El paquetazo socioeconómico de Uribe Velez es un ajuste estructural de shock económico sin antecedentes en la historia del país.

Por Jaime Caycedo, editorial de Voz

Los primeros cien días de Uribe han sido la fase de preparación del proyecto real de gobierno. Decretó el estado de conmoción y expidió el 2002 que restringe arbitrariamente las libertades constitucionales. Puso en marcha el esperpento del Referendo.
Con alguna reticencia aceptó en el Congreso un paquete de reformas electorales del oficialismo, que hacen parte de las propuestas consideradas por el BID (Misión Alesina) buenas para regirnos en Colombia. En ellas coinciden también algunos integrantes del Polo democrático. Presentó el "paquetazo" económico y social del FMI para las reformas pensional, laboral y tributaria, que en poco tiempo las mayorías gubernamentales del parlamento convertirán en leyes.
También camina la reforma a la justicia, enfocada contra la tutela y las funciones de la Corte Constitucional. En los debates, detalles más, detalles menos, despuntan elementos de una oposición que ayuda a aclarar el fondo de los temas en disputa. Es claro que ésta no puede quedar entre las paredes del Capitolio. Debe salir a la calle.
El movimiento sindical ha planteado una postura de rechazo, especialmente a las reformas antisociales, y una jornada el 27 de noviembre. Sin embargo, hay más expectativa que acción. Los medios adelantan encuestas que contribuyen al ambiente de encantamiento, embrujo o hipnosis hacia la figura del gobernante que manda con pulso firme. El rescate del obispo confirma la imagen de que la seguridad ahora si funciona.
Nadie pareciera sacar cuentas de lo que viene pierna arriba. Hay que hablar claro. El paquetazo socioeconómico es un ajuste estructural de shock económico sin antecedentes en la historia del país. Su esencia es la expropiación forzada por vía legal de parte de los ingresos del trabajo, la disminución generalizada de los salarios y la prolongación de la jornada de trabajo. Las primeras propuestas del plan de desarrollo sobre desempleo son pueriles. Prolongar escolaridades, promover pymes, etcétera, son cosas loables, pero no atacan a fondo la crisis del modelo productivo. Además, el desempleo es funcional a la política de intensificar la explotación del trabajo.
El shock económico y social es el pasaporte colombiano de ingreso al ALCA. El FMI ha sido claro en sus condiciones. También los funcionarios del ATPA cuando hicieron echar atrás el acuerdo andino sobre aranceles agrícolas. El futuro de la economía colombiana atado a la integración absorbente, arrasante y sujeta al sofisma del libre mercado, sin protección ninguna ante los pulpos del capital transnacional, sin Estado que defienda el trabajo y la producción nacionales: he allí el fondo del uribismo económico y social.
Ese modelo sólo puede ser impuesto por la fuerza. La seguridad tras la que se camufla la guerra total como política central del Estado no es otra cosa que la militarización de la ley, de la sociedad y de las relaciones sociales, es decir, la vía que tomó el fascismo en la profunda crisis de entreguerras del pasado siglo. La guerra no es sólo contrainsurgente: es social, clasista y antidemocrática.
El shock económico y el cierre de los espacios con el Referendo y las contrarreformas son los dos regalos de Uribe para navidad y año nuevo. Que nadie se engañe sobre sus efectos letales. Hay que desmontar la hipnosis que cierra los ojos ante la destrucción de las conquistas sociales, que aprueba las soluciones militares y el sacrificio de las libertades y derechos del pueblo como algo necesario y bueno. Explicar, persuadir, denunciar y actuar ahora para detener este rumbo. Rechazar con decisión el Referendo