Secuelas del conflicto municipal
Riñas y disputas

En términos formales, el conflicto entre el municipio de Montevideo y sus funcionarios se sustancia por la vía judicial. En términos políticos, sin embargo, las derivaciones del conflicto en la izquierda son profundas y apenas manifiestas.

Nelson Cesin

Las secuelas del violento conflicto entre la Intendencia de Montevideo (imm) y el gremio de sus funcionarios (adeom), que ahora transita por la vía de las demandas judiciales, empiezan a percibirse de un modo descarnado en los balances y acciones de sus protagonistas: la izquierda partidaria y la sindical. El quiebre de lealtades políticas y principios ideológicos que supuso el enfrentamiento ha dejado heridas profundas en el conjunto de la izquierda, heridas que habrán de acentuar sus contradicciones y que desde ya se manifiestan en el distanciamiento del histórico matrimonio entre el Frente Amplio (FA) y las "fuerzas del campo popular". El gabinete municipal impuso durante el conflicto un "modelo de gobierno" en tiempos de crisis resistido por varios sectores de peso dentro del FA, quienes observaron el conflicto desde la vereda de enfrente de la administración comunal que integran, pero que en muchos de sus aspectos puede asimilarse a un ensayo general del "modelo" que "inevitablemente" la izquierda impondrá desde un gobierno nacional también sumergido en épocas de profunda crisis. Ese es el gran dato que subyace en las múltiples controversias en curso, pero que ninguno de los sectores del FA parece dispuesto a plantear en esos términos.
LA GUERRA POR OTROS MEDIOS. Una vez que la imm resolvió denunciar el convenio salarial porque sabía que no lo podía pagar, y adeom levantar la huelga porque sabía que no la podía sostener, el conflicto abandonó los titulares de la prensa y pasó a dirimirse en una escala más doméstica, pero igualmente problemática para sus agonistas. La comuna denunció el convenio tras invocar que los graves incidentes durante la huelga habían provocado el "incumplimiento de las cláusulas de relacionamiento" previstas en el acuerdo, aunque la razón de fondo de esa denuncia fue la imposibilidad de cumplir con los términos salariales del convenio, que establecían un aumento por el 100 por ciento del ipc hasta el año 2005. Los representantes legales de Adeom (entre quienes se encuentra el catedrático en derecho laboral Helios Sarthou, ex senador frenteamplista y principal dirigente de la Corriente de Izquierda, integrante del FA), sin embargo, contradijeron la tesis jurídica de la imm por entender, entre otras razones, que ninguna dificultad económica puede "extinguir el crédito del acreedor" y que "un negocio bilateral no puede quedar al arbitrio de lo que considere legítimo u oportuno uno de los contratantes". Los abogados de adeom, a su vez, se aprestan a presentar una demanda civil contra la comuna por su decisión de incumplir con el convenio.
Al margen de sus términos jurídicos, el estado actual del conflicto no representa precisamente una victoria para ninguna de las partes. A las autoridades comunales, que ganaron la batalla en el terreno de la opinión pública, ahora les espera la complejísima tarea de introducir una impostergable reestructura en diferentes servicios municipales, como el de la limpieza, con un sindicato resentido, aún en pie de guerra, y con un FA cuyas principales fuerzas guardan severos reparos con respecto a la conducta de su gobierno municipal. Por el lado de adeom, el panorama parece aun más desastroso. Después de sus violentos desencuentros internos, el gremio no sólo carece de conducción, también de acuerdos mínimos para entablar una negociación consistente con la imm y aun para acordar medidas de lucha entre los distintos intereses que representan sus comités de base. El gremio, por ejemplo, tuvo que dar marcha atrás en su decisión de cortar las horas extra y suprimir el cobro de viáticos, para impedir que los trabajadores afectados por esas medidas (los inspectores de tránsito, los del Servicio de Inspección General y los funcionarios de Alumbrado) siguieran empeñados en reclamar la renuncia de todos los integrantes del ejecutivo de adeom.
El gremio municipal, sin embargo, parece haber compensado sus extremas debilidades con el espaldarazo que obtuvo del PIT-CNT en sus demandas básicas. Las relaciones entre adeom y la central de trabajadores durante el conflicto, turbulentas y cargadas de reproches mutuos, no impidieron que el secretariado ejecutivo del PIT-CNT amenazara con denunciar a la imm ante la Organización Internacional del Trabajo (oit) por el incumplimiento del convenio, como tampoco impidieron que connotados dirigentes sindicales dispararan munición gruesa contra el gabinete municipal. Según el comunista Juan Castillo, secretario de organización del PIT-CNT, hay una "unánime preocupación por las actitudes de la Intendencia, que hasta ahora no ha hecho otra cosa que pegarle al sindicato. No se concibe, ya sea desde una concepción de militante sindical o de