Jorge Lofredo (corresponsal de Resumen Latinoamericano)

El Ejército Popular Revolucionario, Tendencia Democrática Revolucionaria y el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo coincidieron en caracterizar al gobierno del presidente Fox, como sus antecesores priístas, en una administración donde se cometen crímenes por "cuestiones de Estado" * Insisten en remarcar que el "cambio" no tuvo lugar en México * Todos reivindican la lucha armada como recurso para el cambio político: los canales legales están cancelados * Para los guerrilleros, el 2 de octubre y el asesinato de Digna Ochoa forman parte de una misma política "Nada ha cambiado" Tres organizaciones armadas dieron a conocer sus escritos en estas últimas semanas del mes de octubre, tanto por una nueva conmemoración por la masacre de Tlatelolco como así también por el primer año del asesinato de la abogada defensora de los Derechos Humanos Digna Ochoa y Plácido.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) y dos de sus desprendimientos, Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR) y el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP) enviaron sus comunicados donde expresan algunas similitudes básicas respecto a la caracterización de la coyuntura y la necesidad de la lucha armada como promotora del cambio político y social.
En este aspecto, la coincidencia es contundente: nada ha cambiado en México entre los 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la actual administración del Partido de Acción Nacional (PAN).
"En cuanto a Vicente Fox, en los casi dos años que lleva como presidente de la república no ha mostrado una diferencia de fondo con la obra de sus antecesores del PRI. Continúa solapando a los responsables principales de las masacres, asesinatos y desapariciones que han herido profundamente la conciencia nacional. Y como ya es costumbre en la historia presidencial, ya empezó también a acumular la ola de asesinatos políticos que se están cometiendo contra indígenas y campesinos y también contra defensores de los derechos humanos, como sucedió con la abogada Digna Ochoa. Asesinatos que, a la vieja usanza priísta, nadie sabe, nadie supo quien fue el autor intelectual, y a veces ni siquiera el autor material", afirma el EVRP.
El EPR ha quedado disminuido luego del largo proceso de escisiones internas que ha sufrido, y actualmente su conducción se identifica con el sector más ortodoxo de la conducción original. TDR en cambio, el grupo más reciente, se gestó como una línea interna en el seno del EPR hasta el momento de la ruptura definitiva. Por su parte, el EVRP mantiene un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), grupo que reivindicó la colocación de petardos en las sucursales de Banamex en el DF en agosto del año pasado, y el Comando Justiciero 28 de Junio (CJ28) en una entidad mayor: la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos.
Entre el pasado y el presente Para Tendencia, "a 34 años de aquel fatídico suceso, las condiciones de impunidad, de alevosía, de engaño, de corrupción, de anti democracia e inconstitucionalidad de sus acciones tenemos que la disyuntiva sigue persistiendo, continúa siendo la misma; en consecuencia, a 34 años de la masacre no sólo el dos de octubre no se olvida, sino que también nos muestra que debemos continuar la lucha en pos de un poder popular, de un ejército popular revolucionario, y de un verdadero gobierno democrático, popular y revolucionario.
La mayoría de los grupos guerrilleros que registran operatividad en el México actual denuncian el correlato de la ejecución de la dinámica represiva del Estado contra cualquier manifestación popular y social de oposición; también continúa desarrollándose la "guerra sucia", aún cuando existe una diferencia fundamental con la "guerra de baja intensidad" que también denuncian su ejecución, principalmente a través de los grupos paramilitares en la zona norte del estado de Chiapas contra las bases del zapatistas.
"Este cobarde asesinato -continúa el EPR sobre Digna Ochoa- no fue más que la continuidad que Fox da a la aplicación de la guerra de baja intensidad, fue para atemorizar a todo aquel defensor de los derechos humanos que continúe defendiendo a presos que sean incómodos para el gobierno y la PGR.
En cuanto a las masacres ocurridas bajo el priísmo -Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque- y bajo el foxismo -Agua Fría-, y el asesinato selectivo, como es el caso de Digna, surgen nuevas similitudes para abordar la realidad: todo forma parte de una misma política emanada con el objetivo de acallar a la disidencia y instaurar el terror en la sociedad mexicana.
Para ello el recurso a los escuadrones de la muerte y grupos paramilitares constituyen el medio para materializar la guerra sucia o de baja intensidad, y abortar así los proyectos populares y revolucionarios.
