Los Familiares de Asesinados por Motivos Políticos en Uruguay dijeron confiar en que la Suprema Corte de Justicia condenará al ex presidente Juan María Bordaberry (1972-76), a quien denunciaron por el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 que inició 12 años de dictadura militar.
"No tengo ninguna duda que será condenado y el pueblo va a festejar", declaró este miércoles a la AFP Lille Caruso, vocera de la Comisión de Familiares de Asesinados por Motivos Políticos, después que en la víspera acusaron al ex dictador ante el máximo órgano de la justicia uruguaya.
Bordaberry, 74 años, se expone a una pena de 10 a 30 años de prisión, "la máxima condena prevista en el país (...) porque el golpe se considera como un crimen contra la patria y el golpista un reo de lesa nación", explicó a la AFP el abogado patrocinante, Walter de León.
Si la demanda se encamina, será la primera vez que alguien sea enjuiciado en Uruguay por su responsabilidad en un golpe de Estado, después que en los ultimos 100 años se produjeron dos interrupciones de la normalidad institucional, en 1934 y en 1942.
Según las normas del proceso, la Corte debe declarar primero, sin plazo, la admisibilidad del proceso, en caso afirmativo después debe darle vista de la denuncia al Fiscal General, y finalmente iniciar un juicio público contra Bordaberry, según explicó De León.
Bordaberry fue electo en noviembre de 1971 en un Uruguay sumergido en la violencia social y política. Apoyado por las Fuerzas Armadas, disolvió el congreso el 27 de junio de 1973 y prohibió las actividades políticas.
En 1976, las Fuerzas Aarmadas le quitaron su respaldo, fue forzado a renunciar y designaron en su lugar a otro civil.
Esta denuncia es la segunda presentada este año contra Bordaberry por delitos cometidos durante su mandato.
La primera fue en julio, cuando el juez penal Rolando Vomero aceptó reabrir el asesinato en abril de 1972 de ocho militantes comunistas por fuerzas policiales e inició "una muy importante investigación", según De León.
Los ejecutores de la masacre fueron identificados y son centro de la inveatigación de Vomero, que estudia la autoría mediata (o intelectual) de Bordaberry.
Las acusaciones están excluidas de la ley que en 1986 amnistió a militares y policias acusados de las violaciones a los derechos humanos cometidas hasta el fin de la dictadura en 1985 y no han prescripto porque "hay interupción de la prescripción durante la dictadura", explicó Vomero.
Un mes atrás, el ex canciller de la dictadura uruguaya Juan Carlos Blanco, designado por Bordaberry, fue encarcelado por coautoría de privación de libertad de la maestra Elena Quinteros, uno de los casos más sonados de desaparición de disidentes del régimen militar.
"Tenemos que hacer una cruzada por la democracia, debemos airear el clima del país", anticipó Caruso, que no dudó que con sus denuncia asumía la representación de todo el pueblo uruguayo, pese al escaso apoyo de los sectores políticos.
La denunciante, que recolectó más de 1.500 firmas para presentar la acusación ante la Suprema Corte, destacó no obstante el apoyo de la central única sindical del PIT-CNT, del Partido Comunista, integrante de la coalición de izquierda Frente Amplio, y del Nuevo Espacio (centroizquierda).
[Fuente: France Press, Montevideo, Ury, 20nov02]

El pasado martes, dos periodistas del periódico "El Amanecer" de la ciudad de Durazno, pretendieron entrevistar al ex dictador Juan María Bordaberry cuando salía de la sucursal local del Banco de la República Oriental del Uruguay. Intentaban recabar la opinión del iniciador de la dictadura cívico militar que asoló el país entre 1973 y 1985 sobre la denuncia por violación a la Constitución presentada contra él el pasado lunes. Bordaberry fue escueto y muy ordinario en sus declaraciones, con aires de "patrón de pastoreo" les dijo: "Ustedes dos se me van a la mierda...
Según relató el periodista del matutino duraznense Alejandro Arrúa, "el insuceso (sic) se registró sobre las 17 y 15 horas en la acera de la sucursal local de Durazno del Banco República, lugar del que Bordaberry salía después de realizar algunos trámites. El inesperado exabrupto de Bordaberry, típico de los oscuros años que viviera el país en la década del 70 y no de la democracia que reina en la actualidad, cortó de raíz todo intento de obtener comentarios del ex presidente respecto a la denuncia presentada judicialmente por ciudadanos uruguayos que lo catalogan como el gran responsable de la ruptura institucional.
