Samuel Blixen
Brecha

El presidente Jorge Batlle puede ser acusado de violar la Constitución en un proceso de juicio político que desnudaría las razones más ocultas de una asistencia financiera al Banco Comercial y la firma de un convenio secreto que recortó la soberanía nacional en beneficio de unos piratas banqueros que convirtieron al Río de la Plata en su isla Tortuga.
El Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) está considerando una propuesta de impulsar el juicio político al presidente Jorge Batlle por su responsabilidad en varias decisiones financieras de asistencia a bancos privados que significaron serios perjuicios para el Estado e implicaron violaciones flagrantes de la Constitución y otros delitos graves.
La obligación y oportunidad de una acusación formal de la Cámara de Representantes para que Batlle sea sometido a un juicio político ante el Senado fue analizada el lunes 4 en la reunión de la Agrupación de Gobierno del EP-FA que se realiza mensualmente con la asistencia de Tabaré Vázquez y los miembros de las bancadas de diputados y senadores. Una vez evaluada la prueba documental en poder de los diputados que participan de la comisión especial investigadora sobre la crisis bancaria, y otra documentación manejada por senadores de la coalición de izquierda, Vázquez aprobó la estrategia del juicio político. El tema, según informaron a BRECHA algunos dirigentes del EP-FA, será planteado mañana, sábado, en el Plenario Nacional del fa.
El juicio político contra el presidente de la República se fundamenta en su expresa y explícita autorización de varias decisiones ministeriales y administrativas de capitalización y asistencia a instituciones bancarias privadas durante la prolongada crisis financiera del primer semestre. Básicamente hay dos órdenes de decisiones gubernamentales que se pretendieron mantener en secreto y para las cuales hubo, en todos los casos, explicaciones públicas que indujeron a la desinformación por la vía de la mentira. Una de ellas es la firma del convenio secreto con los tres accionistas principales del Banco Comercial (el JP Morgan, el Dresdner Bank y el Crédit Suisse) por el cual el gobierno aceptó recibir un préstamo de 100 millones de dólares que fue anunciado como una capitalización de los dueños de la institución. La existencia de ese documento secreto, firmado en Nueva York el 26 de febrero último, recién fue admitida en agosto, cuando fue divulgada, en un sitio de Internet, una versión en español de su texto. El diputado herrerista Carlos González Álvarez reclamó conocer el documento desde abril último, cuando comenzaron a trascender algunos extremos de su contenido; el ex ministro Alberto Bensión adujo que se trataba de un secreto de Estado.
Ese convenio, que en opinión del abogado Carlos Abin, asesor del Frente Amplio, supone una grave lesión a la soberanía nacional y una ilegalidad por atribución de potestades que sólo corresponden al Poder Legislativo, implicó, según se ha podido establecer, una pérdida real para el Estado de por lo menos 280 millones de dólares, sin contar las partidas de asistencia para liquidez aportadas por el Banco Central (BCU) o la Corporación Nacional para el Desarrollo (cnd) invocando dicho documento. Tampoco se incluyen en aquella cifra tentativa los 242 millones de dólares que la cnd depositó, como asistencia, en cajas de ahorro en el Banco Comercial, pero que fueron deglutidos por el "corralito" debido a que el economista Julio de Brun -entonces presidente de la cnd y hoy presidente del BCU- resolvió pasar la cuenta a plazo fijo pocos días antes de que se decretara el feriado bancario, a fines de julio.
Para el senador socialista Reinaldo Gargano, aun haciendo abstracción del contrato, el presidente Batlle incurrió en una violación flagrante de la Constitución "por la manera en que dispuso de 522 millones de dólares, que sacó de Rentas Generales, correspondientes al presupuesto, para auxiliar a los bancos Comercial, Caja Obrera, de Crédito y de Montevideo". Esos 522 millones de dólares, que el ex ministro Alberto Bensión entregó como anticipos, mediante órdenes verbales que posteriormente legalizó el presidente Batlle con decretos respectivos (pero sin autorización previa del Tribunal de Cuentas), fueron tramitados a través de la cnd, en triangulaciones financieras cuyo objetivo no queda claro pero que, en definitiva, expondrían a este organismo a contabilizar pérdidas cuantiosas. En la reunión del lunes 4 el senador Gargano fundamentó en este episodio su convicción de que hay que promover el juicio político.
La manera en que el gobierno articuló una permanente asistencia a los bancos privados configura el segundo orden de decisiones que conducen al juicio político. Aunque éste está plenamente justificado en función de la documentación existente sobre el convenio secreto y sobre los "anticipos", hay también un conjunto de disposiciones que todavía no han sido ventiladas en la comisión investigadora y que prueban que, aun antes del acuerdo secreto con los tres accionistas internacionales, el presidente Batlle había autorizado expresamente la asistencia al Banco Comercial.
