El Juzgado Penal de 11º turno reabrió la investigación por la muerte de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Libró exhortos a la justicia y a la cancillería argentinas, a la embajada de Estados Unidos y a varios ministerios uruguayos. Serán citados a declarar, entre otros, familiares de las víctimas y el ex senador Alberto Zumarán. También deberán comparecer Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco.

Walter Pernas / BRECHA

"Crimen no resuelto": esas simples palabras identifican a decenas de casos cuyos caminos hacia la verdad se esfuman en alguna parte de la aún oscura historia de la última dictadura uruguaya.
De aplicarse el sentido común, una lógica básica, se podría decir que para llegar a toda la verdad hay que desenmascarar a los responsables. Ahora, si oficial y penalmente se busca no llegar a ese punto, es otro tema que pertenece al mundo de las interpretaciones -plausibles o cuestionables, según el ojo del crítico- sobre el texto de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, cuya discusión es evidentemente perenne.
El natural sentimiento de los familiares que aún hoy buscan entrelazar senderos cortados en procura de la verdad se ve afectado de una u otra forma por esta diversidad de posturas que caracteriza al sistema penal uruguayo. Por ello, no todas las denuncias corren la misma suerte, aunque se trate de temas similares.
Dos fiscales nacionales observaron, con lentes distintos, situaciones criminales semejantes, calificadas por los manuales como violaciones a los derechos humanos. Mirtha Guianze decidió investigar los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, ocurridos en 1976 en Buenos Aires. Enrique Moller interpretó que la ley de caducidad protege a los denunciados por delitos de lesa humanidad, que la dictadura no interrumpe el plazo de la prescripción y pidió el archivo de otra denuncia que corresponde a 12 casos de uruguayos detenidos desaparecidos ese año en Argentina (véase recuadro).
COSENA. Bordaberry y Blanco quedaron en la mira de la justicia penal por una, al menos denunciada, participación intelectual en las circunstancias que rodearon al asesinato de los dos legisladores en Buenos Aires, el 20 de mayo de 1976.
El juez Roberto Timbal preguntó a la fiscal si el delito se encontraba comprendido o no por la ley de caducidad. La representante del ministerio público sostuvo que la ley no es aplicable en este caso porque, entre otros, puede involucrar a ex gobernantes civiles. Añadió que el delito no prescribió en virtud de que no se debe contabilizar el período de dictadura, porque era imposible denunciar violaciones a los derechos humanos al no contarse con las garantías del debido proceso de un Estado de derecho, según fuentes del caso consultadas por BRECHA. Por ello, el delito cometido en 1976 -según la posición fiscal- prescribiría en 2005, veinte años después del restablecimiento democrático.
Después de estas consultas, el juez se dio por satisfecho y envió exhortos a la justicia argentina y al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país a fin de verificar información acerca de reuniones y comunicaciones mantenidas entre gobernantes de ambos lados del Río de la Plata en fechas clave que anteceden al hallazgo de los cuerpos de los senadores Michelini y Gutiérrez Ruiz. Éstos aparecieron el 22 de mayo de 1976 en un auto, junto a los cadáveres de William Whitelaw y Rosario Barredo.
La fiscal y el juez desean saber si en Argentina existen indicios de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), a fines de mayo de 1976, donde se habría decidido la muerte de los legisladores. Este dato revelado en julio de 2002 por BRECHA surgió de las declaraciones que el entonces senador blanco Alberto Zumarán y el ex arzobispo de Montevideo Carlos Parteli brindaron hace más de 17 años a los miembros de la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes sobre los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz (véase BRECHA, 17-V-02).
El acta número 5 de la comisión parlamentaria señala que, el 20 de mayo de 1985, Zumarán fue convocado a fin de confirmar la versión acerca de la existencia de un documento mimeografiado y sin firma, en el que se informa sobre "una reunión de la que habrían participado el presidente de la República, los ministros del Interior y de Defensa Nacional y los tres comandantes en jefe, más un coronel argentino".