Bordaberry es propietario de dos importantes establecimientos agropecuarios (El Paraíso y El Baqueano) en las cercanías de la ciudad de Carlos Reyles, unos 40 km al norte de la ciudad de Durazno, casi en el centro geográfico del país. A pesar de continuar con la cría de ganados vacunos de alta calidad, generalmente premiados todos los años en la Exposición Anual de la Asociación Rural, desde que abandonó el sillón presidencial, el dictador cobra una jugosa jubilación como "Patrón de Pastoreo." Entrevistado frecuentemente en los últimos tiempos por algunos periodistas a los que parece interesarles la opinión del principal responsable de la dictadura cívico-militar, Bordaberry manifiesta siempre seguir pensando igual que en 1973, desconocer todo lo referente a desapariciones y asesinatos, y -en definitiva- no estar arrepentido de nada de lo que hizo.
El pasado lunes, la Asociación de Familiares de Asesinados Políticos presentó ante la Suprema Corte de Justicia una denuncia contra él, por atentado a la Constitución, por disolver el Parlamento el 27 de Junio de 1973, sustituyéndolo por un inconstitucional "Consejo de Estado," iniciando así el reinado del terrorismo del Estado que causó el sufrimiento, el exilio y la muerte a multitud de uruguayos. El escrito fue refrendado con la firma de miles de ciudadanos y fue presentado por los abogados Walter De León y Hebe Martínez Burlé.
De León sintetizó así el proceder de Bordaberry: "Disolvió las Cámaras, nombró entre sus amigos un Consejo de Estado, nombró los jueces, suspendió la Constitución, la tiró al tacho y se violaron todos los derechos humanos. Cuando decimos que se violaron los derechos humanos, es lo que siempre reiteramos de los asesinados, los desaparecidos, los torturados, los exiliados, los gremialistas perseguidos; pero también una deuda externa que estaba en 564 millones de dólares y pasó a 4.900.
Se multiplicó por 10 cuando el promedio en América Latina fue por 5 y de eso no sabemos nada, de donde están los 4.500 millones que desaparecieron en ese período, nunca hubo un control.
Interrogado por el diario "La República" acerca de los motivos por los que la denuncia fue presentada recién ahora, De León respondió que en el proceso de reinstitucionalización del país se han venido viviendo distintas etapas, y que ahora ha llegado el tiempo de demostrar a nuestros hijos que todos somos iguales ante la ley: "Ese es el examen que damos hoy, si somos todos iguales ante la ley, o hay problemas de apellidos, de fortunas, de cargos (...) el propio presidente Batlle creó la Comisión para la Paz no en el 89, el 95, o el 99, sino en el 2000.
Por su parte, el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio), dijo que "Nosotros no creemos que haya nada que se pueda hacer fuera de las normas y de la ley. Pero naturalmente, en el país ocurrieron muchas cosas, y Bordaberry violó la Constitución y la ley, si la justicia entiende que Bordaberry violó la Constitución, tendrá que pagar por ello.
La denuncia contra el ex dictador se suma al procesamiento con prisión al que está siendo sometido su canciller de entonces, el ex senador del Partido Colorado Juan Carlos Blanco, quién días pasados cumplió su primer mes en la Cárcel Central. A Blanco se le acusa de complicidad en el asesinato de la maestra Elena Quinteros, secuestrada por los militares en 1976, y vuelta a secuestrar de los jardines de la Embajada de Venezuela cuando embaucó a sus captores anunciándoles un inexistente contacto con otro militante del Partido por la Victoria del Pueblo para intentar escapar. Desde entonces no se sabe nada de ella, se presume que fue asesinada por los militares, pero formalmente continúa desaparecida.
En su carácter de civiles, tanto Blanco como Bordaberry no están amparados por la Ley de Impunidad que impide juzgar a los policías y los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura.
[Fuente: Andrés Capelán para el Equipo Nizkor, Comcosur, Montevideo, Ury, 21nov02] ---------------------------------------------------------------------- iii) "PARA NOSOTROS LA COMISION DE LA VERDAD NO DEBE CERRAR UN CAPITULO, SINO MANTENER ABIERTO EL LIBRO".
