Teodoro Guevara y Arturo Vega
CETIM

El conjunto de leyes aprobadas por el ejecutivo, luego de un período intenso de consultas, investigación y discusión han originado la alarma y la alharaca por parte de pequeños grupos y sectores de poder económico que pretenden desvirtuar el sentido progresista, solidario y modernizador de nuestro aparato económico que contienen las leyes, para hacer de ellas un conflicto político que solo tiene como finalidad la defensa de sus más mezquinos intereses y la continuidad de un sistema económico absolutamente injusto e irracional, que no contribuyó, durante más de 40 años al desarrollo de la economía y la producción nacional. Se oponen quienes han vivido parasitariamente de los subsidios gubernamentales sin presentar cuentas al país, sin desarrollar inversión, contentándose tan solo con la ganancia fácil.
Sin embargo, para el pueblo venezolano y los trabajadores y trabajadoras, muchas de estas leyes eran anhelos de bienestar, que hoy se concretan en un marco jurídico más justo, ajustado a los contenidos de la Constitución Bolivariana que fue ratificada en referéndum por la inmensa mayoría de los venezolanos. Incluso los empresarios honestos de este país, aquellos que si invierten en la producción nacional, obtienen garantías que protegen su producción y se han opuesto y desenmascarado a la reacción parasitaria asociada a las transnacionales.
Los trabajadores y trabajadoras de diversas áreas han demostrado su apoyo a las leyes habilitantes aprobadas en noviembre del año pasado, y desmienten y desmontan el discurso y la escasa representatividad con la que el presidente fraudulento de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y su igualmente ilesita cúpula, luego de derrotado por el pueblo el golpe de estado fascista del pasado 11 de abril, intentan convocar un nuevo paro.
Las Leyes de Tierra y de Pesca
¿Sabía usted, que tan solo 8 familias del país son las que poseen extensiones de tierra que en su conjunto suman más de 150 mil hectáreas de terreno?¿Se imagina la extensión de la que estamos hablando? Pues, estamos hablando de aproximadamente 18 veces la extensión de la ciudad de Caracas, capital del país, donde habitan más de 4 millones de personas. ¿Sabía además que estos inmensos fundos se encuentran en semiociosidad y están ubicadas en las áreas más fértiles del país? Pues son estas familias las que encabezan la oposición a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
También es bueno aclarar que grandes haciendas como las de la compañía de licor "Santa Teresa", ubicadas en los Valles de Aragua, no poseen títulos que comprueben la propiedad de esas tierras.
Así como esos existen muchos otros ejemplos de la desigual distribución de la tierra que heredó el proceso de Revolución Bolivariana. Una gran parte de los terratenientes no puede comprobar la propiedad legítima de las tierras, muchos de sus títulos son falsos e írritos y provienen de sucesiones que se inician con "regalos" que gobernadores de provincias, presidentes de estado y presidentes de la República hicieron en las épocas más oscuras de finales del siglo XIX y durante mucho tiempo en el siglo XX.
Los terratenientes que se oponen a la ley, son los mismos que afirman que esta es un irrespeto a la propiedad privada porque les obliga a pagar un impuesto por la ociosidad en que mantienen las tierras más productivas del país. Son sectores que viven de la ganancia parasitaria y fácil, que crían ganado en tierras óptimas para la agricultura, sin desarrollar este último renglón. Son los sectores que se favorecen y favorecen la agricultura de puertos y la dependencia agroalimentaria, que además vivían de los subsidios del estado (sobre los que nunca rindieron cuentas).
La ley establece un conjunto de avances que fortalecen el movimiento campesino, la seguridad agroalimentaria y el desarrollo del aparato productivo. Protege a los campesinos pobres, estimula la formación de cooperativas y de otras formas asociativas de producción apoyándolos financiera y técnicamente, creando además las condiciones de sustentabilidad de su actividad económica creando las líneas de transporte y comercialización necesarias.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola ha permitido iniciar un proceso de reparto más equitativo de la riqueza agrícola, regularizando el reparto de la tierra a los campesinos por intermedio del Instituto Nacional de Tierras; se rescata la función social de la tierra y su utilización de acuerdo a su potencial productivo, estimula la construcción de centros poblados rurales dotados de servicios, con acceso a la salud, la educación, a una vivienda digna.
Este nuevo instrumento legal, fundamental en el proceso de liberación nacional que se adelanta en Venezuela por medio de la Revolución Bolivariana, se orienta a la armonización del desarrollo agropecuario, a la reducción y posterior eliminación de la dependencia alimentaria, a la conservación y cuido del medio ambiente y el equilibrio ecológico.