Este último dato, la presencia de un militar que respondía a la dictadura argentina, es un punto de especial interés para la investigación uruguaya: "quizás en Buenos Aires haya información que acredite el traslado del coronel o cualquier otro tipo de circunstancias relativas a la reunión", dijeron a BRECHA fuentes del caso. El magistrado también pidió información a la embajada de Estados Unidos y a los ministerios del Interior, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.
VUELO MILITAR. Según el testimonio de Zumarán, "en esa reunión se habría decidido la muerte de Gutiérrez Ruiz y Michelini y habría contado con el voto contrario del presidente de la República y del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y el voto favorable de los demás miembros que estaban en esa reunión". Bordaberry era el presidente de la República; Hugo Linares Brum, ministro del Interior; Walter Ravenna, titular de Defensa; el general Julio César Vadora, comandante del Ejército; el vicealmirante Víctor González Ibargoyen, comandante de la Armada; y el brigadier Dante Paladini, jefe de la Fuerza Aérea.
Zumarán sostuvo en el Parlamento que la carta, sin firma, había llegado a otras personas, "como que hubiera un interés de esos dos que votaron en contra de dejar a salvo su responsabilidad y su posición". Bordaberry negó esa versión: "Ni esa reunión existió, ni yo participé de ella", dijo a BRECHA (véase la edición ya citada). Zumarán declaró que había destruido el documento por razones de seguridad, pero que monseñor Parteli también lo había recibido. El sacerdote confirmó los datos a la comisión de diputados: "Sé que se votó -eso es lo que dice este anónimo- y que el presidente Bordaberry votó en contra y otro militar también; los demás votaron a favor (de) darle vía libre. Entonces, esa misma noche, el militar argentino voló a Buenos Aires y procedieron...". Zumarán dijo a BRECHA que Parteli había recibido mucha información sobre el caso de parte del brigadier José Pérez Caldas, comandante de la Fuerza Aérea hasta 1974, quien en el momento de los asesinatos era embajador uruguayo en Estados Unidos.
Estos testimonios son fundamentales para la indagatoria judicial; por ello el magistrado solicitó al Poder Legislativo la remisión de las actas de la comisión investigadora. Además, los magistrados procurarán que los testigos ratifiquen sus declaraciones ante la sede penal, dijeron las fuentes.
VUELO DIPLOMÁTICO. El 19 de mayo de 1976, al día siguiente de los secuestros de los dos legisladores, se publicó en el diario bonaerense La Opinión una carta escrita por Michelini el 5 de ese mes. En la misiva alertaba sobre la persecución de la que era objeto y advertía que de llegar a aparecer en "algún lugar del territorio uruguayo, es porque he sido llevado allí en forma arbitraria, inconsulta y forzada". Según la historia reconstruida por la familia Michelini, el entonces ministro Blanco instruyó en marzo de 1975 al embajador en Buenos Aires para que aplicara una rigurosa vigilancia sobre las actividades de Michelini y Gutiérrez Ruiz. La cancillería había recibido información extraoficial del embajador estadounidense en Montevideo, Ernest Siracusa, revelando que en la embajada en Buenos Aires se realizaban gestiones para la obtención de una visa de entrada a Estados Unidos para Zelmar Michelini, a invitación del senador Edward Kennedy. Los gobernantes uruguayos temían que legisladores exiliados denunciaran en Estados Unidos las violaciones a los derechos humanos que se cometían durante la dictadura.
En noviembre de 1975 la embajada uruguaya comunicó oficialmente a las autoridades argentinas y a la embajada de Estados Unidos la cancelación de los pasaportes 110315, a nombre de Wilson Ferreira, 102454, a nombre de Zelmar Michelini y 106046, a nombre de Héctor Gutiérrez Ruiz. La historia reconstruida por la familia Michelini también cuenta que el 7 de mayo de 1976 el canciller Blanco viajó a Buenos Aires para plantear a su colega, el contralmirante César Augusto Guzzetti, el interés del gobierno uruguayo de que Wilson Ferreira, Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini fueran detenidos en Argentina.
Blanco, preso en Cárcel Central desde el 18 de octubre último por el delito de privación de libertad de la desaparecida Elena Quinteros, deberá responder a las interrogantes judiciales sobre su participación en aquellos hechos.