La historia de los Familiares de Uruguayos Desaparecidos es la historia de la búsqueda. Los buscamos a ellos. A nuestros familiares. Golpeamos las puertas de los cuarteles, realizamos habeas córpus, inundamos las oficinas del Estado con cartas enviadas por nosotros mismos o por las instituciones de derechos humanos que se solidarizaron con nosotros. Fue importante el aporte e algunos sectores de la Iglesia, comprometidos con la defensa de los derechos humanos. También las organizaciones sociales, sindicales, cooperativas y en algunos casos las políticas jugaron un rol destacable.
A veces los solidarios fueron los países, como Venezuela que interrumpió las relaciones diplomáticas con Uruguay o Suecia que generosamente se brindaba para solicitar información sobre cada uno de nuestros familiares. Hurgando en el mundo de las relaciones internacionales aprendimos a quien recurrir. Gritamos vivos los llevaron vivos los queremos , donde están , Juicio y castigo a los culpables , Verdad y justicia y ese grito tuvo eco entre los uruguayos que tomaron las calles. A través de todos estos años, nuestras consignas fueron cambiando, adaptándose a los momentos históricos.
Hubo momentos muy duros de descreimiento y soledad como los vividos luego del plebiscito de la Ley de Caducidad y cuando surgía una nueva propuesta sobre por donde seguir, otra vez aparecía esa sensación de deuda con nuestro familiar, que nos impulsaba a recorrer nuevos caminos.
Pero hubo una constante en todos estos años de lucha: la búsqueda del NUNCA MAS. No queremos que se vuelvan a repetir esos crímenes. Esa determinación ha sido un punto de encuentro entre las distintas corrientes de opinión existentes en la lucha por los derechos humanos.
Se ha polemizado mucho sobre cómo lograrlo pero cuando nos convocamos a éste taller a intercambiar sobre ¿Qué democracia queremos construir? estamos hablando de cómo construir una sociedad donde no se violen los derechos humanos y estamos hablando sobre qué hacer con nuestro pasado.
Haciendo nuestras las palabras de Alain Touraine decimos Muchos han pensado, de buena o mala fe, que había que olvidar los conflictos del pasado para construir un nuevo futuro. Y así se ha opuesto el pasado al porvenir. Es un error. Un país o un individuo que no es capaz de enfrentar su pasado tampoco puede enfrentar su futuro. No es posible construir la democracia sin entender la razón de ser y el funcionamiento de las dictaduras .
Durante la dictadura el Estado uruguayo practicó la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales de uruguayos y extranjeros dentro y fuera de fronteras. La discriminación de la ciudadanía categorizándola por posiciones políticas; las prisiones sin el debido proceso; las condiciones inhumanas de detención, los rehenes; el asesinato; la tortura masiva y la desaparición forzada fueron todos crímenes cometidos por el Estado. Esta política era coordinada y contaba con la cooperación represiva de las dictaduras vecinas, a través del llamado Plan Cóndor.
El terrorismo practicado desde el Estado era una pieza clave para el mantenimiento del poder. Intentaron impregnar de miedo todas las relaciones sociales y políticas. El miedo y el ocultamiento de los crímenes tejían la red de impunidad que se establecería luego jaqueando la democracia.
Con la democracia y la vigencia del Estado de Derecho, se repararon o se intentó reparar, algunas de las violaciones que se habían cometido durante la dictadura como por ejem. las destituciones. En el caso de la desaparición forzada se constituyó una Comisión Investigadora en la Cámara de Representantes en 1985. La comisión recibió denuncias y testimonios, pero no hubo un proceso de investigación y seguimiento posterior.
En diciembre de 1986 se aprueba por parte de los partidos tradicionales la vergonzosa Ley de Impunidad que provoca la convocatoria por parte de Familiares a luchar por derogarla en un Referéndum Nacional. La conformación de una comisión por el más amplio espectro social y político alentó las esperanzas de poder socavar la impunidad de los violadores de los derechos humanos. La política de terror implementada desde el gobierno y sus aliados, la censura aplicada a nuestra publicidad, especialmente al pedido de ayuda de Sara para encontrar a su hijo, dieron sus frutos. Los defensores de la Ley de Caducidad dieron el tema como resuelto.
Comenzó un tiempo de angustia para los familiares, de frustración para los sectores de la sociedad que habían volcado sus energías buscando la consolidación de la democracia y de incumplimiento por parte del nuestro país de las obligaciones contraídas a nivel internacional. La Convención sobre la tortura, ratificada en diciembre de 1985, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, ratificada en 1995, y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, aprobada en junio de 2001 son algunas de ellas. Se incumplió también el Art. 4 de la misma Ley de Caducidad que obligaba al Estado a investigar.