La ley ha fortalecido la organización, movilización y participación del movimiento agrario y la población campesina, que representa entre un 12 y un 15% de la población del país. La ley abre una contradicción fundamental entre los intereses de soberanía e independencia del país y los legítimos derechos y aspiraciones del campesinado frente a los intereses mezquinos de los latifundistas y terrófagos. Se trata de recuperar la función social de la tierra, de reivindicar las luchas por igualdad y justicia de Ezequiel Zamora aclamado por sus seguidores como el General del Pueblo Soberano, cuyas consignas eran por "el respeto a los campesinos y un sistema de tierra y hombres libres".
Esta ley se vincula con la Ley de Pesca, también aprobada en el paquete de leyes habilitantes, que actualiza la política y la legislación del estado en materia pesquera; estableciendo límites para la explotación pesquera a favor del medio ambiente marino y de los pescadores artesanales, estableciendo a la pesca industrial y de arrastre límites (a partir de seis millas marinas de distancia de la costa continental y diez millas de la costa insular) que reduzcan al máximo sus daños al ecosistema marino y garantizando así al pescador artesanal posibilidades reales de desarrollo y productividad. La Ley de Pesca establece la obligatoriedad de la protección social de los tripulantes de las embarcaciones pesqueras, reconociendo los derechos sociales y laborales de un sector de trabajadores por décadas explotados y desasistidos. La nueva ley establece un sistema de multas y sanciones contra las infracciones de los industriales que realmente elimina la impunidad de estos sectores que invadían las zonas de pesca artesanal, destruían los instrumentos pesca de los artesanos y destrozaban el medio ambiente marino, y que luego pagaban multas insignificantes. Esta ley además permite romper las roscas de intermediación y abaratar los precios de los productos marinos.
El Movimiento Campesino
Antes del golpe del 11 de abril, la oligarquía nacional había iniciado los mecanismos legales e ilegales de presión contra el gobierno y contra el campesinado para evitar la aplicación de la ley de tierras. Con la entrega de los primeros títulos de propiedad vinieron los primeros atentados como el movimiento campesino: Luis Mora, presidente del Bloque Revolucionario del Sur del Lago, dirigente y luchador de la causa campesina, que trabajaba en el establecimiento de la poligonal rural regional, fue vilmente asesinado por unos sicarios, en su propia casa, frente a su hijo de 11 años, el jueves 10 de enero. Este hecho ocurrió apenas unas horas después que en Maracaibo, se perpetrara un atentado en contra de José Huerta, ex delegado del Instituto Agrario Nacional, colaborador del Ministerio de Agricultura y también luchador y dirigente campesino, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Otros dirigentes campesinos también han recibido amenazas de muerte. Los industriales de la pesca convocaron un paro (en época de veda) y anunciaron que habría desabastecimiento de productos marinos.
Todos sus esfuerzos fueron vanos. El movimiento campesino avanza en la organización, formación y articulación nacional. La aplicación de las leyes habilitantes sigue su curso, y en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto Nacional de Tierras, los movimiento populares son tratados como interlocutores con capacidad de decisión inclusive en la política de desarrollo agropecuario y seguridad alimentaria.
La principal expresión organizativa del movimiento campesino es la Coordinadora Agraria Nacional "Ezequiel Zamora" – CANEZ -, la cual es la más amplia y representativa agrupación del movimiento campesino venezolano. El movimiento campesino jugó, al igual que otros sectores sociales, un papel importantísimo en las jornadas del 12, 13 y 14 de abril.
Este movimiento social avanza en la profundización de la revolución bolivariana, en el ejercicio de presión necesaria para desenmascarar a los saboteadores y traidores, para lograr el castigo a los ganaderos que intentan construir grupos paramilitares para amedrentar al movimiento campesino y conspirar contra el proceso revolucionario (especialmente en la zona fronteriza con Colombia).
La coordinación internacional de los campesinos venezolanos con los movimientos campesinos progresistas y revolucionarios del mundo (como Vía Campesina) es una necesidad imperiosa en un momento de agudización de las contradicciones en Venezuela, de definiciones y deslindes que dejan al Movimiento Bolivariano Revolucionario muy fortalecido frente al enemigo interno, una reacción debilitada pero desesperada y muy peligrosa, que cuenta con apoyo económico y político del principal centro de poder del mundo: el Imperialismo Norteamericano.
El proceso revolucionario bolivariano ha iniciado una marcha para devolver al pueblo los derechos y reivindicaciones robadas por los lacayos del imperio, entre esos derechos están los consagrados al movimiento campesino que lucha en la vanguardia de la consolidación y profundización del proceso revolucionario venezolano, que tiene enorme importancia en el avance y fortalecimiento de las luchas del movimiento popular en Latinoamérica y en las luchas del Movimiento Antiglobalización Neoliberal.

Teodoro Guevara y Arturo Vega, Movimiento Agrario "Ezequiel Zamora" - MAIEZ