Dieter Drüssel

El pasado 14 de noviembre, una gran movilización social logró una victoria contundente frente al gobierno del presidente Francisco Flores. Esta se inicio primeramente a nivel parlamentario con el apoyo de los pequeños partidos de centro y derecha a a favor de la propuesta de ley elaborada por los sindicatos del gremio de salud y el FMLN, el partido ex-guerrillero, en contra de la privatización de los servicios sanitarios en el sector público. Los partidos sabían que que cualquier otra acción hubiera significado un „suicidio político" ante las elecciones municipales y legislativas de marzo del 2003.
Este mismo día, varias marchas se desarrollaron en San Salvador y las ciudades del interior, junto con 18 bloqueos de carreteras nacionales. Por la noche, fuego artificiales alumbraron el cielo de muchos pueblos celebrando la victoria tal y como acostumbraba la práctica guerrillera de años pasados.
Hace tres años, una huelga de cinco meses paró el intento del gobierno de privatizar el Seguro Social según las recetas del Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno optó por un tiempo para una estrategia más cautelosa, „concesionando" algunos servicios auxiliares y médicos a privados y cambiando las direcciones médicas de los hospitales del Seguro por gerentes. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud promovió el terreno para la futura privatización: estantes de medicamentos vacíos sugerirían la ineficiencia estatal. En los primeros siete meses de este año, el Ministerio de Salud solo usó la vigésima parte del monto del presupuesto anual dedicado a este servicio. No en vano, el Sindicato del Seguro Social STISSS (enfermeras y personal auxiliar) ya había empezado el año pasado una campaña de concientización junto con grupos de pobladores de los suburbios preparando el terreno de una gran lucha contra la privatización.
Cuando en julio pasado las asociaciones empresariales presionaron al gobierno para la privatización inmediata del Seguro Social, el conflicto ya estaba desencadenado. La provocación mediante el despido e varios sindicalistas ya hizo imprescindible la convocatoria de huelga.
Falla la represión
Al realizar el STISSS una huelga limitada a inicios de septiembre, el gobierno respondió atacando con fuerzas élites de la policía las asambleas de protesta en varios hospitales. Dirigentes sindicales fueron golpeados y amenazados con armas de fuego. Tres hospitales capitalinos del Seguro Social quedaron militarizados. Pero aquí cambió el panorama. Pobladores, la Alianza Ciudadana contra la Privatización (organizaciones sociales, ONGs, sectores religiosos y académicos) y por supuesto el FMLN se movilizaron frente a los hospitales tomados. Y entraron en huelga escalonada, primero los profesionales del Seguro Social, posteriormente las clínicas privadas exigiendo una reforma integral y social de la salud pública, en contra la privatización. Fue el inicio de un movimiento tan amplio y radical que una estrategia de represión le hubiera acarreado altos costos políticos al gobierno.. Estaban acercándose además los Juegos Deportivos de Centroamérica y del Caribe, ya sacudidos por el escándalo de que la delegación cubana no iba a asistir, debido a la negativa del gobierno salvadoreño de frenar las actividades de una red terrorista de los CIA-cubanos bien asentada en el país y que tenía prevista actuar contra el grupo de la isla.
Añadir a eso, la represión masiva no es cosa chiche en un país donde la memoria de una guerilla no vencida aún está viva y hubiera posiblemente creado situaciones tensas que iban a acabar con la pretensión oficial de atraer las famosas inversiones extranjeras.
Marchas gigantescas, bloqueos
Acompañando la huelga escalonada de los médicos hubo un sinnúmero de marchas. Según fuentes fidedignas, casi 100.000 personas marcharon en las calles del exclusivo barrio Escalón de San Salvador, seguidos por aún más personas el 9 de noviembre. Cantidades nunca vistas desde la celebración de los acuerdos de paz diez años atrás en este pequeño país de 6 millones de habitantes, recordando las movilizaciones de finales de los 70. En las recientes "marchas blancas" (llamadas así por los uniformes del personal de salud) han participado sindicalistas, universitarios, pobladoras, campesinos, transportistas, mujeres del mercado, gente no organizada, bases del FMLN ....
Pero la lucha no se quedó en huelga y marchas. Un instrumento muy eficaz fueron los bloqueos masivos de los ejes de tráfico urbanos e interurbanos en las horas tope. Una actuación similiar el 30 de octubre, provocó a los empresarios maquileros una pérdida de más de 72'000 horas laborales. El nuevo método de lucha les permitió a las obreras de las maquilas causar pérdidas en la producción a los empresarios de manera "pasiva" sin exponerse directamente a la feroz represión acostumbrada en estos centros de modernidad transnacional. ANEP, la asociación del gran empresariado, comprendió inmediatemente el peligro y cambió su discurso exigiendo una pronta solución del conflicto.