Luego de tres presidentes se crea la Comisión para la Paz, como respuesta a las demandas de los familiares y a una sociedad que eligió los 20 de mayo para expresar en el silencio su exigencia de dignidad.
Esta decisión presidencial fue un paso hacia la revisión de la verdad oficial. Pero esta comisión para la paz no es la que Familiares quería.
Las comisiones para la Verdad han sido, muchas veces, el primer paso hacia el amparo de los derechos de las víctimas: el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. También pusieron en cuestión la lógica del olvido impulsada por los sectores dominantes. La comisión por la verdad uruguaya, llegaba tarde a sumarse a una lista de comisiones de la verdad que con distintas características se habían instalado en otros países. La Comisión Sábato en Argentina, la Comisión de Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos en Uganda en 1986, la Comisión Rettig en Chile, la Comisión de Verdad y Reconciliación en Africa del Sur, en Alemania, en El Salvador, en Ruanda, Haití y Guatemala, entre otras. Todas como respuesta a las exigencias de las víctimas y todas con el objetivo de investigar el pasado, recuperando así la verdad histórica rescatándola del olvido para la memoria de los pueblos. Muchas de ellas han podido acceder a los archivos del terror. Para nosotros ésta sigue siendo una asignatura pendiente. Las recomendaciones de estas comisiones, en algunos casos han sido de tal relevancia que reformaron la institucionalidad del país como en el caso de El Salvador. Las comisiones para la Verdad caminan en contra de la impunidad pero no garantizan la justicia.
En el caso de la Comisión para la Paz, el Presidente prometió llegar a la verdad posible, no se comprometió a investigar sino a averiguar.
Estableció a priori que se preservaría el anonimato de los culpables y que no se conformarían archivos de las declaraciones recibidas ni se conminaría a los responsables de los crímenes de lesa humanidad o testigos de los mismos a declarar. Por el contrario los responsables fueron ascendidos en honor a sus Méritos .
Sin embargo entendimos y entendemos que el hecho de que se publicara un informe oficial condenatorio y en el que estuvieran claramente explicitados las responsabilidades del Estado sobre las violaciones de los derechos humanos realizadas en el pasado, habilitando a su rechazo público, actuaría en contra de la reproducción de ese pasado, y nos acercaría al NUNCA MAS.
Para nosotros la Comisión por la Paz no debe cerrar un capítulo sino que debe mantener abierto el libro, el libro de la verdadera historia del pueblo uruguayo. Hemos contribuido a extender sus resultados aportando información y trabajo, pero también les hemos expresado nuestras aspiraciones.
En ese sentido aspiramos a que el Informe Final de la Comisión y sus recomendaciones incluyan: - una noción integral de reparación acorde a lo que establece el derecho internacional.
- cualquier reparación comienza con la verdad de los hechos. una verdad que siente las bases de la rectificación de las instancias oficiales involucradas directamente en las violaciones a los derechos humanos y para la prevención de acciones similares en el futuro.
- en el caso de los niños víctimas de desaparición forzada se debe restituir su identidad - en el caso de las personas víctimas de desaparición forzada, no sólo se debe reconocer públicamente su condición de desaparecido sino a este hecho como uno de los peores crímenes de terrorismo de Estado sin ninguna justificación posible - se les debe devolver su dignidad reivindicando su condición humana y ciudadana.
- En cuanto al tema de los restos entendemos que éstos deben ser entregados a sus familiares. y en caso de no estar los mismos el Estado debe comprometerse a seguir investigando .En ese sentido y como lo expresamos en nuestro comunicado de prensa subrayamos la diferencia entre muerte presunta y muerte comprobada , para nosotros la muerte no se declara.
- Se debe hacer justicia con las víctimas, declarando la inexcusabilidad del crimen y estableciendo la responsabilidad del Estado.
- El Poder Ejecutivo debe cooperar en vez de obstaculizar, en lo nacional e internacional, en todos los casos vinculados a la violación de derechos humanos .
- Se debe reconocer la condición de víctima de la familia directa del detenido- desaparecido y reconocer la dignidad de las personas que lucharon contra el crimen de desaparición forzada durante todos estos años.
- se entregará a la familia directa un certificado de ausencia por desaparición forzada.
- Se debe incorporar en el sistema de enseñanza la educación en los derechos humanos como forma de prevención de las mismas violaciones verificadas en el pasado. De igual forma debe incorporarse la verdad a la historia que se enseña en todos los niveles educativos.
