandato de cualquier funcionario, incluido el presidente de la República. De lo contrario, lo que se obtendría de una acción como la pretendida, es crearle mayores problemas a la gobernabilidad, que es la subjetividad de la cual parten ... porque a la vista de los gobiernos que hemos tenido, la mayor diferencia que existe ahora en cuanto a participación popular, frente a los anteriores, es que hoy existe la posibilidad legal, constitucional, de revocar el mandato presidencial antes de tiempo, pero "no tan antes" como se pretende, porque en la Carta Magna están los lapsos para ello. Y lo otro es que los argumentos de la oposición descansan en que no se gobierna como sus voceros quieren. Pero ¡habráse visto! Si el gobierno gobernase como quieren sus opositores, entonces ¿para qué tanto esfuerzo y tiempo dedicado a ganar unas elecciones para acceder al poder? ¿Para gobernar como lo hubiese hecho la oposición? Con empeñarse en imponer una trampa con la que quieren llevar a una confrontación a una parte importante de la población, van a traernos -de la manera más irresponsable- un caos mayor del creado (y magnificado) por la televisión. Porque si a un presidente con carisma, liderazgo probado, apoyo popular mayoritario, quieren desplazarlo arbitrariamente con un mecanismo a todas luces ilegal y aparentemente "facilón", cuando no se ha cumplido ni la mitad del tiempo de su mandato, ¿Qué le podrá pasar a quien venga, a quien lo suceda? En primer término, que difícilmente va a alcanzar en unos supuestos comicios el 60 % del electorado votante, como sí lo logró Chávez. Y entonces, ¿Cuánto tiempo va a dar la pugnacidad política, que se inauguró y se instauró con el padrinazgo de los medios, para que el nuevo conductor "arregle" los miles y miles de problemas que arrastra el país? Y a fin de cuentas, ¿engañan o no, cuando en nombre de la gobernabilidad propician un mecanismo inconstitucional que, de asentarse como precedente histórico, vendría a vulnerarla aún más? La irresponsabilidad juega su tiempo. Y el pueblo dirá la última palabra.
Latinoamérica