La reivindicación de la lucha armada Y porque en México se está librando una guerra, se legitima la lucha armada; a la vez que los canales legales e institucionales de reclamo se hallan clausurados. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia indígena pero especialmente el asesinato de Digna Ochoa, marcan un punto de inflexión al respecto: "Familiares y amigos han recorrido los 'cauces legales', tolerando la indiferencia y la frialdad de la Ley, el hostigamiento de funcionarios de la Procuraduría, respetando el Estado de Derecho sin mayores resultados, las indagaciones en una maraña en espiral sin fin, para no arribar a conclusiones que involucren al ejército y a su Jefe supremo", afirma el EPR.
La impunidad es otro de los argumentos que aparecen en cada discurso de los grupos clandestinos. En cuanto a ello, los villistas señalan: "desde esa fecha [2 de octubre] se ha impuesto un manto de impunidad, que ha estado encabezado por los sucesivos presidentes y funcionarios que se sucedieron al frente del gobierno federal, desde 1968 hasta la fecha, convirtiéndose prácticamente en cómplices de tan terrible crimen.
Y esta impunidad encubre la estrategia que se desarrolla en el país: "El terrorismo de Estado, que a escala internacional practica el gobierno norteamericano, es reproducido en el plano nacional por el Estado mexicano, con su secuela de persecuciones, encarcelamientos, torturas, desapariciones y asesinatos políticos", continúa el EVRP.
Sobre las investigaciones que se realizan para esclarecer los hechos de 1968, el EVRP afirma que ésta será limitada pues los archivos "contienen información rasurada" y que "reflejan el doble discurso" de Fox, ya por aparentar la democratización y transparencia de la investigación pero que será "parcial e inducida" tanto porque recurre a presionar a la "vieja clase política priísta" para obligarla a convalidar dichas políticas.
El EVRP y el EPR coinciden en afirmar que todo es, en realidad, una fachada y que sobre estas investigaciones, tanto del pasado como también del presente, recae un control férreo por parte de las instancias gubernamentales y de seguridad. Así el eperrismo resalta que la abogada se mostraba "congruente con su amor por la justicia y por los seres humanos, apasionada en sus defensas, traspasó el umbral de lo 'legalmente permitido' para incluirse del lado de la legitimidad, la justicia y la indignación que no permite dejar pasar ni dejar hacer". Y, volviendo a establecer un paralelo entre la imposibilidad de castigo a los culpables de la masacre del 2 de octubre y conocer la identidad de los asesinos de Digna, aseveran: "Es muy probable que no conozcamos la identidad de los autores materiales durante algún tiempo, en dolorosa semejanza con la masacre del 2 de octubre del 68, la represión del 10 de junio del 71, los crímenes y desapariciones forzadas de la guerra sucia...
Los otros grupos Sin embargo, aparte de estos grupos señalados existen otros que, en diversa medida, guardan presencia en el país reivindicando la lucha por las armas.
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), otros de los desprendimientos del EPR hoy sobrelleva el encarcelamiento de sus presuntos dirigentes. Un hecho similar ocurre con las FARP, luego que fueron apresados los hermanos Cerezo Contreras, sindicados como responsables materiales de los petardos a Banamex, hecho rotundamente negado por el grupo.
Recientemente dos nuevos grupos se dieron a conocer públicamente: el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos y la Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento, en Chiapas y Guerrero respectivamente.
Capítulo aparte merece la situación de los Loxichas en Oaxaca. Sobre ellos pesa el estigma de ser la región donde el EPR asentó sus bases, excusa que sirvió para consumar el experimento represivo más brutal y descarnado sobre este pueblo zapoteca de la sierra sur, bajo la responsabilidad política del entonces gobernador Diódoro Carrasco Altamirano.
Otra dimensión muy distinta es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cuyo último comunicado antes del profundo silencio que mantiene se refirió, precisamente, a la muerte de la abogada. A la ocasión, el EZ manifestó que frente al asesinato de un luchador social, como es el caso de Digna Ochoa, "el poder celebra".
Para los grupos clandestinos, el pasado se conjuga con el presente en un mismo denominador común y tal como concluyen los villistas, que seguramente suscriben los demás grupos, "el gobierno foxista, que tanto pregonó el cambio, no ha cambiado nada. A dos años de haber relevado al PRI en la presidencia ha demostrado que no tiene voluntad política para desmantelar el viejo sistema político que desangró durante 71 años al pueblo mexicano.