- Se debe educar en la concepción de defensa de los derechos humanos también al personal de las FFAA y la Policía nacional revisando en profundidad el marco doctrinario, el rol en la sociedad y el sistema de formación de las Fuerzas Armadas en Uruguay.
- Es necesaria la adecuación del marco jurídico. La Comisión debe recomendar la tipificación y sanción de aquellos delitos que se cometen con el apoyo directo o indirecto del aparato estatal. específicamente los delitos de tortura y desaparición forzada de personas.
- Además de la conformación de una comisión de seguimiento como expresamos anteriormente se debe crear la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo.
Por último no queremos terminar nuestra exposición sin hacer referencia a la sentencia del Juez Cavalli, que ha demostrado que hay en el sistema judicial uruguayo personas dignas que defienden y practican la independencia del Poder Judicial, fortaleciendo por ésta vía el Estado de derecho. Sólo nos queda desear que el ejemplo cunda, o como también dijimos en nuestro último comunicado de prensa aspiramos a que esta acción judicial sea seguida por otras en similar sentido Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos [Fuente: Zelmar Michelini para el Equipo Nizkor, París, Fra, 20nov02] ---------------------------------------------------------------------- iv)

La Asociación de Familiares de personas asesinadas durante la dictadura, patrocinada por el abogado Walter De León y acompañada por miles de firmas de ciudadanos uruguayos, presentará hoy una denuncia por atentado a la Constitución contra el dictador Juan María Bordaberry.
Bordaberry ya enfrenta otra denuncia penal por su presunta complicidad en el asesinato en 1972 de ocho obreros, integrantes del Partido Comunista.
CARLOS PELAEZ La denuncia será radicada esta tarde ante la Suprema Corte de Justicia y la misma se sustenta en el artículo 132 del Código Penal y reclama que el acusado "sea reputado, juzgado y castigado como reo de lesa Nación", según lo establece el artículo 330 de la Constitución. Pero a su vez, deja abierta la posibilidad de que durante la investigación surja "la presunta comisión de otros delitos".
Según el artículo 239 de la Constitución en el juzgamiento de los individuos infractores de la Constitución tiene competencia originaria y exclusiva la Suprema Corte de Justicia. Para determinar la secuencia de hechos y responsabilidades propone que como prueba de los hechos denunciados, "se tengan como agregados nueve documentos adjuntos al escrito", en los que se reseñan algunos de los sucesos más graves ?según los denunciantes? "que demostrarían la responsabilidad de Bordaberry".
MILES DE TESTIMONIOS Pero además proponen que la Justicia convoque a todos los testigos necesarios ya que, "a pesar de tratarse de un hecho notorio", a su juicio "resulta imprescindible la presencia en la sede de los integrantes del gobierno de la época, sobrevivientes, quienes apoyaron el golpe y quienes se opusieron, como ministros, parlamentarios, comandantes en jefe de las tres armas, así como periodistas, familiares de opositores, sin dejar de lado la propia experiencia de los miembros del Tribunal, muy rica por cierto; y lo creemos necesario, porque más allá de la prueba de la existencia del golpe de Estado, es necesario introducirnos en los alcances y consecuencias (impresionante gravedad y actualidad) de este período tan largo, tan trágico de la historia de nuestro país". A la vez se reservan el derecho de ampliar las pruebas, y proponer testigos, en la medida en que el Tribunal o las circunstancias así lo requieran.

El 27 de junio de 1973, Juan María Bordaberry, que había sido electo como Presidente constitucional en noviembre de 1971, con el apoyo de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas --general Hugo Chiappe Posse, vicealmirante Víctor González Ibargoyen; brigadier José Pérez Caldas-- dio un golpe de Estado, disolvió el Parlamento y creó un Consejo de Estado inconstitucional.
En el capítulo "delitos contra la Patria" el Código Penal dispone en el artículo 132 que "será castigado con diez a treinta años de penitenciaría y de dos a diez años de inhabilitación absoluta el ciudadano que, por actos directos, pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el Derecho Público interno".
Este delito, que tiene una pena igual que el más grave y cruel de los homicidios, prescribe a los 20 años. Sin embargo, el abogado De León dijo a LA REPUBLICA que "hay abundante jurisprudencia, y ninguna conocida en contra, reconociendo la interrupción del cómputo de la prescripción durante el período de la dictadura en el país (1973 a 1985), ya que los juristas, jueces y fiscales concuerdan en que no existía justicia en dicho período.