Maniobra gringa-española
Fue en este momento que se dio uno de los episodios más delicados, al entrar en el escenario el alcalde de San Salvador, Héctor Silva, con un llamado a desmantelar la huelga a cambio de que el presidente retirara su propuesta de privatización y formara una comisión presidida. Silva había ingresado al FMLN unos años atrás y lidereaba un Concejo Municipal en el cual el Frente, siendo la mayor fuerza electoral, quedó en minoría ante varias agrupaciones centristas. El presidente respondió inmediatamente avalando las propuestas de Silva. No por casualidad. Fue él mismo, junto con personal de las embajadas norteamericana y española, que había ideado la maniobra de confusión, exigiéndole a Silva como condición que se retirara de una nueva candidatura para la alcaldía capitalina rompiéndo así las alianzas que había forjado el Frente. El FMLN desautorizó inmediatamente la operación declarándola una maniobra fraudulenta contra los sectores populares. Porque no había garantía de que el presidente conocido por mentiroso, no cumpliera su palbra una vez terminada la movilización popular. El Frente exigió que la propuesta de ley contra la privatización, ya votada por una mayoría parlamentaria, fuera certificada por el Presidente en vez de ser rechazada, como iba a ser el caso efectivamente. Posición retomada por los gremios de la salud que supieron seguir la lucha y aún aumentarla.
Confluencia de resistencias
Los bloqueos no habían caído de la nada. Durante meses, movilizaciones en los municipios gobernados por el Frente habían bloqueado la construcción de un anillo periférico que iba a atravezar el cinturón de pobreza alrededor de la capital y causar desplazamientos de pobladores y daños a los mantos acuíferos (recién el gobierno tuvo que anunciar la postergación de las obras). La autopista era parte del Plan Puebla Panamá (PPP), un programa de megainfraestructura transnacional para abrir el istmo al comercio internacional, desde México hacia el sur donde se complementa con componentes del guerrerrista Plan Colombia norteamericano. El 12 de octubre, cerca de 20'000 campesinas y campesinos ocuparon varios puestos fronterizos y carreteras nacionales en el marco de la resistencia continental contra la nueva colonialización a través de planes como el PPP o el ALCA (libre comercio americano). Rompieron así la noción acerca de que semejantes temas eran demasiado "abstractos" para campesinos y dejaron constancia de la eficacia de las medidas de presión mediante el corte de carreteras.
Aún persiste la huelga en el Seguro Social (pero no en el sector „nacional") y acciones callejeras. Se trata de garantizar que la ley sea publicada en el Diario Oficial para que entre en vigencia (los gobernantes salvadoreños suelen jugar muy sucio), que se instale una comisión amplia con suficientes garantías para que sus discusiones sobre una reforma integral y social del sistema de salud no sean engavetadas y que los despedidos sean reintegrados sin represiones. Los empresarios acudirán a los tribunales por violación a sus derechos constitucionales de lucrarse. Los medios oficialistas y el gobierno pintan con un odio de clase muy profundo un escenario de caos y amenazan con descapitalizar aún más el sistema de salud.
Así que el 14 de noviembre marcó el fracaso de la ofensiva desenfrenada, pero no el final de las luchas. Eso sí, las fuerzas transnacionales tendrán que actuar con mucho más cuidado en el terreno de la privatización de la salud o por ejemplo del agua. Pero los movimientos sociales tienen un adversario poderoso organizado en la OMC. Vijay Prashad, director de International Studies del Trinity College en Hartfort, Connecticut, calcula que el negocio de la salud, a "liberalizarse" con las negociaciones GATS dentro de la ronda de Doha de la OMC suma a nivel mundial 3.5 billones de dólares.
Algunas de sus características son la alianza de varios actores sociales (desde las campesinas hasta los médicos), la nueva conciencia de su propia fuerza y de la vulnerabilidad del adversario (bloqueos) y la actuación del FMLN. Después de varios años de luchas internas, este partido se ha definido claramente al lado de las resistencias sociales acompañándolas hasta donde ellas estarían dispuestas a ir. O sea, respetando la autonomía social, pero aportándole. Es de destacarse que esta lucha no es, con las palabras de Leonel González del FMLN, como "cualquier movilización social reinvindicativa y economicista, el carácter es político, popular y de enfrentamiento al neoliberalismo, forma parte de la resistencia de los pueblos latinoamericanos en lucha permanente y combativa contra el neoliberalismo". Otro elemento importante es sin duda el carácter de desobediencia civil masiva con posibilidades limitadas de represión por parte del gobierno.