 Latinoamérica |
14 de noviembre del 2002
La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador pide reabrir el juicio por el asesinato de los jesuitas
Pascual Serrano
Rebelion
La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo,
solicitó la derogación de una ley de amnistía para que
se pueda procesar a los autores intelectuales del crimen de seis sacerdotes
jesuitas y dos colaboradoras en 1989, entre ellos el director de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, Ignacio Ellacuría.
Los autores materiales, pertenecientes al Ejército, si bien fueron juzgados
y condenados fueron amnistiados sin un breve paso por la prisión. En
cuanto a los autores intelectuales nunca se investigó ni juzgó.
En una extensa resolución entregada a los medios, la oficina de la procuradora
demandó a las instituciones del Estado -tribunales, gobierno y asamblea
legislativa- que actúen como un "imperativo de la moral pública
de justicia".
La procuradora está de acuerdo en derogar la ley de amnistía.
Según Beatrice de Carrillo la resolución tiene la intención
de hacer reflexionar a las máximas autoridades de salvadoreñas
sobre sus obligaciones éticas y jurídicas ante el pueblo salvadoreño.
Previamente la Universidad Centroamericana, solicitó a las autoridades
que se investigara si el ex presidente Alfredo Cristiani, su ministro de Defensa,
general Humberto Larios y cinco generales retirados ordenaron o conocieron antes
la matanza, pero los tribunales rechazaron la petición.
Los tribunales argumentaron que todos fueron beneficiados por una ley de amnistía
de 1993, que también sacó de la cárcel a un coronel, tres
tenientes y cinco soldados que acribillaron a los religiosos el 16 de noviembre
de 1989, en el marco de la mayor ofensiva militar de la guerrilla.
En octubre de este mismo año, la Corte Suprema de Justicia admitió
una demanda de amparo contra los sobreseimientos a Cristiani y los seis ex altos
jefes militares por la matanza.
El pedido de la procuraduría señala que la derogatoria de la ley
de amnistía, sería la más importante de las garantías
para que no se repitan este tipo de crímenes ocurridos durante el conflicto
armado interno que en 12 años cobró 75.000 vidas.
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