Por lo tanto el delito de Atentado a la Constitución está vigente". El abogado patrocinante de la denuncia enfatizó que "al tratarse de un civil, no está comprendido en los alcances de la Ley de Caducidad". La Constitución dispone que estos juicios "de cualquier modo serán públicos".
Bordaberry ya enfrenta otra denuncia penal por su presunta complicidad en el asesinato de ocho obreros, integrantes del Partido Comunista, en la Seccional 20 de esa organización el 14 de abril de ese año. Los mismos denunciantes se formulan esa pregunta y la responden sosteniendo que "más allá de que --creemos -- quedó demostrado que la presentación de esta denuncia se ha efectuado en tiempo y forma, y que el delito no ha prescrito, creemos que corresponde efectuar una reflexión acerca de por qué se demoró "tanto para que sea presentada". Agregan que "en honor a la verdad jurídica y material, creemos que no sólo corresponde que sea contestada por los denunciantes, así como por el abogado redactor del presente escrito, sino que esencialmente y valientemente debemos asumirla todos los uruguayos. Más aun, puede surgir otra pregunta: ¿por qué ahora, hoy, que el Uruguay y los uruguayos enfrentamos problemas y dificultades tan duras y terribles como las que todos conocemos, tanto en la vida económica del país, como en todos los aspectos de la vida?" Su propia respuesta es un repaso de los principales hechos que conmovieron a los uruguayos durante el período dictatorial. "Uruguay pasó por épocas muy dolorosas, épocas de violación de los derechos humanos, de violencia, de cambio ilegítimo de la forma de gobierno, de exilio, de cárceles, pasó por el período trágico de la dictadura. Pero lo importante es que salimos de él. ¿Cómo salimos? Lo hicimos a la uruguaya . No faltaron las dificultades y también quedaron cosas pendientes. En 1985 comenzó la reinstitucionalización del país, pero todos sabíamos que dejábamos cosas pendientes. Algunas de ellas se superarían con el pasar del tiempo, pero para otras, su postergación más allá de lo razonable, traería consecuencias fundamentales a la reconstrucción jurídico-institucional". El escrito que se presentará a la Suprema Corte de Justicia sostiene que "en la ley de Amnistía (art.
5? mencionado), en forma expresa, se excluye de ella a los delitos cometidos "por personas que hubieran actuado amparadas por el poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de gobierno. No se puede dar un golpe de Estado y permanecer impune eternamente. ¿Es que no somos todos iguales ante la ley ? Dar un golpe de Estado, gobernar por la fuerza y para los intereses de unos pocos, al margen de las instituciones y sin control alguno por parte de la ciudadanía --ni control político, ni control económico, ni en la Justicia, ni en la educación, la salud, los derechos humanos, en nada-- todo esto trae muchas consecuencias, consecuencias que perduran, que se "heredan" y que no es difícil cuantificar y encontrar hoy, inclusive, en las actuales desgracias de nuestro pueblo".
Los denunciantes afirman que "un gobierno sin control democrático, jamás alcanzará la felicidad de su pueblo. Estas son algunas de las consecuencias y daños de la conducta de alguien que "cambió nuestra forma de gobierno y la Constitución".
Pero además y como resultado de la dictadura, la ausencia de control y la falta de justicia "banqueros, empresarios y estancieros multiplicaron sus riquezas y militares de grado se transformaron en estancieros y los Bancos extranjeros y los malos nacionales acumularon riquezas, para que el Estado comprara las carteras incobrables de los Bancos. Las consecuencias de la dictadura no sólo han sido de orden político, sino económicas, sociales, culturales y, lo más doloroso: en la conciencia de todos nosotros, con las frustraciones, la infelicidad, la tragedia, el dolor, las lágrimas". Finalmente afirman que "tal vez creíamos que olvidando superaríamos el trance amargo. Si fue así no resultó, porque hoy nuestros hijos van al Liceo y en los libros de historia leen que hubo una dictadura, que Bordaberry fue un dictador y nos preguntan ¿por qué no se le ha juzgado? ¿No es que somos todos iguales ante la ley? Y tienen razón. Una vez más los jóvenes tienen razón. Y un país que no pueda mirar de frente --sin bajar la mirada-- los ojos de sus hijos, no podría --no podrá-- tener esperanza en un futuro digno".