Andrés Capelán
Comcosur

El pasado martes, dos periodistas del periódico "El Amanecer" de la ciudad de Durazno, pretendieron entrevistar al ex dictador Juan María Bordaberry cuando salía de la sucursal local del Banco de la República Oriental del Uruguay. Intentaban recabar la opinión del iniciador de la dictadura cívico militar que asoló el país entre 1973 y 1985 sobre la denuncia por violación a la Constitución presentada contra él el pasado lunes. Bordaberry fue escueto y muy ordinario en sus declaraciones, con aires de "patrón de pastoreo" les dijo: "Ustedes dos se me van a la mierda..."
Según relató el periodista del matutino duraznense Alejandro Arrúa, "el insuceso (sic) se registró sobre las 17 y 15 horas en la acera de la sucursal local de Durazno del Banco República, lugar del que Bordaberry salía después de realizar algunos trámites. El inesperado exabrupto de Bordaberry, típico de los oscuros años que viviera el país en la década del 70 y no de la democracia que reina en la actualidad, cortó de raíz todo intento de obtener comentarios del ex presidente respecto a la denuncia presentada judicialmente por ciudadanos uruguayos que lo catalogan como el gran responsable de la ruptura institucional."
Bordaberry es propietario de dos importantes establecimientos agropecuarios (El Paraíso y El Baqueano) en las cercanías de la ciudad de Carlos Reyles, unos 40 km al norte de la ciudad de Durazno, casi en el centro geográfico del país. A pesar de continuar con la cría de ganados vacunos de alta calidad, generalmente premiados todos los años en la Exposición Anual de la Asociación Rural, desde que abandonó el sillón presidencial, el dictador cobra una jugosa jubilación como "Patrón de Pastoreo." Entrevistado frecuentemente en los últimos tiempos por algunos periodistas a los que parece interesarles la opinión del principal responsable de la dictadura cívico-militar, Bordaberry manifiesta siempre seguir pensando igual que en 1973, desconocer todo lo referente a desapariciones y asesinatos, y -en definitiva- no estar arrepentido de nada de lo que hizo.
El pasado lunes, la Asociación de Familiares de Asesinados Políticos presentó ante la Suprema Corte de Justicia una denuncia contra él, por atentado a la Constitución, por disolver el Parlamento el 27 de Junio de 1973, sustituyéndolo por un inconstitucional "Consejo de Estado," iniciando así el reinado del terrorismo del Estado que causó el sufrimiento, el exilio y la muerte a multitud de uruguayos. El escrito fue refrendado con la firma de miles de ciudadanos y fue presentado por los abogados Walter De León y Hebe Martínez Burlé.
De León sintetizó así el proceder de Bordaberry: "Disolvió las Cámaras, nombró entre sus amigos un Consejo de Estado, nombró los jueces, suspendió la Constitución, la tiró al tacho y se violaron todos los derechos humanos. Cuando decimos que se violaron los derechos humanos, es lo que siempre reiteramos de los asesinados, los desaparecidos, los torturados, los exiliados, los gremialistas perseguidos; pero también una deuda externa que estaba en 564 millones de dólares y pasó a 4.900. Se multiplicó por 10 cuando el promedio en América Latina fue por 5 y de eso no sabemos nada, de donde están los 4.500 millones que desaparecieron en ese período, nunca hubo un control."
Interrogado por el diario "La República" acerca de los motivos por los que la denuncia fue presentada recién ahora, De León respondió que en el proceso de reinstitucionalización del país se han venido viviendo distintas etapas, y que ahora ha llegado el tiempo de demostrar a nuestros hijos que todos somos iguales ante la ley: "Ese es el examen que damos hoy, si somos todos iguales ante la ley, o hay problemas de apellidos, de fortunas, de cargos (...) el propio presidente Batlle creó la Comisión para la Paz no en el 89, el 95, o el 99, sino en el 2000." Por su parte, el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio), dijo que "Nosotros no creemos que haya nada que se pueda hacer fuera de las normas y de la ley. Pero naturalmente, en el país ocurrieron muchas cosas, y Bordaberry violó la Constitución y la ley, si la justicia entiende que Bordaberry violó la Constitución, tendrá que pagar por ello."
La denuncia contra el ex dictador se suma al procesamiento con prisión al que está siendo sometido su canciller de entonces, el ex senador del Partido Colorado Juan Carlos Blanco, quién días pasados cumplió su primer mes en la Cárcel Central. A Blanco se le acusa de complicidad en el asesinato de la maestra Elena Quinteros, secuestrada por los militares en 1976, y vuelta a secuestrar de los jardines de la Embajada de Venezuela cuando embaucó a sus captores anunciándoles un inexistente contacto con otro militante del Partido por la Victoria del Pueblo para intentar escapar. Desde entonces no se sabe nada de ella, se presume que fue asesinada por los militares, pero formalmente continúa desaparecida. En su carácter de civiles, tanto Blanco como Bordaberry no están amparados por la Ley de Impunidad que impide juzgar a los policías y los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura.