Tres nudos históricos han cohesionado la singular conformación del Estado nacional ecuatoriano: el trauma territorial (nudo histórico), la selección nacional de futbol (nudo pasional) y las fuerzas armadas (nudo institucional).
El primero dejó de existir luego de la firma de paz con Perú (1999); el segundo se distinguió en la Copa del Mundo Corea-Japón y el tercero se halla en efervescencia con motivo del triunfo del coronel (retirado) Lucio Gutiérrez, presidente electo que obtuvo su victoria con el apoyo masivo de las nacionalidades indígenas, las más organizadas y políticamente esclarecidas del continente.
Los pueblos antiguos del Ecuador le han dado el apoyo a Lucio Gutiérrez, en el entendido de que su gobierno (producto de la alianza del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País y el Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero) respetará la cosmovisión indígena, factor decisivo para la reforma y transformación de la sociedad.
En múltiples foros, Gutiérrez ha manifestado conciencia nacionalista y una clara sensibilidad social. Y sabe que en caso de obstaculizar o impedir el cauce de las reivindicaciones indígenas y populares podría sufrir una suerte similar a la de los ex presidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, destituidos en sendas movilizaciones nacionales a causa del capitalismo salvaje aplicado por sus gobiernos, el FMI y el Banco Mundial (febrero de 1997 y enero de 2001). Desafíos estructurales
Ubicado entre Perú y Colombia, países claves de la subregión andina, Ecuador es un país que, sin contar las escasamente pobladas provincias de la Amazonia y las islas Galápagos, abarca un espacio similar al de Veracruz y Zacatecas.
El petróleo representa el salario básico del Ecuador. Pero buena parte de sus ingresos y otros productos primarios (banano, cacao, café, atún, camarón, frutos y flores) se destinan a pagar una deuda externa que ya se pagó con creces y actualmente asciende a 17 mil millones de dólares, monto que cuadruplica las exportaciones de 1999. En tanto, se calcula que en el decenio pasado la fuga de capitales fue de 12 mil millones de dólares.
El salario mínimo asciende a 50 dólares mensuales, ingreso que en Estados Unidos y Europa obtienen en dos o tres días 2 millones de ecuatorianos que emigraron en los últimos años. El desempleo afecta a 10 por ciento de la población activa (330 mil personas) y el sub-empleo a 32 por ciento (un millón 123 mil). Contexto en el que otros indicadores (mortalidad infantil, materno infantil, salud, analfabetismo, educación, contaminación ambiental) se disparan exponencialmente, sin que la dolarización haya podido atenuar la magnitud terminal de la crisis.
Al contrario, la apuesta de los tecnócratas a que con la dolarización se originaría una baja inmediata de las tasas de interés, de la inflación y la entrada de inversión extranjera, dando paso a la "reactivación inmediata" de los sectores productivos, fue un fiasco.
En diciembre de 2001 la inflación alcanzó 22.5 por ciento (¡pero en dólares!), casi diez veces el nivel inflacionario de Estados Unidos. La "reactivación" tampoco fue la esperada. A finales del mismo año el producto interno bruto no llegaba al de 1998. Maldición del oro negro
La pequeña geografía ecuatoriana no sólo se asienta sobre un "saco de oro" y de riquísimos yacimientos minerales, como observó Humboldt a inicios del siglo XIX. A partir de 1970, el petróleo fue un factor clave en la problemática política del país andino.
Hace 30 años el oro negro empezó a fluir de modo generoso, cambiando la tradicional y pobrísima fisonomía del país agrario. Se pensó que el conjunto de leyes nacionalistas de la llamada dictablanda militar sería una suerte de bendición económica. Lo cierto es que, de un lado, el petróleo engendró nuevas clases sociales y, por el otro, aupó una casta parasitaria, consumista y gerencial al servicio de las compañías extranjeras.
Con el tránsito del nacionalismo petrolero de los 70 al neoliberalismo de los 80 y 90, las empresas petroleras presionan actualmente para que se les exonere del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado (IVA) en la mayor parte de sus transacciones.
A finales de agosto de 2001 surgió una polémica entre el gobierno de Gustavo Noboa y las 11 compañías que operan en el Ecuador: pretendían que se les devuelva el IVA, como una obligación que tiene el Estado.
Empresas como la estadunidense Occidental plantearon un "arbitraje internacional" para solucionar el problema, desconociendo las leyes y la Constitución de la República, que en lo pertinente a la prestación de servicios dice que las empresas financiarán sus costos y gastos, el impuesto a la renta, la participación laboral, contribuciones y demás impuestos sin excluir el IVA. Leyes muertas debido a la docilidad de los gobiernos ecuatorianos de los últimos años.
Por ese motivo, el gobierno de George W. Bush decidió excluir a Ecuador del Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas y "erradicación de la droga", coartadas que al igual que las de la lucha contra el "terrorismo" hacen a la verborrea de las elites nacionales de América Latina. Los enemigos de Gutiérrez
Las urnas ecuatorianas han dado claras muestras de una voluntad nacional: que se dé por terminado el Estado racista y socialmente excluyente que desde 1830, con ligeras modificaciones, impuso la oligarquía costeña y serrana en 19 cartas constitucionales.
Así, lo que viene para el gobierno de Gutiérrez será la presión popular para que se reconozca el carácter plurinacional del Estado: reconocimiento de las lenguas indígenas; representación directa en las instituciones estatales; educación intercultural para el conjunto de la sociedad; instauración de sistemas de salud y medicina que articulen el saber occidental con el saber andino y amazónico; presupuesto participativo por medio de los cabildos y legislaciones compartidas del derecho oficial y el derecho consuetudinario indígena.
¿De dónde saldrá el dinero del gobierno? En una entrevista con un grupo de periodistas, el presidente electo declaró que cinco serían las fuentes de recursos: el combate a la corrupción (calculó en 2 mil millones de dólares lo que roban los funcionarios); el cobro a los banqueros, que se llevaron 5 mil millones; el combate a la evasión de impuestos, que asciende a un mil 700 millones; aumento a los contribuyentes que más tienen, y una "adecuada renegociación de la deuda externa" con la banca internacional (El Universo, Guayaquil, 4/10/02).
En el Congreso, si bien el movimiento Pachakutik tiene su bloque de diputados, la presidencia corresponderá a los partidos de la oposición, por mandato constitucional; la primera vicepresidencia a la segunda fuerza, y la segunda vicepresidencia a una de las organizaciones minoritarias. Esto significa que, sin mayoría parlamentaria, el arranque de la alianza que ganó democráticamente tendrá un arranque difícil.
La derecha está que trina. Los poderes Legislativo, Judicial, financiero y mediático, las compañías petroleras, el FMI, el Banco Mundial, Estados Unidos, el Plan Colombia y algunos militares que previsiblemente saldrán en defensa de la "democracia" con ayuda de la CNN, el diario pro estadunidense El País de Madrid y el tránsfuga del periodismo Andrés Oppenheimer, ya empezaron a manifestarse contra Gutiérrez y su pretensión de revertir la situación de pobreza extrema y relativa que afecta a 80 por ciento de 13 millones de ecuatorianos. presidente electo que obtuvo su victoria con el apoyo masivo de las nacionalidades indígenas, las más organizadas y políticamente esclarecidas del continente.
Los pueblos antiguos del Ecuador le han dado el apoyo a Lucio Gutiérrez, en el entendido de que su gobierno (producto de la alianza del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País y el Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero) respetará la cosmovisión indígena, factor decisivo para la reforma y transformación de la sociedad.
En múltiples foros, Gutiérrez ha manifestado conciencia nacionalista y una clara sensibilidad social. Y sabe que en caso de obstaculizar o impedir el cauce de las reivindicaciones indígenas y populares podría sufrir una suerte similar a la de los ex presidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, destituidos en sendas movilizaciones nacionales a causa del capitalismo salvaje aplicado por sus gobiernos, el FMI y el Banco Mundial (febrero de 1997 y enero de 2001). Desafíos estructurales
Ubicado entre Perú y Colombia, países claves de la subregión andina, Ecuador es un país que, sin contar las escasamente pobladas provincias de la Amazonia y las islas Galápagos, abarca un espacio similar al de Veracruz y Zacatecas.
El petróleo representa el salario básico del Ecuador. Pero buena parte de sus ingresos y otros productos primarios (banano, cacao, café, atún, camarón, frutos y flores) se destinan a pagar una deuda externa que ya se pagó con creces y actualmente asciende a 17 mil millones de dólares, monto que cuadruplica las exportaciones de 1999. En tanto, se calcula que en el decenio pasado la fuga de capitales fue de 12 mil millones de dólares.
El salario mínimo asciende a 50 dólares mensuales, ingreso que en Estados Unidos y Europa obtienen en dos o tres días 2 millones de ecuatorianos que emigraron en los últimos años. El desempleo afecta a 10 por ciento de la población activa (330 mil personas) y el sub-empleo a 32 por ciento (un millón 123 mil). Contexto en el que otros indicadores (mortalidad infantil, materno infantil, salud, analfabetismo, educación, contaminación ambiental) se disparan exponencialmente, sin que la dolarización haya podido atenuar la magnitud terminal de la crisis.
Al contrario, la apuesta de los tecnócratas a que con la dolarización se originaría una baja inmediata de las tasas de interés, de la inflación y la entrada de inversión extranjera, dando paso a la "reactivación inmediata" de los sectores productivos, fue un fiasco.
En diciembre de 2001 la inflación alcanzó 22.5 por ciento (¡pero en dólares!), casi diez veces el nivel inflacionario de Estados Unidos. La "reactivación" tampoco fue la esperada. A finales del mismo año el producto interno bruto no llegaba al de 1998. Maldición del oro negro
La pequeña geografía ecuatoriana no sólo se asienta sobre un "saco de oro" y de riquísimos yacimientos minerales, como observó Humboldt a inicios del siglo XIX. A partir de 1970, el petróleo fue un factor clave en la problemática política del país andino.
Hace 30 años el oro negro empezó a fluir de modo generoso, cambiando la tradicional y pobrísima fisonomía del país agrario. Se pensó que el conjunto de leyes nacionalistas de la llamada dictablanda militar sería una suerte de bendición económica. Lo cierto es que, de un lado, el petróleo engendró nuevas clases sociales y, por el otro, aupó una casta parasitaria, consumista y gerencial al servicio de las compañías extranjeras.
Con el tránsito del nacionalismo petrolero de los 70 al neoliberalismo de los 80 y 90, las empresas petroleras presionan actualmente para que se les exonere del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado (IVA) en la mayor parte de sus transacciones.
A finales de agosto de 2001 surgió una polémica entre el gobierno de Gustavo Noboa y las 11 compañías que operan en el Ecuador: pretendían que se les devuelva el IVA, como una obligación que tiene el Estado.
Empresas como la estadunidense Occidental plantearon un "arbitraje internacional" para solucionar el problema, desconociendo las leyes y la Constitución de la República, que en lo pertinente a la prestación de servicios dice que las empresas financiarán sus costos y gastos, el impuesto a la renta, la participación laboral, contribuciones y demás impuestos sin excluir el IVA. Leyes muertas debido a la docilidad de los gobiernos ecuatorianos de los últimos años.
Por ese motivo, el gobierno de George W. Bush decidió excluir a Ecuador del Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas y "erradicación de la droga", coartadas que al igual que las de la lucha contra el "terrorismo" hacen a la verborrea de las elites nacionales de América Latina. Los enemigos de Gutiérrez
Las urnas ecuatorianas han dado claras muestras de una voluntad nacional: que se dé por terminado el Estado racista y socialmente excluyente que desde 1830, con ligeras modificaciones, impuso la oligarquía costeña y serrana en 19 cartas constitucionales.
Así, lo que viene para el gobierno de Gutiérrez será la presión popular para que se reconozca el carácter plurinacional del Estado: reconocimiento de las lenguas indígenas; representación directa en las instituciones estatales; educación intercultural para el conjunto de la sociedad; instauración de sistemas de salud y medicina que articulen el saber occidental con el saber andino y amazónico; presupuesto participativo por medio de los cabildos y legislaciones compartidas del derecho oficial y el derecho consuetudinario indígena.
¿De dónde saldrá el dinero del gobierno? En una entrevista con un grupo de periodistas, el presidente electo declaró que cinco serían las fuentes de recursos: el combate a la corrupción (calculó en 2 mil millones de dólares lo que roban los funcionarios); el cobro a los banqueros, que se llevaron 5 mil millones; el combate a la evasión de impuestos, que asciende a un mil 700 millones; aumento a los contribuyentes que más tienen, y una "adecuada renegociación de la deuda externa" con la banca internacional (El Universo, Guayaquil, 4/10/02).
En el Congreso, si bien el movimiento Pachakutik tiene su bloque de diputados, la presidencia corresponderá a los partidos de la oposición, por mandato constitucional; la primera vicepresidencia a la segunda fuerza, y la segunda vicepresidencia a una de las organizaciones minoritarias. Esto significa que, sin mayoría parlamentaria, el arranque de la alianza que ganó democráticamente tendrá un arranque difícil.
La derecha está que trina. Los poderes Legislativo, Judicial, financiero y mediático, las compañías petroleras, el FMI, el Banco Mundial, Estados Unidos, el Plan Colombia y algunos militares que previsiblemente saldrán en defensa de la "democracia" con ayuda de la CNN, el diario pro estadunidense El País de Madrid y el tránsfuga del periodismo Andrés Oppenheimer, ya empezaron a manifestarse contra Gutiérrez y su pretensión de revertir la situación de pobreza extrema y relativa que afecta a 80 por ciento de 13 millones de ecuatorianos.
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