Alerta en Embajada en Madrid y en el consulado en Bilbao
Uruguay expulsó ayer a un vasco acusado de integrar la banda ETA
Al negar la jueza Penal de 20º Turno la extradición a España del ciudadano vasco que se encontraba detenido en Cárcel Central a la espera del fallo y con un proceso abierto por asistencia a una asociación para delinquir, el presidente Jorge Batlle en acuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Stirling, lo expulsó por entender que "atentaba contra el ser nacional". La Embajada de Uruguay en Madrid y el Consulado en Bilbao se encuentran en alerta por posibles ataques de ETA.
Pasado el mediodía de ayer la jueza Aída Vera negó la extradición Jesús María Lariz Iriondo, sindicado por la Policía y la Justicia española como máximo responsable de ETA en Uruguay. La solicitud del gobierno español respondía a un pedido de captura librado por el juez Baltasar Garzón el 28 de junio pasado, que lo acusa de haber participado el 9 de octubre de 1984 en un atentado contra una patrulla de la Policía en Eibar (Guipúzcoa) en que se registraron dos heridos.
La Audiencia Nacional Española tiene, además, abiertas contra él otras dos causas, la primera por estragos y detención ilegal, y la segunda por tenencia ilícita de explosivos y armas. Jesús María Lariz Iriondo, de 45 años, fue retirado ayer de Cárcel Central después del mediodía y conducido a Carrasco, donde lo esperaba el vuelo 157 de Pluna que partió a las 17 horas rumbo a Argentina, país por el que había ingresado a Uruguay.
Al llegar al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery sobre a las 17.40, personal de Interpol Argentina lo estaba esperando. Fue detenido una vez más y ahora deberá enfrentar un nuevo proceso de extradición, esta vez en la vecina orilla.
Sería el tercero desde principios de 1990. En los dos primeros en este país salió "ileso". Lariz había sido detenido el 15 de mayo de 1992 en Montevideo junto con otras catorce personas acusadas de estar vinculadas a ETA. Habían establecido dos restaurantes de cocina vasca, en uno de los cuales Lariz trabajó hasta antes de ser detenido una vez más a fines del año pasado. A raíz de su primer arresto, por falsificación de documento, ingresó a prisión, quedando en libertad el 8 de julio de 1993 luego que se negara su extradición.
Detención
El 12 de noviembre del año pasado Lariz Iriondo había sido detenido por personal de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), coincidiendo con un viaje del alcalde de Ondárroa, Lorenzo Arcocha, y de Carlos Etchezarreta, director de la revista "Kale Gorria", que llegaron a Uruguay.
Estos dos últimos, tras permanecer varias horas arrestados, quedaron en libertad mientras que Lariz ingresó en prisión por orden de la jueza Ana Lima, Penal de 17º Turno, que le imputó "un delito de asistencia a la asociación para delinquir", quedando en libertad provisional el 20 de diciembre. Paralelamente, su captura devino en otras actuaciones a nivel intercional.
Se pudo averiguar de esta manera el paradero de otro vasco vinculado a ETA por la Justicia española; José María Zaldúa, conocido como "Aitona", fue detenido en abril de 2002 en Francia, país al que había llegado desde Uruguay para reincorporarse a la dirección de la banda.
Para dictar en noviembre el procesamiento de Lariz, Lima se basó en una serie de elementos que habían sido reunidos por personal de Inteligencia. Entre las pruebas que la jueza entendió contundentes se encuentran disquetes, fotografías y actas de las "bileras" (reuniones en vasco) que mantenía junto a otros ciudadanos vascos presuntamente también relacionadas a la banda separatista.
Los documentos, que causaron preocupación a nivel gubernamental, "hacían referencia a darles un susto a la Policía uruguaya y a ejecutar atentados contra la Embajada de Uruguay en Madrid y el Consulado Uruguayo en Bilbao", según confiaron a LA REPUBLICA fuentes gubernamentales. Esta situación, que quedó reflejada en el expediente de la doctora Lima, motivó que el Ministerio del Interior alertara al Ministerio de Relaciones Exteriores para que tomará recaudos en las sedes diplomáticas recién mencionadas, los cuales se mantienen vigentes, más aún después de la expulsión de Lariz.