izquierda, que para ganar un conflicto una fuerza política tenga que matar a los trabajadores" (Búsqueda, jueves 21). "No es bueno que la comuna salga comparando los costos de la recolección de residuos de la Intendencia con los de la empresa Sur, cuando es seguro que la privatización tiene un costo social más alto", matizó Luis Puig, también integrante de la dirección del PIT-CNT (El Observador, jueves 21). En todo caso, la central sindical hizo suyo el reclamo de adeom de que se cumpla el convenio firmado y de que la imm negocie con los trabajadores la reestructura planteada en servicios como el de limpieza. Este espaldarazo al gremio municipal puede responder a distintas motivaciones, entre las que acaso se encuentre la solidaridad e independencia de clase, pero también obedece a la posición que las fuerzas del FA, sobre todo aquellas de fuerte peso sindical como el Partido Comunista (pcu), adoptaron ante el conflicto.
TORRE DE BABEL. En efecto, el balance que traza el pcu a propósito del conflicto lo ubica nítidamente como una fuerza escorada sobre los intereses sindicales y en evidente oposición a la conducta del gobierno municipal, que algunos de sus dirigentes integran. En la demoledora visión de los comunistas, la denuncia del convenio por parte de la imm supone "violar los derechos de los trabajadores y el relacionamiento con ellos marcado en el documento 6 del FA" y "atacar el compromiso político, el programa, los congresos del FA, el estatuto, la unidad y la fraternidad frenteamplistas", por todo lo cual el pcu "rechaza la denuncia unilateral del convenio y los métodos empleados" por la administración comunal (véase BRECHA, 22-XI-02, página 13). Después de conocer la virulencia de esta declaración, varios dirigentes del FA se han preguntado por lo bajo qué harán los representantes comunistas en el gobierno municipal (como Ana Olivera, directora de una de las divisiones del Departamento de Descentralización, Calisto González, presidente de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, y al menos tres de los 18 secretarios de las juntas locales), aunque, por lo alto, ninguno de ellos se aventure a sugerir una respuesta.
El problema es que, de una u otra forma, el grueso de la dirigencia del FA coincide, siempre por lo bajo, en que la coalición de izquierda encaró el conflicto con una suerte de esquizofrenia política, demostrando una peculiar disociación para cuestionar y mantenerse al margen de la conducta de la imm, pero a la vez integrar e incidir en el gobierno municipal.
Esa disociación, en realidad, no es patrimonio exclusivo de los comunistas. También el Movimiento de Participación Popular (MPP), la fuerza más votada del FA, mostró problemas similares al momento de resolver su ubicación en el conflicto. El MPP, que tuvo representantes a un lado y otro del mostrador, atribuye al gabinete municipal la "mayor responsabilidad en la elección del escenario y la forma de discusión", aunque también critica ciertos aspectos de la conducta sindical. La conclusión de su balance, curiosamente, tiene la visión de un actor ajeno al conflicto: "La mala conducción sindical estuvo a la altura de los errores del gabinete comunal y, entre ambos, introdujeron al conjunto de los trabajadores en una lógica perversa que llevó a un conflicto lamentablemente iniciado, lamentablemente desarrollado y lamentablemente terminado", indica el documento emepepista, exonerando al FA de responsabilidades en el conflicto.
El Partido Socialista (PS) quizá sea el sector con mayores dificultades para establecer una ubicación equidistante en el conflicto, debido a que dos de sus directores (Ernesto de los Campos, que además es primer suplente del intendente Mariano Arana, y Hyara Rodríguez, directora del Departamento de Recursos Humanos) ocuparon un lugar de relevancia en las acciones y decisiones del gabinete municipal. Tal vez por eso el balance de la Departamental de Montevideo del PS dedicó gran parte de su análisis a la conducta de los otros sectores del FA, en clave de cuestionamiento, pero sin esbozar una autocrítica de la propia. A juicio del PS, la izquierda "no sólo no supo evitar un conflicto entre actores políticos y sociales del campo popular", sino que se mostró "incapaz, incluso al día de hoy, de conjuntar esfuerzos en el marco de una estrategia definida por el EP-FA, el PIT-CNT y el Diálogo Social contra los responsables de la brutal crisis económica y social que padece nuestro pueblo".
Así las cosas, algunos dirigentes de los sectores más apegados a la conducta de la imm (como Asamblea Uruguay y la Vertiente Artiguista, el sector del intendente Arana) sostienen que la comuna demostró en este conflicto una "notable capacidad de gobierno" en momentos críticos, y que esto contribuyó a reforzar, por la vía de los hechos, la "cultura de gobierno" en la izquierda. Lo que otros se preguntan, en función de las enseñanzas que dejó el conflicto, es cuán diferente será esa cultura de gobierno de la promovida por blancos y colorados.