Así, el jueves 7 de febrero, cuando el gobierno negociaba con el J P Morgan, el Crédit Suisse y el Dresdner Bank lo que Batlle llamaba un "plan de capitalización" (y que suponía que aquellos bancos, dueños del Comercial, destinarían dinero para fortalecerlo), el BCU -con los votos de César Rodríguez Batlle y Eva Holz- iniciaban los desembolsos secretos: por un lado se ordenaba liberar un depósito de 6 millones de dólares que estaba en garantía por certificados de depósitos; y por otro se otorgaba un préstamo por 18 millones de dólares contra una garantía de certificados de depósitos.
El 19 de febrero, día en que se anunciaba el "acuerdo de capitalización" y Batlle autorizaba a sacar de Rentas Generales 33 millones de dólares para "comprar" acciones del Comercial (véase nota aparte), el BCU permitía cumplir con otra asistencia de 5 millones de dólares mediante la compra de valores públicos. Para entonces, y a pesar de los reiterados anuncios sobre las "soluciones", el Comercial había perdido en una semana 180 millones de dólares en retiros de depósitos. Batlle, según reveló en su oportunidad el dirigente sindical Mario Busca, se opuso a la sugerencia de su ministro Bensión, proclive a una intervención lisa y llana del Comercial.
Al día siguiente, 20 de febrero, el BCU resolvió asistir al Comercial con otros 20 millones de dólares, invocando el artículo 37 de la Carta Orgánica, cuando tal desembolso no estaría permitido por el tope del patrimonio neto negativo; ese mismo día se liberaron otros 15 millones de dólares, sin garantía, pero invocando, como justificativo, el compromiso preliminar con los accionistas extranjeros, lo que al parecer permitía gastar a cuenta de la falsa capitalización de 100 millones de dólares. El 21, nuevamente invocando el acuerdo que recién se firmaría el 26, se destinaron, sin garantías, 17 millones de dólares.
Entre el 22 de febrero y el 11 de marzo, con cargo al Tesoro Nacional, se dispuso entregar al Comercial un total de 47 millones de dólares, otorgados sin garantías. Y otros 35 millones de dólares se aportaron entre el 22 de marzo y el 19 de abril, esta vez con garantía prendaria. En el ínterin, el 3 de abril, el gobierno inauguraba el recurso de apelar a los fondos de préstamos extranjeros: en esa fecha se dispuso utilizar 20 millones del préstamo multisectorial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a préstamos para vivienda.
El 12 de mayo, Día de la Madre, el presidente Batlle lagrimeó ante las cámaras de televisión, quizás emocionado por el anuncio del Crédit Suisse que, dijo, estaba a punto de otorgar un préstamo de 40 millones de dólares a la cnd, para capitalizar al Comercial. Batlle omitió mencionar que, para entonces, había acumulado, desde comienzos de febrero, un salvataje de 90 millones de dólares; y también omitió referirse a las condiciones de ese préstamo, a tres años, a un interés leonino, y con garantía de unos títulos de deuda argentinos, una operación que tenía por objeto rescatar, para el Crédit Suisse, parte de la estafa de los hermanos Carlos y José Rohm. A esa altura, el Crédit Suisse, que no capitalizaba ni un peso en el Comercial, se disponía a inyectar 770 millones de euros frescos en su filial de Winterhur.
Las razones por las cuales, contra viento y marea, y siempre a costa del erario nacional, el presidente Batlle optaba por auxiliar a los dueños extranjeros del Comercial, es una incógnita que quizás llegue a develar la comisión investigadora de la Cámara de Representantes. Pero la documentada asistencia que Batlle dispuso a cargo del Tesoro Nacional, independientemente de los intereses que la motivaron, justifican el planteo de juicio político.
Según la Constitución, la acusación debe ser formulada por la Cámara baja y el juicio se sustancia en el Senado. Para ello hay que fundamentar que el presidente ha violado la Constitución o ha cometido algún otro delito grave (artículos 93 y 102). En caso de condena, el presidente será separado del cargo; en cuanto a las eventuales responsabilidades penales y civiles, deberán ser determinadas por la justicia ordinaria. En opinión de legisladores y dirigentes del EP-FA, Batlle es responsable de violación flagrante de la Constitución. Habrá que ver si hay 50 diputados dispuestos a sostener la acusación. Pero para que prospere el juicio se necesita además la conformidad de dos tercios del Senado, es decir, 21 votos. Ellos sólo se alcanzarían si todo el EP-FA, el Nuevo Espacio y todo el Partido Nacional deciden condenar a Batlle. Es un extremo improbable, entre otras cosas, porque no existe ni siquiera unanimidad en la coalición de izquierda. Pero, de todas formas, el simple planteo de un juicio es un paso político de extrema gravedad.
Podrá no haber voluntad. Podrá operar la "lógica de los hechos", pero que las pruebas están, están.