En agosto pasado el Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU) de España manejó esta información y la publicó en su página en Internet. Uno de los párrafos sostenía que "expertos en la lucha antiterrorista cuentan con informaciones que les hacen sospechar que la dirección de ETA ha ordenado al colectivo etarra de Uruguay que cometa atentados contra intereses uruguayos e incluso contra autoridades de este país, con el objetivo de entorpecer el buen clima de colaboración que existe entre el gobierno de esta nación y el de España. Fruto de esta cooperación ha sido la detención en Montevideo de Jesús María Lariz, máximo responsable de ETA en Uruguay".
Antes de esta advertencia, como se mencionó anteriormente, el 28 de junio Baltasar Garzón envió a Uruguay un pedido de extradición para Lariz. Fue detenido un mes después.
En ese entonces el SPPU agregaba que Lariz "residía en Uruguay desde hace diez años y era el máximo responsable de la banda en este país, por lo que su captura es calificada de 'muy importante' por expertos en la lucha antiterrorista. Los especialistas también destacan que este arresto constituye un paso más en la colaboración que en materia antiterrorista está recibiendo España de Uruguay, además de México y Venezuela".
Empezaba entonces a mitad de año el proceso que culminó ayer negativamente para los intereses españoles.
La expulsión
Como se indicaba anteriormente, pasado el mediodía de ayer la jueza Aída Vera del Juzgado Penal de 20º Turno, que entendía en la extradición, rechazaba el pedido de su colega español.
Las fuentes consultadas por LA REPUBLICA indicaron que la magistrada entendió que la solicitud de Garzón se basaba en las mismas imputaciones por las cuales a principios de la década del 90 la Justicia uruguaya ya había denegado la entrega del ciudadano a las autoridades españolas, a pesar de que en el nuevo envío el magistrado había cambiado la carátula por atentado, estrago y posesión de explosivos, a la de "terrorismo".
Conocido el fallo de Vera, que se consideraba previsible para el gobierno, Batlle se reunió con Stirling y firmaron una resolución que estaba decidida de antemano, en la que se decretó la expulsión del ciudadano vasco. Las fuentes a las que accedió LA REPUBLICA explicaron que la resolución se basa principalmente en dos artículos de la Constitución Nacional: el 37 y el 80.
El primero de ellos establece que "es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros". El 80 refiere a la "suspensión de la ciudadanía" y consta de siete literales, siendo el sexto uno de los principales en los que se basó el Poder Ejecutivo: "por formar parte de organizaciones sociales o políticas que, por medio de la violencia, o de propaganda que incitase a la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad".
A su vez, la resolución hace referencia a otras reglamentaciones, como ser la Ley 9.040 de 1936 y su decreto reglamentario del mismo año, como así también un decreto de 1947, los que habilitan a la expulsión de aquellos ciudadanos que atentasen contra "la esencia del ser nacional" y el orden institucional, según resumieron las fuentes. Con esto último se hacía directa alusión a los "sustos" que pensaban darle a la Policía uruguaya a los eventuales ataques contra las sedes diplomáticas en España.
Por otro lado, se hizo notar que Lariz se encontraba indocumentado, ya que después de haberle extendido una cédula provisoria, el hombre delinquió en dos oportunidades, lo cual implica, una vez más teniendo en cuenta el artículo 80, la suspensión de la ciudadanía. Esto quiere decir que "no podía sostener la residencia", explicaron las fuentes. Inteligencia retiró a Lariz poco después de las 16 horas desde Cárcel Central y lo llevó al Aeropuerto de Carrasco. Cuando se consultó por qué Argentina fue elegido como destino, se argumentó que desde allí había llegado.
En esta línea se entendió que enviarlo a España era ir "indirectamente contra la posición de la Justicia", algo similar que hubiera ocurrido de haberlo mandado a Francia, desde donde había salido hacia Uruguay, previa escala en la vecina orilla. Tras conocer la negativa a la extradición, el gobierno uruguayo notificó la decisión a su par español, al tiempo que informó sobre la decisión de expulsarlo. Esto último también fue comunicado a Argentina, país en el que ahora Lariz Iriondo se encuentra detenido.