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El diputado oficialista Daniel García Pintos (Fuerza Nueva Colorada) presentó ayer un proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad), que propone convertirla en una ley de amnistía general e irrestricta para todos los violadores de los derechos humanos, sean éstos militares, policías o civiles.
La ley del ex militante de la parapolicial y fascista Juventud Uruguaya de Pie (JUP) de los años '70, está hecha explícitamente a medida para detener las causas que se le siguen actualmente al ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco (quien está siendo procesado con prisión) y al ex dictador Juan María Bordaberry.
El proyecto de García Pintos establece que "quedarán comprendidas en esta amnistía incluso aquellas conductas que pudieran calificarse como infracciones a la Constitución de la República y cuya competencia privativa corresponde a la Suprema Corte de Justicia," y que "las cláusulas de los tratados internacionales que haya firmado o firme en el futuro la República, referentes a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad serán de aplicación solamente para los hechos futuros, y que los jueces archivarán de oficio y sin otro requisito los expedientes en trámite".
Según el legislador, la Ley de Caducidad "dejó algunas fisuras que hoy están permitiendo que haya denuncias contra civiles y militares, incluso por hechos anteriores al año 1973."