El informe preliminar de la Comisión para la Paz que se entregó al Presidente de la República de Uruguay sobre casos de "desaparición", ocurrido durante el gobierno militar, constituye un paso más en el lento camino hacia la verdad y la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en aquella época, declaró Amnistía Internacional.
Según fuentes de prensa, el informe incluye datos de 26 uruguayos "desaparecidos", cuyos casos fueron aclarados, en un total de 30 desapariciones forzadas que se produjeron en el país. Los cuerpos de los "desaparecidos" habrían sido incinerados y las cenizas arrojadas al mar.
Entre estos casos se encuentra el de la maestra Elena Quintero, por cuya "desaparición", ocurrida en 1976, fue recientemente procesado con prisión el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco.
"Este es el primer caso en el cual se ha encarcelado a alguien en Uruguay por violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo del gobierno militar," destacó Amnistía Internacional.
"Esta sentencia, junto a la publicación del informe de la Comisión para la Paz, envían una señal de esperanza a la sociedad uruguaya de que, aunque han pasado más de 25 años, todavía es posible esclarecer la verdad y obtener justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el gobierno militar," agregó la organización.
Amnistía Internacional lamentó que la mayoría de los responsables de dichas violaciones permanecen impunes debido a la vigencia de la Ley de Caducidad, aprobada en 1986, que establece una amnistía por los militares y policías responsables de violaciones de derechos humanos cometidas antes del 1 de marzo de 1985. El enjuiciamiento del ex ministro Blanco fue posible por su condición de civil.
"Frente a este pequeño, pero significativo, paso hacia la verdad y la justicia que tanto se han hecho esperar en Uruguay, es causa de honda preocupación la reacción de sectores del poder ejecutivo y de las fuerzas armadasque están criticando el fallo e intentando ejercer una presión indebida sobre el poder judicial," manifestó Amnistía Internacional.
"Verdad, justicia y reparación son derechos fundamentales de todos los que sufrieron la violación de sus derechos, y de los familiares de los que por causa de estas violaciones fallecieron. Al mismo tiempo, la independencia del poder judicial es una de las piedras angulares del estado de derecho y es inaceptable que se intente socavarla para proteger intereses individuales," recalcó la organización.
Información general
La Comisión para la Paz, que preside el arzobispo de Montevideo, empezó a trabajar en agosto del 2000.
La desaparición forzada es un crimen internacional, cuya práctica sistemática constituye un crimen de lesa humanidad. El delito de desaparición forzada es imperscriptible y permanente en tanto no aparezca la víctima o se compruebe su muerte de acuerdo a la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas. Uruguay ratificó esta convención en 1996.
Elena Quinteros Almeida, de 31 años, fue detenida en junio de 1976 por miembros de las fuerzas de seguridad, a raíz de su presunta participación en el Movimiento Nacional Tupamaros. En un intento de fuga, alcanzó el recinto de la Embajada de Venezuela, donde solicitó asilo. Sin embargo, fue sacada a la fuerza de la sede diplomática por miembros de las fuerzas de seguridad que la subieron a un coche y más tarde a una camioneta militar, llevándola a un destino hasta hoy desconocido.