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Lejos de generar nuevas fuentes de trabajo e ingreso para los bolivianos, la inversión extranjera ha contribuido con creces a elevar los índices de desempleo y penurias en el país más pobre del hemisferio sur.
Con la privatización parcial (capitalización) de las principales empresas públicas del país, casi 10 mil empleos, estables y seguros, fueron eliminados en el último quinquenio.
La masiva supresión de empleos se dio en las actividades económicas vinculadas al transporte férreo, las telecomunicaciones y la industria petrolera, según establecen los datos consignados en un informe de la Fundación Milenio, una institución privada ligada al gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y al superministro de Desarrollo Sostenible, José Guillermo Justiniano.
El estudio titulado "La capitalización cinco años después, realidades y desafíos" deja en claro que las transnacionales que tomaron el control accionario y la dirección de las empresas más rentables de Bolivia proporcionan hoy empleo directo solamente a 4.398 personas. Cuando estas empresas eran manejadas por el Estado daban empleo a 13.975 ciudadanos, el triple que ahora.
En el transporte ferroviario, manejado hasta hace poco por la chilena Cruz Blanca, el empleo se redujo de 5.724 operarios a tan solo 970. En las telecomunicaciones, controladas por la italiana Eti Eurotelecom International, se eliminaron un poco más de 700 empleos.
En la producción de petróleo y gas, a cargo de las estadounidenses Amoco, Enron y Shell, se perdieron un poco más de 4 mil fuentes de trabajo. En este sector, que tiene una alta expansión productiva por las ventas de gas a Brasil, el estudio hace constar que las empresas extranjeras habrían generado empleos indirectos en una cuantía no determinada.
"Según una estimación de la empresa Transredes (Enron-Shell), el año 2000 generó 850 empleos indirectos, y 1.500 un año después".
El estudio establece que hay enormes dificultades para calcular el impacto de la privatización parcial de las mayores empresas públicas bolivianas en la generación de empleo indirecto. En lo que sí hay certeza es en la marcada reducción de empleos directamente dependientes de estas transnacionales.
Discurso y realidades
Esta realidad, consignada en el informe de Milenio, contrasta con las recientes apreciaciones del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien repudió las acciones de protesta realizadas por organizaciones sociales y populares que demandaban la creación de nuevas fuentes de trabajo y expresaron su oposición al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Según Sánchez de Lozada, el ingreso de Bolivia al ALCA permitiría atraer significativos flujos de inversión extranjera al país, con un impacto positivo y directo en la generación de nuevos empleos.
"Piden empleos, pero se oponen al ALCA y a la inversión extranjera que creará empleos", había lamentado el Presidente, aparentemente poco informado sobre las investigaciones y estudios de la Fundación, ligada a su partido político, y que son lapidarias sobre el impacto de la inversión extranjera en el empleo en Bolivia.
En la actualidad se calcula que en Bolivia existen unos 300 mil desocupados con ingreso cero y que más de un millón de trabajadores están subempleados, con ingresos tan bajos que no les permiten cubrir los costos de una canasta mínima de alimentos. En su generalidad, los obreros bolivianos obtienen un ingreso mensual que está por debajo de los 100 dólares